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COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. EL ARTÍCULO 93, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, AL CONFERIRLE LA FACULTAD PARA AUTORIZAR, MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, OPERACIONES DIVERSAS A LAS PERMITIDAS EN LA PRIMERA PARTE DE ESA DISPOSICIÓN LEGAL, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SUPREMACÍA DE LA LEY Y DE DIVISIÓN DE PODERES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 1o. DE FEBRERO DE 2008).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2008-PL. · Registro digital (IUS): 21665
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo; y, 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes fueron sustentados por las Salas de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 197 de la Ley de Amparo, que en lo conducente, establecen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción ..."

"Artículo 197. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los Ministros que las integren, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

"El Pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución correspondiente dentro del término de tres meses, y deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.

"Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios, en los casos de tesis contradictorias sustentadas por las Salas de este Alto Tribunal. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis es formulada por Manuel Núñez Villarreal, quien tuvo el carácter de parte quejosa en el amparo en revisión 464/2008, resuelto por la Segunda Sala de este Alto Tribunal y que es materia de la presente denuncia; luego, la misma proviene de parte legítima.

TERCERO. Con el propósito de determinar la existencia o inexistencia de la divergencia de criterios denunciada y, en el primer caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por la Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 388/2007, sustentó, en lo que interesa, las consideraciones siguientes:

"CUARTO. Como se mencionó, en el presente asunto se reclama el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual establece en la parte que interesa lo siguiente: ‘Artículo 93. Las instituciones de crédito sólo podrán ceder o descontar su cartera con el Banco de México u otras instituciones de crédito o con los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá mediante reglas de carácter general autorizar excepciones a este artículo ...’. El Juez de Distrito, en la sentencia recurrida, determinó en esencia que dicha disposición legal resulta inconstitucional, en virtud de que a través de ella el legislador indebidamente está delegando a una autoridad administrativa la facultad de establecer excepciones a lo dispuesto en la disposición legal (contenida en el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito); no obstante que la única facultada por el orden constitucional para emitir normas generales que afectan la esfera jurídica de los gobernados es el Poder Legislativo. Por su parte, los recurrentes manifestaron en esencia que: a) El artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito no es inconstitucional, ya que no implica la delegación de facultad legislativa a favor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues se trata de la asignación directa de una atribución para allanar la aplicación técnico operativa de la ley dentro de un ámbito específico. b) La ley impugnada participa de la naturaleza de las normas en blanco las cuales se complementan con el precepto legal y con las normas de menor rango, tales como reglamentos y circulares. c) La naturaleza de las normas contenidas en el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito es que la primera sigue el proceso legislativo y la segunda no, complementando con ello los elementos de aquélla; por tanto no se puede sostener que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores esté legislando puesto que la complementación de la norma deriva de su propia naturaleza al haber sido emitida en blanco y del propio procedimiento legislativo seguido respecto del artículo 93 de la ley impugnada. d) Además, la Suprema Corte ha reconocido la constitucionalidad de las reglas generales administrativas a través de criterios jurisprudenciales, puesto que los sistemas económicos modernos simplemente no podrían funcionar sin la existencia de tales normas, dadas las exigencias de dinamismo y flexibilidad de dichos sistemas. No asiste razón a los recurrentes, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito establece en la parte que interesa que: ‘Artículo 93. Las instituciones de crédito sólo podrán ceder o descontar su cartera con el Banco de México u otras instituciones de crédito o con los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá mediante reglas de carácter general autorizar excepciones a este artículo ...’