Corpus
Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE NUEVO LEÓN, COMO TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN LA QUE NIEGA AL INCULPADO LA SOLICITUD DE LA EXTINCIÓN DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 138/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19461
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, , Pág. 24.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 138/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se trata de una posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con la materia penal cuyo conocimiento es exclusivo de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues la formularon Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.

TERCERO. Los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, manifestaron no compartir el criterio que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito, remitiendo ambos Tribunales Colegiados sus respectivas ejecutorias.

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 98/2005, promovido por ... sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente (fojas 37 a 45 del toca):

"Ahora bien, previamente a estudiar el fondo del asunto, conviene dar respuesta al agravio del recurrente en el que sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Carta Magna, que a la letra establecen: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’. ‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.’. ‘Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales.’. A criterio de la inconforme, lo anterior tiene justificación, en síntesis, porque el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que al Ministerio Público corresponde la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la sociedad, y se le encomienda la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, en su caso. De manera que, acota la recurrente, su primera función es cuando actúa con el carácter de ‘autoridad’ al llevar a cabo la investigación de los hechos delictuosos que le son denunciados, actividad en la cual todas las determinaciones que dicta están investidas de la potestad de imperio. La segunda función del representante social, dice, inicia una vez que ejerce la acción penal, cuando pierde el carácter de autoridad que tenía en la averiguación previa, para convertirse en ‘parte’ en el proceso. Partiendo de esa base, agrega el recurrente, la actuación en la que él como procurador general de Justicia del Estado desestima una solicitud con la que se pretende una declaración en juicio de extinción de la acción penal, como sucede en el caso en estudio, no debe conceptuarse como acto de autoridad, pues su opinión no constituye una decisión con imperio por tratarse de la contraparte del quejoso en el procedimiento jurisdiccional, lo que conlleva a establecer lógicamente que en la relación jurídico-procesal ambos están en un plano de igualdad. Por ende, acota que para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa, el procurador general de Justicia del Estado, como titular del Ministerio Público, no tiene el carácter de autoridad responsable al haber ejercitado ya la acción penal. Argumentos que la inconforme apoyó con el criterio que en idéntico sentido resolviera el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Cuarto Circuito, en el toca 29/2005. Como se puede apreciar de los antecedentes reseñados y del agravio aducido por el inconforme, la litis en el presente recurso se centra en determinar si al procurador general de Justicia del Estado le resulta el carácter de ‘parte’ o de ‘autoridad’ en los autos del proceso penal aludido, cuando no tiene a bien solicitar al Juez del proceso la declaración de la extinción de la acción penal, como resultado de su actuación en la hipótesis que prevé el último párrafo del transcrito numeral 387. Al respecto, debe mencionarse que en la actualidad todavía no existe un criterio general definido sobre el momento en que el Ministerio Público deja de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte, y menos aún si en esta última hipótesis puede darse el caso de que simultáneamente, en relación con el proceso, actúe también como autoridad. Lo cierto es que la jurisprudencia sólo aborda dicho tema en forma colateral, es decir, la discusión se centra en definir, en cada caso en particular, cuándo se le puede conferir al órgano técnico el carácter de ‘autoridad responsable’ para los efectos prácticos de la procedencia del juicio de garantías, que a fin de cuentas es lo que importa al juzgador constitucional ante una situación de índole jurídica poco común, que por lo mismo aún no ha sido sometida al análisis de la Suprema Corte ni de los Tribunales Colegiados. Como ilustración conviene transcribir las siguientes tesis que contemplan específicamente otras situaciones jurídicas singulares: 1a./J. 40/2000, derivada de la contradicción 63/98, que en esta Novena Época emitiera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo XIII del mes de febrero de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: ‘MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO. La etapa de preinstrucción que abarca desde la radicación por el Juez, hasta el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, constituye un periodo procedimental que debe reunir las formalidades esenciales requeridas por los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentran las de hacer saber al