Corpus
Modo: Corpus Pro

BENEFICIOS PRELIBERACIONALES. LA PROHIBICIÓN DE OTORGARLOS A QUIENES SE CONDENE POR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS NO VIOLA LOS DERECHOS A LA REINSERCIÓN SOCIAL Y DE IGUALDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 219/2024. · Registro digital (IUS): 33502
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.428.

AMPARO EN REVISIÓN 219/2024. 26 DE JUNIO DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El recurrente en cuestión fue sentenciado por el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil, previsto y sancionado por el artículo 17 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Dicha sentencia fue dictada por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León el trece de agosto de dos mil veintiuno. Posteriormente, el dos de noviembre de dos mil veintiuno, el defensor particular del sentenciado presentó ante la juez de ejecución controversia acerca de la duración, modificación y extinción de la pena y sus efectos. En la audiencia, la juez responsable concedió al sentenciado el beneficio de condena condicional, previsto en el artículo 108 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, supeditado a exhibir fianza determinada, estampar su firma cada mes ante la Agencia de Administración Penitenciara por un plazo igual al de la pena, no cambiar de domicilio, llevar tratamiento psicológico, no cometer un nuevo delito, entre otros.

Exhibida la garantía correspondiente y una vez ordenada la inmediata libertad por beneficio de la condena condicional, la Agente del Ministerio Público adscrita al juzgado de origen, interpuso recurso de apelación, aduciendo que el artículo 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establece que los sentenciados por los delitos comprendidos en dicha ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. La Sala estimó fundado el agravio y revocó la determinación de primer grado, ordenando que se continuara con la sanción impuesta al sentenciado.

Posteriormente, el sentenciado promovió juicio de amparo indirecto reclamando la inconstitucionalidad de los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y del numeral 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como de la resolución de la Sala. En este, se sobreseyó en el juicio por una parte, y por otra se le negó la protección constitucional.

Inconforme, interpuso recurso de revisión, materia de estudio en la presente sentencia. Así, el tema a dilucidar por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se constriñe a determinar la regularidad constitucional de los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el AMPARO EN REVISIÓN 219/2024, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por ********** (quejoso y recurrente), en contra de la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil veintitrés, por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en el expediente correspondiente al juicio de amparo indirecto **********.

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en la Unidad Receptora Común del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, **********, por propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto señalando como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes:

Ver autoridades responsables y actos reclamados

2. SEGUNDO. Derechos Humanos violados. La parte quejosa invocó como preceptos constitucionales vulnerados en su perjuicio, los reconocidos en los artículos 14, 16, 18, 19 y 20, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. TERCERO. Admisión, trámite y resolución del juicio de amparo. Por razón de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, quien por acuerdo plenario de quince de marzo de dos mil veintidós, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, al considerar que los actos reclamados no constituían una sentencia o resolución que pongan fin al juicio. Por esto, ordenó la remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, a fin del turno correspondiente.

4. Consecuentemente, conoció del asunto el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, quien por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, registró la demanda bajo el expediente **********, aceptando la competencia planteada y, previa aclaración y ratificación de la demanda, la admitió a trámite mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós.

5. Seguidos los trámites legales correspondientes, el uno de marzo de dos mil veintitrés, dictó resolución constitucional al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO. Este Juzgado resultó competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo estipulado en el considerando PRIMERO de este fallo.

SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo **********, promovido por **********, contra la aplicación en la resolución reclamada de los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando SÉPTIMO, apartado b) de esta resolución.

TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el contenido del arábigo 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, reclamado al PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y el CONGRESO DE LA UNIÓN (CÁMARA DE DIPUTADOS Y CÁMARA DE SENADORES), con residencia en la Ciudad de México, de acuerdo a las consideraciones señaladas en el considerando OCTAVO de este fallo.

CUARTO. Se NIEGA el amparo y protección de la justicia federal a **********, contra la resolución que combatió del MAGISTRADO DE LA DECIMOCUARTA SALA PENAL Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO y su ejecución atribuida a la JUEZA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES EN EL ESTADO, ambos con residencia en esta municipalidad, por los motivos expresados en el considerando DÉCIMO de esta sentencia.

