PRISIÓN VITALICIA. SU IMPOSICIÓN VIOLA EL DERECHO A LA REINSERCIÓN SOCIAL (ARTÍCULO 127, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
AMPARO DIRECTO 27/2015. 2 DE DICIEMBRE DE 2024. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JESÚS ROJAS IBÁÑEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 2 de diciembre de 2024, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el amparo directo 27/2015, promovido por ********** (en lo sucesivo el quejoso), por conducto de sus defensores particulares, contra la sentencia de 19 de agosto de 2014, dictada por los Magistrados de la Sala Colegiada de Casación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, en el recurso de casación **********.
El problema jurídico a resolver por este Tribunal Pleno consiste en verificar el proceso penal que culminó con la sentencia definitiva reclamada por el quejoso, al haber sido condenado con la pena de prisión vitalicia al resultar penalmente responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de cuatro personas. Bajo esta premisa, la importancia y trascendencia del caso se centra en analizar la constitucionalidad del artículo 127, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que prevé la aplicación de la pena de prisión vitalicia.
I. ANTECEDENTES DEL CASO
1. De las constancias que obran en el expediente se desprende que el asunto tiene su origen en el juicio oral **********, de la estadística del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de los Distritos Judiciales Morelos y Manuel Ojinaga, con residencia en el Estado de Chihuahua, instruido contra el quejoso, por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado contra cuatro personas.(1)
2. El 14 de noviembre de 2013, el referido órgano jurisdiccional resolvió la causa penal relativa y concluyó que el quejoso era penalmente responsable de la comisión del delito de homicidio calificado (en número de cuatro), por lo que se le impuso la pena de prisión vitalicia y se le condenó al pago de la reparación del daño material por la cantidad de $**********, a favor de las personas y las directrices indicadas en la sentencia.(2) El delito referido se encuentra tipificado en los artículos 18, fracción I, 123, 124, 127 y 136, fracción II, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Chihuahua.(3)
3. Inconforme con la resolución anterior, el sentenciado interpuso recurso de casación, del que conocieron los Magistrados de la Sala de Casación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, quienes el 19 de agosto de 2014, resolvieron que no había lugar a declarar la nulidad de la sentencia reclamada por lo que subsistía su validez íntegra.(4)
II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO
4. El 19 de agosto de 2014, el quejoso promovió juicio de amparo contra la resolución aludida en el acápite que antecede y señaló como violados en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(5)
5. Conoció de la demanda de amparo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, el cual lo registró con el número 279/2014 y lo admitió a trámite mediante acuerdo de 22 de agosto de 2014.(6)
6. Seguidos los trámites de ley, en sesión de 6 de febrero 2015, el tribunal colegiado solicitó a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción para conocer el asunto, ya que se planteó la inconstitucionalidad de la pena de prisión vitalicia.(7)
III. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE FACULTAD DE ATRACCIÓN
7. El Presidente de la Suprema Corte admitió a trámite la solicitud y turnó el expediente para su estudio al Ministro José Ramón Cossío Díaz, integrante de la Primera Sala bajo el número de expediente 83/2015; ello, mediante acuerdo de 26 de febrero de 2015.
8. El 29 de abril de 2015, la Primera Sala ejerció la facultad de atracción para conocer del amparo directo penal 279/2014, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito.(8)
9. El 4 de junio de 2015, el entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó avocarse al conocimiento del presente asunto bajo el registro del amparo directo 27/2015, con la remisión de los autos a la Ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.(9)
10. El Agente del Ministerio Público de la Federación formuló pedimento mediante intervención ministerial número **********, presentada el 10 de julio de 2015, en el sentido de negar la tutela constitucional solicitada.
11. Mediante dictamen de 24 de abril de 2019, el Ministro Ponente estimó que por la naturaleza de las cuestiones planteadas, era necesaria la intervención del Tribunal Pleno para que conociera del asunto.(10)
IV. COMPETENCIA
12. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(11) 40 de la actual Ley de Amparo(12) y 10, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(13) en relación con los puntos Segundo y Séptimo del Acuerdo General 5/2013 emitido por este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil trece,(14) el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer el presente juicio de amparo directo, en atención a que si bien la competencia originaria para resolver esta clase de asuntos recae en los Tribunales Colegiados de Circuito, en el caso se ejerció la facultad de atracción y el tópico a tratar guarda relación con la manera en que deben interpretarse los criterios sustentados por este Tribunal Pleno en torno a analizar la constitucionalidad del artículo 127, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que prevé la aplicación de la pena de prisión vitalicia.
V. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO
13. Resulta innecesario analizar la oportunidad con la que se promovió el juicio de amparo directo, pues el tribunal colegiado que envió los autos del asunto a esta Suprema Corte ya examinó dicha cuestión y concluyó que fue presentado en los términos legales que establece el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.
VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO
14. La existencia del acto reclamado —sentencia de 19 de agosto de 2014, dictada por los Magistrados de la Sala Colegiada de Casación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, en el recurso de casación **********— quedó acreditada con las constancias relativas al expediente del que deriva, que remitieron las autoridades responsables anexas a su informe.
VII. PRECISIÓN DE LA MATERIA DE ESTUDIO
15. A fin de dar respuesta a la materia del presente juicio de amparo directo, es imprescindible recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 29 de abril de 2015, ejerció la facultad de atracción para conocer y resolver el amparo directo penal 279/2014, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, para determinar si el artículo 127, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que contempla la prisión vitalicia para el delito de homicidio doloso de tres o más personas, es o no constitucional y/o convencional.
VIII. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER
16. Establecida la materia de la litis constitucional, a fin de sustentar las consideraciones y sentido de esta ejecutoria, se destaca la sentencia reclamada, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y las consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento.
17. Sentencia reclamada. El 19 de agosto de 2014, en el recurso de casación **********, los Magistrados de la Sala de Casación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua resolvieron que no había lugar a declarar la nulidad de la sentencia reclamada, por lo que subsistía su validez íntegra, emitida el 14 de noviembre de 2013, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de los Distritos Judiciales Morelos y Manuel Ojinaga, con residencia en el Estado de Chihuahua, en la causa penal relativa al juicio oral **********, seguida contra el quejoso, por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado (en número de cuatro).
18. Los principales argumentos de dicha determinación son los siguientes:
a) Confirmar la determinación del tribunal colegiado de juicio oral en los términos en que se pronunció (tanto en su parte considerativa como resolutiva), respecto de imponer prisión vitalicia al inculpado por el delito de homicidio doloso de tres o más personas, en términos del artículo 127, segundo párrafo, del Código Penal de Chihuahua.
b) Fue correcta la decisión de los jueces respecto de la acreditación del delito de homicidio calificado (de cuatro personas), pues señalaron los elementos que integraban el tipo penal, expusieron los medios de prueba a través de los cuales se tenían por demostrados tales elementos, así como el valor que se les asignaba a cada uno de ellos.
c) Como lo señalaron los jueces del tribunal oral, la aplicación de la prisión vitalicia no conculca los derechos fundamentales del acusado, en específico, el referente a la reinserción social del sentenciado establecido por el artículo 18 constitucional ni el de proporcionalidad de la pena a que alude el artículo 5 del Código Penal, ya que sobre tal aspecto ya se pronunció la Suprema Corte.(15) En tal virtud, los consideró obligatorios al constituir jurisprudencia definida. Asimismo, estimó que no obstante dicha interpretación se refiera al año 2006, esto es, antes de la reforma a los artículos 1 y 18 constitucionales, de cualquier manera la Sala tiene que acatar lo dispuesto por la Suprema Corte, la cual, en su caso, debe llevar a cabo un nuevo estudio al respecto, para en una nueva reflexión, variar de criterio.
d) El artículo 127 del Código Penal local, en el cual se establece la prisión vitalicia cuando el homicidio doloso se comete en tres o más personas, no vulnera los derechos fundamentales del procesado y se ajusta al orden constitucional mexicano.
e) No fue indebido que los jueces consideraran innecesario realizar el ejercicio de ponderación judicial normalmente procedente a la luz de los artículos 65, 67 y 68 del Código Penal, pues la condena por el delito estudiado daba lugar a la aplicación de la prisión vitalicia, por lo que dicha sanción se le hubiera aplicado, aun y cuando se estimara cualquier grado de culpabilidad, de conformidad con el artículo 127, segundo párrafo, del Código aludido.