indiciado, previamente a serle tomada su declaración preparatoria, los nombres de quienes presentaron la denuncia o querella y de quienes fueron los testigos que declararon en su contra, así como cuáles fueron los hechos que se le atribuyen como delictuosos que hayan motivado la integración de la averiguación previa, y cuáles son los elementos de prueba que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que pueda proveer la defensa de sus intereses y aportar, en su caso, pruebas de inocencia. Es en razón de lo anterior, que a partir de que el órgano jurisdiccional radica la causa penal, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la consignación ante el Juez Penal, no podrá legalmente proponerlas como prueba de autoridad en la fase de preinstrucción, menos una vez que ha sido tomada ya la declaración preparatoria del inculpado, porque se tratará de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad, pues debe tomarse en cuenta que surgieron sin la intervención del órgano jurisdiccional y de las que, como parte en la relación procesal y que debieran constar en formal actuación judicial, no tuvo conocimiento e intervención el inculpado. Sin embargo, ello no impide que el Ministerio Público, como parte, pueda aportar pruebas, más las que proponga en esa etapa de preinstrucción, deben aportarse y recibirse ante el Juez con conocimiento del inculpado. En tal virtud, el Juez al dictar el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, deberá cerciorarse del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en la preinstrucción y, con base en ello, las pruebas de cargo que presente el Ministerio Público, puede considerarlas para los efectos del acreditamiento del tipo penal y de la presunta responsabilidad del inculpado, si previamente, como se estableció, fueron hechas del conocimiento de éste y de su defensor, pues de esta forma se respeta el equilibrio procesal de las partes.’. 1a. LI/2003, sustentada por la propia Primera Sala, visible en la página 292 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII del mes de septiembre de 2003, Novena Época, que a la letra dice: ‘MINISTERIO PÚBLICO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE DESISTE DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE UN JUEZ PENAL QUE NIEGA EL LIBRAMIENTO DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR CONSIDERAR PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL Y SOBRESEE EN LA CAUSA. Aun cuando el Ministerio Público deja de tener el carácter de autoridad una vez dictado el auto de radicación de la causa, conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, febrero de 2001, página 9, y con independencia de las discusiones doctrinales relativas a si dicho órgano deja o no realmente de abandonar tal carácter al actuar dentro del proceso penal, lo cierto es que al establecer el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de impugnar jurisdiccionalmente las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, y el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CLXVI/97, publicada en el propio Semanario, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, página 111, determinó que en contra de esas resoluciones, al ser susceptibles de violar garantías individuales, procede el juicio de amparo, además de que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2000, se reformó el artículo 10, y se adicionó la fracción VII al artículo 114, ambos de la Ley de Amparo, para otorgar a la víctima y al ofendido el derecho de promover el juicio de amparo ante el Juez de Distrito contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, es indudable que para efectos del juicio de garantías, el Ministerio Público tiene el carácter de autoridad respecto del dictado de las referidas resoluciones y, en consecuencia, también en relación con el desistimiento del recurso de apelación por él interpuesto en contra del auto del Juez Penal que niegue el dictado de la orden de aprehensión al considerar prescrita la acción penal y sobresea en la causa, ya que si bien tal desistimiento lo formula cuando ya adquirió el carácter de parte dentro del proceso penal, esa actuación es equiparable al desistimiento de la acción penal y, por tanto, susceptible de violar garantías individuales.’. Quinta Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CII, página 1805. ‘MINISTERIO PÚBLICO, AMPARO CONTRA SUS ACTOS. Es innegable que el Ministerio Público, al averiguar los delitos, para los efectos de ejercitar posteriormente la acción penal, obra como autoridad. En tales condiciones, y dado el régimen de derecho organizado por nuestra Constitución Política, la actuación del Ministerio Público es susceptible del control constitucional, pues no existe acto de funcionario alguno que virtualmente pueda evitar el tamiz de la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Por eso, cualquier argumento en contrario, tiene el efecto de desnaturalizar al juicio de garantías. Si ciertamente la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público por disposición constitucional, también lo es que en la dinámica de esa persecución tiene dos características: una, la de autoridad a que antes aludimos y que se extiende a través de la etapa del pre proceso; y otra, la de parte, que corresponde al proceso y aun a veces, es susceptible de actividad durante el pos proceso. Cabe decir, además, que en la misma etapa del proceso puede surgir