AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/99-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LAS SALAS PRIMERA, SEGUNDA Y AUXILIAR, POR UNA PARTE, Y POR LA OTRA, LA CUARTA SALA, TODAS DE LA ANTERIOR INTEGRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. La denuncia de contradicción formulada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra contenida en un escrito formal, pues sólo se agregan, a veces en forma repetida, las ejecutorias y tesis que se dice se encuentran en contradicción; lo que es evidente es que el tema sobre el cual versa la contradicción gira en torno a la posibilidad de que en el amparo se admita la ampliación de la demanda y el momento procesal oportuno para hacerlo.
La contradicción en esos términos planteada, de conformidad con el texto literal del auto inicial de la presente contradicción, que hace las veces de denuncia, atañe a lo siguiente:
"Con las copias certificadas de las ejecutorias que dan lugar a los criterios cuya posible contradicción se denuncia, fórmese y regístrese el expediente relativo, que esta Presidencia hace entre el criterio sustentado por la anterior Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3873/23, 702/24 y 3709/28, recurso de queja 224/28 y amparo penal directo 3081/29, que originaron la tesis número sesenta y nueve, publicada en la página cuarenta y cuatro, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: ‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. LITIS CONTESTATIO EN EL AMPARO.’; criterio reiterado por la Sala Auxiliar de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 6816/78, que originó la tesis consultable a página cuatrocientos quince, Volúmenes 199-204, Séptima Parte, Sala Auxiliar, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el encabezado que dice: ‘DEMANDA, AMPLIACIÓN DE. LITIS CONTESTATIO EN AMPARO.’; en contra de la tesis emitida por la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en materia de trabajo 7439/44, publicada a página dos mil cuatrocientas doce, Tomo LXXXIII, Cuarta Sala, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: ‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.’."
La importancia de transcribir, en lo conducente, el acuerdo de Presidencia de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, radica en el hecho de que constituye el punto de partida para observar, en primer lugar, cuáles son los criterios que al parecer se encuentran en contradicción y quiénes los emitieron; y en segundo término, porque la jurisprudencia que ahí se menciona no lo es, si se toma en consideración que este Tribunal Pleno, en sesión de esta misma fecha, al fallar la contradicción de tesis número 23/2002-PL, suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal y Administrativa del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito), Primero del Sexto Circuito (actualmente Primer Tribunal en Materia Civil del propio circuito) y Cuarto del Décimo Séptimo Circuito, resolvió la legal inexistencia de la misma, sustentada en las siguientes consideraciones:
"NOVENO. De los antecedentes de los juicios de donde surgen los criterios discrepantes, aparece que la contradicción se originó con motivo de la oportunidad que los Tribunales Colegiados dan al quejoso para que amplíe su demanda de amparo directo, observándose que los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal y Administrativa del Segundo Circuito (actualmente Segundo en Materia Penal del Primer Circuito) y Primero del Sexto Circuito (actualmente Primero en Materia Civil del mismo circuito), al efectuar el análisis respectivo se apoyaron en la jurisprudencia que, como más adelante se demostrará, es jurídicamente inexistente, la cual se encuentra publicada en la página 44 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, misma que se reitera con el número 54, páginas 43 y 44, Tomo VI, Materia Común, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 con el rubro, texto y precedentes siguientes:
"‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. LITIS CONTESTATIO EN EL AMPARO. La Corte ha establecido el criterio de que la litis contestatio en el amparo se establece cuando las autoridades responsables rinden su informe con justificación; por tanto, mientras tal informe no se rinda, el agraviado puede ampliar su demanda o modificarla en cuanto a sus derechos convengan, siempre que esté dentro del término legal para pedir amparo.
"‘Quinta Época:
"‘Amparo administrativo 702/24. Revisión del auto de improcedencia. Cruz y Celis Agustín y coags. 22 de agosto de 1924. Mayoría de nueve votos.
"‘Amparo civil en revisión 3873/23. Santa María Felipe. 4 de octubre de 1924. Unanimidad de diez votos.
"‘Queja en amparo administrativo 224/28. The Mazapil Copper, Co., Ltd. 18 de marzo de 1929. Cinco votos.