f) La suma por concepto de reparación del daño se determinó de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajo, tomando en cuenta el salario mínimo de cuando ocurrieron los hechos, así como las documentales que oportunamente se aportaron al proceso.
g) No causó agravio al sentenciado el que se le haya negado el beneficio de la condena condicional y la sustitución de la medida de prisión, pues uno de los requisitos para que se otorgue dicho beneficio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86, fracción I, del Código Penal, es que la prisión por compurgar no exceda de tres años, requisito que no se cumple en el caso.
h) No se vulneran los derechos fundamentales del procesado ni se actualiza alguno de los motivos de casación de carácter procesal que prevé el artículo 423 del Código de Procedimientos Penales local en sus diversas fracciones, ya que el sentenciado fue juzgado dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial; asimismo, se respetó el principio de presunción de inocencia, el derecho de contar con comunicación previa y detallada y no se vulneró su derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, entre otros más.
19. Conceptos de violación. El quejoso expuso en su demanda de amparo los siguientes motivos de disenso:
a) El tribunal de casación inobservó el principio de exhaustividad, el cual se encuentra legalmente obligado a cumplir, ya que no atendió a cabalidad la totalidad de los agravios vertidos por su defensa, contraviniendo con ello, además, lo previsto por el artículo 428 de la ley adjetiva penal.
b) La autoridad responsable no realizó pronunciamiento alguno respecto de que el tribunal inferior asentó en la resolución combatida que diversos medios de prueba en vía de testimonial fueron ofrecidos e incorporados por su defensa, dichas probanzas no fueron ofertadas por su parte. Aunado a ello, la misma suerte corrió el agravio hecho valer respecto de la ilicitud de las actuaciones periciales. Lo anterior contraviene las garantías de seguridad jurídica y debido proceso legal, dado que la autoridad responsable tenía la obligación de pronunciarse respecto de todas las cuestiones controvertidas.
c) Se violó en su perjuicio el artículo 16 constitucional y 18 del Código Procedimental Penal local, pues la sentencia impugnada se traduce en un acto de molestia a su persona; además, de ahí nace la obligación legal de la autoridad responsable de fundar y motivar la resolución que emitió.
d) La autoridad responsable inobservó las disposiciones indicadas, pues se limitó a señalar los medios de prueba que tuvo el tribunal inferior como suficientes para emitir la sentencia condenatoria correspondiente, indicando que coincidía con los jueces del tribunal oral, pero sin analizar los medios de prueba que, al final y de manera coincidente con el tribunal inferior, a su juicio fueron suficientes para confirmar la resolución impugnada.
e) La autoridad responsable omite o elude a través de un procedimiento lógico y razonable, analizar todos los elementos de prueba, es decir, no establece de forma clara y precisa la valoración de dichos medios probatorios.
f) Finalmente, respecto a la acreditación de la responsabilidad, la autoridad responsable se limitó a señalar los medios de prueba, pero no precisó cuáles eran suficientes para concluir que el quejoso era responsable del delito de homicidio calificado y, más aun, que ello era suficiente para dejar intocada la resolución pronunciada por el tribunal inferior.
20. Resolución del tribunal colegiado. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en la ciudad de Chihuahua, para solicitar la atracción se basó en las siguientes consideraciones:
a) Que la Suprema Corte está facultada para determinar cuál es el alcance del precepto legal impugnado, esto es, sobre la inconstitucionalidad del artículo 127 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en cuanto a la pena de prisión vitalicia.
a) Dicho precepto legal prevé la aplicación de la pena de prisión vitalicia; la problemática planteada hace necesaria la intervención de la Suprema Corte para decidir sobre la posible inconstitucionalidad del ordenamiento legal aplicado contra el quejoso, lo cual supone analizar e interpretar diversos preceptos constitucionales.
b) Al haber sido modificada la tesis de jurisprudencia del rubro “PRISIÓN VITALICIA. NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, la cual fue invocada en la resolución impugnada es necesario que se produzcan variaciones jurisprudenciales como consecuencia del proceso de adecuación de la ley a la realidad del momento en que tiene que ser aplicada.
