EXTRADICIÓN. LA PRISIÓN VITALICIA NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE CUANDO AQUÉLLA SE SOLICITA ES INNECESARIO QUE EL ESTADO REQUIRENTE SE COMPROMETA A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACIÓN. PRISIÓN VITALICIA. NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS MINISTROS DE ESTE ALTO TRIBUNAL, ENTRE ELLOS SU PRESIDENTE, ASÍ COMO LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, ESTÁN LEGITIMADOS PARA FORMULAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN. JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN PUEDE SUSTENTARSE EN UN CASO CONCRETO RESUELTO POR ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL CON LA SOLA EMISIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EN ÉSTE SE APARTE DE LA JURISPRUDENCIA QUE TENGA ESTABLECIDA.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 2/2005-PL. PRESIDENTE MARIANO AZUELA GÜITRÓN, GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIOS: RAFAEL COELLO CETINA Y ALBERTO DÍAZ DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de noviembre de dos mil cinco.
VISTOS; para resolver los autos del expediente 2/2005-PL relativo a la solicitud de modificación de las jurisprudencias P./J. 127/2001 y P./J. 125/2001, originadas al resolverse la contradicción de tesis 11/2001-PL en sesión del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "PRISIÓN VITALICIA. CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL." y "EXTRADICIÓN. LA PENA DE PRISIÓN VITALICIA CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE PARA QUE SE TRAMITE AQUÉLLA, EL ESTADO SOLICITANTE DEBE COMPROMETERSE A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACIÓN"; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante ocurso de fecha veintiuno de septiembre de dos mil cinco, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiséis siguiente, los señores Ministros de este Alto Tribunal, presidente Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio A. Valls Hernández, solicitaron la modificación de las jurisprudencias P./J. 127/2001 y P./J. 125/2001, de rubro y texto siguientes:
"PRISIÓN VITALICIA. CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. Si por pena inusitada, en su acepción constitucional, se entiende aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines punitivos; ha de concluirse que la prisión vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la legislación mexicana la pena de prisión siempre ha tenido un límite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena establecida en el artículo 18 del propio ordenamiento, que es la readaptación social del delincuente. En efecto, la finalidad de la pena ha evolucionado a través del tiempo, pues ésta surgió en principio como una venganza privada en la que el ofendido aplicaba el castigo de acuerdo a la gravedad del daño causado; luego, como una venganza divina, pues el delito se consideraba como una ofensa a la divinidad; en el derecho griego, además, era intimidatoria; en el derecho romano constituyó una reacción pública, en razón de la ofensa; en el periodo científico, en Alemania, se estimó que el fin de la pena es una coacción psicológica, de donde surgió la teoría de la prevención general; para la escuela clásica la pena tiende a conservar el orden legal; para los positivistas la finalidad de la pena es un medio de defensa social; para la doctrina absolutista responde a la idea de justicia absoluta, esto es, que el bien merece el bien y que el mal merece el mal; para la doctrina relativa es el instrumento para asegurar la vida en sociedad; y la doctrina ecléctica propone que la pena pública puede tener los fines siguientes: reformar al delincuente, ser ejemplar, intimidatoria, correctiva, eliminatoria y justa. Ahora bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18, segundo párrafo, después de analizar las iniciativas, dictámenes y discusiones de las reformas de que fue objeto, siempre ha sido como finalidad de la pena y garantía del sentenciado la readaptación social del delincuente sobre la base del trabajo, la capacitación y la educación como medios para lograr ese fin; en consecuencia, si en la legislación mexicana no se encuentra prevista y sancionada como pena la cadena perpetua o prisión vitalicia, porque contraviene el fin último de la pena, que consiste en readaptar al delincuente para incorporarlo a la sociedad, es evidente que se trata de una pena inusitada, por tanto, es inconstitucional." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, tesis P./J. 127/2001, página 15).
