TRATA DE PERSONAS MENORES DE EDAD. EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN VII, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 444/2025. 21 DE MAYO DE 2025. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: En dos mil trece, cuando la víctima de identidad reservada **********, tenía dieciséis años, se fue a vivir al domicilio de **********, derivado de la relación sentimental que tenía con su hijo **********. Por lo anterior, se generó un ambiente familiar.
Durante la relación ********** ejerció violencia física y psicológica contra la víctima menor de edad de identidad reservada **********, asimismo, procrearon dos hijos, y económicamente dependían de **********. En el segundo embarazo de la víctima ********** abandonó el domicilio, por lo que la enjuiciada, cuando la víctima del delito tenía aun diecisiete años de edad –aprovechándose de la situación de vulnerabilidad– le ofreció seguir viviendo en su domicilio y le propuso trabajar ejerciendo el trabajo sexual, ya que era la misma labor que ejercía la enjuiciada. Cobrándole una cantidad diaria para que ella pudiera ejercer esa labor en el mismo lugar que ella.
Debido a este suceso, se le declaró penalmente responsable a ********** por el delito de trata de personas agravado, en agravio de la menor de edad ofendida (al momento de los hechos) de identidad reservada de iniciales **********. Se le consideró el grado de culpabilidad mínimo, por lo que se le impuso la pena de veintidós años seis meses de prisión, entre otras sanciones. De igual manera, se le absolvió de la reparación del daño material y solo se le condenó al pago del daño moral.
En contra de lo anterior, se promovió recurso de apelación, y la Sala resolvió modificar la sentencia dictada en primera instancia únicamente en el resolutivo “segundo”. Por lo cual, la sentenciada promovió demanda de amparo, donde el Tribunal Colegiado determinó negar el amparo solicitado, Inconforme, interpuso el recurso de revisión materia del estudio.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo 42, fracción VII de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos contraviene el derecho fundamental de la quejosa a no ser juzgada dos veces por el mismo delito -principio non bis in idem- previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 444/2025, interpuesto por **********, por medio del defensor público federal, en contra de la sentencia dictada el cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el amparo directo **********.
El problema jurídico que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe resolver consiste en determinar si:
I. ¿El artículo 42, fracción VII, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos contraviene el derecho fundamental de la quejosa a no ser juzgada dos veces por el mismo delito -principio non bis in idem- previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
R E S U L T A N D O S:
PRIMERO. ANTECEDENTES
1. Para una mejor comprensión del asunto, se traen a colación algunos de los hechos que preceden a esta secuela procesal:
2. Como hechos materia de la acusación, se advierte en esencia que:
“A partir del diez de enero de dos mil trece, cuando la entonces menor pasivo de identidad reservada de iniciales **********, tenía dieciséis años de edad, se fue a vivir junto con el agente del delito ********** al domicilio de la activo **********, lo que permitió la quejosa por la relación de pareja que existía en ese momento con su hijo **********, lugar que habitaba también, el señor **********, señalado como pareja sentimental de la sentenciada **********, de lo cual se originó entre ellos una relación de familia, siendo así como la víctima (menor de edad al momento de los hechos) de identidad reservada de iniciales **********, se embarazó de su primera hija, misma que nació el veintidós de noviembre de dos mil trece, cuando aún vivía con los enjuiciados, periodo durante el cual la agraviada comenzó a ser maltratada física y verbalmente por su pareja **********, cuando le decía al enjuiciado que se fuera a trabajar o la dejara trabajar a ella, lo cual el no aceptaba, posteriormente aproximadamente en el mes de julio de dos mil catorce, concibió igualmente con el enjuiciado ********** a su segunda hija: no obstante, en el mes de diciembre cuando ella contaba con siete meses de embarazo fue abandonada por **********, quien la dejó para irse a vivir con otra persona, mientras ella tuvo que permanecer en casa de la justiciable por no contar con los medios para solventar sus gastos y los que le generaba el sustento de su