SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. CUANDO SE DECLARA SIN MATERIA, POR REGLA GENERAL, ELLO TRAE COMO CONSECUENCIA QUE LOS CRITERIOS OBLIGATORIOS SE MANTENGAN INTACTOS, PERO EN CASOS EXCEPCIONALES, PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIAS CONTRARIAS AL SISTEMA JURÍDICO VIGENTE CON EL RIESGO DE GENERAR CONFUSIÓN E INCERTIDUMBRE, ÉSTAS PUEDEN DEJARSE SIN EFECTO. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. PROCEDE DECLARARLA SIN MATERIA CUANDO SU OBJETO YA FUE OBTENIDO EN VIRTUD DE UNA REFORMA LEGAL, COMO AQUELLA QUE REVERTIÓ LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LAS LEYES ELECTORALES SON INCUESTIONABLES POR LOS PARTICULARES. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER POSIBLE LA REVERSIÓN, MATIZACIÓN Y/O TRANSFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CUANDO ELLO RESULTE NECESARIO PARA AJUSTAR LA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO A LA REALIDAD SOCIAL, CULTURAL Y/O JURÍDICA DEL PRESENTE.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 2/2006-PL. MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: FERNANDO SILVA GARCÍA Y ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día siete de septiembre de dos mil nueve.
VISTOS, para resolver los autos del expediente 2/2006-PL relativo a la solicitud de modificación de las jurisprudencias P./J. 25/2002 y P./J. 26/2002, de rubros: "LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD." y "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI RESUELVE RESPECTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA ELECTORAL O SE APARTA DE UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL SUSTENTADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRINGE, EN EL PRIMER CASO, EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EN EL SEGUNDO, EL ARTÍCULO 235 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio presentado el veintiocho de noviembre de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos solicitó la modificación de las jurisprudencias P./J. 25/2002 y P./J. 26/2002, de rubros y textos siguientes:
"LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su ley reglamentaria, se establece que las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse cuando menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse; que durante éste no pueden someterse a modificaciones fundamentales, así como el sistema de su impugnación, conforme al cual la única vía para plantear la no conformidad de dichas leyes con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, que puede promoverse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la respectiva publicación y que la única autoridad competente para conocer y resolver dichas acciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que deben tramitarse y resolverse en plazos breves, a fin de que el legislador esté en posibilidad de llevar a cabo las modificaciones pertinentes, en caso de que la norma impugnada sea declarada inconstitucional. Por tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puede, en ningún caso, pronunciarse acerca de la constitucionalidad de leyes electorales, por no ser impugnables ante él con motivo de los actos y resoluciones en los que se hubieran aplicado, porque por un lado, en atención a su naturaleza, en cuanto a que están destinadas a regir un proceso electoral, es imprescindible partir de su firmeza, ya que de otra forma se vulneraría el equilibrio del proceso electoral, pues no sería lógico que conforme a un sistema de contienda electoral entre partidos políticos, se cuestionara la constitucionalidad de una norma relativa a ese proceso, con motivo de actos y resoluciones producidos en él; y por el otro, que está fuera de las facultades de ese tribunal cotejar la norma electoral frente a la Constitución, aun a pretexto de determinar su posible inaplicación". (No. de Registro: 186,765. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, junio de 2002, tesis P./J. 25/2002, página 81).
"TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI RESUELVE RESPECTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA ELECTORAL O SE APARTA DE UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL SUSTENTADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRINGE, EN EL PRIMER CASO, EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EN EL SEGUNDO, EL ARTÍCULO 235 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Los preceptos constitucional y legal mencionados establecen, respectivamente, que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, de la que conoce y resuelve sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y que la jurisprudencia del Pleno de ésta, cuando se refiere a la interpretación directa de un precepto de la Constitución, es obligatoria para el Tribunal Electoral. A éste únicamente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 constitucional, resolver sobre la constitucionalidad de actos o resoluciones emitidos por las autoridades electorales. Por tanto, dicho Tribunal Electoral no está facultado para hacer consideraciones ni pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma general electoral, por ser una atribución exclusiva de este Alto Tribunal. Ahora bien, si dicho órgano jurisdiccional al resolver sobre un asunto sometido a su consideración aborda cuestiones relativas a la constitucionalidad de una norma general, así sea con la única finalidad de determinar su posible inaplicación, o establece la interpretación de un precepto constitucional distinta a la contenida en una jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que ya se haya determinado el sentido y alcance respectivos, es evidente que incurre, en el primer caso, en inobservancia al mencionado artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, y en el segundo, infringe el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en consecuencia, su actuación afecta la seguridad jurídica que se busca salvaguardar. En tal virtud, las tesis que se han sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o que llegaran a sustentarse sobre inconstitucionalidad de leyes electorales, no constituyen jurisprudencia". (No. de Registro: 186,704. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, junio de 2002, tesis P./J. 26/2002, página 83).