"‘Amparo administrativo en revisión 3709/28. Perechena vda. de Rodríguez Carolina. 24 de abril de 1929. Cinco votos.
"‘Amparo penal directo 3081/29. Romero Carrasco Luis. 22 de noviembre de 1929. Cinco votos.’
"En principio, basta examinar la votación relativa a los dos primeros asuntos para percatarse de que fueron emitidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en ese año (1924) se integraba por once Ministros y únicamente funcionaba y resolvía los asuntos en Pleno; a esto debe agregarse que examinadas en forma directa cada una de las ejecutorias, se advierte que las tres restantes fueron resueltas en Sala.
"También debe tomarse en consideración que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de cuatro de octubre de mil novecientos veinticuatro, al resolver el amparo en revisión 3873/23, promovido por Felipe Santa María, contra actos del Juez Segundo Menor del Distrito Federal, en la parte que interesa consideró:
"‘CONSIDERANDO: Respecto del primer motivo de agravio, o sea, el que se refiere a que el Juez de Distrito consideró como no vigente la ley de diecinueve de septiembre de mil novecientos dieciséis, invocada por el quejoso en su demanda, basta tener presente lo dispuesto por el artículo octavo de la ley de veinticuatro de diciembre de mil novecientos diecisiete, para resolver que no procede. En efecto, la ley de veinticuatro de diciembre de mil novecientos diecisiete, reputando, sin duda, que habían desaparecido las circunstancias excepcionales por las que atravesó la capital de la República, a consecuencia de los motivos revolucionarios y que ameritaron que se dictaran disposiciones especiales para las cuestiones de arrendamiento, previene en su artículo noveno, fracción II, que en contratos celebrados a partir del catorce de diciembre de mil novecientos dieciséis, regirán las prevenciones de los Códigos Civiles respectivos, y como el contrato celebrado por el señor Santa María lo fue en diez de marzo de mil novecientos veintidós, el quejoso no puede invocar la aplicación de una ley expresamente derogada por otra posterior. Por lo que respecta al segundo motivo de agravio, o sea, a que el Código de Procedimientos Civiles no debe considerarse aplicable por no derivarse de la Constitución de mil novecientos diecisiete debe desecharse también; en primer lugar, porque el mismo quejoso invoca en su demanda la aplicación de ese código en la parte que él creyó favorable y, en consecuencia, debe considerarse consentido el acto; y, en segundo, porque no fue cuestión planteada en la demanda de amparo y, por tanto, que pueda ser materia de la sentencia, ya que ésta, según los principios generales de derecho, apoyados por nuestra legislación, debe ser congruente con el cuasi contrato del juicio, o sea, en el presente caso, con los puntos planteados en la demanda y en el informe de la autoridad responsable.’
"El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de veintidós de agosto de mil novecientos veinticuatro, al resolver la revisión 702/24, interpuesta en contra del acuerdo que desechó la ampliación de la demanda de amparo promovida por José Cruz y Celis, y otra, contra actos del gobernador de Puebla y otra autoridad, en la parte que interesa consideró:
"‘En toda clase de juicios queda establecido el litigio después de la contestación de la demanda (lis mota dicitur cum fuerit contestata. C.30. de V.S.), y en los de amparo, el informe que rinden las autoridades responsables constituye la contestación, después de la cual no puede el actor, o sea el quejoso, variar ni ampliar su demanda, porque habiendo sido fijados por ambas partes los puntos sometidos a la resolución judicial, cualquier cambio que en ellos se hiciera tendría que variar el orden existente en los juicios, prolongando éstos indefinidamente, toda vez que las nuevas cuestiones presentadas en la ampliación de la queja, demandarían nuevos informes también de las autoridades responsables, en perjuicio de los contendientes que han adquirido el derecho de litigar sobre una base fija e inconmovible. En el presente caso, la ampliación de la demanda de amparo de fecha veintiuno de febrero de este año, fue presentada después de que las autoridades responsables habían rendido sus informes contestando dicha demanda y, por tanto, es de confirmarse el auto del inferior que desechó la referida ampliación, de conformidad con lo prevenido en los artículos 28 de la Ley de Amparo y 191 del Código Federal de Procedimientos Civiles.’