menor hija y su embarazo, pues era ********** quien en ese momento la apoyaba únicamente en proveerla con pañales para su bebé y comida para ambas, pero no era suficiente para cubrir el resto de sus necesidades, por lo que la enjuiciada, el día catorce de diciembre de dos mil catorce, cuando la víctima del delito tenía aun diecisiete años de edad, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la agraviada, le propuso trabajar ejerciendo la prostitución, ya que era la misma labor que ejercía la enjuiciada. Todo esto pasando por alto que la víctima era menor de edad y estaba embarazada de su segunda hija. Lo que la llevó a dedicarse a la prostitución a partir el día quince de diciembre de dos mil catorce, en las instalaciones de la Central de Abasto, ubicada en **********, específicamente en **********, pues en ese lugar la acusada ********** le indicó que ejercía la prostitución y que ella controlaba quienes podían pararse en dicho lugar, por lo que nadie le haría nada por ser su nuera, informándole que para realizarlo debía usar minifalda para trabajar y tendría que cobrar ********** m.n ($******) por cada servicio sexual vía vaginal, con duración de diez o quince minutos, y que si el cliente quería otra cosa debía cobrarle aparte, imponiéndole la enjuiciada para tal efecto, la obligación de entregarle la cantidad de ********** m.n ($******) diarios, esto para dejarla ejercer la prostitución en el punto familiar. A principios del mes de enero de dos mil quince, regresó al domicilio de la enjuiciada su hijo, ********** en compañía de su segunda pareja de nombre “**********” imponiéndole de esa forma a la pasivo (menor de edad al momento de los hechos) de identidad reservada de iniciales **********, a vivir bajo el mismo techo que su nueva pareja menor de edad, sin haber tenido más opción que quedarse y someterse de nuevo al maltrato por parte de **********, al haber sido en esa forma que la víctima se adaptó a vivir para adquirir los medios que requería para su subsistencia y la de sus dos menores hijos, motivo por el que, incluso continuó desempeñándose en la prostitución. Durante este periodo, la nueva pareja de **********, “**********” igualmente recibió por parte del enjuiciado el mismo maltrato e incluso posteriormente ella también fue inducida por la enjuiciada para que trabajara como sexo servidora, igualmente teniéndole que entregar ********** pesos ($*********) diarios y al señor ********** le tenía que pagar ********** ($*********) por cuidarla. Sin embargo, el cinco de febrero de dos mil quince, ambos ya no regresaron a la casa de la enjuiciada, por lo cual, la pasivo del delito (menor de edad al momento de los hechos) de identidad reservada de iniciales ********** y el sentenciado ********** reanudaron su relación. Posteriormente, la enjuiciada le solicitó a su hijo ********** que acompañara a la menor víctima y la vigilara mientras ella ejercía el sexo servicio, cobrándole **********pesos m.n ($********) diarios. Todos estos hechos lesionaron el bien jurídico tutelado por la ley como lo es la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. (...)”.(1)
3. AVERIGUACIÓN PREVIA. El veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis el agente del Ministerio Publico consignó averiguación previa **********; mediante la cual, ejerció acción penal sin detenido en contra de **********, ********** y **********, como probables responsables en la comisión del delito de trata de personas agravada, en agravio de la víctima de iniciales **********.
4. ORDEN DE APRHENSIÓN. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, la jueza Vigésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México libró orden de aprehensión contra **********, ********** y **********, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de trata de personas agravado en agravio de la víctima de iniciales **********.
5. CAUSA PENAL. Por los hechos anteriores y seguido el trámite procesal correspondiente, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el juez Vigésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México, dictó sentencia en la que consideró a ********** y **********, penalmente responsables por la comisión del delito de trata de personas agravado, en agravio de la menor de edad ofendida (al momento de los hechos) de identidad reservada de iniciales **********.
6. En cuanto a la hoy quejosa, le consideró el grado de culpabilidad mínimo, por lo que se le impuso la pena de veintidós años seis meses de prisión y mil quinientos días de multa equivalentes a ********** (********** M.N.)