la actividad de autoridad que es inherente al Ministerio Público, tal sucede por ejemplo, cuando se desiste del ejercicio de la acción penal. De ahí que todas las situaciones anteriores hagan compleja la actividad del funcionario de que se trata. Por lo demás, el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público; mas cuando ejercita tal acción, deja de ser autoridad para convertirse en parte, o lo que es lo mismo, es el límite claro y preciso de las características a que nos hemos referido. Tal es, entonces la razón para calificar, con distinto criterio, la actividad del Ministerio Público. La acción privada, como derecho público subjetivo, como libertad de mandar, bien como derecho concreto a la tutela jurídica, o como derecho a la jurisdicción; como remedium juris, en la desacreditada fórmula romana; como derecho potestativo, o bajo cualquiera otra concepción, representa, en todo caso, independientemente del derecho material, que es requisito de la sentencia de mérito, pero no de la procedibilidad, una facultas agendi frente al Estado y a un particular, que está exclusivamente en la voluntad o el interés privado y cuya renuncia, por inacción, o por expresa determinación, dentro del sumario civil, ninguna relación directa tiene con el Estado, ni con la sociedad. En cambio, la acción pública, nacida de delito, no es un derecho potestativo para el Ministerio Público, al cual correctamente llámase representante social, porque lleva en sus funciones prendido un interés que compete al grupo social; de tal manera que no puede, a su arbitrio, por autodecisión, omitir el ejercicio de la acción o desistirse de ella, pues así, a más de subvertir el orden de legalidad que impera en todos los actos de autoridades, crearía la situación anómala, e inexplicable, jurídicamente hablando, de que ha tomado para sí, como cosa de su tenencia particular, la acción; en consecuencia, siendo actos de autoridad los del preproceso y reclamándose del procurador uno de éstos, la demanda presentada por el quejoso no es notoriamente improcedente, y por consecuencia debe admitirse, sustanciando el juicio de garantías hasta alcanzar estado de pronunciar sentencia de fondo.’. Por tal motivo, ante la ausencia de un criterio rector por parte del más Alto Tribunal del país sobre el tema específico en examen, corresponde a este Tribunal Pleno emitir su pronunciamiento. En este orden de ideas, se arriba al corolario de que en el caso no se actualiza la causal de improcedencia invocada por la recurrente. En efecto, no hay que perder de vista que el tema central, a la luz de lo dispuesto por el numeral 387 del código sustantivo penal local, es la calificación del proceder del procurador general de Justicia del Estado al solicitar o no al Juez natural la extinción de la acción penal, lo cual incide de manera directa en la continuación o no de la causa y, por ende, en la libertad del enjuiciado, sin necesidad de esperar hasta la sentencia. Sin embargo, tal calificación opera desde la óptica de si el fiscal mayor actúa ahí como parte o como autoridad. Lo anterior se debe a una situación generosa que el legislador local contempla concretamente sólo en favor del activo y nada más en este tipo de delito, en el que se transgredió la norma penal, previsto en la fracción I del artículo 387: ‘I. En cualquier forma, transmita u ofrezca la propiedad o posesión de lotes de un fraccionamiento, sin que éste se encuentre autorizado por la autoridad competente.’. De manera que el actuar del inculpado llevó al inicio de una averiguación previa en su contra y a su posterior consignación, rindió su declaración preparatoria, se le dictó auto de formal prisión, etcétera, como sucedió en la especie. Empero, la propia disposición reconoce en su parte final, que el hecho de cumplir con los requisitos ante las autoridades competentes, permite la propuesta inmediata del procurador ante el Juez, en el sentido de solicitarle que declare la extinción de la acción penal, y obliga a éste a decretarlo así. Tales argumentos, evidencian la trascendencia de dicho acto del procurador y sustentan la tesis de que puede ser sujeto de control constitucional, pues visto el asunto, desde esa óptica, se puede equiparar a un desistimiento de la acción penal, o bien, al desistimiento del recurso de apelación contra la negativa del libramiento de la orden de aprehensión. Temas ya definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que procede el amparo indirecto en su contra, debido a la importancia que revisten. Otro factor que inclina la balanza a favor de la procedencia del juicio de amparo, en el supuesto en estudio, es que el propio artículo 387, en su parte final, dota al procurador de imperio, al señalar implícitamente que tiene que investigar y requerir ‘a las autoridades competentes’ para que le informen si el activo cumplió con los requisitos correspondientes. De ahí que tal actividad, sin duda alguna, debe desarrollarse con las más amplias facultades de que está dotado el fiscal mayor del Estado, como lo reconoce la fracción XVIII del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que dice: ‘A la procuraduría le corresponde: ... XVIII. Requerir, para el cumplimiento de sus atribuciones, informes, documentos y opiniones de instancias oficiales federales, estatales y municipales, así como de personas físicas o morales.’