"EXTRADICIÓN. LA PENA DE PRISIÓN VITALICIA CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE PARA QUE SE TRAMITE AQUÉLLA, EL ESTADO SOLICITANTE DEBE COMPROMETERSE A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, si el delito por el cual se solicita la extradición es punible con la pena de muerte o alguna de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con las leyes de la parte requirente, la extradición podrá ser rehusada, a menos de que esta parte dé las seguridades suficientes de que no se impondrá la pena de muerte, o bien, de que si es impuesta, no será ejecutada. En estas condiciones, al ser la pena de prisión vitalicia una pena inusitada prohibida por el citado artículo 22, en tanto que se aparta de la finalidad esencial de la pena, consistente en la readaptación del delincuente para incorporarlo a la sociedad, resulta inconcuso que el Estado solicitante debe comprometerse a no imponer la pena de prisión perpetua, sino otra de menor gravedad." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, tesis P./J. 125/2001, página 13).
En la solicitud de mérito, los promoventes expusieron entre otros argumentos, lo siguientes:
"En otro orden de ideas, del contenido del artículo 197, párrafo último, de la Ley de Amparo, tal como el Pleno de la Suprema Corte lo ha interpretado, se advierte que para la procedencia de la modificación de una jurisprudencia se requiere que se encuentren colmados los siguientes requisitos: a) que previamente a la solicitud se haya resuelto el caso concreto que la origina; y, b) que se expresen los razonamientos que apoyan la solicitud de modificación. Al respecto es ilustrativa la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:
"‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA. ...’ (tesis aislada 107, Octava Época, Pleno, Apéndice 2000, página 84).
"El primero de los extremos en mención en el caso concreto se encuentra satisfecho, pues la presente solicitud se formula con motivo de la acción de inconstitucionalidad 20/2003, fallada el diecinueve de septiembre de dos mil cinco.
"Cabe destacar que la modificación que se propone implica no sólo un cambio en los elementos accidentales, sino del criterio jurídico contenido en las tesis P./J. 127/2001 y P.J. 125/2001, lo cual es jurídicamente válido, pues tal como lo ha sustentado este Alto Tribunal, la palabra ‘modificación’ a que se refieren los artículos 194 y 197 de la Ley de Amparo, no está constreñida a su significado literal, sino que permite el cambio total de lo anteriormente sostenido, como se advierte de la tesis que a continuación se transcribe:
"‘JURISPRUDENCIA. ALCANCES DE LA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA MODIFICARLA. ...’ (P. XIII/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, página 142).
"Por otra parte, no se omite precisar que la presente solicitud de modificación de criterios versa exclusivamente sobre los temas debatidos en la contradicción de su origen, a saber, si la prisión vitalicia constituye o no una pena inusitada de las prohibidas por la Carta Magna, y si en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, el Estado que formule una solicitud de extradición debe comprometerse a no aplicar dicha pena o imponer una menor; sin que en el caso se incluyan elementos nuevos o ajenos a los temas que fueron materia de la contradicción. Al respecto, debe tenerse en cuenta la tesis de rubro, texto y datos de identificación siguientes:
"‘JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU MODIFICACIÓN ESTÁ ENMARCADA POR EL TEMA DE LA CONTRADICCIÓN QUE LE DIO ORIGEN. ...’ (P. XXVIII/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, página 7).
"II. Antecedentes de las jurisprudencias cuya modificación se solicita.