"En la sentencia emitida por la Segunda Sala el veinticuatro de abril de mil novecientos veintinueve, al resolver el toca en revisión 3709/28, interpuesta en contra de la sentencia dictada por el Juez Primero Supernumerario de Distrito en el Distrito Federal, la Sala indicada confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio, con base en las consideraciones siguientes:
"‘El agravio manifestado por la recurrente constituye una verdadera ampliación a su demanda de amparo; supuesto que, en ella, no se incluyó como capítulo de violación el que ahora se expresa como agravio y en tal virtud no es lógico exigir que el Juez del conocimiento estudiara en su sentencia un concepto de violación que no se había expuesto previamente; y si por ese motivo el fallo que se revisa no contiene una declaración sobre el particular, esa circunstancia no debe estimarse que ocasione a la quejosa el agravio que pretende hacer valer; cuando, a mayor abundamiento, el artículo ciento noventa y uno del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en el caso de la Ley Orgánica del Amparo, de conformidad con lo que dispone el artículo veintiocho de este último ordenamiento, establece que después de contestada la demanda, el actor no puede modificarla en ningún sentido.’
"En la sentencia emitida por la Primera Sala el dieciocho de marzo de mil novecientos veintinueve, al resolver el recurso de queja 224/28, interpuesto por The Mazapil Copper Company Limited, contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Distrito Federal, la Sala declaró fundado el recurso con base en las consideraciones siguientes:
"‘Que consta de autos que al dictar la autoridad responsable su auto recurrido en queja, aún no se había rendido por el agente federal de Conciliación y Arbitraje el informe con justificación que se le pidió; por lo que debe tenerse en cuenta el criterio ya establecido por esta Suprema Corte, en casos análogos, en que se ha expresado que en el juicio de amparo la litis contestatio se establece cuando las autoridades responsables rinden su informe con justificación; y en consecuencia, debe declararse fundada esta queja.’
"La Primera Sala de la Suprema Corte, al fallar el veintidós de noviembre de mil novecientos veintinueve el juicio de amparo directo 3081/29, promovido por Luis Romero Carrasco, negó el amparo solicitado; en lo conducente, en dicha ejecutoria se sostuvo:
"‘III. En cuanto a la petición contenida en el escrito que se menciona en el resultando cuarto que antecede, como los conceptos de violación marcados con las letras (b), (c), (d) y (e) no se alegaron en la demanda de amparo, su expresión posterior constituye en realidad una ampliación de aquélla, hecha extemporáneamente, esto es, cuando ya se había establecido en el juicio la litis contestatio, en virtud de haber rendido las autoridades designadas como responsables sus respectivos informes con justificación; por lo que de acuerdo con la tesis sostenida por esta Suprema Corte en la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo promovido por José Cruz y Celis y coagraviados, que se ve a fojas de la quinientos veintiuna a la quinientos veintitrés del Tomo décimo quinto del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, y con apoyo en el artículo ciento noventa y uno del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el veintiocho de la ley reglamentaria correspondiente, no procede admitir ni analizar tales conceptos como parte integrante de la demanda de amparo. IV. Sin embargo, por tratarse de amparo directo y atenta la facultad que a la Suprema Corte conceden los artículos ciento siete, fracción segunda, de la Constitución Federal y noventa y tres de la ley reglamentaria del juicio de garantías, esta Sala procede a examinar enseguida los repetidos conceptos de violación, para el efecto de determinar si los motivos que en ellos se aducen son suficientes para suplir la deficiencia de la queja y conceder a Luis Romero Carrasco la protección de la Justicia Federal. Por lo que respecta al agravio marcado con la letra (b), relativo a que el reo fue llevado a jurado privándolo de medios de defensa, en los términos del escrito de demanda, es decir, como una consecuencia de no haber sido careado previamente el quejoso con los testigos Valente Quintana, Benjamín