. Tal facultad no la lleva a cabo el procurador en su calidad de ‘parte’, como lo aduce éste en sus agravios, cuenta habida que para ejercitarla requiere de imperio. No es óbice para la conclusión anterior que cuando el fiscal mayor dirige el pedimento sobre la extinción de la acción penal al Juez instructor, ya sea en forma negativa o afirmativa, lo hace presumiblemente como ‘parte’ en los autos de la causa penal; pero no debe dársele a este último término una connotación tan rigorista, sino más bien conceptuarla como una consecuencia lógico-jurídica de la función investigadora que realizó como ‘autoridad’ el representante social, es decir, como la conclusión de su actuar con imperio. Por tal motivo, no se comparte la postura del recurrente de que, en la hipótesis en estudio, exista un plano de igualdad entre los procesados quejosos y la fiscalía. De igual forma, debe puntualizarse que para los efectos del juicio constitucional, el procurador general de Justicia del Estado sí tiene el carácter de autoridad responsable. Consecuentemente, es innegable que la respuesta en sentido negativo que dé el procurador sobre la extinción de la acción penal, debe ser objeto de estudio por parte de los juzgadores de amparo, a través del juicio de garantías biinstancial, con independencia de que se haya notificado únicamente al propio peticionario, o de que también se hubiera desahogado una vista del Juez del proceso. Tampoco es obstáculo para el criterio sentado, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Cuarto Circuito, como lo aduce el recurrente, al resolver el amparo en revisión 29/2005, en una situación jurídica idéntica decidió decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías. Sin embargo, al respecto debe decirse que no existe disposición legal ni jurisprudencia relativa que obligue a este órgano jurisdiccional a sostener igual criterio, dado que la integración de cada uno es diferente. Pero, al quedar evidenciada la posible contradicción del mismo criterio jurídico, pues aparentemente fue sostenido en forma diferente por dos Tribunales Colegiados de Circuito, lo que procede en el caso es formular la denuncia relativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del numeral 197-A de la Ley de Amparo."

Similares consideraciones se hicieron valer en el amparo en revisión 100/2005, promovido por ... .

QUINTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al fallar el amparo en revisión 29/2002, promovido por ... sostuvo lo siguiente (fojas 104 v. a 110 del toca):

"QUINTO. En el presente caso, resulta innecesario ocuparse de los agravios vertidos por el recurrente, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte de oficio la operancia de la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Carta Magna, cuyo análisis es preferente. Como antecedente del acto reclamado tenemos que el quejoso ... por conducto de su apoderado legal, compareció por escrito ante el procurador general de Justicia del Estado, solicitando se allegara a la causa penal 114/04-II, que se instruye en contra del referido indiciado, diversas documentales con las que trata de demostrar encontrarse en el supuesto contenido en el artículo 387, último párrafo, del Código Penal del Estado, para el efecto de que la autoridad judicial decrete, a petición del representante social, la extinción de la acción penal a su favor. En respuesta a lo anterior, la autoridad responsable pronunció resolución el cuatro de agosto del año próximo pasado, en la que determinó no acceder a lo peticionado por el referido ... bajo el argumento de que quien comparece como su apoderado no tiene el carácter de parte dentro de la causa criminal en comento y, además, porque encontrándose el inculpado quejoso sustraído de la acción de la justicia, el proceso 144/04-II que se instruye en su contra ante el Juzgado Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, se encuentra suspendido de conformidad con lo dispuesto por el numeral 449, fracción I, del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad. Inconforme con tal determinación, el apoderado legal del referido indiciado promovió juicio de garantías, del que correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado, quien previo los trámites de ley dictó la resolución recurrida, en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, por estimar que el acto reclamado no era violatorio de garantías. Sin embargo, este órgano colegiado estima que en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Carta Magna, los que a la letra establecen: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’. ‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.’. ‘Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales.’