. Como se mencionó, el punto debatido en el presente asunto consiste en determinar si la norma citada viola o no el principio de reserva de ley al facultar a un órgano de la administración pública a establecer excepciones a la norma legal contenida en el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito en contravención de lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal, que establece lo siguiente: ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 ...’. En primer término resulta importante destacar que las reglas generales administrativas dictadas en ejercicio de una facultad conferida por una ley del Congreso de la Unión constituyen cuerpos normativos de detalles técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública. En efecto, el gran desarrollo de la actividad administrativa ha exigido el establecimiento de las estructuras necesarias para proporcionar un eficaz y eficiente funcionamiento del sector público, tendente a satisfacer las necesidades de la población, entre ellos, la expedición de leyes que confieren facultades normativas a órganos de la administración pública. Se está en presencia de una normatividad de este género cuando a través de un acto formalmente legislativo, o reglamentario, el Congreso de la Unión, o el presidente de la República, habilitan a un órgano administrativo para regular una materia concreta y específica, sea que ésta haya sido objeto de regulación con anterioridad o que no lo haya sido, de acuerdo con los principios y lineamientos convenidos en la propia norma habilitante. Por ello, para estar en posibilidad de satisfacer las necesidades que reclama la fluctuante y acelerada transformación de la sociedad, las normas que rigen al Poder Ejecutivo deben revestir la particularidad de ser instrumentos ágiles y fácilmente adaptables a las circunstancias y naturaleza de los servicios que han de regular. Situación que impone la necesidad de emitir reglas operativas encaminadas a regular dichos aspectos técnicos fluctuantes. Lo anterior se justifica en la medida que el Poder Legislativo no suele ocuparse de los detalles técnico-operativos que surgen en el funcionamiento de la administración pública. De ahí que resulte apropiado que recaiga dicha tarea en los órganos integrantes de la administración pública federal, quienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 constitucional, cuentan con las atribuciones necesarias para dar agilidad, prontitud, firmeza y precisión a los actos de aplicación de la ley específica que expida el Congreso de la Unión. Por tanto, las autorizaciones legales conferidas a los órganos de la administración pública para dictar reglas técnico-operativas de observancia general en su ramo no constituyen actos delegatorios de facultades del Congreso de la Unión, puesto que, como ya se apuntó en párrafos anteriores, ese cuerpo legislador no se despoja a sí mismo de una facultad propia, sino que asigna directamente a un órgano de la administración pública federal, una tarea operativa para facilitar la aplicación de una ley específica dentro de su campo de acción. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis siguiente: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, abril de 2002. Tesis: P. XV/2002. Página: 6. ‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO EN USO DE UNA FACULTAD AUTORIZADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. DIFERENCIAS CON LOS REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ÓRDENES DICTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.’ (se transcribe). Así, cuando las reglas generales administrativas tienen como finalidad regular aspectos eminentemente técnicos-operativos, que se encuentran en constante fluctuación o transformación en la sociedad, la encomienda por parte del legislador de emitir dichas reglas al órgano de la administración pública que se encuentra especializado y en contacto directo con tales aspectos está plenamente justificada; y, en esa medida, se considera que la emisión de reglas con tales características por parte de un órgano administrativo no trastoca el principio de división de poderes, ni constituye una delegación legislativa inconstitucional. Ahora bien, las ‘reglas generales administrativas’, al ser emitidas con base en una habilitación legal, se encuentran sujetas al principio de ‘primacía de ley’. Así, si bien éstas constituyen actos formalmente legislativos, su función se encuentra limitada a regular una materia concreta y específica dentro de los parámetros y lineamientos generales contenidos en la propia ley ‘habilitante’. En ese mismo sentido se ha pronunciado este Alto Tribunal, como se advierte de las tesis transcritas a continuación: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVIII, diciembre de 2003. Tesis: P. XXI/2003. Página: 9 ‘CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS.’ (se transcribe). Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVI, diciembre de 2002. Tesis: 2a. CLVI/2002. Página: 259. ‘ACUERDOS DEL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS EMITIDOS CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 264, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA TIENEN LA NATURALEZA DE REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS, POR LO QUE SE ENCUENTRAN SUJETOS A LOS PRINCIPIOS DE PRIMACÍA DE LA LEY Y PREFERENCIA REGLAMENTARIA.’ (se transcribe). Sin embargo, las ‘reglas generales’ a que alude el artículo 93, párrafo primero de la Ley de Instituciones de Crédito constituyen disposiciones materialmente legislativas -lo cual trastoca el principio de ‘primacía de ley’ aludido con anterioridad-, según se advertirá a continuación. En primer lugar, resulta pertinente recordar que las normas jurídicas constituyen prescripciones que obligan, prohíben o permiten (o facultan) a las personas la realización de una conducta específica. Así, al enlazar a la realización de una conducta determinada, como causa, determinada consecuencia jurídica, como efecto, las normas jurídicas establecen una modalidad deóntica a dicha conducta. Las conductas que constituyen el contenido de las normas jurídicas, por razones lógicas, no pueden revestir más de un carácter (o modalidad deóntica), especialmente si con ello se producen contradicciones. Así, por ejemplo, una acción no puede ser obligatoria y al mismo tiempo facultativa, ni estar prohibida y permitida al mismo tiempo. Sin embargo, el artículo 93, párrafo primero incurre en dicho vicio. En efecto, al establecer que ‘Las instituciones bancarias sólo podrán ceder o descontar su cartera con el Banco de México u otras instituciones de crédito o con los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico ...’ está estableciendo una prohibición; está calificando a la conducta consistente en ‘ceder créditos a personas distintas a las mencionadas en el artículo’ como ‘prohibida’. Pero, de manera contradictoria a ello, al mismo tiempo está calificando como ‘facultativa’ a la misma conducta, al establecer que la autoridad podrá determinar las personas a quienes pueden ser cedidos los créditos. La situación anterior evidencia que la disposición legal reclamada, lejos de pormenorizar o establecer las bases necesarias para la implementación de la prescripción contenida en la oración primera del artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, de manera contradictoria, modifica el alcance adscrito a la misma por el legislador. De esa manera, las ‘reglas generales’ previstas en el artículo referido exceden la función que el orden constitucional confiere a las reglas generales administrativas, al cambiar el contenido de la ley respecto a la cual meramente deberían pormenorizar o establecer las condiciones necesarias para su implementación. Además, es de destacarse que el hecho de que la norma contenida en la oración primera del artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito ni siquiera contenga parámetro o lineamiento alguno dirigido a la disposición reclamada evidencia aún más que ésta no satisface el diseño exigido por el orden constitucional para las reglas generales administrativas. En esa virtud, la disposición legal reclamada establece una auténtica delegación de facultades legislativas en favor de la autoridad administrativa; y las ‘reglas generales’ controvertidas constituyen el producto de dicha delegación. En consecuencia, el artículo 93, párrafo primero de la Ley de Instituciones de Crédito trastoca el principio de división de poderes, al otorgar al Poder Ejecutivo atribuciones que son propias del Poder Legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de esta Primera Sala, transcrita a continuación: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, enero de 2006. Tesis: 1a./J. 172/2005. Página: 393. ‘INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES. LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 311, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY RELATIVA, PARA DICTAR REGLAS TÉCNICO-OPERATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONSTITUYE UN ACTO DELEGATORIO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.’ (se transcribe). En otro orden de ideas, en relación con lo argumentado por los recurrentes -en el sentido de que al no constituir, en su opinión, la cesión de crédito un servicio financiero, la norma reclamada, en consecuencia, no puede ser violatoria del artículo 73, fracción X de la Constitución Federal (que Faculta en exclusiva al Congreso de la Unión a emitir leyes en materia de servicios financieros) por autorizar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir ‘reglas generales’ sobre cesiones de crédito- es de destacarse que dicho argumento no desvirtúa el motivo de inconstitucionalidad antes referido del artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo anterior obedece a que, al margen de que una cesión de crédito pueda o no ser considerado como un servicio financiero, lo cierto es que -y ello es lo relevante para determinar la inconstitucionalidad de la norma impugnada- las ‘reglas generales’ previstas en el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito violan el principio de primacía de ley, ya que, como se mencionó con anterioridad, no se limitan a establecer disposiciones que permitan o faciliten la operación de un determinado sistema legal dentro del ámbito establecido por el mismo, sino que, por el contrario, dichas ‘reglas generales’ modifican los límites trazados por la propia ley. Circunstancia que provoca su inconstitucionalidad."