"Con la finalidad de dar mayor claridad a la exposición de las razones por las que se propone la modificación de los criterios transcritos al inicio de este escrito, es conveniente señalar que dichas jurisprudencias se originaron al resolver la contradicción de tesis 11/2001, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. En la parte considerativa del fallo en comento, en cuanto a calificar a la pena de prisión vitalicia como inusitada, se señaló:
"‘De las tesis transcritas y la correlación de los artículos constitucionales, se concluye que, según el espíritu del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el término inusitado aplicado a una pena no corresponde exactamente a la acepción gramatical de ese adjetivo, que significa lo no usado, ya que no podría concebirse que el Constituyente hubiera pretendido prohibir la aplicación, además de las penas que enuncia el citado precepto 22, de todas aquellas que no se hubiesen usado anteriormente; interpretar gramaticalmente el concepto, sería tanto como aceptar que dicha disposición constituye un impedimento para el progreso de la ciencia penal, pues cualquier innovación en la forma de sancionar los delitos implicaría la aplicación de una pena inusitada. Así, por «pena inusitada», en su acepción constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad. De lo anterior se advierte que por pena inusitada no sólo se entiende aquellas que importan un maltrato ejercido de modo directo sobre el cuerpo y que causan dolor, sino todas aquellas penas no humanitarias, crueles y excesivas que al ser desproporcionadas se alejan de los fines de la penalidad. En consecuencia, ha de concluirse que la prisión vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el artículo 22 constitucional, en virtud de que en la legislación mexicana la pena de prisión siempre ha tenido un límite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena establecida en el artículo 18 del propio ordenamiento, que es la readaptación social del delincuente. En efecto, la finalidad de la pena ha evolucionado a través del tiempo, pues ésta surgió, en principio, como una venganza privada en la que el ofendido aplicaba el castigo de acuerdo a la gravedad del daño causado; luego, como una venganza divina, pues el delito se consideraba como una ofensa a la divinidad; en el derecho griego, además, era intimidatoria; en el derecho romano constituyó una reacción pública, en razón de la ofensa; en el periodo científico, en Alemania, se estimó que el fin de la pena es una coacción psicológica, de donde surgió la teoría de la prevención general; para la escuela clásica la pena tiende a conservar el orden legal; para los positivistas la finalidad de la pena es un medio de defensa social; para la doctrina absolutista responde a la idea de justicia absoluta, esto es, que el bien merece el bien y que el mal merece el mal; para la doctrina relativa es el instrumento para asegurar la vida en sociedad; y la doctrina ecléctica propone que la pena pública puede tener los fines siguientes: reformar al delincuente, ser ejemplar, intimidatoria, correctiva, eliminatoria y justa. Ahora bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18, segundo párrafo, después de analizar las iniciativas, dictámenes y discusiones de las reformas de que fue objeto, siempre ha sido como finalidad de la pena y garantía del sentenciado la readaptación social del delincuente sobre la base del trabajo, la capacitación y la educación como medios para lograr ese fin; en consecuencia, si en la legislación mexicana no se encuentra prevista y sancionada como pena la cadena perpetua o prisión vitalicia, porque contraviene el fin último de la pena, que consiste en readaptar al delincuente para incorporarlo a la sociedad, es evidente que se trata de una pena inusitada, por tanto, es inconstitucional. Por tanto, al margen de cualquier especulación sobre el particular, el hecho evidente es que la pena de prisión vitalicia o cadena perpetua tiene un carácter no humanitario, es cruel y excesiva, esencialmente, porque sería imposible conminar a una persona a que no reincida en una acción delictiva, si jamás volverá a tener la oportunidad de obtener la libertad. Una pena inusitada se encuentra prohibida y choca con el sentir de una colectividad; situación que ocurre con la prisión vitalicia, en tanto que siendo la legislación la expresión de la voluntad de los ciudadanos a través de sus representantes, y éstos no han introducido en el Código Penal dicha pena, significa que, mientras esto no suceda, es voluntad de la ciudadanía que la misma no esté prevista. En cuanto a los límites del ius puniendi, la prisión perpetua los extralimita, en específico, el referente al principio de dignidad de la persona, que se iguala a la humanidad de la pena, pues dicha pena no es de ninguna manera una punibilidad humanizada, ya que no cumple con el principio de incolumnidad de la persona; el trato humanizado se ha entendido como el orientado a la reincorporación social de la persona, por lo que al existir la prisión vitalicia, no hay oportunidad de readaptar al sujeto a la sociedad, además de que el trato humanizado también prohíbe la pena excesivamente prolongada, y en el caso estamos ante la prolongación más extensa de la prisión, que contrasta con la prevención general entendida como una especie de advertencia a los demás ciudadanos para no delinquir. Por lo que es válido concluir de todo lo anterior, que la pena de prisión vitalicia constituye una pena inusitada prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, siendo una garantía constitucional la readaptación social, como fin de la pena de prisión, y derivado de este conflicto de la celebración de un tratado internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, resulta conveniente atender lo que establece al respecto el artículo 15 constitucional, cuyo texto íntegro es el siguiente ...’