7. De igual manera, se absolvió a la ahora quejosa de la reparación del daño material, se le condenó al pago del daño moral y se le negó el beneficio de la suspensión condicional del proceso y el sustitutivo de la pena de prisión, por no reunir los requisitos de ley.
8. TOCA PENAL **********. En contra de dicha determinación, el defensor particular de la quejosa y su cosentenciado, así como el agente del Ministerio Público interpusieron recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Primera Sala Especializada en Ejecución de sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien mediante resolución de cinco de abril de dos mil diecinueve resolvió confirmar los puntos resolutivos “primero”, “tercero”, “cuarto”, y “quinto” del fallo apelado y modificar la sentencia dictada en primera instancia únicamente en el resolutivo “segundo”, que versa de la siguiente manera:
“SEGUNDO .- Por las circunstancias exteriores de ejecución del injusto de mérito, se impone a cada uno de los sentenciados ********** y **********, por la comisión del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO, la pena de 22 veintidós años 6 meses de prisión y 1500 mil quinientos días de multa equivalente a $********** (********** moneda nacional.) Pena de prisión que empezará a contar a partir del día 6 seis de mayo de 2017, por cuanto se refiere al sentenciado **********; y del día 7 siete de mayo de 2017 por cuanto se refiere a la sentenciada **********; en consecuencia, dentro de los 3 tres días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia deberá remitirse al Juez de Ejecución en turno, como autoridad judicial especializada, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como a la Autoridad Penitenciaria y pondrá a ********** y **********, a disposición del Juez en cuestión, ordenándole que conforme al diverso 103 de la misma ley, dicte el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución, se le designe un defensor para esa etapa; solicite la información necesaria a la autoridad penitenciaria correspondiente, para poder realizar el cómputo de la pena e integre su carpeta de ejecución.”
9. JUICIO DE AMPARO DIRECTO **********. Inconforme, ********** promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien en sesión ordinaria pública de cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, dictó resolución en la que negó el amparo a la quejosa. El cual se resolvió por mayoría de votos.
10. RECURSO DE REVISIÓN 444/2025: Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veinticinco, **********, por medio de su defensor púbico federal interpuso recurso de revisión.
11. ADMISIÓN Y TURNO. Mediante acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite el presente recurso de revisión y ordenó enviar los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
12. AVOCAMIENTO. Mediante acuerdo dictado el veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el avocamiento del asunto y ordenó turnarlo a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
C O N S I D E R A N D O S:
13. SEGUNDO. COMPETENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, esto de conformidad con el Artículo Transitorio Tercero del Decreto(2) por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; en concordancia con lo dispuesto en los Puntos Primero, Segundo, fracción III, inciso B), Tercero y Quinto, fracción I, del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte;(3) así como en lo establecido en los artículos 81, párrafo primero y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Máximo Tribunal(4) por tratarse de un asunto de naturaleza penal, competencia de esta Primera Sala y en el que no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
14. TERCERO. OPORTUNIDAD. Del análisis de las constancias que integran el expediente electrónico, se advierte que la quejosa solicitó desde su demanda de amparo que las notificaciones derivadas del asunto se realizaran de manera electrónica, en cumplimiento a ello, la sentencia del tribunal colegiado le fue notificada vía electrónica el siete de enero de dos mil veinticinco.
15. Ahora bien, en este caso la quejosa se encuentra privada de su libertad, por lo que, en términos del artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado tenía la obligación ineludible de ordenar que todas las notificaciones que emanen del trámite del juicio de amparo en materia penal se le practicaran de forma personal, tal y como ya lo ha señalado esta Primera Sala.(5)
16. No obstante, se advierte que en este caso no existe constancia de notificación más que la practicada por medios electrónicos, por lo que se debe concluir que la quejosa privada de su libertad nunca fue notificada, así no se puede considerar como fecha de notificación más que aquella en la que la recurrente en su escrito de agravios bajo protesta de decir verdad afirma que tuvo conocimiento de la sentencia recurrida, esto es, el siete de enero de dos mil veinticinco.