(...)”

6. CUARTO. Interposición y trámite del recurso de revisión. Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa interpuso, por propio derecho, recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, quien por acuerdo de tres de mayo de dos mil veintitrés, lo registró bajo el expediente ********** y, por acuerdo de Presidencia de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite para resolver en sesión ordinaria de veintidós de febrero de dos mil veinticuatro en el siguiente sentido:

“PRIMERO. En la competencia de este tribunal colegiado de circuito se modifica la resolución recurrida.

SEGUNDO. Se reserva la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que en la materia de su competencia, decida lo conducente respecto de la Inconstitucionalidad de los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y del artículo 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos Delitos.

Notifíquese; con testimonio autorizado de la resolución al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado, remítanse los autos y sus anexos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

7. QUINTO. Acuerdo, admisión y trámite del amparo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con motivo de la reserva de jurisdicción determinada por el tribunal colegiado y hecha la remisión correspondiente, por auto de diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidente de este Alto Tribunal registró el recurso bajo el expediente 219/2024, ordenó radicarlo en esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y turnarlo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

8. Finalmente, en proveído de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala dispuso que la misma se avocara al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la Ponencia correspondiente, a fin de que se formulara el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA

9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de los recursos de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo en vigor; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en los puntos Segundo, fracción III, inciso A) y Tercero del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, y modificado mediante Instrumento Normativo aprobado por el Tribunal Pleno el diez de abril de dos mil veintitrés y publicado en el referido medio de difusión oficial el catorce de abril de esa anualidad.

10. Lo anterior, toda vez que se trata de un amparo indirecto en revisión interpuesto contra la sentencia dictada por un Juzgado de Distrito en cuyo juicio de amparo se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; sin que se considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

11. Es innecesario analizar la oportunidad y legitimación en el recurso, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito ya se pronunció al respecto.

III. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO

12. Previo al estudio de fondo, es necesario precisar las cuestiones medulares planteadas:

13. Antecedentes. De los autos que integran el juicio de amparo indirecto, se advierten los siguientes hechos:

a. El trece de agosto de dos mil veintiuno, el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León dictó sentencia condenatoria en contra de **********, declarándolo penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil, previsto y sancionado por el artículo 17 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,(1) a título de autor material directo y de forma dolosa, imponiéndole pena de prisión de cuatro años y seis meses, entre otras.

b. En dicho fallo, se tuvo demostrado que el sentenciado -y aquí recurrente- elaboró, almacenó y distribuyó, mediante un teléfono celular, diversos archivos consistentes en fotografías y videos de carácter sexual, en donde se exhibe a menores de edad desnudos y sosteniendo relaciones sexuales con personas adultas, siendo almacenados y distribuidos en plataformas digitales y redes sociales.

c. Firme la sentencia y seguidos los trámites, la Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Nuevo León, mediante acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, lo radicó con el número de carpeta ********** y declaró el inicio del procedimiento ordinario de ejecución.

d. El dos de noviembre de dos mil veintiuno, el defensor particular del sentenciado presentó ante la juez de ejecución controversia acerca de la duración, modificación y extinción de la pena y sus efectos, misma que, por acuerdo de cuatro de noviembre de dicha anualidad, ordenó correr traslado a las partes para que en un término de cinco días hábiles contestaran la acción u ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes, fijando a su vez fecha y hora en la que tuvo verificativo la audiencia respectiva.

e. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia señalada, en donde la juez responsable concedió al sentenciado el beneficio de condena condicional, previsto en el artículo 108 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, supeditado a exhibir fianza por la cantidad de cinco mil pesos moneda nacional, estampar su firma cada mes ante la Agencia de Administración Penitenciara por un plazo igual al de la pena, no cambiar de domicilio, llevar tratamiento psicológico, no cometer un nuevo delito, entre otros.

f. Exhibida la garantía correspondiente y una vez ordenada la inmediata libertad por beneficio de la condena condicional, la Agente del Ministerio Público adscrita al juzgado de origen, interpuso recurso de apelación, aduciendo que el artículo 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,(2) establece que los sentenciados por los delitos comprendidos en dicha ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena.

g. Por razón de turno, conoció el Magistrado de la Decimocuarta Sala Penal y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien en resolución del veinte de enero de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación **********, estimó fundado el agravio, revocando la determinación de primer grado y ordenando que se continuara con la sanción impuesta al sentenciado.