La solicitante especificó como alcance de la solicitud de modificación de jurisprudencia que:
"Es muy importante subrayar que únicamente solicitamos que se maticen dichos criterios en la parte en que se ha excluido plenamente al Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación del control de la constitucionalidad de las leyes, ya que estamos de acuerdo con la parte de los criterios que destacan el valor vinculante de la jurisprudencia de este Alto Tribunal para el mencionado órgano jurisdiccional electoral".
SEGUNDO. Por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil seis, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la presente solicitud y ordenó formar y registrar el expediente respectivo con el número 2/2006-PL. Asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República a efecto de que manifestara su parecer; y enviar los autos para su estudio y elaboración de proyecto de resolución al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
TERCERO. El procurador general de la República, a través del agente del Ministerio Público de la Federación designado para intervenir en este asunto, contestó la vista mediante oficio DGC/DCC/162/2007, de fecha veinticuatro de enero de dos mil siete, donde manifestó que la presente solicitud de modificación de jurisprudencia es procedente, pero infundada.
CUARTO. El cuatro de septiembre de dos mil siete, el Ministro ponente, José de Jesús Gudiño Pelayo, presentó a discusión el proyecto de resolución de la presente solicitud de modificación de jurisprudencia, y propuso declararla improcedente, al considerar, en esencia, que los criterios cuya modificación se solicita no eran propiamente tesis jurisprudenciales, al no haber abordado el tema de fondo relativo a la contradicción de tesis 2/2000-PL.
En sesiones públicas de cuatro, seis y diez de septiembre de dos mil siete, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió, de manera definitiva y contrariamente al proyecto presentado, que sí es procedente la presente solicitud de modificación de jurisprudencia.
QUINTO. Como consecuencia de dicha resolución plenaria, en sesión de diez de septiembre de dos mil siete, por unanimidad de votos, el Pleno del Máximo Tribunal del país decidió turnar el asunto a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, por un lado, para el efecto de que plasmara las razones que condujeron al Pleno a resolver definitivamente sobre la procedencia de la solicitud de mérito; y, por otro lado, para elaborar el proyecto de resolución sobre el tema de fondo formulado en la solicitud de modificación de jurisprudencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 194, último párrafo y 197, párrafo final, de la Ley de Amparo; y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción XI, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno.
SEGUNDO. Antecedentes. Para la mejor comprensión del asunto, resulta importante hacer referencia a sus antecedentes:
I. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/98, el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, promovida por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del Decreto 138 emitido por la Legislatura Local de Quintana Roo, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de esa entidad federativa, llegó a la conclusión de que dentro de la reglamentación del principio de representación proporcional, en las leyes electorales locales debía contemplarse un límite a la sobre-representación, pues era una de las bases fundamentales indispensables para la observancia del principio, que deriva del artículo 54 constitucional.
Dentro de dichas bases fundamentales, derivadas del principio de representación proporcional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró la siguiente: "Quinta. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al número de distritos electorales", de tal forma que en todos aquellos casos en que cobrara aplicación el principio de representación proporcional, debía observarse esa norma derivada del artículo 54 de la Carta Magna.
