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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES QUE VULNERAN DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. PENA INUSITADA. EN SU ACEPCIÓN CONSTITUCIONAL DEBE ENTENDERSE COMO AQUELLA QUE HA SIDO ABOLIDA POR INHUMANA, CRUEL, INFAMANTE Y EXCESIVA O PORQUE NO CORRESPONDE A LOS FINES QUE PERSIGUE LA PENALIDAD. IV. REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. REINSERCIÓN SOCIAL. EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ACTUAL SE PRETENDE LOGRARLO A TRAVÉS DEL ACCESO A LA SALUD, EL DEPORTE, EL TRABAJO Y LA CAPACITACIÓN, BAJO LA LÓGICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL SENTENCIADO. VI. PRISIÓN VITALICIA. LA SANCIÓN CON DURACIÓN IDÉNTICA A LA DE LA VIDA DEL SENTENCIADO SUPRIME POR COMPLETO LA POSIBILIDAD DE REINTEGRARSE A LA SOCIEDAD, Y LOS MEDIOS DESTINADOS A LA CONSECUCIÓN DEL FIN DE REINSERCIÓN PIERDEN COMPLETAMENTE SU UTILIDAD. VII. DELITO DE HOMICIDIO EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA NORMA QUE ESTABLECE LA "PRISIÓN VITALICIA" COMO SANCIÓN PARA QUIEN LO COMETA CON ENSAÑAMIENTO, CRUELDAD O DE ODIO MANIFIESTO MOTIVADO POR DISCRIMINACIÓN, AVERSIÓN O RECHAZO A LA VÍCTIMA POR SU CONDICIÓN SOCIAL O ECONÓMICA, RELIGIÓN, ORIGEN ÉTNICO, RAZA, DISCAPACIDAD, ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO DE LA VÍCTIMA, ES CONTRARIA A LA FINALIDAD DE LA PENA DE PRISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 242, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O PRISIÓN VITALICIA", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ADICIONADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 48, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DE DICHA ENTIDAD EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO (INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA "O PRISIÓN VITALICIA" CONTENIDA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ADICIONADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 48, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DE DICHA ENTIDAD EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA "O PRISIÓN VITALICIA" CONTENIDA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ADICIONADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 48, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DE DICHA ENTIDAD EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2019. · Registro digital (IUS): 33592
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-05
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.188.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 28 DE ENERO DE 2025. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: Decreto número 48 por el que se reforma el Código Penal del Estado de México, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de dicha entidad, el doce de junio de dos mil diecinueve.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiocho de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 78/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la porción normativa “o prisión vitalicia” de la fracción V del artículo 242 del Código Penal del Estado de México, adicionada mediante Decreto Número 48, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de dicha entidad el doce de junio de dos mil diecinueve.

TRÁMITE

1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, anterior Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(1) promovió acción de inconstitucionalidad en la que reclamó la invalidez del artículo 242, fracción V, del Código Penal del Estado de México, en la porción normativa que dispone “o prisión vitalicia”, adicionada mediante Decreto Número 48, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de dicha entidad, el doce de junio de dos mil diecinueve.(2)

2. Autoridades emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Poder Legislativo y se promulgó por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de México.

3. Conceptos de invalidez. El accionante expuso los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en los apartados destinados a su estudio.

4. Artículos señalados como violados. La parte promovente señaló como violados los artículos 1, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. Registro y turno. Por acuerdo de quince de julio de dos mil diecinueve, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 78/2019, y ordenó turnar el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora.

6. Admisión. Mediante acuerdo de cinco de agosto de dos mil diecinueve, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México para que rindieran sus informes dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación del citado auto.

7. Asimismo, requirió al Poder Legislativo estatal, por conducto de quien legalmente represente, para que al rendir el informe solicitado, envíe a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada; de igual forma, al Poder Ejecutivo Estatal para que exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial, en el que se publicó la norma cuya inconstitucionalidad se reclama; apercibidas dichas autoridades que, de no cumplir con lo anterior, se resolverá con las constancias que integran el expediente.

