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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL PUNTO DE CONTRADICCIÓN YA FUE RESUELTO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2000-PL. · Registro digital (IUS): 19726
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL PLENO DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL, AMBOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, , Pág. 424.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2000-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL PLENO DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL, AMBOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción VIII, 236 y 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que la presente denuncia de contradicción versa sobre un tema que no es competencia exclusiva de alguna de las Salas, y los criterios que se contraponen son los emitidos por este Tribunal Pleno y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Las denuncias de contradicción de tesis provienen de parte legítima en términos del artículo 99, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la formularon el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, integrante de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en su carácter de autoridad responsable en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-041/99, del índice de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. El Tribunal Pleno de este Alto Tribunal emitió las siguientes ejecutorias, en las que interpretó el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, en lo conducente, indican:

Amparo en revisión 1878/93 interpuesto por María de la Luz Gil Alcocer de González, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de María Alcocer viuda de Gil.

"TERCERO. ... En primer término, debe precisarse que siendo la Constitución la única ley que no tiene base legal, a fin de interpretarla correctamente con el objeto de lograr que la aplicación se realice en la medida exacta de sus mandatos, es necesario acudir a sus antecedentes, desde el punto de vista de la historia, la economía, la sociología y la política, que constituyen las fuentes que en lo formal la alimentan directamente. Bajo esta óptica, deben tenerse en contra (sic) los principios esenciales sobre los que descansa la organización prevista en nuestra Carta y no llevar a cabo una interpretación letrista y aislada del numeral de que se trata. La expresión literal del artículo 133 de la Constitución es como sigue: (se transcribe). Cabe destacar que este precepto que corresponde al 126 de la Constitución de 1857, no tuvo antecedente en el proyecto de Venustiano Carranza, sino que la Comisión de Constitución lo presentó con el número 132, a la aprobación del Congreso Constituyente de 1916. Asimismo, debe hacerse notar, que ni en el Constituyente de 1856 ni en el de 1916, se suscitó debate en relación con dicha disposición, siendo aprobada el primero en la sesión del 18 de noviembre de 1856 por mayoría de 79 votos en contra de uno, y en el segundo en sesión celebrada el 25 de enero de 1917 por unanimidad de 154 votos. Su texto ha sufrido únicamente una reforma en el año de 1934, publicada en el Diario Oficial del 18 de enero de ese año, mediante la cual se aclaró, la aprobación de los tratados por el Senado y se supeditó su validez a su concordancia con la Constitución. En términos generales este numeral establece expresamente la supremacía constitucional y un orden jerárquico de los ordenamientos legales en nuestro sistema legal. Además, en su parte final consigna la obligación para los Jueces de los Estados, de respetar la Constitución Federal, leyes federales y tratados, con preferencia a las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones y leyes locales. No pocas discusiones doctrinales y judiciales ha suscitado la disposición de que se viene hablando en derredor de dos cuestiones básicas; una, el conflicto de leyes en el espacio, por cuanto a la validez del derecho federal y del derecho local cuando rigen de manera diversa una misma materia, y otra, el ejercicio del llamado control difuso de la Constitución por parte de las autoridades fuera del procedimiento constitucional previsto por los artículos 103 y 107 constitucionales. En la especie, se controvierte el segundo aspecto, específicamente en cuanto a la posibilidad de que, con fundamento en el artículo que nos ocupa, los Jueces del orden común puedan o no revocar sus propias determinaciones bajo la consideración de que éstas resultan violatorias de la Constitución. En términos más amplios se impone el cuestionamiento respecto de todas las autoridades que ejercen facultades materialmente jurisdiccionales, dada la amplificación de estas atribuciones en otros tribunales que formalmente no integran el Poder Judicial, pero las llevan a cabo, como acontece en el caso de los