Dicho criterio fue plasmado en la siguiente tesis jurisprudencial:
"MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. La abundancia de criterios doctrinarios así como de modelos para desarrollar el principio de representación proporcional, ponen de manifiesto la dificultad para definir de manera precisa la forma en que las Legislaturas Locales deben desarrollarlo en sus leyes electorales; sin embargo, esa dificultad se allana si se atiende a la finalidad esencial del pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que el propio Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado dicho principio, para su aplicación en las elecciones federales. Las bases generales que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral en tratándose de diputados, derivadas del indicado precepto constitucional, son las siguientes: Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos uninominales que la ley señale. Segunda. Establecimiento de un mínimo porcentaje de la votación estatal para la asignación de diputados. Tercera. Asignación de diputados independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación. Cuarta. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinta. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al número de distritos electorales. Sexta. Establecimiento de un límite a la sobre-representación. Séptima. Establecimiento de las reglas para la asignación de diputados conforme a los resultados de la votación". (No. de Registro: 195,152. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, noviembre de 1998, tesis P./J. 69/98, página 189).
II. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral 209/99 el día trece de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, manifestó que no compartía el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente, la inclusión de la regla: "Quinta. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al número de distritos electorales", como norma derivada del artículo 54 de la Constitución Federal, y sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
1) Que de lo dispuesto en los artículos 115 y 116, en relación con el 54 de la Constitución Federal, se advierte que no obstante que el Poder Revisor omitió fijar las peculiaridades de un sistema concreto de representación proporcional, con la expresión de que los Ayuntamientos y las Legislaturas de los Estados deben conformarse con miembros electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, se debe entender que dispuso la formación de un todo, en el que una de las partes surge a través del sistema de representación proporcional, y la otra, por el sistema de mayoría relativa, sin que se advierta en el texto, en las finalidades perseguidas, en el proceso legislativo o en cualquiera otra disposición del ordenamiento, la intención o decisión de la preponderancia de uno de estos principios sobre el otro, por lo cual, para que este sistema electoral mixto se cumpla en la legislación local, se debe estimar lógica y jurídicamente necesario que en el sistema positivo que se elija, sea perceptible claramente la presencia de los dos principios en una conjugación de cierto equilibrio aunque no necesariamente igualitario, de manera que no se llegue al extremo de que uno borre, aplaste o haga imperceptible al otro.
2) Que en esa virtud, se debe entender que las Legislaturas Estatales gozan de cierta libertad para moverse dentro del compás de formas de representación proporcional, pero sin llegar en modo alguno al extremo de que la forma acogida minimice el principio de representación proporcional y lo coloque en situación meramente simbólica o carente de importancia en la legislatura, como mera figura decorativa, o lo aleje considerablemente del centro de gravedad de la proporcionalidad natural, al permitir, por ejemplo, que con un pequeño número de votos se alcance una cantidad considerable de escaños, o que con gran cantidad de votos sólo se consigan unas cuantas curules.
3) Que si bien el aumento o disminución de diputados por cualquiera de los principios de representación, mayoría relativa o proporcional, eventualmente puede trascender y afectar a algún partido político en lo particular, ello es una cuestión que por sí misma no implica contravención a lo dispuesto por el artículo 116 constitucional, pues en todo caso, los partidos políticos tienen los mismos derechos para participar en las elecciones locales y lo único que hace la legislación estatal, es adoptar las bases generales impuestas por la Carta Magna, ajustándolas a la situación particular de su régimen interior, en el que gozan de soberanía.
4) Que por ello, el Código Electoral del Estado de Guerrero satisface el mandato contenido en el citado artículo 116, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal, al establecer que el Congreso Local se integrará por diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, sin que se advierta que la fórmula de representatividad mínima acogida por la codificación electoral local para la asignación de diputados de representación proporcional, se contraponga a lo dispuesto por la norma en comento, pues las legislaturas de las entidades federativas se encuentran en absoluta libertad de establecer la fórmula de su elección, a través de la cual se realiza la referida asignación "... siendo por ello que esta Sala Superior no advierte el supuesto conflicto de normas alegado por el enjuiciante ... ."
5) Que en el caso concreto, si bien el artículo 29 de la Constitución del Estado de Guerrero establece que ningún partido político podrá contar con más de treinta diputados por ambos principios, lo que contraviene la base quinta fijada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 6/98, ya que el número de distritos electorales en que se divide dicha entidad federativa es únicamente de veintiocho, según se establece en el artículo 6o. del Código Electoral local, ello en nada trasciende, pues como ya se indicó, en el artículo 54 de la Carta Magna se establecen las bases fundamentales que se estiman indispensables en la observancia del principio de representación proporcional a nivel federal, mas no significa que las Legislaturas Locales deban regular la asignación correspondiente en los mismos términos en que se contempla en la Ley Fundamental. Esa falta de coincidencia entre el tope máximo de diputados y el número de distritos electorales uninominales, por sí misma no desvirtúa los objetivos del principio de representación proporcional que, como basamento del pluralismo político, pretende: la participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad; que cada partido alcance en el seno de la Legislatura o Congreso, una representación aproximada al porcentaje de su votación total y evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes.