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 464/2008, sostuvo, en lo conducente, las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Los agravios referidos son infundados en parte y fundados en otra, de conformidad con las consideraciones siguientes. En efecto, es infundado el agravio identificado con el inciso a) en el que la autoridad responsable recurrente argumenta que en relación con el problema de constitucionalidad existe jurisprudencia que lo resuelve, lo que no fue observado por la Juez de Distrito, al emitir la sentencia recurrida. La jurisprudencia a la que hace referencia la autoridad recurrente corresponde a la emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 71/2005-PS, publicada como la tesis 1a./J. 197/2005, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de dos mil siete, página setenta y uno, que es del tenor siguiente: ‘INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CONDICIONES PARA QUE LA CESIONARIA ACREDITE SU LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVER ACCIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO DE CESIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 93 DE LA LEY RELATIVA.’ (se transcribe). De la lectura a la jurisprudencia citada se advierte que no asiste la razón a la recurrente, toda vez que la jurisprudencia mencionada hace referencia a las condiciones para que la cesionaria acredite su legitimación activa para promover acciones derivadas de un contrato de cesión a los que se refiere el artículo 93, de la Ley de Instituciones de Crédito, pues al respecto establece que las cesiones o descuentos que se lleven a cabo de acuerdo con las reglas a que alude esa norma, deben considerarse autorizadas cuando ese acto se realice sin responsabilidad para la cedente, por lo que las cesionarias de esa cartera están legitimadas para promover acciones en juicio derivadas del contrato de cesión o descuento; de donde es claro que esa jurisprudencia no resuelve el problema de constitucionalidad planteado, pues si bien alude a lo dispuesto en el artículo 93 de la ley reclamada y a las reglas que sobre el particular puede emitir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también lo es que no establece su constitucionalidad. En cambio, son fundados el resto de argumentaciones que se hacen valer, en las que esencialmente se aduce que la sentencia recurrida es ilegal, porque el primer párrafo del artículo 93, de la Ley de Instituciones de Crédito, no viola el principio de primacía de la ley, ni contiene una delegación de facultades legislativas prohibidas por la Constitución. En primer término, es importante tener presente que la Juez de Distrito, en la sentencia recurrida, determinó que el primer párrafo, del artículo 93, de la Ley de Instituciones de Crédito, transgrede los principios de primacía de ley y de división de poderes, ya que las reglas que permite emitir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, constituyen disposiciones materialmente legislativas que exceden la función que el orden constitucional confiere a ese tipo de disposiciones, pues cambian el contenido de la ley, la cual sólo debería pormenorizar o establecer las condiciones necesarias para su implementación. El primer párrafo del artículo 93, de la Ley de Instituciones de Crédito, que se transcribió en la sentencia recurrida y cuya redacción corresponde a la norma que se encontraba vigente antes de la reforma de primero de febrero de dos mil ocho, es del tenor siguiente: ‘Artículo 93. Las instituciones de crédito sólo podrán ceder o descontar su cartera con el Banco de México u otras instituciones de crédito o con los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá, mediante reglas de carácter general autorizar excepciones a este artículo.’. La norma transcrita es clara en establecer que las instituciones de crédito sólo podrán ceder o descontar su cartera con los entes que la propia norma enumera y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar excepciones a esa disposición, esto mediante reglas de carácter general. Ahora bien, en relación con las reglas generales que pueden emitir las autoridades administrativas, la Suprema Corte ha fijado diversos criterios, en los que ha precisado lo siguiente: 1. Las reglas generales administrativas dictadas en ejercicio de una facultad conferida por una ley expedida por el Congreso de la Unión a una Secretaría de Estado o a un organismo de la administración pública, constituyen una categoría de ordenamientos que no son de índole legislativa ni reglamentaria, sino que se trata de cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública, por lo que su expedición no pugna con el principio de distribución de atribuciones entre los diferentes órganos del poder público. 