. En efecto, conforme lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público del cual el procurador responsable es titular, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la sociedad, encomendándosele la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, en su caso, derivándose así la primera de sus dos funciones, cuando actúa con el carácter de autoridad al llevar a cabo la investigación de los hechos delictuosos que le son denunciados y las determinaciones que dicta están investidas de potestad de imperio. La segunda función del representante social resulta al ejercer la acción penal, en la que pierde el carácter de autoridad que tenía en la averiguación previa, para convertirse en parte en el proceso. Luego entonces, la resolución en la que el procurador responsable desestima allegar al proceso penal seguido en contra del impetrante de garantías, diversa documentación con la que se pretende una declaración jurisdiccional de extinción de la acción penal en su favor, no tiene el carácter de acto de autoridad, pues su opinión no constituye una decisión con imperio por ser la contraparte del quejoso en el procedimiento jurisdiccional y estar en un plano de igualdad en el mismo. Por ende, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa, el procurador general de Justicia del Estado, como titular del Ministerio Público, no tiene el carácter de autoridad responsable, al haber ejercitado ya la acción penal y no estar en la hipótesis que refiere la tesis 1a. LI/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 292 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, septiembre de 2003, Novena Época, que a la letra dice: ‘MINISTERIO PÚBLICO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE DESISTE DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE UN JUEZ PENAL QUE NIEGA EL LIBRAMIENTO DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR CONSIDERAR PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL Y SOBRESEE EN LA CAUSA. Aun cuando el Ministerio Público deja de tener el carácter de autoridad una vez dictado el auto de radicación de la causa, conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, febrero de 2001, página 9, y con independencia de las discusiones doctrinales relativas a si dicho órgano deja o no realmente de abandonar tal carácter al actuar dentro del proceso penal, lo cierto es que al establecer el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de impugnar jurisdiccionalmente las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, y el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CLXVI/97, publicada en el propio Semanario, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, página 111, determinó que en contra de esas resoluciones, al ser susceptibles de violar garantías individuales, procede el juicio de amparo, además de que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2000, se reformó el artículo 10, y se adicionó la fracción VII al artículo 114, ambos de la Ley de Amparo, para otorgar a la víctima y al ofendido el derecho de promover el juicio de amparo ante el Juez de Distrito contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, es indudable que para efectos del juicio de garantías, el Ministerio Público tiene el carácter de autoridad respecto del dictado de las referidas resoluciones y, en consecuencia, también en relación con el desistimiento del recurso de apelación por él interpuesto en contra del auto del Juez Penal que niegue el dictado de la orden de aprehensión al considerar prescrita la acción penal y sobresea en la causa, ya que si bien tal desistimiento lo formula cuando ya adquirió el carácter de parte dentro del proceso penal, esa actuación es equiparable al desistimiento de la acción penal y, por tanto, susceptible de violar garantías individuales.’. Además, no es obstáculo para lo anterior que conforme a lo dispuesto por el artículo 387, último párrafo, del Código Penal vigente en el Estado, que señala: ‘Cuando la persona responsable de las hipótesis comprendidas en este artículo, satisfaga, a juicio de las autoridades competentes, todos los requisitos señalados en las leyes relativas a fraccionamientos y edificaciones, a solicitud expresa del C. Procurador de Justicia del Estado, se declarará extinguida la acción penal.’, pues precisamente esa atribución es discrecional y atiende al carácter de parte en la causa penal que le corresponde al procurador responsable por conducto del agente del Ministerio Público respectivo. De ahí que estimarse procedente el juicio extraordinario de control constitucional, en supuestos como el que nos ocupa, sería tanto como considerar que el Ministerio Público tiene obligación de peticionar al Juez en los procesos penales en que es parte, y en todos los casos, cuando se lo solicite el activo del delito, la declaración de extinción de la acción penal, aun cuando contraríe su opinión en cuanto a su procedencia jurídica o respecto a la etapa procesal en que proceda, no obstante que esa facultad deriva precisamente de su calidad de parte dentro del procedimiento penal, y no de una obligación impuesta como autoridad, advirtiéndose ello de lo dispuesto por los artículos 369, fracción I, párrafo décimo primero, 371 y 372 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, que a la letra dicen: ‘Artículo 369. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: I. Cuando aparezca que la responsabilidad penal está extinguida, o se logre la conciliación en términos del artículo 111 del Código Penal. II. Que la pretensión punitiva está legalmente extinguida, o que existe en favor del inculpado una causa excluyente de responsabilidad. III. Cuando no se hubiere dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso y aparezca que el hecho que motiva la averiguación no es delictuoso o cuando estando agotada ésta, se compruebe que no existió el hecho delictuoso que la motivó. IV. Cuando, habiéndose decretado la libertad por desvanecimiento de datos, esté agotada la averiguación y no existan elementos posteriores para dictar nuev

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19461-399f6340/accion-penal-procede-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.