c) Los requisitos de interés e importancia se satisfacen, pues al subsistir el tema sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un precepto del Código Penal local, la Suprema Corte tendrá que pronunciarse sobre la posibilidad de hacer valer dicho planteamiento y, de decidirlo, en suplencia de la deficiencia de la queja, si la pena vitalicia es o no de las prohibidas por el artículo 22 constitucional. De lo contrario, se dejaría de examinar una cuestión de especial entidad jurídica sobre la que, si bien existe jurisprudencia, se advierte la necesidad de su adecuación a la situación jurídica creada por las últimas reformas constitucionales, es decir, entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros.
d) Finalmente, es un hecho notorio que en sesión de 18 de junio de 2014, por la Primera Sala, se determinó conocer y resolver el amparo directo 470/2013, del índice de este tribunal colegiado en la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 286/2014.
IX. ESTUDIO DE FONDO
21. Corresponde analizar si la pena de prisión perpetua prevista en el artículo 127, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, para el delito de homicidio doloso de tres o más personas, es o no constitucional y/o convencional, atendiendo al derecho a la reinserción social protegido constitucionalmente.(16)
Derecho a la reinserción social
22. De conformidad con el artículo 1° constitucional, las instituciones de impartición de justicia en México tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades. Dicha obligación pretende cumplir con el objetivo primordial del sistema penitenciario derivado de las reformas de 2008, en cuanto a la finalidad de la pena y su compurgación, cuyo eje principal –derivado del artículo 18 constitucional– involucra el derecho a la reinserción social de la persona, al cambiar el paradigma de la pena, en donde se transita de la llamada readaptación social a la reinserción social.(17)
23. Así, el estudio debe hacerse a la luz del artículo 18 constitucional, segundo párrafo, posterior a la reforma penal del 18 de junio de 2008. La misma se encuentra vigente en términos del artículo quinto transitorio,(18) con independencia de si las entidades federativas han legislado al respecto, pues como lo establece tal artículo, dichos cambios debían haber ocurrido desde la fecha señalada con anterioridad. El siguiente cuadro comparativo permite advertir las diferencias entre el texto anterior a la reforma y el actual:
Ver cuadro comparativo
24. Como puede observarse, el órgano reformador de la Constitución modificó la redacción del artículo 18, lo que básicamente resultó en los siguientes puntos: (1) sustitución del término “readaptación” por “reinserción”; (2) abandono del término “delincuente”; (3) inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos, como medio para lograr la reinserción; (4) inclusión de un objetivo adicional a “lograr la reinserción”, a saber: “procurar que la persona no vuelva a delinquir”, y (5) adición del concepto “beneficios” como parte de la lógica del sistema.
25. El abandono del término “readaptación” y su sustitución por el de “reinserción” tiene un impacto crucial en la forma en que debe ser entendido el régimen penitenciario. A partir de la reforma de junio de 2008 y de junio de 2011, el sentido de la pena adquiere finalidades distintas a las que se tenían anteriormente. En otras palabras, con el cambio se pretende superar ciertas prácticas incongruentes con el “derecho penal del acto”, el cual pone énfasis en las conductas cometidas por el sujeto, antes que en su personalidad. La superación del derecho penal del autor obedece a la intención de abandonar cualquier nomenclatura que pudiera resultar estigmatizante para la persona, tal como el concepto de “desadaptado”.
26. El hecho de que la Constitución Federal elimine la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que el infractor de la ley penal es un sujeto al que puede atribuirse el adjetivo de “desadaptado”, ayuda a formar la convicción de que el sistema actual se decanta por un derecho penal sancionador de actos o de delitos y no de personalidades. También demuestra el abandono del término “delincuente”, pues exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un “derecho penal de autor”, permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Así, el sistema penal opera bajo el entendimiento de que el infractor de la ley penal puede y debe hacerse responsable de sus propios actos y, por tanto, basta con la comisión del delito –y su previa tipificación en la ley– para que el Estado cuente con legitimidad para sancionarlo. 27. Para fines ilustrativos, resulta útil acudir a alguna de las manifestaciones expresadas en la discusión de 12 de diciembre de 2007 en la Cámara de Diputados (debate que integra el proceso de reforma constitucional en materia penal de junio de 2008). La más destacada señala que:
(...) Otra propuesta importante de la presente reforma es el cambio del paradigma de la pena, en donde se transita de la llamada readaptación social a la reinserción social, dejando atrás la teoría que ubicaba al sentenciado como una persona desadaptada socialmente o enferma, para considerar que el individuo que cometió una conducta sancionada por el orden jurídico, debe hacerse acreedor a la consecuencia jurídica que corresponda, mediante la aplicación de la pena, antes de volver a incorporarse a la sociedad (resaltado fuera del original).