17. En ese tenor se tiene que, el recurso de revisión se interpuso oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, en atención a lo siguiente:
• La quejosa fue notificada electrónicamente de la sentencia recurrida el siete de enero de dos mil veinticinco.
• Dicha notificación surtió sus efectos ese mismo día, esto es, el siete de enero de la misma anualidad.
• Por tanto, el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del ocho al veintiuno de enero de dos mil veinticinco, descontándose de dicho plazo los días once, doce, dieciocho y diecinueve de enero, por ser sábados y domingos, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.
• Por tanto, si el recurso fue interpuesto el veintiuno de enero del presente año, resulta oportuna su presentación.
18. CUARTO. LEGITIMACIÓN. El recurso fue interpuesto por medio del defensor público federal de **********, parte legitimada para interponer el recurso de revisión, pues en el juicio de amparo directo se le tuvo por reconocida la calidad de quejosa.
19. QUINTO. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER EL ASUNTO. A fin de verificar la procedencia y, de ser el caso, estar en condiciones de resolver adecuadamente el problema planteado en el presente recurso de revisión, es necesario reseñar los conceptos de violación que en su momento se expresaron, las consideraciones de la sentencia recurrida, así como los agravios hechos valer por la quejosa, ahora recurrente:
20. Conceptos de violación. En su demanda de amparo, se argumentó, en esencia, lo siguiente:
• La fracción VII, del artículo 42 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en su supuesto de que el delito sea cometido contra una persona menor de dieciocho años de edad, es inconstitucional cuando es aplicada en relación con el último párrafo del diverso 13 de la misma ley, porque vulnera el principio non bis in idem “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito” en su vertiente de penalizar una misma circunstancia más de una vez, eso es, cuando el legislador permite que los factores objetivos del delito sirvan para incrementar la sanción, al retomarlos como causas configurativas de las agravantes.
Consideró que el artículo 13 realiza una excepción a que cuando el sujeto pasivo es una persona menor de dieciocho años no será necesario que se compruebe un medio comisivo, y que la persona que se beneficie de la explotación de una persona menor de dieciocho años a través de cualquier actividad sexual, le será impuesta una pena privativa de la libertad de entre quince y treinta años.
Por el otro lado, el artículo 42 de la ley referida establece que, a las personas consideradas penalmente responsables por alguno de los delitos mencionados en el título, se le agravará la pena si cumple con la condición de que el delito sea cometido contra un menor de dieciocho años de edad.
Lo cual significa que la pena de quince a treinta años de prisión y de treinta mil días de multa se incrementará hasta en una mitad cuando el delito de trata previsto en el artículo 13 de la ley se cometa en contra de una persona menor de dieciocho años.
Lo anterior genera que se reproche nuevamente el delito cometido en contra de menores de dieciocho años ya que se genera un incremento a la sanción básica. Todo esto contraviniendo al derecho humano a que no se castigue más de una vez por un hecho.
• La sentencia de apelación violó en perjuicio del quejoso su derecho humano de exacta aplicación de la ley, así como el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba o regla de juicio.
Se pudieron detectar fallas sustanciales que solo pudieron explicarse como resultado de una operación que parte de la presunción de culpabilidad contra la quejosa, y, por tanto, generó una violación al principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar de prueba, al considerarla penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas agravada. De un análisis al material probatorio se pudo observar que la versión de cargo no colmó los elementos del delito de trata de personas agravado, consistente en obtener un beneficio económico de la explotación sexual de la víctima a través de la prostitución.
• Al dictar la sentencia la Sala Responsable omitió su obligación de juzgar con perspectiva de género al no observar la situación de vulnerabilidad de la quejosa ya que pertenecía a una familia de escasos recursos, de poca instrucción escolar y también se dedicaba al sexo servicio desde sus quince años de edad.