tribunales de trabajo y administrativos, no sólo en el orden mencionado sino también en el federal. Una correcta interpretación del precepto en cuestión a fin de dar respuesta a este planteamiento exige una cabal comprensión de la supremacía constitucional, tal como se concibe en nuestra Carta Magna. Sobre el particular es indispensable hacer referencia a los artículos 39, 40 y 41 del citado ordenamiento: El artículo 39 consagra la titularidad de la soberanía en el pueblo, en los siguientes términos: (se transcribe). El artículo 40 establece la forma de gobierno y su expresión literal dice: (se transcribe). Finalmente, el artículo 41 consigna en su párrafo primero, por una parte, la forma de ejercicio de la soberanía popular, y por otra, la supremacía constitucional, que en forma expresa confirma el artículo 133. Su texto es como sigue: (se transcribe). De esta guisa, conforme a los principios que informan nuestro orden constitucional, la soberanía del Estado mexicano se reconoce originalmente en la voluntad del pueblo, quien la cristaliza esencialmente en la Carta Magna. Es decir, la supremacía constitucional se configura como un principio consustancial del sistema jurídico político mexicano que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución, y que por ello coloca a ésta por encima de todas las leyes y de todas las autoridades. Así, todas las actividades de las autoridades deben ajustarse estrictamente a sus normas. En este sentido, más que una facultad la supremacía constitucional impone a toda autoridad un deber de ajustar sus actos desplegados en el ejercicio de sus atribuciones, a sus preceptos. El Poder Legislativo al expedir sus leyes debe observar la Ley Suprema lo mismo que el Ejecutivo y el Judicial al ejercer sus facultades. Empero, no puede afirmarse en términos categóricos y generales que por esta razón, y de conformidad con el artículo 133 constitucional, las autoridades pueden por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos, desconociendo unos y otros, pues en este aspecto nuestra Constitución consagra expresamente un medio de control que constituye el juicio de amparo. Ciertamente, las autoridades deben, en sujeción al orden constitucional, ajustar sus actos a la Ley Suprema, pero no pueden, una vez que los han emitido desconocerlos o revocarlos, y menos sin descalificar los ajenos sobre la argumentación de su inconstitucionalidad, toda vez que al respecto la propia Constitución consagra en sus artículos 103 y 107 un medio de defensa ex profeso, por vía de acción, y lo encomienda en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su procedencia y tramitación. El precepto citado, en primer término, determina la competencia de los tribunales federales, para el conocimiento del juicio de amparo, en los casos siguientes: (se transcribe). En su artículo 107, se consignan los principios esenciales de este procedimiento constitucional, entre los cuales se cuentan los de instancia de parte agraviada, existencia del agravio personal y directo, relatividad de las sentencias de amparo, definitividad del acto reclamado y el de estricto derecho. En esta tesitura, la Carta Magna establece un régimen de control constitucional de carácter jurisdiccional por la vía de acción, que involucra el desarrollo de un procedimiento autónomo especial, cuyo fin es la declaración de inconstitucionalidad del acto considerado lesivo de las garantías individuales. Esto es, en atención al sistema constitucional de nuestro país, debe presumirse que todos los actos de las autoridades son constitucionales, y que esta presunción sólo puede ser destruida por una sentencia emanada del Poder Judicial de la Federación en ejercicio de las facultades de control constitucional que le están encomendadas de manera exclusiva. En este orden de ideas, y concretamente por lo que se refiere al problema planteado en el caso a estudio, resulta inadmisible sostener, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución General de la República, las autoridades en ejercicio de facultades materialmente jurisdiccionales, pueden desconocer y revocar sus propias determinaciones tomadas en un procedimiento, sobre el argumento de que éstas son violatorias de la Ley Suprema, pues de lo contrario, amén de la transgresión del orden constitucional, de la organización estatal y las facultades otorgadas a las autoridades, se podrían afectar otros principios de esencia procesal como el de la preclusión, según el cual cada etapa del procedimiento queda firme e intocable cuando las partes no la impugnan legal y oportunamente, y que finalmente repercutiría en la seguridad jurídica sobre la cual descansa nuestro sistema legal. Y si bien es cierto que en principio la redacción del artículo 133 constitucional, sugiere la posibilidad de que los Jueces pueden juzgar la constitucionalidad no sólo de sus actos sino además la de