Martínez y Domitila Sánchez, dicho agravio ha sido resuelto ya en el considerando segundo que precede, que establece la carencia de fundamento del concepto violatorio que dimana de la falta de los expresados careos. En cuanto a los capítulos de violación restantes, o sea, los que consisten en que el quejoso no fue juzgado por el jurado en unión de sus coautores, en que fue compelido por la fuerza para asistir a la audiencia respectiva y en que el presidente de debates retiró al inculpado del salón antes de que terminara el jurado, debe tenerse presente que, según la fracción tercera del artículo ciento siete de la Constitución General, en concordancia con el artículo noventa y cuatro de la Ley de Amparo, esto sólo procederá por violación de las leyes del procedimiento cuando se afecten las partes sustanciales de él y de manera que su infracción deje sin defensa al quejoso, y que el artículo ciento nueve de la ley anteriormente citada, que reglamenta la expresada fracción tercera, enumera los casos en los cuales la infracción de las leyes del procedimiento priva al acusado de defensa. Ahora bien, los hechos de que se habla al principio de este párrafo no se encuentran catalogados en ninguna de las diversas fracciones del invocado artículo ciento nueve; pues si bien es cierto que los que se refieren a haber sido obligado Romero Carrasco a asistir al jurado y a haber sido retirado posteriormente de la audiencia antes de que ésta concluyera, los relaciona la defensa del quejoso con las fracciones segunda y novena del artículo veinte constitucional, por lo que pudiera creerse, a primera vista, que se trata de los casos que señalan, respectivamente, las fracciones segunda y séptima del repetido artículo ciento nueve; esa creencia se desvanece tan pronto como se tenga en cuenta que la fracción segunda del artículo veinte de la Ley Fundamental prohíbe que se obligue al procesado a declarar en su contra, ya sea por la incomunicación u otro medio semejante, y que la fracción segunda del artículo ciento nueve considera violadas las leyes del procedimiento y privado al quejoso de defensa, cuando el fallo condenatorio se funda en la confesión obtenida mediante la incomunicación, la amenaza u otra coacción de esa especie; lo que no aconteció en el caso, pues si Romero Carrasco fue llevado por la fuerza al jurado, en éste no se le obligó a declarar, sino que se respetó su deseo de no hacerlo. Y por lo que ve a que el mismo inculpado haya sido retirado de la audiencia antes de que concluyera el jurado, tampoco debe conceptuarse ese hecho comprendido en la fracción séptima del aludido artículo ciento nueve, porque con esto no se le coartaron los derechos de defensa, toda vez que su defensor continuó en el salón; además de que no debe olvidarse que el enjuiciado se encontraba en la audiencia contra su voluntad. Las consideraciones que se dejan expuestas ponen de manifiesto que los conceptos alegados en el escrito que presentó el defensor del sentenciado el dieciocho del mes en curso, carecen de eficacia para el efecto de que, supliendo la deficiencia de la queja, se otorgue a Luis Romero Carrasco la protección de la Justicia Federal.’
"Basta la relación efectuada para considerar que de los cinco asuntos, no todos son idóneos, lógica y jurídicamente, para la formación de una tesis de jurisprudencia, en primer lugar, porque no provienen de un solo órgano, sino de varios pues, como se vio, las dos primeras ejecutorias fueron pronunciadas por el Tribunal Pleno, la tercera fue emitida por la anterior Segunda Sala y la cuarta y la quinta por la Primera Sala, de modo que no es posible considerar que se trata en realidad de una tesis de jurisprudencia, en virtud de que para ello es preciso que las cinco ejecutorias provengan de un mismo órgano de control constitucional, ya sea el Pleno, alguna de sus Salas, o un Tribunal Colegiado de Circuito, no interrumpidas por otra en contrario; en segundo lugar, porque la segunda de las ejecutorias correspondiente al amparo en revisión 3873/23, cuya parte considerativa se transcribió en primer lugar, no aborda el tema contenido en el texto de la tesis, referente a que la litis en el amparo se cierra cuando las autoridades responsables han rendido su informe justificado (litis contestatio en el amparo).