6) Que la disposición contenida en el referido artículo 29 constitucional, limita el número máximo de diputados por ambos principios que cualquier partido político contendiente puede tener en el Congreso Local, con independencia de que hubiere obtenido el mayor porcentaje de la votación registrada en el Estado de Guerrero, pues en el caso de que lograra el triunfo en los veintiocho distritos electorales uninominales, previo el acreditamiento de los porcentajes de acceso y mínimo que prevé el Código Electoral Estatal, únicamente tendría derecho a la asignación de dos diputados por el principio de representación proporcional, lo cual le otorgaría el sesenta y cinco punto veintiún por ciento del total de diputados que integran el Congreso. Ahora bien, este porcentaje máximo de diputados por ambos principios que pudiera alcanzar un partido político, permitido por el referido artículo 29 de la Constitución Local, no rebasa de manera exorbitante el porcentaje que se obtendría si el tope máximo de diputados por ambos principios fuera de veintiocho, que es el número de distritos electorales uninominales en que se divide el Estado de Guerrero, mismo que comparado con el total de cuarenta y seis diputados que integran el Congreso Estatal, representaría el sesenta punto ochenta y seis por ciento de estos últimos, advirtiéndose que la diferencia sería únicamente de cuatro punto treinta y cinco por ciento.
7) Que por ende: "... no existen bases jurídicas para determinar la inaplicación del referido artículo 29 de la Constitución del Estado de Guerrero, como lo pretende el enjuiciante ... ."
De la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral destacan dos aspectos:
1) Que la Sala Superior se apartó expresamente de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar en su sentencia que: "... esta Sala Superior, no encuentra los elementos suficientes para compartir dicha interpretación directa de la ley fundamental ...", refiriéndose a la realizada por el Máximo Tribunal del país, respecto del artículo 54 de la Constitución Federal.
2) Que la Sala Superior efectuó un control (por vía de excepción) de la constitucionalidad de una norma local, al concluir su sentencia señalando que: "... este órgano jurisdiccional considera que no existen bases jurídicas para determinar la inaplicación del referido artículo 29 de la Constitución del Estado de Guerrero, como lo pretende el enjuiciante ... ."
III. Mediante oficio recibido el quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación denunció la posible contradicción entre los indicados criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio de revisión constitucional electoral 209/99; y la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/98.
El veintitrés de mayo de dos mil dos, dicha contradicción de tesis (2/2000-PL) fue declarada improcedente, por unanimidad de nueve votos y un voto concurrente, lo que dio lugar a los criterios que son materia de la presente solicitud de modificación de jurisprudencia.
IV. Mediante escrito de primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, recibido en esa misma fecha en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los Ministros integrantes de este Alto Tribunal denunció la posible contradicción de tesis entre la sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, tesis P./J. 74/99, página 5), y la establecida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el día dieciséis de julio de mil novecientos noventa y ocho el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-033/98, promovido por el Partido Frente Cívico, de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. TIENE FACULTADES PARA DETERMINAR LA INAPLICABILIDAD DE LEYES SECUNDARIAS CUANDO ÉSTAS SE OPONGAN A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES."
Dicho asunto fue resuelto el siete de septiembre de dos mil cuatro, en el sentido de declarar sin materia la contradicción de tesis, tomando en cuenta la existencia del criterio jurisprudencial que indica que el Tribunal Federal Electoral infringe el artículo 105, fracción II, constitucional, si resuelve respecto de la inconstitucionalidad de una norma electoral.
Esa resolución dio lugar a un voto de minoría, de los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz y Genaro David Góngora Pimentel, que no compartieron la consideración de la mayoría consistente en que la única vía para controvertir las leyes electorales es la prevista en la fracción II del artículo 105 constitucional.