los ajenos, especialmente las leyes y Constituciones de los Estados en cuya jurisdicción ejerzan, y que en dicho sentido llegó a pronunciar inicialmente esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, la postura sustentada hasta la fecha por este Alto Tribunal de manera predominante ha sido en sentido opuesto teniendo en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que informan nuestra Constitución. Ciertamente, por lo que se refiere a la primera postura, cabe citar a manera de ilustración los precedentes que aparecen publicados en las páginas 878 del Tomo IV y 644 del Tomo LXI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que en lo conducente establecen en su orden, lo siguiente: ‘CONSTITUCIÓN IMPERIO DE LA.’ (se transcribe). ‘CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.’ (se transcribe). En cuanto al criterio actual esta Suprema Corte de Justicia ha resuelto numerosos precedentes en los que ha sostenido que sólo al Poder Judicial de la Federación compete establecer la inconstitucionalidad de los actos de autoridad, a manera de ejemplo, cabe citar los siguientes: ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). ‘CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE, POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN.’ (se transcribe). ‘CONSTITUCIÓN DE LEYES SECUNDARIAS, OPOSICIÓN EN LAS.’ (se transcribe). ‘CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN.’ (se transcribe). ‘JUZGAR SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.’ (se transcribe). Es decir, el criterio predominante de esta Suprema Corte de Justicia, que se reitera en el presente fallo, considera que el artículo 133 constitucional no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como lo son las leyes emanadas por el Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permiten desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta para ese efecto, que se traduce en un juicio específico cuya procedencia se encuentra sujeta a diversos requisitos con la finalidad de evitar la anarquía en la organización y distribución de competencias de las autoridades estatales. A mayor abundamiento, debe aclararse en esta línea de interpretación, que si bien desde la Constitución de 1857 se reprodujo, en esencia, el artículo 126 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en el contenido del actual artículo 133 de la Constitución de 1917, sin embargo, su aplicación es diversa en ambas latitudes, pues mientras en aquel país esta disposición tiene una vigencia plena en la medida en que el control constitucional se despliega por la vía de excepción o defensa inicialmente ante cualquier autoridad local y pasa después a la jurisdicción federal a través de recursos procesales, que vinculan dentro de un solo proceso las dos instancias desarrolladas sucesivamente ante las dos jurisdicciones; en cambio, en nuestro sistema jurídico, como ya se asentó con antelación, el control constitucional se previene en la vía de acción y se encomienda exclusivamente al Poder Judicial de la Federación."

Amparo directo en revisión 1954/95, promovido por José Manuel Rodríguez Velarde, María Elena Cossío de Rodríguez y Margarita Velarde, viuda de Rodríguez.

"QUINTO. ... Ahora bien, cabe desde luego precisar que a fin de interpretar correctamente la Constitución, con el objeto de lograr que su aplicación se realice en la medida exacta de sus mandatos, es necesario acudir a sus antecedentes, desde el punto de vista de la historia, la economía, la sociología y la política, que constituyen las fuentes que en lo formal la alimentan directamente. Bajo esta óptica, deben tenerse en contra (sic) los principios esenciales sobre los que descansa la organización prevista en nuestra Carta y no llevar a cabo una interpretación letrista y aislada del numeral de que se trata. La expresión literal del artículo 133 de la Constitución es como sigue: (se transcribe). Conviene destacar que este precepto que corresponde al 126 de la Constitución de 1857, no tuvo antecedente en el proyecto de Venustiano Carranza, sino que la Comisión de Constitución lo presentó con el número 132, a la aprobación del Congreso Constituyente de 1916. Asimismo, debe hacerse notar que ni en el Constituyente de 1856 ni en el de 1916, se suscitó debate en relación con dicha disposición, siendo aprobada en el primero en la sesión del 18 de noviembre de 1856, por mayoría de 79 votos en contra de uno, y en el segundo en sesión celebrada el 25 de enero de 1917, por unanimidad de 154 votos. Su texto ha sufrido únicamente una reforma en el año de 1934, publicada en el Diario Oficial del 18 de enero de ese año, mediante la cual se aclaró la aprobación de los tratados por el Senado y se supeditó su validez a su concordancia con la Constitución. En términos generales este numeral establece expresamente la supremacía constitucional y un orden jerárquico