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Modo: Corpus Pro

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA LEY TRIBUTARIA QUE REGULE CONTRIBUCIONES QUE SE RIJAN POR EL PRINCIPIO DE AUTOLIQUIDACIÓN, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA. INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2007-PL. · Registro digital (IUS): 21664
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, , Pág. 40.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes fueron sustentados por las Salas de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Legitimación de la denunciante. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 197, primer párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO. Resoluciones que participan en la contradicción. Con la finalidad de establecer y determinar la procedencia, así como la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por las Salas que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben:

I. Las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución 553/2006, en lo que interesa, son las siguientes:

"QUINTO. En esas condiciones, debe ponerse de manifiesto que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse sobre el presente incidente de inejecución de sentencia, en los términos que establece el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, es necesario precisar si la autoridad responsable contó con los elementos suficientes para cumplir con el fallo protector, siendo uno de ellos la determinación inequívoca de los exactos extremos en que debe cumplirse dicha ejecutoria, los cuales deben ser precisados por el propio órgano jurisdiccional, con los elementos proporcionados por las partes en el juicio. En la especie, se advierte que el efecto del amparo fue el siguiente: ‘... conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **********, para el efecto de que calcule el valor catastral del inmueble otorgado en arrendamiento en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, sin incluir el referido factor 10.00 y pagar el tributo conforme al valor más alto que resulte entre el así determinado y el previsto en la fracción I del propio artículo, y en caso de existir diferencia a favor de la parte quejosa, en tratándose del bien respecto del cual le fue aplicado el mecanismo previsto en los artículos 149, fracción II y 152, fracción I, ambos del Código Financiero del Distrito Federal, le sea devuelta, como pago de lo indebido, lo que deberá realizarse a través de la unidad administrativa de la Tesorería del Distrito Federal que corresponda.’; sin embargo, lo cierto es que el Juez de Distrito, dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, omitió requerir a la autoridad responsable, obligada a cumplir el fallo protector, para que aportara los elementos suficientes que, junto con los exhibidos por la quejosa, permitieran determinar, con toda precisión, la cantidad que debía ser devuelta, con el apercibimiento para la responsable de que en caso de ser omisa, se estaría a la cantidad que el propio Juez Federal determinaría con base en los elementos aportados por la quejosa. Debe ponerse de manifiesto que en las sentencias que conceden el amparo por la inconstitucionalidad de un impuesto, en principio, no es estrictamente necesario delimitar de forma exhaustiva las cantidades que fueron enteradas o retenidas por la autoridad, pues esto es materia del cumplimiento de la sentencia en otra etapa del procedimiento. Ello es así, en virtud de que al momento de dictar sentencia, puede suceder que la a quo no tenga los elementos suficientes para determinar los límites exactos de la devolución, porque las cantidades a devolver no formaron parte de la litis en el juicio de amparo. Asimismo, no debe perderse de vista que el derecho de reclamar las cantidades líquidas nace a partir de la concesión del amparo dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia. En esas condiciones, debe ser en un momento procesal posterior al dictado de la sentencia, en donde el Juez de Distrito deberá determinar los límites exactos de la devolución de impuestos, mediante la entrega de cantidades debidamente determinadas, con intervención de la parte quejosa y de la autoridad responsable, antes de pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria. Así pues, de las constancias de autos se desprende que el Juez de Distrito no ha determinado el monto exacto que debe ser devuelto a la parte quejosa, lo cual es indispensable para facilitar el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues tal situación podría impedir a la autoridad responsable cumplir eficazmente con el fallo protector. Atento a lo anterior, esta Primera Sala resuelve que se está en el caso de ordenar la devolución de los autos del juicio de amparo al Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para que provea lo necesario a fin de lograr la determinación de la cantidad que debe ser devuelta por la autoridad responsable, en términos de la ejecutoria de amparo y de sus concretos efectos, con el debido apercibimiento para la responsable de que en caso de ser omisa, se estará a la cantidad que el propio Juez Federal determine con base en los elementos aportados por la quejosa. Para ello, el Juez de Distrito deberá solicitar tanto a la quejosa como a la autoridad responsable, toda la documentación necesaria para determinar la cantidad que deba ser devuelta, con los apercibimientos del caso y sin perjuicio de su facultad de imponer las diversas medidas de apremio previstas en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para evitar el atraso en el cumplimiento de la sentencia, tomando en cuenta las consideraciones vertidas en esta ejecutoria. Adicionalmente, el Juez de Distrito deberá proveer lo necesario a fin de hacer del conocimiento de la autoridad responsable, obligada a cumplir la ejecutoria de amparo, que cualquier cuestión relacionada con el cumplimiento del fallo protector deberá ser informada al Juzgado de Distrito o al Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, pues atento a las consideraciones vertidas en esta ejecutoria, el referido cumplimiento, en todo caso, deberá ser acreditado ante el órgano jurisdiccional que concedió el amparo a la quejosa. Finalmente, debe ponerse de manifiesto que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, razón por la que los órganos jurisdiccionales que concedieron el amparo, no tienen por qué exigir que la quejosa agote el procedimiento de devolución de cantidades, previsto en las leyes fiscales, sino que en todo caso, dichos Jueces Federales deben ordenar y vigilar que el fallo protector sea debidamente acatado por las autoridades responsables."

II. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el incidente de inejecución número 235/2004, en lo que aquí interesa, adujo lo siguiente:

"SEGUNDO. Conforme a lo anterior, la ejecutoria de garantías tiene el alcance de que la autoridad exactora devuelva a la parte quejosa, de las cantidades que pagó a título de impuesto predial, aquella parte del tributo que haya sido el producto de la aplicación del factor del 10.0, contenido en el precepto declarado inconstitucional, prerrogativa que subsiste mientras el precepto no sea reformado. ... Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que el subprocurador de lo contencioso de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal manifestó ante el a quo que la autoridad exactora obligada al cumplimiento de la ejecutoria de garantías es la administración tributaria en Mina, en razón de lo cual, el Juez de Distrito, mediante proveído de veintitrés de julio de dos mil tres, le dio a dicho administrador intervención en el procedimiento de ejecución de la sentencia de garantías (fojas 759 y 765 del tomo II del juicio de amparo indirecto 536/2002-II). Aun cuando el administrador local en Mina, no fue señalado como autoridad responsable, se encuentra vinculado al cumplimiento de la ejecutoria de garantías, por tratarse de la autoridad ante la cual se enteró el impuesto predial previsto en el precepto reclamado. ... Acerca de las devoluciones por concepto de créditos fiscales a cargo del Distrito Federal, el artículo 50 B del Código Financiero que las rige, establece lo siguiente: ‘Artículo 50 B.’ (se transcribe). Conforme a lo anterior, se advierte que los alcances de la ejecutoria de garantías consisten en que el administrador tributario en Mina, de la Tesorería del Distrito Federal, devuelva a la parte quejosa, de las cantidades que pagó a título de impuesto predial, aquella parte del tributo que haya sido el producto de la aplicación del factor del 10.0, contenido en el precepto declarado inconstitucional, debidamente actualizadas hasta el momento del pago, en los términos previstos por el artículo 50-B del Código Financiero del Distrito Federal. En autos existen copias fotostáticas simples de diversas solicitudes de devolución de cantidades pagadas por concepto de impuesto predial suscritas por **********, quien se recordará es apoderada de la quejosa **********, lo que demuestra, en forma indiciaria o presuntiva, que la quejosa efectuó las solicitudes de devolución correspondientes. Efectivamente, al tratarse de copias fotostáticas simples, no adminiculadas a otros medios de prueba, tales documentales sólo producen la presunción de que existen los originales a que corresponden y en los cuales la representante legal de la parte quejosa solicitó la devolución del impuesto predial correspondiente. Son (sic) aplicables (sic) en lo referente a la valoración jurídica de las documentales en comento, la jurisprudencia del rubro y tenor siguiente: ‘COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.’ (se transcribe). Además de estas documentales, no obran en autos otras que permitan conocer el monto de la obligación fiscal, actualizada en los términos de ley, que debe devolverse por la autoridad responsable, lo cual es esencial para el cumplimiento. Sobre el particular debe decirse que corresponde al administrador tributario en Mina, de la Tesorería del Distrito Federal, resolver lo conducente acerca de la devolución solicitada por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 80, fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que establece: ‘Artículo 80. Corresponde a las administraciones tributarias: ... VI. Recibir, tramitar, resolver y, en su caso, autorizar el pago de las solicitudes de devolución o compensación de créditos fiscales a favor de los contribuyentes, en los términos y con las modalidades que señalen las leyes fiscales aplicables, así como los acuerdos del Ejecutivo Federal.’. Sin embargo, como ya se destacó, no está acreditado en autos que el administrador tributario en Mina, de la Tesorería del Distrito Federal, hubiera resuelto la solicitud respectiva y determinado el monto, debidamente actualizado, del impuesto predial que debe ser devuelto a la parte quejosa. Por lo tanto y en principio, con motivo de la devolución de los autos que se ordena en esta resolución, el a quo deberá requerir a dicha autoridad para que resuelva lo conducente, pues es esencial para el cumplimiento, conocer el monto de la obligación fiscal, debidamente actualizada, que ha de devolverse a la parte quejosa. A su vez, el administrador tributario en Mina, depende de la Tesorería del Distrito Federal, lo cual se corrobora por la circunstancia de que el titular de la tesorería tiene facultades para establecer el número, denominación, sede y circunscripción territorial de las administraciones tributarias, como lo establece la fracción XXIV del artículo 35 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que establece: (se transcribe). Además, el tesorero también tiene facultades para resolver las solicitudes de devolución de créditos fiscales a los contribuyentes, en términos de la fracción XIV del artículo 35 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que establece: (se transcribe). ... En las relacionadas condiciones, tomando en cuenta el estado en que se encuentra el procedimiento de ejecución, lo conducente es devolver los autos del juicio de amparo indirecto 536/2002-II al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a fin de que su titular proceda de la siguiente manera: 1. Requiera a la quejosa para que acredite fehacientemente que ya presentó ante la autoridad exactora la solicitud de devolución debidamente requisitada y en caso de que aún no lo hubiera hecho, la requerirá para que lo haga, bajo apercibimiento que de ser omisa, tal circunstancia será tenida como un desinterés de su parte en el cumplimiento y así se considerará al emitirse el pronunciamiento correspondiente. 2. Requiera al administrador tributario en Mina, de la Tesorería del Distrito Federal, para que en términos del artículo 80, fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, resuelva lo conducente acerca de las devoluciones solicitadas por la parte quejosa, por concepto del impuesto predial indebidamente pagado, con su correspondiente actualización, hasta el momento en que las cantidades autorizadas sean devueltas a la contribuyente, en los términos del artículo 50-B del Código Financiero del Distrito Federal. 3. De no obtener el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, deberá instaurar el procedimiento establecido en los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, respecto de los superiores de la autoridad exactora, en los términos siguientes. ..."