• La Sala responsable pasó por alto lo resuelto en el amparo directo en revisión 2902/2014 al momento de emitir su resolución. En el cual se estableció que el reconocimiento y protección constitucional de los derechos humanos de las víctimas en el proceso penal es parte del derecho fundamental de acceso a la justicia.
Debe respetarse el debido proceso penal, en su convergencia con los derechos humanos de defensa y debido proceso de la persona imputada, así como el principio de presunción de inocencia.
Consideró que no es jurídicamente admisible que, bajo la aducida tutela de los derechos de una de las partes en el proceso penal, como es la víctima, pudieran vulnerarse los derechos fundamentales del imputado.
• No cualquier aprovechamiento que terceros hagan de la prostitución o actividad sexual de una persona, constituye un acto de explotación en los términos exigidos por el tipo penal previsto en el artículo 13 de la ley mencionada.
La trata de personas se considera como una forma de esclavitud, donde su comisión involucra formas de violencia física, mental y emocional hacia las víctimas, lo cual tiene como consecuencia su sometimiento. Lo cual no sucedió en el caso, ya que la víctima no estuvo en un estado de esclavitud o sometida en contra de su voluntad.
• La Sala responsable violó en perjuicio de la quejosa las reglas del debido proceso, presunción de inocencia y el derecho de defensa al tomar en consideración el testimonio rendido por ********** negándole la posibilidad a la quejosa y su defensa de refutar dicho medio de prueba. Esto igualmente implicó que fuera juzgada con base en pruebas que no se desahogaron en juicio.
• La Sala responsable desacreditó las pruebas de descargo ofrecidas por la quejosa sin tener un razonamiento sólido ni aportar argumentos precisos sobre qué fue lo que tomó en cuenta para restarles valor.
La Sala no tomó en consideración que los medios probatorios aportados por la fiscalía no fueron suficientes para acreditar más allá de toda duda razonable el delito que se le imputó a la quejosa ni su responsabilidad en la comisión, ya que la quejosa no recibió un beneficio económico de la explotación sexual de la víctima.
21. Sentencia de amparo. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito dictó resolución en la que negó el amparo a la quejosa, bajo las siguientes consideraciones:
• Señaló que contrario a lo mencionado por la quejosa, en la sentencia reclamada se tomó en consideración tanto el interés superior de la víctima como los derechos fundamentales relativos al debido proceso penal y de defensa de la persona imputada.
• Estimó que existía una situación de poder en la que se dejó a la víctima en una situación de vulnerabilidad y desventaja con relación a la sentenciada, que se aprovechó de esta situación.
• A pesar de que la sentenciada se dedicaba a la misma actividad, no se advirtió que ésta se encontrara vulnerable como la menor víctima, ya que era mayor de edad y se dedicaba a la prostitución motu proprio.
• Se consideró que en la sentencia recurrida se respetaron los derechos fundamentales de la quejosa, entre ellos su derecho a la defensa adecuada, ya que las autoridades jurisdiccionales se cercioraron de que estuviera asistida por un profesional en derecho. Así como el derecho al debido proceso, respetando las formalidades esenciales del procedimiento y garantías judiciales.
• No se inadvirtió que al rendir su declaración preparatoria se le designó un defensor de oficio al quejoso, sin embargo, no existen autos de constancia de que el defensor fuera licenciado en derecho, lo que vulneró su esfera jurídica. No obstante, a ningún fin práctico hubiera tenido instruir que se repusiera el procedimiento ya que se respetó el derecho de la quejosa a no declarar.
• No se advirtieron fallas o deficiencias en la defensa. Por lo cual, se consideró que la quejosa gozó de una defensa adecuada en su vertiente material.
• Se cumplió con el derecho de fundamentación y motivación en la acreditación del delito de trata de personas agravado y no infringió el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal. Ya que la autoridad responsable plasmó los preceptos constitucionales y legales aplicables al caso y realizó un análisis y una valoración de pruebas para estimar acreditada dicha conducta.