de los ordenamientos legales en nuestro sistema legal. Además, en su parte final consigna la obligación para los Jueces de los Estados de respetar la Constitución Federal, leyes federales y tratados, con preferencia a las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones y leyes locales. No pocas discusiones doctrinales y judiciales ha suscitado la disposición de que se viene hablando en derredor de dos cuestiones básicas; una, el conflicto de leyes en el espacio, por cuanto a la validez del derecho federal y del derecho local cuando rigen de manera diversa una misma materia, y otra, el ejercicio del llamado control difuso de la Constitución por parte de las autoridades fuera del procedimiento constitucional previsto por los artículos 103 y 107 constitucionales. En la especie, se controvierte el segundo aspecto, específicamente en cuanto a la posibilidad de que, con fundamento en el artículo que nos ocupa, los Jueces del orden común puedan o no revocar sus propias determinaciones bajo la consideración de que éstas resultan violatorias de la Constitución. En términos más amplios se impone el cuestionamiento respecto de todas las autoridades que ejercen facultades materialmente jurisdiccionales, dada la amplificación de estas atribuciones en otros tribunales que formalmente no integran el Poder Judicial, pero las llevan a cabo, como acontece en el caso de los tribunales de trabajo y administrativos, no sólo en el orden mencionado sino también en el federal. Una correcta interpretación del precepto en cuestión, y a fin de dar respuesta a este planteamiento exige una cabal comprensión de la supremacía constitucional y como se concibe en nuestra Carta Magna. Sobre el particular es indispensable hacer referencia a los artículos 39, 40 y 41 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 39 consagra la titularidad de la soberanía en el pueblo, en los siguientes términos: (se transcribe). El artículo 40 establece la forma de gobierno y su expresión literal dice: (se transcribe). Finalmente, el artículo 41 consigna en su párrafo primero, por una parte, la forma de ejercicio de la soberanía popular, y por otra, la supremacía constitucional, que en forma expresa confirma el artículo 133. Su texto es como sigue: (se transcribe). Así, conforme a los principios que informan nuestro orden constitucional, la soberanía del Estado mexicano se reconoce originalmente en la voluntad del pueblo, quien la cristaliza esencialmente en la Carta Magna. Es decir, la supremacía constitucional se configura como un principio consustancial del sistema jurídico-político mexicano que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución, y que por ello coloca a ésta por encima de todas las leyes y de todas las autoridades. Luego, todas las actividades de las autoridades deben ajustarse estrictamente a sus normas. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone un deber a toda autoridad, de ajustar a sus preceptos los actos desplegados en el ejercicio de sus atribuciones. El Poder Legislativo al expedir sus leyes debe observar la Ley Suprema, lo mismo que el Ejecutivo y el Judicial al ejercer sus facultades. Empero, no puede afirmarse en términos categóricos y generales que por esta razón, y de conformidad con el artículo 133 constitucional, las autoridades pueden por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos desconociendo unos y otros, pues en este aspecto nuestra Constitución consagra expresamente un medio de control que constituye el juicio de amparo. Ciertamente, las autoridades deben, en sujeción al orden constitucional, ajustar sus actos a la Ley Suprema, pero no pueden, una vez que los han emitido, desconocerlos o revocarlos, y menos sin descalificar los ajenos sobre la argumentación de su inconstitucionalidad, toda vez que al respecto la propia Constitución consagra en sus artículos 103 y 107 un medio de defensa ex profeso, por vía de acción, y lo encomienda en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su procedencia y tramitación. El precepto citado en primer término determina la competencia de los tribunales federales para el conocimiento del juicio de amparo, en los casos siguientes: (se transcribe). En su artículo 107, se consignan los principios esenciales de este procedimiento constitucional, entre los cuales se cuentan los de instancia de parte agraviada, existencia del agravio personal y directo, relatividad de las sentencias de amparo, definitividad del acto reclamado y el de estricto derecho. En esta tesitura, la Carta Magna establece un régimen de control constitucional de carácter jurisdiccional por la vía de acción, que involucra el desarrollo de un procedimiento autónomo especial, cuyo fin es la declaración de inconstitucionalidad del acto considerado lesivo de las garantías individuales. Esto es, en atención al sistema constitucional de nuestro país, deben