Ver texto resaltado
28. El abandono de ciertos términos tiene un impacto que trasciende a la mera nomenclatura. La reinserción social, como fin de la pena, no acepta la idea de que al culpable se le caracterice por ser desadaptado o peligroso. Entonces, para justificar la pena no es posible aludir a una función moralizadora por parte del Estado. Este cambio es compatible con los derechos reconocidos en los tratados internacionales que aluden a la readaptación como el fin de pena. Es el caso del artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(19) y el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(20)
29. Para este Tribunal Pleno, la visión que abandona el concepto “readaptación” es más compatible con un entendimiento democrático y expansivo de los derechos de los sentenciados, que aquella visión en la que se admite suponer que el infractor es un delincuente, al cual el Estado debe reivindicar o reformar. Por tanto, debemos entender las disposiciones establecidas en los tratados internacionales citados a la luz del modelo de la reinserción social, pues ésta es la interpretación progresiva y extensiva de derechos humanos –a la cual debe atenderse de conformidad con el artículo 1º constitucional.
30. El texto actual del artículo 18 constitucional tiene la función preponderante de ordenar la consecución o la procuración de ciertos fines dentro del sistema penitenciario; ello, visto a la luz del artículo 1º constitucional en relación con las obligaciones de respeto y garantía, establece obligaciones para los legisladores, jueces y autoridades administrativas. Dichas autoridades están obligadas a procurar ?como dice el texto constitucional? la generación de un régimen penitenciario con características tales que su principal propósito sea desincentivar la comisión de nuevas conductas delictivas por parte de quienes logran obtener su libertad. La procuración de tal fin no implica que sea posible coaccionar al sujeto, haciéndolo acreedor de castigos con motivo de su rechazo a tales ofertas educativas, laborales o simplemente de formación personal.
31. Así pues, la lógica del sistema se traduce en el deseo por parte del constituyente permanente de aminorar los perjuicios que de facto suelen estar implicados con la pena privativa de la libertad y tales como la falta de oportunidades para que la persona se desarrolle adecuadamente en ese ambiente. Se busca evitar que cuando el sentenciado recupere su libertad, continúe teniendo los mismos incentivos que antes para delinquir.
32. Bajo el modelo de reinserción social, las instituciones penitenciarias deben permitir garantizar al sentenciado la posibilidad de acceder a los medios de reinserción (salud, deporte, trabajo y capacitación para el mismo). Por otro lado, pretende que sea la lógica de la protección de los derechos humanos la que inspire y determine el funcionamiento de tales instituciones, de tal forma que se garanticen condiciones de vida dignas en prisión. Éste es el fin constitucional al que principalmente aspira el artículo 18 constitucional reformado.
33. El artículo 127, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Chihuahua combatido como inconstitucional establece lo siguiente:
Artículo 127.
(...)
A quien se le condene por el homicidio doloso de tres o más personas, en el mismo o en distintos hechos, se le impondrá prisión vitalicia.
34. De la anterior transcripción surge que se impondrá pena de prisión vitalicia para aquella persona que se encuentre en el supuesto del tipo penal. Este Pleno considera que es claro que la prisión vitalicia o perpetua prevista en el Código penal local no se es acorde al modelo de reinserción previsto en la Constitución anteriormente expuesto. La prisión vitalicia contraviene por sí misma la noción de reinserción social, al establecer la privación de libertad de manera permanente para la persona que hubiere cometido un determinado delito. Tal como se destacó anteriormente, la reinserción social, como fin de la pena, no acepta la idea de que al culpable se le caracterice por ser desadaptado o peligroso. La prisión vitalicia se contrapone a dicha premisa puesto que parte de la idea que la persona que hubiera cometido cierto delito es peligrosa para la sociedad y no merece tener la oportunidad de reinsertarse a ésta.