2. El hecho de que el Congreso de la Unión autorice a las Secretarías de Estado a emitir reglas técnico-operativas de observancia general en su ramo, no entraña una delegación de facultades, pues el órgano legislativo no se despoja de una facultad propia (lo que constituye una condición insalvable de todo acto delegatorio), sino que asigna directamente a un órgano de la administración pública federal, una tarea operativa para facilitar la aplicación de una ley específica dentro de su campo de acción. 3. La facultad que se confiere para emitir reglas generales administrativas se justifica en la medida en que el Poder Legislativo no suele ocuparse de los detalles técnico-operativos que surgen en el funcionamiento de la administración pública, de ahí que se confiera a entes de la administración pública esa facultad para que cuente con las atribuciones necesarias para dar agilidad, prontitud, firmeza y precisión a los actos de aplicación de la ley específica que expida el Congreso de la Unión. 4. No existe disposición constitucional alguna que impida al Congreso de la Unión otorgar a las autoridades que orgánicamente se ubican en los Poderes Ejecutivo o Judicial, la facultad necesaria para emitir disposiciones de observancia general sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, lo que conlleva que la regulación contenida en esas normas de rango inferior, no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en actos formalmente legislativos. Lo descrito se aprecia de las tesis del Tribunal Pleno y de la Segunda Sala, cuyos rubro, texto y datos de localización, se transcriben a continuación. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, abril de 2002. Tesis: P. XIV/2002. Página: 9. ‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LAS DICTADAS EN EJERCICIO DE UNA FACULTAD CONFERIDA POR LA LEY A UNA SECRETARÍA DE ESTADO, NO PUGNAN CON EL PRINCIPIO DE DISTRIBUCIÓN DE ATRIBUCIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO.’ (se transcribe). Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, abril de 2002. Tesis: P. XII/2002. Página: 8. ‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA HABILITAR A LAS SECRETARÍAS DE ESTADO A FIN DE EXPEDIRLAS, NO CONSTITUYE UNA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS.’ (se transcribe). Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, abril de 2002. Tesis: P. XV/2002. Página: 6. ‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO EN USO DE UNA FACULTAD AUTORIZADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. DIFERENCIAS CON LOS REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ÓRDENES DICTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.’ (se transcribe). Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVI, diciembre de 2002. Tesis: 2a./J. 143/2002. Página: 239. ‘DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Asimismo, es importante tomar en cuenta el criterio del Tribunal Pleno que alude a lo que se ha denominado como ‘cláusulas habilitantes’, que son mecanismos reguladores que constituyen actos formalmente legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la administración pública, para regular una materia concreta y específica, precisándole bases y parámetros generales, los cuales encuentran su justificación en el hecho de que el Estado no es un fenómeno estático. Sobre el particular, resultan ilustrativas las consideraciones que en relación con esa figura, determinó el Tribunal Pleno al resolver el amparo en revisión 199/2002, que son del tenor siguiente: ‘... Adicionalmente y por guardar estrecha relación con los temas que se analizan, conviene destacar que el Estado en los últimos años ha presentado gran desarrollo en sus actividades administrativas, situación que ha provocado profundas transformaciones en su estructura y funcionamiento, una de ellas se ha presentado al momento en que se han establecido en las leyes una serie de facultades de naturaleza normativa a favor de quienes antes no estaban dotados de ellas. Particularmente, se ha dotado o habilitado con estas potestades a los secretarios de Estado u otros funcionarios de la administración pública. Esta situación ha generado el establecimiento en las leyes de mecanismos reguladores denominados ‘cláusulas habilitantes’ que consisten en la emisión de actos formalmente legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano de la administración pública para regular una materia concreta y específica, únicamente precisándole bases y parámetros generales; habilitación que encuentra justificación en las características propias de la materia concreta respecto de la cual se hace la facultativa como ocurre, verbigracia, con aspectos financieros, la mercantilidad de los títulos bursátiles o el dinamismo económico y demás áreas o materias que se caracterizan por situaciones fluctuantes que constantemente salen de un cauce para tomar otro derrotero; justificación que se acentúa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21665-1cfd0231/comision-nacional-bancaria-y-de-valores-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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