presumirse que todos los actos de las autoridades son constitucionales, y que esta presunción sólo puede ser destruida por una sentencia emanada del Poder Judicial de la Federación en ejercicio de las facultades de control constitucional que le están encomendadas de manera exclusiva. En este orden de ideas, y concretamente por lo que se refiere al problema planteado en el caso a estudio, resulta inadmisible sostener, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución General de la República, las autoridades en ejercicio de facultades materialmente jurisdiccionales, pueden desconocer y revocar sus propias determinaciones tomadas en un procedimiento, sobre el argumento de que éstas son violatorias a la Ley Suprema, pues de lo contrario, amén de la transgresión del orden constitucional, de la organización estatal y las facultades otorgadas a las autoridades, se podrían afectar otros principios de esencia procesal como el de preclusión, según el cual cada etapa del procedimiento queda firme e intocable cuando las partes no la impugnan legal y oportunamente y que finalmente repercutiría en la seguridad jurídica sobre la cual descansa nuestro sistema legal. Y si bien es cierto -en principio- la redacción del artículo 133 constitucional sugiere la posibilidad de que los Jueces pueden juzgar la constitucionalidad no sólo de sus actos sino además la de los ajenos, especialmente las leyes y Constituciones de los Estados en cuya jurisdicción ejerzan y que en dicho sentido se llegó a pronunciar inicialmente esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, la postura sustentada hasta la fecha por este Alto Tribunal de manera predominante ha sido en sentido opuesto teniendo en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que informan nuestra Constitución. Ciertamente, por lo que se refiere a la primera postura, cabe citar a manera de ilustración los precedentes que aparecen publicados en las páginas 878 del Tomo IV y 644 del Tomo LXI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que en lo conducente establecen en su orden, lo siguiente: ‘CONSTITUCIÓN IMPERIO DE LA.’ (se transcribe). ‘CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.’ (se transcribe). En cuanto al criterio actual esta Suprema Corte de Justicia ha resuelto numerosos precedentes en los que ha sostenido que sólo al Poder Judicial de la Federación compete establecer la inconstitucionalidad de los actos de autoridad, a manera de ejemplo, cabe citar los siguientes: ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). ‘CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA. IMPROCEDENTE, POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN.’ (se transcribe). ‘CONSTITUCIÓN DE LEYES SECUNDARIAS OPOSICIÓN EN LAS.’ (se transcribe). ‘CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN.’ (se transcribe). ‘TRIBUNAL FISCAL. CARECE DE COMPETENCIA PARA JUZGAR SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.’ (se transcribe). Es decir, el criterio predominante de esta Suprema Corte de Justicia, que se reitera en el presente fallo, considera que el artículo 133 constitucional no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales respecto de actos ajenos, como lo son las leyes emanadas por el Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permiten desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta para ese efecto, que se traduce en un juicio específico cuya procedencia se encuentra sujeta a diversos requisitos con la finalidad de evitar la anarquía en la organización y distribución de competencias de las autoridades estatales. A mayor abundamiento, debe aclararse en esta línea de interpretación, que si bien desde la Constitución de 1857 se reprodujo, en esencia, el artículo 126 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en el contenido del actual artículo 133 de la Constitución de 1917, sin embargo, su aplicación es diversa en ambas latitudes, pues mientras en aquel país esta disposición tiene una vigencia plena en la medida en que el control constitucional se despliega por la vía de excepción o defensa inicialmente ante cualquier autoridad local y pasa después a la jurisdicción federal a través de recursos procesales, que vinculan dentro de un solo proceso las dos instancias desarrolladas sucesivamente ante las dos jurisdicciones; en cambio, en nuestro sistema jurídico, como ya se asentó con antelación, el control constitucional se previene en la vía de acción y se encomienda exclusivamente al Poder Judicial de la Federación. Criterio similar respecto a la interpretación del artículo 133 constitucional, sostuvo el actual Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por unanimidad de once votos, en sesión de nueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, el amparo en revisión 1878/93, promovido por sucesión intestamentaria a bienes de María Alcocer viuda de Gil. ..."