En esencia, en el voto de minoría se estableció que: "... contrario a lo expresado en el proyecto, consideramos que de la interpretación de los artículos 99 y 41, fracción IV, constitucionales, se desprende la facultad que permite a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevar a cabo un control difuso de las normas electorales, es decir, que pueda hacer consideraciones sobre la constitucionalidad de los preceptos en la parte considerativa de la sentencia; pero no así en la parte de los resolutivos, pues esto claramente implicaría invadir las competencias de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el hecho de que el artículo 105 disponga en su fracción II que las acciones de inconstitucionalidad son la única vía para lograr el control de las normas electorales, en modo alguno puede confundirse con la posibilidad de llevar a cabo un control difuso de las mismas, cuyo efecto no implicaría la anulación de la norma general sino, simplemente, su inaplicación al caso concreto".
V. En el amparo en revisión 743/2005 (quejoso: Jorge Castañeda Gutman), resuelto en sesión de 16 de agosto de 2005, así como en el amparo en revisión 1899/2004 (quejosa: Ideas del Cambio, A.C.), resuelto el dieciocho de agosto de dos mil cinco, que justifican la presente solicitud de modificación de jurisprudencia, la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el juicio de amparo resulta improcedente frente a leyes electorales, porque la única vía para impugnarlas es la prevista en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal (la acción de inconstitucionalidad).
Frente a la decisión de la mayoría, una posición minoritaria propuso la procedencia del juicio de amparo frente a las leyes electorales, en esencia, con base en dos ideas: por un lado, en la posición consistente en que impedir al quejoso cuestionar la constitucionalidad de una ley electoral pone en juego el derecho de acceso a la justicia (artículo 17 constitucional), tomando en cuenta que el juicio de amparo es la única vía con que cuentan los particulares para combatir las normas secundarias; y, por otro lado, con base en la idea de que el promovente alegó violación a diversos derechos fundamentales (asociación, igualdad, libertad) que sí son materia del proceso de garantías.
En un primer momento, esas posiciones interpretativas dieron lugar a un empate en el Pleno del Máximo Tribunal del país, especialmente en relación con el referido amparo en revisión 743/2005 (quejoso: Jorge Castañeda Gutman), resuelto en sesión de dieciséis de agosto de dos mil cinco.
Otra posición minoritaria, concretamente de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, consistió, sustancialmente, en que la demanda debía remitirse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de no dejar en estado de indefensión al promovente.
VI. Posteriormente, el 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 99 constitucional, el cual establece, en la parte que interesa, lo siguiente:
"Artículo 99. ... Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las Salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
VII. El 1o. de julio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre las cuales figuran las siguientes:
"Artículo 6o.
"...
(Adicionado, D.O.F. 1o. de julio de 2008)
"4. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la propia Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior del Tribunal Electoral informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
"Artículo 10.
"1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos:
"...
(Adicionado, D.O.F. 1o. de julio de 2008)
"f) Cuando en el medio de impugnación se solicite, en forma exclusiva, la no aplicación de una norma general en materia electoral, cuya validez haya sido declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ..."
(Reformado, D.O.F. 1o. de julio de 2008)
"Artículo 61.
"1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:
"...
"b) En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución."
VIII. El 6 de agosto de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió, en esencia, lo siguiente:
"131. Dado que el recurso de amparo no resulta procedente en materia electoral, la naturaleza extraordinaria de la acción de inconstitucionalidad y la inaccesibilidad e inefectividad del juicio de protección para impugnar la falta de conformidad de una ley con la Constitución, en la época de los hechos del presente caso no había en México recurso efectivo alguno que posibilitara a las personas cuestionar la regulación legal del derecho político a ser elegido previsto en la Constitución Política y en la Convención Americana. En razón de ello, la Corte concluye que el Estado no ofreció a la presunta víctima un recurso idóneo para reclamar la alegada violación de su derecho político a ser elegido, y por tanto violó el artículo 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Castañeda Gutman ...
"X
"Puntos resolutivos
"251. Por tanto, la Corte decide, por unanimidad:
"1. Desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado en los términos de los párrafos 15 a 67 de la presente sentencia.
"Declara, por unan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21958-ef6e3e3f/solicitud-de-modificacion-de-jurisprudencia-cuando-se-declara · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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