"Las anteriores consideraciones derivan de lo previsto en los artículos 147 a 149 de la abrogada Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de octubre de mil novecientos diecinueve, cuyo tenor literal es el siguiente:
"‘Artículo 147. La jurisprudencia que se establezca por la Suprema Corte de Justicia en sus ejecutorias de amparo y de súplica, sólo podrá referirse a la Constitución y demás leyes federales.’
"‘Artículo 148. Las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, votadas por mayoría de siete o más de sus miembros, constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuelto se encuentre en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario.’
"‘Artículo 149. La jurisprudencia de la Corte en los juicios de amparo y en los que se susciten sobre aplicación de leyes federales o tratados celebrados con las potencias extranjeras, es obligatoria para los Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y Tribunales de los Estados, Distrito Federal y Territorios.
"‘La misma Suprema Corte respetará sus propias ejecutorias. Podrá, sin embargo, contrariar la jurisprudencia establecida; pero expresando siempre, en este caso, las razones para resolverlo así. Estas razones deberán referirse a las que se tuvieren presentes para establecer la jurisprudencia que se contraría.’
"Estos preceptos de la abrogada ley reglamentaria deben ser tomados en consideración para determinar la integración correcta de la jurisprudencia cuestionada, ya que los primeros precedentes que se citan en ésta datan del año de mil novecientos veinticuatro, en que estuvo vigente esa normatividad; por ello es necesario acudir a la legislación vigente en esa época para establecer, por un lado, la forma de integración y funcionamiento de la Suprema Corte y por otra, la manera en que, en esa época, se integraba la jurisprudencia.
"Así, de los mencionados preceptos legales se desprende que en el año de mil novecientos veinticuatro la Suprema Corte únicamente funcionaba en Pleno, que sus decisiones constituían jurisprudencia siempre que los asuntos se resolvieran por siete votos o más de sus integrantes y, además, que el criterio se reiterara en cinco precedentes no interrumpidos por otro en contrario.
"Por disposición de los artículos 147 y 148 de la ley reglamentaria en consulta, la jurisprudencia que emitía la Suprema Corte funcionando en Pleno sólo podría referirse a la interpretación de la Constitución Federal, de las leyes federales y de los tratados internacionales.
"De mil novecientos diecinueve a mil novecientos veintiocho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integró por once Ministros, y únicamente funcionaba en Pleno; con motivo del inicio de la vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de doce de diciembre de mil novecientos veintiocho, se aumentó a dieciséis el número de Ministros y se dispuso el funcionamiento en Salas del Alto Tribunal; así, el veintisiete de diciembre del año en mención se celebró la primera sesión con la nueva integración, estableciéndose para el desahogo de los asuntos tres Salas especializadas, la primera, que conocería de los asuntos penales, la segunda, de los administrativos y la tercera, de los civiles. Cabe agregar que la Cuarta Sala fue creada hasta el año de mil novecientos treinta y cuatro, con la reforma constitucional al artículo 94 en cuya ocasión se volvió a aumentar el número de Ministros a veintiuno.
"El artículo 94 de la Constitución Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte de agosto de mil novecientos veintiocho, que entró en vigor el veinte de diciembre siguiente; y los artículos 3o., 4o., 5o., 16 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de doce de diciembre de mil novecientos veintiocho, que entró en vigor el veinte de diciembre de la misma anualidad, son del tenor literal siguiente:
"‘Constitución Federal.
"‘Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito y en Juzgados de Distrito, cuyo número y atribuciones fijará la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de dieciséis Ministros y funcionará en Tribunal Pleno o dividida en tres Salas, de cinco Ministros cada una, en los términos que disponga la ley. Las audiencias del Tribunal Pleno o de las Salas, serán públicas, excepción hecha de los casos en que la moral o el interés público exijan que sean secretas. Las sesiones serán celebradas en la forma y términos que establezca la ley respectiva. La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, no podrá ser disminuida durante su encargo. Los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, podrán ser privados de sus puestos cuando observen mala conducta, de acuerdo con la parte final del artículo 111, o previo el juicio de responsabilidad correspondiente.’