Amparo directo en revisión 912/98, interpuesto por Gerardo Kalifa Matta.

"CUARTO. ... Este Supremo Tribunal al establecer la interpretación de los alcances del numeral 133 de la Constitución Federal, en lo que respecta al denominado ‘control difuso’, se ha pronunciado en el sentido de que sólo el Poder Judicial Federal puede calificar la constitucionalidad de las leyes a través del juicio de amparo. Al respecto el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala textualmente: (se transcribe). En términos generales este numeral establece expresamente la supremacía constitucional y un orden jerárquico de los ordenamientos legales en nuestro sistema legal. Además, en su parte final consigna la obligación para los Jueces de los Estados, de respetar la Constitución Federal, leyes federales y tratados, con preferencia a las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones y leyes locales. No pocas discusiones doctrinales y judiciales ha suscitado la disposición de que se viene hablando en derredor de dos cuestiones básicas; una, el conflicto de leyes en el espacio, por cuanto a la validez del derecho federal y del derecho local cuando rigen de manera diversa una misma materia, y otra, el ejercicio del llamado control difuso de la Constitución por parte de las autoridades fuera del procedimiento constitucional previsto por los artículos 103 y 107 constitucionales. En la especie, se controvierte el segundo aspecto específicamente en cuanto a la posibilidad de que con fundamento en el artículo que nos ocupa, los Jueces del orden común puedan calificar las leyes o actos de autoridades bajo la consideración de que resultan violatorias de la Constitución. En este orden de ideas, y concretamente por lo que se refiere al problema planteado en el caso a estudio, resulta inadmisible sostener que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución General de la República, los Jueces del orden común puedan abstenerse de aplicar las leyes locales, en base al argumento de que éstas son violatorias de la Ley Suprema. Y si bien es cierto que en principio la redacción del artículo 133 constitucional sugiere la posibilidad de que los Jueces puedan juzgar la constitucionalidad no sólo de sus actos sino además la de los ajenos, especialmente las leyes y Constituciones de los Estados en cuya jurisdicción ejerzan, y que en dicho sentido llegó a pronunciar inicialmente esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, la postura sustentada hasta la fecha por este Alto Tribunal de manera predominante ha sido en sentido opuesto teniendo en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que informan nuestra Constitución. En cuanto al criterio actual esta Suprema Corte de Justicia ha resuelto numerosos precedentes en los que ha sostenido que sólo al Poder Judicial de la Federación compete establecer la inconstitucionalidad de los actos de autoridad, sirven de apoyo a este criterio, las tesis cuyos rubros y textos son los siguientes: ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.’ (se transcribe). ‘CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE, POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN.’ (se transcribe). ‘CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE, POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN.’ (se transcribe). ‘CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN.’ (se transcribe). Es decir, el criterio predominante de esta Suprema Corte de Justicia, que se reitera en el presente fallo, considera que el artículo 133 constitucional no es fuente de facultades de control constitucional para los Jueces del orden común, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta para ese efecto, que se traduce en un juicio específico cuya procedencia se encuentra sujeta a diversos requisitos con la finalidad de evitar la anarquía en la organización y distribución de competencias de las autoridades estatales. A mayor abundamiento, debe aclararse en esta línea de interpretación, que si bien desde la Constitución de 1857 se reprodujo, en esencia, el artículo 126 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en el contenido del actual artículo 133 de la Constitución de 1917, sin embargo, su aplicación es diversa en ambas latitudes, pues mientras en aquel país esta disposición tiene una vigencia plena en la medida en que el control constitucional se despliega por la vía de excepción o defensa inicialmente ante cualquier autoridad local y pasa después a la jurisdicción federal a través de recursos procesales que vinculan dentro de un solo proceso las dos instancias desarrolladas sucesivamente ante las dos jurisdicciones; en cambio, en nuestro sistema jurídico, como ya se asentó con antelación,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19726-9d11d61b/contradiccion-de-tesis-debe-declararse-sin-materia-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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