"Además, por lo que ve a las consecuencias que implica calificar como inusitada a la pena de prisión vitalicia, atendiendo a lo previsto en la fracción V del artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, se sostuvo lo siguiente:
"‘Por consiguiente, siendo una garantía constitucional la readaptación social, como fin de la pena de prisión, y derivado de este conflicto de la celebración de un tratado internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, resulta conveniente atender a lo que establece al respecto el artículo 15 constitucional, cuyo texto íntegro es el siguiente: «Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o de tratados en virtud de los que se alteren las garantías y los derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.». Lo anterior, porque los tratados celebrados con un país extranjero no pueden desconocer o alterar las garantías y derechos del hombre, pues tales derechos constituyen la razón de sus instituciones, y sería absurdo su desconocimiento en convenios con potencias extranjeras; al respecto debe tenerse en cuenta el siguiente criterio: «Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXXI. Página 348. EXTRADICIÓN, TRATADOS DE. Los tratados celebrados con un país extranjero, no pueden desconocer o alterar las garantías y derechos del hombre y del ciudadano, porque tales derechos constituyen la razón y el objeto de nuestras instituciones; y obligándose nuestra Ley Fundamental a respetarlos, sería contradictorio y absurdo consignar su desconocimiento en convenios con potencias extranjeras; de suerte es que, de acuerdo con el tratado que se haya celebrado entre México y otro país, puede concederse la extradición de un reo, si las penas que tenga que sufrir en ese país, no son de las prohibidas por razón de las garantías individuales que el nuestro otorga y que protegen al extranjero. Así es que habiendo concordancia entre el tratado y la Constitución, de acuerdo con el artículo 15 del mismo, deben aplicarse nuestras leyes, y en primer término, la suprema de ellas, que es la Constitución, desde el momento en que ésta, al prohibir la celebración de tratados, en los que se alteren las garantías y derechos establecidos para el hombre y el ciudadano, está ordenando el respeto a tales garantías, aun en caso de extradición.». En esas condiciones, en la solicitud de extradición por los Estados Unidos de América, o por cualquier otro Estado, en el caso en el que el delito por el que se obsequie fuera penado en ese país con pena de prisión vitalicia, no podría otorgarse la misma en términos del artículo 15 constitucional en relación con los artículos 18 y 22 de la misma Ley Suprema, salvo que el Estado solicitante se comprometiera, según lo expuesto en la fracción V del artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, a imponer, en su caso, una pena de menor entidad, acorde a la legislación aplicable, ya sea directamente o por sustitución o conmutación. Lo anterior, porque la pena de prisión vitalicia sí constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional, acorde con las consideraciones expuestas y que, retomando, se resumen en las siguientes: Para que el sistema penal esté acorde con el principio de soberanía popular, debe respetar las garantías consagradas en la Constitución, misma que en lo que hace a la parte ejecutiva del sistema, consagra los principios de readaptación social y de humanidad de la pena en los términos de los artículos 18, párrafo segundo y 22, párrafo primero. Así pues, al cumplimentar el tratado internacional celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, las autoridades mexicanas deben respetar, mientras subsistan los principios antes anotados, que constituyen garantías consagradas en la Constitución, que establecen que el objetivo primordial del sistema penitenciario es lograr la readaptación social del delincuente a través de un sistema punitivo humano y justo. Así es, porque la prisión de por vida no tiende a lograr los fines de la pena de prevención general y especial, ya que no es posible lograr esta última, junto con sus dos objetivos, readaptar y conminar a la no reincidencia, en tanto que no se puede readaptar para la vida en sociedad a una persona que no va a reintegrarse a ella. En esa tesitura, dicha pena no cumple con el contenido del párrafo segundo del artículo 18 constitucional, al no atender a la garantía de la readaptación social del sentenciado. En conclusión, si la pena de prisión vitalicia atenta contra lo dispuesto en los preceptos mencionados, es evidente que es contraria a los artículos 18 y 22 constitucionales, punto de partida de la interpretación de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, debe ser considerada como inconstitucional. Con base en lo anterior, este Tribunal Pleno, con apoyo en las consideraciones y fundamentos legales que han quedado precisados con antelación, establece la correcta interpretación de que la pena de prisión vitalicia es inusitada, prohibida por el artículo 22 de la Ley Fundamental y que trastoca el artículo 18 del mismo ordenamiento y, por tanto, a fin de que una persona sea extraditada a un país en el que el delito que se le imputa tiene señalada pena de prisión vitalicia, es necesario que otorgue garantía suficiente a satisfacción de México, como país requerido, de que no se impondrá dicha pena en los términos de las tesis que con carácter jurisprudencial colman el sentido y alcance de la cuestión jurídica que se resuelve: ...’