8. Finalmente, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

9. Informe del Poder Ejecutivo. Mediante oficio presentado el diez de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Carlos Felipe Fuentes del Río, en su carácter de representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de México, rindió el informe solicitado, en el que expuso, en síntesis, lo siguiente:

a) Que, contrario a lo expuesto por la Comisión accionante, la porción normativa “prisión vitalicia”, adicionada al artículo 242, del Código Penal del Estado de México, no fue adicionada en el Decreto 48, de doce de junio de dos mil diecinueve, sino el veinte de diciembre de dos mil once, mediante decreto 397, siendo acorde a lo establecido en la Constitución Federal y criterios jurisprudenciales. Por lo tanto, consideró que es improcedente por extemporánea la acción de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 constitucional.

b) Que los artículos 18, 19 y 20 constitucionales, regulan la pena de prisión, con la cual se persiguen dos resultados; el primero, la segregación del individuo que ha delinquido del núcleo social, ya que impuesta la pena o antes (prisión preventiva), el sujeto pierde su libertad locomotora dentro de la sociedad, y se mantiene recluido; la segunda la readaptación social del delincuente. Refiere que también la intensión es obtener la reparación del daño en su esfera patrimonial.

c) Que la pena de prisión, como pena privativa de libertad, constituye el núcleo central del sistema punitivo de México, por lo que, en su concepto genérico la pena de prisión no es de aquellas penas prohibidas en el artículo 22 de la Constitución, ya que fue el legislador quien la introdujo en nuestro sistema punitivo.

d) Que la pena de prisión vitalicia no desnaturaliza la que en su denominación se refleja, esto es la sanción restrictiva mediante la cual se priva al individuo de su libertad locomotora y se le mantiene recluido con el objeto de obtener su castigo, su segregación del medio social mientras dura ese aislamiento y su readaptación a la vida social, eliminando la peligrosidad del reo, sino se encuentra referida al aspecto de su aplicación; es decir, hasta el término de la vida del reo se aplicará una pena constitucionalmente aceptada en México y en múltiples sistemas punitivos en el mundo y en esos términos la pena sigue siendo la misma, la privación de la libertad locomotora, solo que varía en cuanto a su duración. Por lo que, en principio. No puede considerarse que solo por su duración deba calificarse de inusitada o trascendental y consecuentemente de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. Informe del Poder Legislativo. Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Diputado Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente de la LX Legislatura del Estado de México en representación del Poder Legislativo, rindió su informe en el que en esencia adujo lo siguiente:

a) Que la penalidad regulada en la fracción V, del artículo 242, del Código Penal del Estado de México, de ninguna manera resulta inusitada y desproporcional, toda vez que la propia Constitución prevé la pena de prisión, en ese sentido, el legislador en esa norma pretendía proteger y salvaguardar el derecho a la vida a este sector de la población intento a su estado de vulnerabilidad. Lo anterior ya que contempla el artículo:

- Al responsable de homicidio con ensañamiento, crueldad o de odio manifiesto motivado por discriminación, aversión o rechazo a la víctima por su condición social o económica, religión, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual o identidad de género de la víctima.

- Se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.

b) En ese sentido, refieren que, al prever la prisión vitalicia, no se violenta el artículo 22 de la Constitución Federal, como pena del delito de homicidio, por lo que no puede considerarse inusitada y trascendental como lo señala la parte actora, ya que la posibilidad de que la pena sea vitalicia no implica que sea inhumana, cruel, infamante, excesiva o que no corresponda a los fines que persigue la penalidad.

c) Refiere que la intensión del Constituyente no fue establecer un límite en la duración de las penas privativas de la libertad, por lo que dejó al legislador ordinario determinar cuáles son las conductas delictivas y la penalidad que se debe corresponder a cada una de ellas, en consecuencia, al establecer la Legislatura del Estado de México de manera particular, como pena, la prisión vitalicia, esta de ninguna manera resulta ser contraria al texto constitucional, porque de hacerlo así, el legislador atendió a la facultad otorgada por la propia carta magna.

d) Que la prisión vitalicia concuerda con la naturaleza de la pena, ya que atiende a la gravedad de la conducta delictiva en correlación con el riesgo social y la necesidad de preservar el orden jurídico.

e) Que la pena de prisión vitalicia no se ubica en los supuestos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, sin que la característica vitalicia implique que la pena sea desproporcional, ya que la pena forma parte de la defensa social, que responde de manera proporcional a la gravedad del ilícito cometido.

f) Concluye al referir que la fracción V, del artículo 242, brinda seguridad jurídica a la víctima, por lo tanto, se debe precisar que el artículo 14 constitucional consagra el principio de legalidad, consistente en la exacta aplicación de la ley penal, pero no sólo se circunscribe a los meros actos de aplicación, ya que para su cabal cumplimiento, la ley debe ser concebida sin ambigüedades y en forma tal que los términos descriptivos del tipo penal especifiquen los elementos respetivos, es decir, el delito y la pena deben ser claros, precisos y exactos, a fin de evitar confusiones en su aplicación y/o evitar causar demérito en la defensa del procesado. Consecuentemente la pena de prisión vitalicia no debe ser considerada como una “pena inusitada”.