35. La exigencia de reinserción social como fin del régimen penitenciario responde a proteger la dignidad humana, la cual en su versión negativa impide que los seres humanos sean tratados como objetos o instrumentos. No obstante, medidas punitivas como la prisión vitalicia acaban por cosificar al sentenciado quien termina como objeto de la política criminal del Estado, sobre el cual no habrá la necesidad de realizar medidas adecuadas para su reinserción, pues ésta nunca se dará. De igual forma, la prisión vitalicia condena a la persona privada de la libertad a transcurrir su vida internado sin la posibilidad de alcanzar su proyecto de vida con respeto a derechos ajenos, aun cuando el sentenciado haya satisfecho las finalidades del sistema penitenciario.(21)
36. De acuerdo con lo establecido anteriormente, la prisión perpetua, al anular de manera definitiva la libertad de una persona y suprimir toda expectativa de reinserción social, mientras que mantiene la noción del sentenciado como sujeto peligroso al que es necesario mantener recluido por el resto de su vida, menoscaba la dignidad humana.
37. Con base en lo anterior, este Tribunal Pleno estima que la pena de prisión vitalicia establecida en el artículo 127, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Chihuahua alegado como inconstitucional no se adecua al mandato constitucional referido, puesto que impide de forma absoluta al sentenciado gozar de su derecho a la reinserción social.
X. EFECTOS
38. Este Tribunal Pleno considera que la declaratoria de invalidez de la sanción de prisión vitalicia no conduce a otorgar un amparo que pudiera tener como efecto incidental dejar completamente impune el delito por el cual el quejoso ha sido condenado, pues ese remedio tampoco tendría sustento en nuestro orden constitucional.(22)
39. Por tanto, la autoridad responsable cuenta con discrecionalidad para analizar nuevamente la pena legalmente aplicable y realizar un ejercicio de individualización de la misma, a la luz de los hechos acreditados en el caso concreto; sin embargo, al realizar ese ejercicio, deberá considerar lo siguiente:
40. Al determinar el rango de punibilidad aplicable en términos del Código Penal local, deberá descartarse cualquier posibilidad de que se imponga una pena materialmente igual (o más aflictiva) de la que se está invalidando, lo cual iría en perjuicio del peticionario de amparo y en transgresión al principio non reformatio in peius.
41. En este sentido, el juzgador deberá evaluar si se actualizan las condiciones fácticas para aplicar el rango de punibilidad previsto para el delito de homicidio calificado, en el artículo 127, primer párrafo, del mismo Código,(23) vigente al momento de los hechos (octubre de 2011) y que contempla una sanción de 20 a 50 años prisión.
42. Al respecto, no se desconoce que el artículo 127 en su segundo párrafo fue reformado en el año 2021; sin embargo, esa reforma no tuvo como efecto eliminar la pena de prisión vitalicia, pues su texto la sigue contemplando.(24) Así, no sería posible aplicar el artículo 127 de dicho Código Penal local en su texto vigente, pues eso no redundaría en un beneficio para la persona. Si se permite la adecuación de la pena en esos términos, la autoridad responsable seguiría contando con un fundamento legal para, en su caso, imponer nuevamente la pena de prisión vitalicia, cuando este fallo la ha considerado inconstitucional. Imponer mayor carga al quejoso para alegar nuevamente la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, implicaría negar el acceso efectivo y rápido a la justicia protegido constitucional y convencionalmente. Por tanto, esa opción debe quedar descartada.
43. Finalmente, en el ejercicio de individualización de la pena se deberán tomar en cuenta los factores legalmente previstos para realizar esa ponderación, pero, por supuesto, también las consideraciones del presente fallo sobre el derecho a la reinserción social.
44. Una vez resueltos los temas por los cuales se atrajo el presente asunto, queda pendiente el estudio de los argumentos hechos valer por la parte quejosa sobre cuestiones de legalidad, pues el estudio de las mismas corresponde a la competencia originaria de los tribunales colegiados de circuito. En ese sentido, ese Tribunal Pleno reserva jurisdicción al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, para que se haga cargo de las cuestiones de legalidad aludidas, conforme a los estándares destacados en la presente resolución.
45. Por lo antes expuesto y fundado, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
R E S U E L V E:
PRIMERO. En la materia de la competencia de este Alto Tribunal, se declara fundado el concepto de violació
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33281-e564b855/prision-vitalicia-su-imposicion-viola-el-derecho-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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