"Del texto que antecede se conoce, en primer término, que la razón toral que se tuvo en cuenta para resolver que la prisión vitalicia o de cadena perpetua es inconstitucional, fue el considerar que constituye una pena inusitada prohibida por el artículo 22 de la Constitución General de la República, en correlación con el diverso artículo 18 de la propia Carta Magna, pues por una parte en la legislación mexicana la pena de prisión siempre ha tenido un límite determinado y, por otra, al no tener como finalidad la readaptación y reintegración del delincuente a la sociedad no cumple con los fines que persigue la pena.
"Por tal razón, teniendo presente además que conforme a lo dispuesto en el artículo 15 constitucional, no se autoriza la celebración de tratados que, entre otros supuestos, alteren las garantías y los derechos establecidos en la propia Constitución Federal para el hombre y el ciudadano, se resolvió que las solicitudes de extradición, en el caso en el que el delito por el que se obsequie fuera penado en el país solicitante con pena de prisión vitalicia (prohibida, por las razones que se observan de las transcripciones en comento, por los artículos 18 y 22 constitucionales), no podría otorgarse salvo que el Estado solicitante se comprometiera, según lo expuesto en la fracción V del artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, a imponer, en su caso, una pena de menor entidad, acorde a la legislación aplicable, ya sea directamente o por sustitución o conmutación. ...
"IV. Propuesta de texto de las tesis cuya modificación se solicita.
"‘PRISIÓN VITALICIA. NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA O TRASCENDENTE PROHIBIDA EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Del texto del artículo 22 constitucional, interpretado conjuntamente con las diversas tesis y jurisprudencias que la Suprema Corte ha sostenido, se desprende que la acepción de pena inusitada a que se refiere el mencionado precepto constitucional debe constreñirse a tres supuestos: a) Al tipo de pena, que tengan por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteración física; b) Que la pena que sea excesiva en relación con el delito cometido, que no corresponda a la finalidad que persigue la pena o por dejarse al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinación al no estar prevista en la ley alguna pena exactamente aplicable al delito de que se trata; c) Que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en los demás lugares, por ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos. Además la pena de prisión vitalicia no se ubica en ninguno de los supuestos que para considerar inusitada a una pena se desprenden del artículo 22 constitucional, toda vez que la prisión vitalicia inhibe la libertad locomotora, pero no tiene por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteración física. En cuanto a lo excesivo de una pena, ello se dirige a los casos concretos de punibilidad, donde existe un parámetro para determinar si para ciertos delitos de igual categoría el mismo sistema punitivo establece penas diametralmente diferentes, por lo que la pena de prisión vitalicia en lo general no puede ubicarse en esta hipótesis, por no poder existir en abstracto el parámetro de que se trata, además corresponde a la finalidad de la pena, pues la pena de prisión ha sido reconocida, en México y en otros países del mundo, como adecuada para el restablecimiento del orden social y en cuanto que sea vitalicia no la hace perder esa correspondencia, pues tal aspecto se relaciona con su aplicación, mas no así con el tipo de pena de que se trata. Inclusive, el hecho de que la prisión vitalicia no tenga como consecuencia el reflejo dentro de la sociedad de la readaptación que en su caso pudiera tener del reo, en atención a que éste no volverá a reintegrarse al núcleo social, tampoco determina que sea una pena inusitada, toda vez que el Constituyente no estableció que la pena de prisión debiera tener como única y necesaria consecuencia la readaptación del sentenciado y que éste ya readaptado debiera ser reintegrado al núcleo social, y menos aún que tales consecuencias debieran lograrse con la aplicación de toda pena en general, pues de haber sido ello su intención lo hubiera plasmado de manera expresa en el texto constitucional, lo cual no hizo, ya que en su artículo 18 se limitó a regular el sistema penitenciario mexicano, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para lograr la readaptación de los reos, lo que se traduce en una garantía para quienes ingresan a dicho sistema penitenciario, consistente