11. Alegatos. Mediante escritos presentados el dieciocho y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobernador del Estado de México, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respectivamente, realizaron diversas manifestaciones a guisa de alegatos, en las que básicamente reiteraron sus argumentos expuestos en la demanda como en la contestación a la misma.

12. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

13. Primer returno. Por acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, en atención a lo determinado por el Tribunal Pleno en sesión pública de ese mismo día, en el cual se designó como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, se ordenó returnar el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a fin de que continuara con el trámite respectivo.

14. Segundo returno. Mediante auto de uno de diciembre de dos mil veintitrés, en atención a lo acordado por el Pleno de este Máximo Tribunal en sesión privada de ese mismo día, se ordenó nuevamente returnar el expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán.

I. COMPETENCIA

15. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre normas generales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. OPORTUNIDAD

16. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(4) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, en el entendido de que, si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

17. El decreto número 48, en el que se adicionó la fracción V, del artículo 242, del Código Penal del Estado de México, fue publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México el doce de junio de dos mil diecinueve, por lo que el plazo de treinta días naturales para efectos del cómputo respectivo transcurrió del trece de junio al doce de julio de dos mil diecinueve.

18. De tal suerte, si el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de julio de dos mil diecinueve, es decir, último día de dicho plazo, debe estimarse oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

19. Legitimación. A continuación, se procede analizar la legitimación del promovente de la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para su ejercicio.

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(5) las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

21. En el caso, la demanda de acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia del oficio número DGPL-1P3A.-4858, emitido por el Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el trece de noviembre de dos mil catorce, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo por el periodo comprendido del dos mil catorce al dos mil diecinueve.(6) Funcionario que cuenta con facultades para representar a la citada Comisión y promover acciones de inconstitucionalidad en su nombre, de conformidad con los artículos 15, fracciones I y XI de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(7) y 18 de su Reglamento Interno.(8)

22. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad respecto de leyes estatales que contraríen el orden constitucional; luego, en el caso, el Comisionado Presidente promovió la acción en contra del artículo 242, fracción V, particularmente en la porción normativa que dispone “o prisión vitalicia”, la cual estima que vulnera derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1, 2 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

23. En ese sentido, la Comisión actora está legitimada para promover acción de inconstitucionalidad, respecto de leyes federales, de las entidades federativas y tratados internacionales en que considere, existe vulneración a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los Tratados internacionales de los que México es parte.

24. Por lo anterior, se concluye que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

25. El Poder Ejecutivo del Estado de México, refirió que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción VII, del artículo 19, en relación con el artículo 21, fracción II y 60, primer párrafo de la Ley de la Materia,(10) al haberse presentado fuera de término la demanda, ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea la invalidez del artículo 242, fracción V, en específico de la porción normativa “prisión vitalicia”, del Código Penal del Estado de México, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, del Estado de México, el doce de junio de dos mil diecinueve, mediante Decreto 48; sin embargo, en su opinión, la prisión vitalicia fue incluida en la legislación penal mexiquense desde el veinte de diciembre de dos mil once, mediante Decreto 397, por lo que resulta evidente que el término de treinta días trascurrió en exceso.

26. Lo anterior, resulta infundado.

27. Así es, para evidenciar lo anterior, por principio, resulta oportuno conocer el contenido del artículo 242 del Código Penal del Estado de México previo al Decreto 48 impugnado, así como el vigente, cuyo texto es el siguiente:

Ver contenido

28. Lo antes trascrito resulta de suma relevancia, pues permite advertir a este Tribunal Pleno que el Decreto impugnado agregó un supuesto normativo distinto, es decir, la fracción V, que constituye una nueva norma tanto si se valora con un criterio formal como material de nuevo acto legislativo.

29. En este sentido, al tratarse de un supuesto normativo distinto, puede ser impugnado en los plazos que prevé la Ley Reglamentaria y, como ya se vio, la impugnación se realizó dentro del plazo legal.

30. Sin que sea relevante el que ya se preveía la prisión vitalicia como pena para otros supuestos delictivos desde diciembre de dos mil once, pues éstos no están impugnados.

31. Consecuentemente, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción II, y 60, primer párrafo de la ley reglamentaria de la materia, y tomando en consideración que no se hicieron valer otras causas de improcedencia ni este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que se actualice una diversa, lo procedente es analizar la regularidad constitucional de la norma impugnada.