• Consideró acreditado que la responsable determinara que hubo una explotación ya que la quejosa se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la menor al tener que realizar trabajos sexuales para poder subsistir, de los cuales la quejosa recibía un lucro económico.
• No se generó una vulneración en perjuicio de la quejosa por la correcta justipreciación del acervo probatorio que obra en la causa de origen.
• El hecho de que la pasivo del delito haya manifestado que voluntariamente ejerció actos de prostitución y que en ningún momento fue obligada a prostituirse, esto no excluyó la comisión del delito de trata de personas ya que por su situación de vulnerabilidad el consentimiento no excluye la comisión del delito.
• Al juzgarse con perspectiva de género y tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad y desventaja de la menor víctima frente a los denunciados, generó que las declaraciones realizadas por la víctima constituyeran una prueba fundamental sobre el hecho denunciado.
• El cúmulo probatorio referente a los testimonios de los testigos permitieron comprobar que fue correcta la decisión de la Sala al determinar el delito mencionado.
• Se estableció que el artículo 42 fracción VII, en relación con el 13 ambos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos no conlleva la imposición de una penalidad doble o una recalificación dado que aquel precepto únicamente prevé las hipótesis o sanciones aplicables cuando la trata de personas está acompañada de un grado mayor de reproche debido a las circunstancias que concurren en su comisión, como es el caso de que el delito sea cometido contra un menor de dieciocho años.
• El artículo 13 de la ley mencionada establece que el que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante el engaño, la violencia física o moral, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, daño grave o amenaza de daño grave o amenazar de denunciarle ante las autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el pasivo se someta a las exigencias del activo, atiende al propósito que la persona que genera alguna de estas acciones se considerará actualizado el delito de trata de personas y se le impondrá una pena de 15 a 30 años de prisión.
• Ahora, en la parte final del artículo se establece que cuando se trate de personas menores de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la comprobación de los medios a los que hace referencia el artículo.
• Por lo anterior, se consideró que no violó el principio non bis ídem, pues se trata de un parámetro referencial de la conducta jurídico penal reprochable de carácter neutro, que consiste en no requerir la comprobación, en la acción simple, de los medios que hace referencia el artículo. Y no autorizó la imposición de una doble pena.
• Por otro lado, el artículo 42 de la misma ley, precisa la penalidad que debe imponerse cuando el ilícito se realice bajo determinadas circunstancias, esto es, que el tipo legal básico considera la cuantía para determinar su sanción y el delito especial toma como base las circunstancias de su ejecución. Se consideró que en este artículo se contiene la agravante prevista para el tipo penal básico establecido en el artículo 13.
• De igual manera, el principio non bis in ídem no se limita a prohibir la duplicidad o repetición de procesos respecto a hechos previamente juzgados como delictivos, sino que también prohíbe que el legislador penalice una conducta o una misma circunstancia más de una vez, lo cual no acontece en el caso.
• Consideró también que la sala tuvo correctamente comprobada la plena responsabilidad penal de la quejosa y que, acató los preceptos constitucionales a fin de determinar el grado de culpabilidad.
22. Agravios. **********, expuso en su escrito de agravios, en esencia lo siguiente:
a) El Tribunal Colegiado al momento de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la fracción VII del artículo 42 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, dejó de advertir que cuando es aplicada con relación al último párrafo del diverso artículo 13 de la misma ley vulnera el principio non bis ídem en su vertiente de penalizar una misma circunstancia más de una vez. Esto es cuando el legislador permite que los factores objetivos del delito sirvan para incrementar la sanción al retomarlos como causales configurativas de las agravantes.
No se considera que el artículo 13 por sí solo genere una contravención a la Constitución ya que busca una protección amplia a las niñas y niños qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33528-7c1b097b/trata-de-personas-menores-de-edad-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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