CUARTO. Determinación sobre la existencia de la contradicción de criterios. Es criterio definido de este Alto Tribunal que para que exista contradicción de tesis, las posturas sustentadas por los órganos contendientes deben ser efectivamente opuestas, discrepantes o divergentes, para lo cual deben reunirse los siguientes requisitos:

a) Que en las ejecutorias materia de la contradicción, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y,

c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(1)

Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por las Salas contendientes no originaron jurisprudencia ni tesis aisladas, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(2)

De la confrontación de las consideraciones emitidas por las Salas de esta Suprema Corte, se llega a la conclusión de que sí existe contradicción de criterios, pues en los negocios resueltos se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, obteniéndose la diferencia de éstos en los razonamientos, proviniendo del análisis de los mismos elementos.

Primeramente, se advierte que las Salas efectivamente examinaron los mismos elementos, pues en ellos resolvieron asuntos en los que se analizó el cumplimiento de sentencias de amparo en que se concedió la protección constitucional en contra de una ley tributaria. De igual forma, dichas Salas abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica, que fue: ¿Cómo determinar la cantidad líquida que la autoridad exactora debe devolver a la parte quejosa, en cumplimiento de la sentencia de amparo?

La Primera Sala determinó devolver los autos del juicio de amparo relativo al Juez de Distrito para que provea lo necesario, a fin de determinar la cantidad que debe ser devuelta por la autoridad responsable, para lo cual deberá solicitar tanto a la quejosa como a dicha autoridad la documentación necesaria. Además, destacó que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, razón por la que los órganos jurisdiccionales que conocieron del amparo, no tienen por qué exigir que la quejosa agote el procedimiento de devolución de cantidades previsto en las leyes fiscales, sino que corresponde a los Jueces Federales ordenar y vigilar que el fallo protector sea debidamente acatado por las autoridades responsables.