"‘Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"‘Artículo 3o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de dieciséis Ministros y funcionará en Pleno y en Salas.’
"‘Artículo 4o. El Pleno se compondrá de todos los Ministros que integran la Suprema Corte; pero bastará la presencia de once de sus miembros para que pueda constituirse y funcionar.’
"‘Artículo 5o. Las resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los Ministros presentes. En caso de empate se resolverá el asunto en la sesión o sesiones siguientes hasta que haya mayoría de votos. Si dentro de las tres sesiones siguientes no se obtuviere la mayoría, el Pleno se declarará en sesión permanente hasta que se obtuviere.’
"‘Artículo 16. La Suprema Corte de Justicia funcionará, además, en tres Salas de cinco Ministros cada una; pero bastará la asistencia de cuatro de ellos en cada Sala para que ésta pueda constituirse y funcionar.’
"‘Artículo 24. Corresponde a la Primera Sala la resolución de los juicios de amparo con motivo de negocios de carácter penal, de incidentes de suspensión sobre esta materia, de quejas en juicios de amparo de este mismo orden, conforme a los artículos 23 y 52 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 de la Constitución General, de las que se promuevan por exceso o por defecto de ejecución en juicios de amparo de esta misma naturaleza y de las competencias entre Jueces Federales en materia penal.
"‘Corresponde a la Segunda Sala la resolución de los juicios de amparo con motivo de asuntos de carácter administrativos, de incidentes de suspensión sobre esta materia, de quejas en juicios de amparo de este mismo orden, conforme al artículo 23 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 de la Constitución General, de las quejas que se promuevan por exceso o por defecto de ejecución de sentencias recaídas en juicios de amparo de esta misma naturaleza y de las competencias entre Jueces Federales en materia administrativa.
"‘Corresponde a la Tercera Sala la resolución de los juicios de amparo con motivo de asuntos del orden civil, de incidentes de suspensión sobre esta materia, de quejas en juicios de amparo de esta misma naturaleza, conforme a los artículos 23 y 52 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 Constitucionales, de quejas por exceso o por defecto de ejecución de sentencias pronunciadas en juicios de amparo relacionados con la materia civil, de competencias entre Jueces Federales en asuntos de esta misma naturaleza y del recurso de súplica cuando éste proceda, conforme a las leyes, contra las sentencias pronunciadas en segunda instancia por los Tribunales de Circuito, así como de las pronunciadas también en segunda instancia por los Tribunales de los Estados, del Distrito y de los Territorios Federales, en los casos a que se contrae la fracción I del artículo 104 constitucional.’
"Por su parte, los artículos 192 y 193 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, actualmente Ley de Amparo, en su parte conducente disponían:
"‘Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia en sus ejecutorias de amparo, sólo podrá referirse a la Constitución y demás leyes federales.’
"‘Artículo 193. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno sobre interpretación de la Constitución y leyes federales o tratados celebrados con las potencias extranjeras, es obligatoria tanto para ella como para las Salas que la componen, los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, Jueces de Distrito, Tribunales de los Estados, Distrito y Territorio Federales y Juntas de Conciliación y Arbitraje.
"‘Las ejecutorias de la Suprema Corte funcionando en Pleno constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se encuentre en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce Ministros.’
"Los anteriores preceptos legales fueron objeto de diversas reformas, por su relevancia enseguida se reproduce el texto de la que apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, que quedó como sigue:
"‘Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
"‘Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce Ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros, en los casos de jurisprudencia de las Salas.
"‘También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.’
"‘Artículo 193. La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
"‘Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los Magistrados que integran cada Tribunal Colegiado.’
"Finalmente, el artículo 192 antes reproducido fue reformado por decreto que apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil, con el fin de hacerlo congruente con la nueva integración de la Suprema Corte que a partir de mil novecientos noventa y cinco se integra con once Ministros, reduciéndose el número de Salas a dos, precepto legal que quedó redactado en los siguientes términos:
"‘Artículo 192. ... Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos de ocho Ministros si se tratara de jur
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17723-4b026baa/ampliacion-de-la-demanda-de-amparo-indirecto-supuestos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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