14. Conceptos de violación. La parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto, reclamando la inconstitucionalidad de los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y del numeral 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como de la sentencia de veinte de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ********** por la Decimocuarta Sala Penal y de Justicia Para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde se modificó la de la Juez de Ejecución, en donde se le concedía el beneficio solicitado. En la demanda, formuló diversos argumentos que a continuación se sintetizan:

• Estimó violados los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19 y 20, fracciones IV y V, de la Constitución Federal.

• Primero. Los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y el numeral 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, son incongruentes, pues no consideran las circunstancias particulares de cada caso, impidiendo a los condenados beneficiarse de un criterio de reinserción social fuera de un penal, los cuales, son lugares hostiles donde no se cumple el objetivo de la reinserción social. Dichas normas violan derechos humanos reconocidos en sede internacional, al ser injustas e inespecíficas.

Aunado a lo anterior, se debió aplicar lo especificado por el Código Penal del Estado de Nuevo León, en su artículo 108, y no lo establecido por el Magistrado de la Decimocuarta Sala Penal y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado al modificar la sentencia, consistente en una norma general, pues el juicio se llevó a cabo ante un juez de control del Estado y una juez del Estado.

• Segundo. Los artículos tildados de inconstitucionales generalizan la aplicación de restricciones a la condena condicional, sin observar las circunstancias particulares del caso y sin ser equitativos con otros artículos, en donde sí se beneficia a los condenados por diversos delitos dolosos, donde ocurren, por ejemplo, agresiones físicas.

Lo anterior atenta contra la libertad de la persona a la que le son aplicados, así como contra otros derechos humanos, pues también, su aplicación le niega a la persona sentenciada la posibilidad de cumplir la condena con las condiciones fijadas por el juez de ejecución, debiéndose aplicar sólo en casos particulares. Esto, pues en la esfera jurídica es menos castigado un atentado al pudor de un menor y, en otros casos, con la pena impuesta, si se concede el beneficio de condena condicional.

15. III. Consideraciones del Juez de Distrito. El Juzgado de Distrito de origen resolvió lo siguiente:

El juzgado es competente para conocer y resolver, la presentación de la demanda es oportuna y la parte quejosa está legitimada para solicitar el amparo.

A. Sobre la procedencia:

a) Del análisis de los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se observa que su naturaleza jurídica es de disposiciones normativas de carácter heteroaplicativo, requiriendo así de un acto de aplicación posterior a su entrada en vigor para que se genere un perjuicio y justifique la procedencia del juicio de amparo.

b) No obstante lo anterior, en cuanto a la aplicación de la resolución reclamada de los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, con relación al numeral 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Esto es así, pues de la lectura de la resolución impugnada, no se advierte la aplicación de los preceptos señalados y tildados de inconstitucionales, e incluso, se destaca que el resolutor estatal de segunda instancia no hizo mención de los mismos en su determinación. En ese tenor determinó sobreseer respecto de la alegada inconstitucionalidad de esos artículos.

c) Respecto del dispositivo 47 de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos, advirtió que el Magistrado responsable sí aplicó el artículo 47 de la señalada ley general, al argumentar que con motivo de lo establecido en dicho numeral no era dable otorgar al quejoso el beneficio de condena condicional, con lo que se constata el primer acto de aplicación de la norma combatida en su perjuicio.