La Segunda Sala determinó remitir los autos al Juez Federal a efecto de que, por una parte, requiriera a la quejosa para que acredite fehacientemente que ya presentó ante la autoridad exactora la solicitud de devolución debidamente requisitada y en caso de que no lo hubiera hecho, le requiriera para ello, apercibiéndole que de no hacerlo, se tendría como desinterés de su parte en el cumplimiento de la sentencia; y, por otra parte, para que requiera a la autoridad responsable, para que en términos del artículo 80, fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, resuelva respecto de las solicitudes de devolución de la quejosa.

De esta forma se llegó a la conclusión de que sí se realizó el examen de los mismos elementos -cumplimiento de sentencias de amparo en que se concedió la protección constitucional en contra de una ley tributaria-, con respecto a una misma cuestión jurídica -cómo determinar la cantidad líquida a devolver a la quejosa en cumplimiento de esa sentencia de amparo-. No obstante, como ya se dijo, las decisiones a las cuales llegaron los Tribunales Colegiados fueron divergentes.

En mérito de lo expuesto, en el considerando que antecede, el punto de contradicción a resolver consiste en decidir si procede devolver los autos al Juez de Distrito que conoció del asunto, a efecto de que requiera a la quejosa para que presente ante la autoridad exactora la solicitud de devolución debidamente requisitada y a dicha autoridad para que resuelva lo conducente, en términos de su reglamentación; o bien, hacer la devolución de autos referida, a efecto de que sea el Juez Federal quien determine la cantidad a devolver, previo requerimiento que haga a la parte quejosa y a la autoridad exactora de la documentación necesaria para tal fin.

QUINTO. Determinación del criterio que debe prevalecer. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta resolución, con base en los razonamientos que a continuación se exponen:

Con la finalidad de brindar mayor seguridad jurídica y determinar cuál es el criterio que debe prevalecer en el presente asunto, conviene hacer una breve referencia al marco jurídico general que regula el cumplimiento de sentencias de amparo.

El artículo 103 constitucional regula su procedencia genérica ante los tribunales federales. A su vez, el artículo 107 de la propia Constitución contiene las bases generales y principios que lo rigen. La fracción XVI de este último precepto(3) contiene la base constitucional del sistema para el cumplimiento de las sentencias de amparo.

La Ley de Amparo, reglamentaria de los preceptos constitucionales referidos, en el título primero, capítulo XII, que comprende los artículos 104 a 113, regula el sistema relativo al cumplimiento o ejecución de las sentencias de amparo, denominándolo: "De la ejecución de las sentencias".

Por otra parte, el artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trata y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

Ahora bien, tomando en cuenta la diversa naturaleza de las garantías que pueden estimarse violadas y los alcances del amparo concedido, es evidente que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que deba realizar la autoridad responsable, puede ser diverso en cada caso concreto, por lo mismo, su interpretación puede generar problemas que causan el retraso en el acatamiento del fallo protector.

Por tanto, es preciso establecer debidamente cuáles son los principales efectos de las ejecutorias de amparo, a fin de precisar las obligaciones que ha de cumplir la autoridad responsable para acatar lo dispuesto en el citado artículo 80 de la ley de la materia.

Así pues, ha sido criterio de este Alto Tribunal que tratándose de amparo contra leyes fiscales, como lo son de los que derivaron los criterios que contienden, el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional será para que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan las cantidades entregadas en aplicación de dicha ley.

Apoyan la anterior consideración la tesis aislada P. CXL/96 y la jurisprudencia 2a./J. 188/2004, cuyos rubros y textos, respectivamente, son los siguientes:

"LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES CONTROLADORAS CON ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. Si conforme al artículo 80 de la ley de la materia, el efecto del amparo concedido en contra de actos de contenido positivo es restituir al quejoso en la situación en que se hallaba antes de la violación de garantías, resulta claro que en el caso de que una sociedad controladora con autorización fiscal para consolidar sus estados financieros se otorgue el amparo en contra de la ley fiscal en términos de la cual ha efectuado el pago de determinado gravamen, el efecto de la sentencia obligará a la autoridad fiscal a devolverle todas las cantidades entregadas en aplicación de dicha ley, sin que en el incidente de inejecución respectivo pueda cuestionarse el derecho de la sociedad para obtener la devolución del gravamen enterado por las operaciones de las sociedades controladas, ni tampoco las relaciones de las empresas del grupo entre sí o con el erario público, toda vez que para precisar la eficacia del fallo protector sólo ha de analizarse el efecto lesivo sufrido por la quejosa con motivo de la aplicación de la ley, a fin de que la restitución se realice en la misma medida de aquél, con independencia de las cuestiones relativas a las particularidades del régimen fiscal que, en el ámbito de la legalidad, determinan la situación jurídica de la quejosa frente a terceros y frente al fisco."(4)

"AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: ‘LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.’, el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido."(5)

Ahora bien, es importante precisar que atento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105,(6) 111(7) y 113(8) de la Ley de Amparo, por ejecución de sentencia debe entenderse la obligación constitucional que tiene el juzgador de amparo que haya dictado el fallo protector de hacer que éste se cumpla, esto es, la de realizar todos los actos que sean necesarios hasta lograr su cumplimiento, sin que pueda ordenar el archivo de ningún expediente si no está cumplida la sentencia de amparo, es decir, es una cuestión de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esta materia no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a este objetivo.

Apoyan esta última consideración la tesis aislada 3a. XCI/91, así como la jurisprudencia 2a./J. 17/99, cuyos rubros y textos, respectivamente, son los siguientes:

"SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO DEBIÉNDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución, y 105 y 113 de la Ley de Amparo, en cuanto a las medidas que deben adoptarse para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe establecerse que éste es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia, no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por consiguiente, si bien la improcedencia del incidente de inejecución de sentencia se produce cuando existe un acto que entraña un principio de cumplimiento, ello sólo resulta aplicable cuando tal situación se presente con anterioridad a la promoción del referido incidente y no cuando ello ocurre durante su tramitación pues, en este caso, en el debe lograrse el pleno cumplimiento de la sentencia y proceder, en su caso, a adoptar las medidas consignadas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución."(9)

"REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE INTERVENIR OFICIOSAMENTE EN EL INCIDENTE RELATIVO, DICTANDO TODAS AQUELLAS MEDIDAS U ORDENANDO LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS QUE TIENDAN A ESCLARECER SI EFECTIVAMENTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRIÓ O NO EN VIOLACIÓN A LA SENTENCIA DE AMPARO. De la interpretación armónica de los artículos 80, 105, 108 y 111 de la Ley de Amparo, se desprende que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público y que los Jueces de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, no sólo tienen la potestad sino el deber de intervenir oficiosamente, dictando todas aquellas medidas u ordenando la práctica de las diligencias necesarias que tiendan a esclarecer si realmente se ha dado cumplimiento o no a la ejecutoria de amparo. Por ello, no puede considerarse que una interpretación literal de la última parte del primer párrafo del artículo 108 de la Ley de Amparo, conduzca al equívoco de estimar que en estos incidentes sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de resolver allegándose los elementos que estime convenientes, sino que también la tienen el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, dado que atendiendo al principio de derecho de que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, se sigue que la finalidad que persiguen los órganos jurisdiccionales federales, en estos casos, es la misma, esto es, determinar si efectivamente la autoridad responsable incurrió o no en violación a la sentencia de amparo al repetir el acto reclamado, respecto del cual se otorgó la protección constitucional."(10)

De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, los juzgadores de amparo o la autoridad que haya conocido del juicio, no sólo están facultados, sino que están obligados a establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia.

En este contexto, cuando en una sentencia de amparo se concede la protección constitucional en contra de una ley tributaria, cuyo efecto es que la disposición reclamada no se aplique al contribuyente quejoso y, en consecuencia, la autoridad responsable está obligada a devolver las diferencias enteradas por éste en acatamiento a dicha norma, como acontece en los casos que dieron origen a la contradicción de tesis que se resuelve, cabe concluir que es en sede jurisdiccional y no administrativa en donde se debe aprobar el monto a devolver, esto es, el Juez de Distrito es el rector del procedimiento a seguir para determinar la aludida cantidad y finalmente aprobar dicho monto.

En efecto, considerar lo contrario, es decir, condicionar el cumplimiento de la sentencia de amparo al hecho de que la parte quejosa presente ante la autoridad fiscal la solicitud debidamente requisitada de la devolución de las cantidades que le debe devolver con motivo de los efectos de la aludida sentencia y de que dicha autoridad dé la respuesta correspondiente, en términos de su reglamentación, implica desco

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21664-6953feb9/inejecucion-de-sentencia-ante-la-falta-de-precision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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