en la obligación por parte del Estado de brindarles los medios necesarios para capacitarse y desarrollar un trabajo y recibir educación, a fin de que a través de ellos se logre su readaptación social. Asimismo, la pena de prisión, en cuanto su aplicación vitalicia no ha sido abolida o rechazada por la generalidad de sistemas punitivos, ya que, actualmente, en gran número de países del mundo se prevé y en materia de derecho penal internacional actualmente tiene gran importancia el establecimiento de la Corte Penal Internacional, así como también la tiene para nuestro orden jurídico interno, en la medida que el estatuto de dicha Corte, fue suscrito por los Estados Unidos Mexicanos el siete de septiembre de dos mil, y en su artículo 77, se acepta la imposición, entre otras, de la reclusión a perpetuidad, determinándose así que, no obstante que el término «vitalicia» no haya sido utilizado por el legislador en las normas que regulan el sistema punitivo mexicano en el ámbito internacional, nuestro país ha aceptado su aplicación, tendencia que también se advierte en sus normas internas, toda vez que los legisladores, conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, han reflejado una realidad histórico-social, como es el reclamo de la sociedad mexicana, a través de sus representantes, en cuanto a la segregación definitiva de reos sentenciados por determinados delitos, pues a pesar de que en el Código Penal Federal se establece una pena máxima de prisión hasta por sesenta años (artículo 25, reformado el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve), en una reforma posterior (doce de junio de dos mil) al artículo 366, fracción III, tercer párrafo, se estableció una pena de prisión máxima de setenta años. Lo que implica que si la edad mínima de imputabilidad es de dieciocho años, arroje la edad de ochenta y ocho años, cuando menos, para los reos sancionados con el máximo mencionado, superándose así el promedio de vida de la población mexicana que es actualmente de 74.6 años. Por tanto, aun cuando no se mencione el término «vitalicia», nuestras normas punitivas establecen la posibilidad de que se aplique una verdadera pena de prisión de por vida para los reos sentenciados por determinados delitos, evidenciándose cada vez con mayor fuerza la tendencia a la segregación definitiva en las normas punitivas mexicanas.’
"‘EXTRADICIÓN. PENA DE PRISIÓN VITALICIA. NO ES EXIGIBLE LA CONDICIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL, CUANDO EL DELITO QUE SE IMPUTE AL RECLAMADO SEA PUNIBLE EN LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO REQUIRENTE CON. POR NO SER DE AQUELLAS PROHIBIDAS EN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. La pena de prisión vitalicia no es de aquellas prohibidas en el artículo 22 constitucional, por lo que no resultaba necesario que en el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el cuatro de mayo de mil novecientos setenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta, el Estado mexicano no estaba obligado a procurar que se establecieran restricciones para el caso de que en el país requirente el delito imputado al reclamado se sancione hasta con pena de prisión vitalicia, pues ésta no se encuentra prohibida en el artículo 22 constitucional, además de que conforme a la última parte del artículo 15 constitucional, la obligación que se impone al gobierno mexicano es la de no comprometer la soberanía nacional en cuanto a que en el territorio nacional, o bien, en contra de un mexicano, pudieran alterarse las garantías y derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mas no así para limitar la soberanía de los Estados extranjeros en cuanto sus regímenes no contemplen exactamente las garantías y derechos consagrados en dicha Constitución, pues ello sería tanto como pretender condicionar a los Estados extranjeros en la celebración de tratados a fin de que existiera un sometimiento a los supuestos previstos en nuestra Constitución. Los razonamientos anteriores son los que determinan que el Estado mexicano para tramitar una petición de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América o de diverso Estado requirente, cuando el delito que se impute al reclamado sea punible en su legislación hasta con pena de prisión vitalicia, no deberá exigir que se cumpla con la condición prevista en el artículo 10, fracció
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19501-8048ac10/extradicion-la-prision-vitalicia-no-constituye-una-pena · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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