d) Ahora, respecto de si se actualiza o no alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al rendir su informe justificado, en representación del Presidente de la República, adujo que al haberse publicado dicha Ley en el Diario Oficial de la Federación, sus efectos se habían consumado en su totalidad, alegando la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, relativa a la improcedencia del juicio de amparo respecto de actos consumados de modo irreparable. Dicho argumento se estimó infundado, pues se consideró que la publicación del Decreto que expidió la ley general referida, no puede considerarse como un acto consumado de modo irreparable, pues precisamente el amparo opera para que, en caso de aplicarse al quejoso una ley estimada inconstitucional, dicha aplicación quede sin efectos, enmendándose el derecho que aduce violado. Esto, a efecto de que se constriña a las autoridades responsables involucradas en su emisión a dejar sin efecto el numeral referido y a la autoridad jurisdiccional que no aplique el dispositivo.

B. Estudio de fondo:

Los conceptos de violación formulados por el quejoso en contra de la norma reclamada son infundados. Lo anterior, de conformidad con los argumentos que a continuación se sintetizan:

a) La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversos precedentes sobre la restricción expresa para conceder los beneficios preliberacionales, destacando lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Federal y precisando su evolución histórica, a partir de lo cual ha determinado que dicho dispositivo establece una facultad de libre configuración legislativa, en donde la pena de prisión pueda ser sustituida por otra que refleje un grado de menor severidad, lo cual no significa que el otorgamiento de esos beneficios de erija como derecho fundamental.

b) Lo anterior es así, pues del segundo párrafo del artículo señalado, se advierte que lo que tiene ese carácter es la prevención por parte del Estado de las medidas instrumentales necesarias para lograr la reinserción social y que, en la ley secundaria, se establezcan los beneficios que le sean sincrónicos, mismos que deberán concederse en la medida en que se cumplan los parámetros que condicionen su otorgamiento.

c) Aunado a esto, el establecimiento de beneficios preliberacionales tiene una finalidad eminentemente instrumental y no deben de confundirse los fines del sistema penitenciario con la justificación para obtenerlos, pues el hecho de que aquellos constituyan medios para incentivar la reinserción social del sentenciado, esto no implica su otorgamiento incondicional ni que se deban considerar un derecho fundamental.

d) Así las cosas, se observa que la Constitución Federal no contempla un derecho inviolable de los sentenciados a que se les otorgue un beneficio en lugar de cumplir con la condena ordinaria determinada por un juez penal, pues debe mencionarse que el establecimiento de estos beneficios, presuponen la existencia de un proceso criminal debidamente concluido y que ha llevado a la autoridad judicial a imponer una sentencia condenatoria a una persona que deberá compurgar una pena de prisión determinada, de conformidad con las leyes aplicables y las circunstancias particulares del caso en concreto.

e) Ahora bien, el artículo 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, establece, en la porción impugnada, que los sentenciados por los delitos comprendidos en dicha ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena.

f) De un análisis de la exposición de motivos de dicha ley, se advierte que una de las principales razones que dieron origen a la legislación referida fue concretizar las conductas específicas catalogadas como trata de personas, describiéndola como un delito aberrante, tanto en sus formas tradicionales como en formas análogas, precisando que esa práctica ilícita se ha incrementado por todas las acciones que las propician, constituyendo cadenas de delito, siendo necesario enfrentarlo con la adecuación de la ley a las características y condiciones especiales del mismo.

g) La prohibición establecida en el artículo 47 de la ley general referida no implica una violación a las medidas previstas en la Constitución Federal para lograr la reinserción social del sentenciado, puesto que el legislador ordinario, por razones de política criminal, consideró que no en todos los casos debían otorgarse dichos beneficios, buscando así desalentar la comisión de ciertas conductas que afecten gravemente el tejido social, como es el delito de trata de personas en sus diversas modalidades, lo que conlleva un tratamiento más riguroso.

h) A su vez, el planteamiento del quejoso respecto a que el precepto impugnado es inconstitucional al no establecer los beneficios generales mencionados, en razón de que otro tipo de delitos, como lesiones dolosas y otros que infieren ataques físicos a las personas si se le aplican las condenas condicionales, vulnerando en su perjuicio la garantía de igualdad jurídica, consagrada en el artículo 1° de la Constitución Federal. Sin embargo, la igualdad consiste en que todas las personas y sus derechos y obligaciones, sujetos a una legislación determinada dentro del territorio nacional, sean tratados del mismo modo, siempre y cuando las circunstancias sean las mismas.