V. ESTUDIO

32. De los argumentos esgrimidos en el concepto de invalidez que plantea la Comisión accionante, destaca el relativo a que la porción normativa “o prisión vitalicia” contenida en la fracción V del artículo 242 del Código Penal del Estado de México impugnada, es una pena inusitada al ser contraria al principio de reinserción social reconocido en el artículo 18 constitucional.

33. Sostiene que la reinserción social es una labor fundamental del Estado Mexicano, quien debe velar por el trato a los internos en estricto apego a lo que establece la Constitución; por lo que, si bien, el incremento punitivo ha sido motivado como respuesta de la demanda social por mayor seguridad y justicia, también lo es que no debe ser razón para apartarse del fin constitucional de reinsertar efectivamente a la sociedad a los sentenciados.

34. Refiere que, a consecuencia de lo anterior, dicha Comisión emitió el Pronunciamiento sobre Racionalización de la Pena de Prisión, en el que se puntualizó restituir el beneficio de libertad preparatoria, de remisión parcial de la pena y la preliberación y establecer un programa de prisión permanente revisable para aquellas personas sentenciadas con condenas superiores a los treinta años y en vitalicias, a partir del cumplimiento de programas de reinserción social efectiva y disminución de riesgo social.

35. Aduce que la porción normativa “o prisión vitalicia” deviene inconstitucional, toda vez que la sanción que priva de manera perpetua la libertad de una persona, en sí misma constituye una pena inusitada y excesiva, que es incompatible con lo que dispone el artículo 22 de la Constitución, al mismo tiempo que inadvierte el principio de reinserción social, reconocido en el artículo 18 de la propia norma fundamental.

36. Destaca que el Pleno de la Corte ha sostenido que por “pena inusitada” en su acepción constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad al no cubrir las características de una eficaz sanción. 37. Puntualiza que el Pleno de la Corte ya se pronunció en relación con que la pena de prisión vitalicia no es una pena inusitada en la jurisprudencia 1/2016, de rubro: “PRISIÓN VITALICIA. NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”, criterio que fue emitido previamente a la reforma constitucional en materia penal de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por lo que resulta necesario que la Corte se pronuncie en relación con el tema atendiendo al actual bloque de regularidad constitucional.

38. Dichos argumentos son fundados y, por ende, suficientes para declarar la invalidez de la porción normativa cuya regularidad constitucional se cuestiona.

39. A fin de exponer los motivos por los cuales se sustenta tal afirmación, en principio, es menester atender a la proscripción constitucional de las penas inusitadas.

40. Del artículo 22 constitucional, en congruencia con el precepto 5, numeral 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se tiene que deben evitarse las penas ambiguas, inusitadas y trascendentales.

41. Al respecto, este Alto Tribunal se ha posicionado(11) en el sentido de que el término inusitado aplicado a una pena no corresponde exactamente a la acepción gramatical de ese adjetivo, que significa lo no usado, ya que no podría concebirse que el Constituyente hubiera pretendido prohibir la aplicación, además de las penas que enuncia el citado precepto 22, de todas aquellas que no se hubiesen usado anteriormente; interpretar gramaticalmente el concepto, sería tanto como aceptar que dicha disposición constituye un impedimento para el progreso de la ciencia penal, pues cualquier innovación en la forma de sancionar los delitos implicaría la aplicación de una pena inusitada.

42. Se dijo que, por pena inusitada, en su acepción constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad.

43. Así las cosas, se apuntó, que por pena inusitada no sólo se debe entender aquellas que importan un maltrato ejercido de modo directo sobre el cuerpo y que causan dolor, sino todas aquellas que se alejan de los fines de la penalidad.

44. En lo atinente a este último aspecto, es pertinente exponer la finalidad del sistema penitenciario conforme al artículo 18 constitucional. En ese sentido, es oportuno señalar que la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al respecto en diversos precedentes.(12)

45. Ciertamente, la Primera Sala de este Alto Tribunal ha explicado que los fines de la pena de prisión, conforme al artículo 18 constitucional, se han orientado en tres aspectos a saber: 1) la regeneración; 2) la readaptación social; y 3) la reinserción social.

46. El primero de los fines apuntados, se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete, en la que se instauró un sistema penitenciario basado en el trabajo como medio, precisamente, de regeneración, tal como se aprecia de su artículo 18 constitucional, cuya redacción establecía:

“Artículo 18 (...)

Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán, en sus respectivos territorios, el sistema penal –colonias penitenciarías o presidios– sobre la base del trabajo como medio de regeneración.”

47. Con la reforma constitucional de veintitrés de febrero de mil novecientos sesenta y cinco, tuvo lugar el segundo de los fines referidos, en tanto se implementó un sistema penitenciario basado en el trabajo, la capacitación para desarrollarlo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente, de conformidad con el numeral 18 constitucional, cuyo texto era el siguiente:

“Artículo 18 (...)

Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.”

48. Finalmente, con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se optó por el fin de la pena precisado en último término, pues se organizó el sistema penitenciario sobre la base del trabajo, la capacitación para desarrollarlo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, en los términos indicados en el artículo 18 constitucional que se transcribe:

“Artículo 18 (...)

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. [...].”

49. Además, respecto a esta última finalidad de la pena, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se agregó como base para la organización del sistema penitenciario el respeto a los derechos humanos, en tanto que en el artículo 18 constitucional se estableció:

“Artículo 18. (...)

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.”

50. De dicha evolución legislativa del precepto aludido, en la Primera Sala se indicó que los cambios en su redacción no son gratuitos, sino que reflejan los objetivos que han perseguido tanto la pena como el sistema penitenciario en su conjunto. De manera que resultaba claro que en un inicio se consideró que el autor del delito era una persona degenerada, esto es, moralmente atrofiada, de ahí que la Constitución General aludiera a la necesidad de que el sistema penitenciario tuviera como finalidad la regeneración del individuo. En un segundo momento, se le percibió como un sujeto mental o psicológicamente desviado que, como tal, requería una readaptación. En ambos casos, el sentenciado debería ser objeto de tratamiento.

51. En cambio, las reformas a la Constitución General de dos mil ocho y dos mil once, básicamente resultaron en:

a) La sustitución del término “readaptación” por “reinserción”;

b) El abandono del término “delincuente”;

c) La inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos, como medio para lograr la reinserción;

d) La inclusión de un objetivo adicional a “lograr la reinserción”; a saber “procurar que la persona no vuelva a delinquir”, y;

e) La adición del concepto “beneficios” como parte de la lógica del sistema.

52. En la exposición de motivos de la reforma del artículo 18 constitucional en dos mil ocho, el Poder Constituyente expresó:

“[...] Dentro de esta propuesta, se busca introducir el respeto a los derechos humanos a un área en la que particularmente han sido vulnerados: el sistema penitenciario. Uno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en México es la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptación social. Es un hecho que en la actualidad muchos centros penitenciarios se han convertido en factores que aumentan la criminalidad entre la población, y esto se debe en gran parte a que en dichos centros son violentados en forma sistemática los derechos humanos de los reos, una falta de atención que comienza desde las mismas normas que organizan estos sistemas.

En razón de lo anterior, se consideró que sería un buen comienzo implementar estrategias para el nuevo concepto de reinserción social, empezando por ligar la organización de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechos humanos. Bajo este sistema, que ha resultado en otros países, es más probable lograr una verdadera inserción social que bajo el simple confinamiento del inculpado, dando a los reos el derecho a un trabajo remunerado y el derecho a la seguridad social entre otros, a fin de hacer efectiva su reintegración a la sociedad. [...].”

53. De dicha expresión se advierte, la intención de cambiar el concepto penitenciario de readaptación social por uno más eficiente, denominándolo de “reinserción” o “reintegración” a la sociedad, apoyado, entre otros elementos, en el respeto a los derechos humanos y el trabajo, no en el mero confinamiento del sentenciado.

54. Con relación a lo anterior, cabe señalar que al resolver la acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011,(13) el Tribunal Pleno señaló que el concepto de reinserción social funge como un principio que pone en línea el derecho penitenciario con el derecho penal del acto. Dijo que el hecho de que la Constitución General elimine la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que el infractor es un sujeto al que pudiera atribuirse el adjetivo de “desadaptado”, ayuda a formar la convicción de que nuestro sistema actual se decanta por un derecho penal sancionador de actos o de delitos, y no de personalidades, lo mismo demuestra el abandono de los términos “delincuente”, y “reo” pues también exhibe la intención del Constituyente Permanente de eliminar cualquier vestigio de un “derecho penal de autor”, permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito.

55. Así, añadió, que el nuevo sistema penal opera bajo el entendimiento de que el infractor puede y debe hacerse responsable de sus propios actos y,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33592-69027d2f/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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