i) El precepto impugnado no vulnera el principio de igualdad ya que no constituye una discriminación por exclusión que atente contra los derechos fundamentales, sino una distinción introducida por el legislador que se justifica, de forma razonable, en la relevancia penal de las conductas delictivas ahí previstas, así como en el impacto social y los bienes jurídicos protegidos, haciendo nula la posibilidad de poder acceder a algún beneficio sustantivo de conmutación de la pena o preliberacional.

j) El precepto impugnado no infringe lo establecido por los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal, pues aun cuando el quejoso no elevó conceptos de violación en ese sentido, no puede sostenerse que la improcedencia de los beneficios de libertad para los delitos de trata de personas estén relacionados con las garantías de audiencia, legalidad, certeza jurídica, debido proceso y adecuada defensa, ya que ello sería patente cuando no se respetaran las garantías constitucionales que rigen el proceso penal; no así por la procedencia o improcedencia de los beneficios preliberacionales.

k) De esta forma, se resolvió en el siguiente sentido:

• Se sobresee en el juicio de amparo contra la aplicación en la resolución reclamada de los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

• La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso contra el contenido del artículo 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, reclamado al Presidente de la República y al Congreso de la Unión.

• Se niega el amparo al quejoso en contra de la resolución del Magistrado de la Decimocuarta Sala Penal y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como su ejecución atribuida a la Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado.

16. IV. Agravios. El recurrente ********** hizo valer, en esencia, los siguientes agravios:

• PRIMERO. El Juez de Distrito consideró de manera errónea que no era acreedor al beneficio de la condena condicional, pues si bien los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen que para las personas sentenciadas por determinado tipo de delitos no es dable el beneficio señalado, el artículo 108 del Código Penal del Estado de Nuevo León no excluye el delito de trata de personas para el otorgamiento del beneficio de la condena condicional, siendo así que considero encontrarme en el supuesto del artículo 108 del Código Penal Estatal y no del numeral 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

El Juez de Distrito debió mantener la aplicación de la legislación local, en concreto, el ya referido artículo 108 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, puesto que el juicio fue llevado por un juez de control del estado y una juez de ejecución también del estado, siendo así que la aplicación del artículo 47, de la Ley General ya referida y aplicada, es contraria a los derechos humanos, pues esta perjudica al quejoso en cuanto a que se le niega dar cumplimiento a una condena previamente fijada.

• SEGUNDO. Los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y 47 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, son incongruentes al no producir los beneficios generales que caracterizan a una ley, pues sin observar las circunstancias de cada caso que se contempla en dichas leyes, le impide a los condenados poder aplicar a un criterio de reinserción social fuera de un penal; aunado al hecho de que la norma impugnada no especifica en cada supuesto cuáles beneficios son o no aplicables a las distintas conductas, resultando injustas y violatorias de derechos humanos.

• TERCERO. Los preceptos impugnados van en contra de la libertad de las personas y el principio de equidad, pues por diversos tipos de delitos, como el de lesiones dolosas, homicidio, y otros de índole físico y que pudieran ser considerados más graves, sí se les pueden aplicar los beneficios de condena condicional. Por esto, es que se deben de aplicar sólo en casos particulares, dado que es menos castigado en la esfera jurídica atentar contra el pudor de un menor, en donde sí se le concede el beneficio de condena condicional, que tener imágenes de menores en un dispositivo móvil que catalogan como pornografía infantil.

17. V. Resolución del Tribunal Colegiado. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito dictó su resolución en los siguientes términos:

• El Tribunal es competente para conocer del recurso de revisión, sin embargo se surte igualmente a favor de la Supr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33502-2f7d4f70/beneficios-preliberacionales-la-prohibicion-de-otorgarlos-a-quienes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.