DELITO DE VIOLACIÓN CONTRA PERSONA MENOR DE QUINCE AÑOS O MAYOR DE SESENTA. EL ARTÍCULO 274, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5798/2024. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El doce de enero de dos mil diecinueve, a las 19:00 horas, una menor fue agredida sexualmente por su padrastro en su domicilio. Utilizando violencia física y moral, él le quitó el celular, la lanzó a la cama y la violó analmente durante aproximadamente dos minutos.
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Ciudad de México. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 5798/2024, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión ordinaria virtual del siete de junio de dos mil veinticuatro por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo 332/2023.
El problema que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si el artículo 274, fracción V, del Código Penal del Estado de México es contrario al principio de prohibición de doble punibilidad por la comisión de una misma conducta delictiva contenido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos: El doce de enero de dos mil diecinueve, a las 19:00 horas, la menor ********** estaba en su domicilio en **********, cuando su padrastro ********** la agredió sexualmente. Utilizando violencia física y moral, la sujetó y le quitó el celular. A pesar de sus intentos de resistir, la lanzó a la cama, le bajó los pantalones y la violó analmente durante aproximadamente dos minutos
2. Juicio penal. Por estos hechos, el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, dictó fallo de condena en contra del acusado. El tres de octubre siguiente, se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones y el ocho del mismo mes y año se llevó a cabo la lectura y explicación de la sentencia a las partes, en la cual se determinó que ********** es penalmente responsable de la comisión del delito de violación con modificativas (agravante de cometerse por el padrastro en contra de su hijastra y ser la víctima menor de quince años), previsto y sancionado por los artículos 273, párrafos primero y quinto, 274, fracciones II y V, en relación con el 6, 7, 8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de México, vigente en la época que acontecieron los hechos, por lo cual se le impuso, entre otras sanciones, la pena de treinta y cinco años y nueve meses de prisión.
3. Segunda instancia. Inconforme, el sentenciado a través de su defensora privada, interpuso un recurso de apelación ante el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México. El ocho de diciembre de dos mil veinte, se resolvió el recurso del toca de apelación **********, ordenando la reposición parcial del procedimiento y dejando sin efecto la audiencia del ocho de octubre de dos mil veinte. Se instruyó a la juzgadora a leer y explicar la sentencia de manera accesible para el sentenciado y la víctima. En cumplimiento de ello, la audiencia de lectura y explicación se llevó a cabo el cinco de febrero de dos mil veintiuno.
4. En desacuerdo con tal determinación, el sentenciado, por conducto de su defensora privada, interpuso otro recurso de apelación, del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México y el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno resolvió el toca de apelación **********, en el que confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia.
5. Amparo directo. Por escrito presentado de manera electrónica el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, ante el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, el sentenciado, por conducto de su defensa privada, promovió juicio de amparo directo.
6. Por razón de turno, correspondió el conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, asignándole el expediente 332/2023; asimismo, previo desahogo de diversos requerimientos se admitió a trámite la demanda. Sustanciado el proceso constitucional, el siete de junio de dos mil veinticuatro, se decidió negar el amparo solicitado al quejoso.
7. Recurso de revisión. Por escrito presentado el cinco de julio de dos mil veinticuatro, el quejoso, a través de su autorizada en términos amplios, interpuso recurso de revisión.
8. Trámite ante esta Suprema Corte. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dos de agosto de dos mil veinticuatro, tuvo por recibido el asunto, lo registró como amparo directo en revisión 5798/2024, lo admitió y ordenó turnarlo al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para la elaboración del proyecto de resolución y envió los autos para el trámite de radicación y avocamiento correspondiente a esta Primera Sala. Este último tuvo lugar en proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro.
I. COMPETENCIA
9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Puntos Tercero en relación con el Segundo del Acuerdo General Plenario 1/2023 vigente, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, competencia de esta Primera Sala y no se estima necesaria para su resolución la intervención del Pleno.
II. OPORTUNIDAD
10. La sentencia del Tribunal Colegiado fue notificada a la parte quejosa, por medio de lista publicada el veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, por lo que dicha notificación surtió efectos al día siguiente, es decir, el veintiséis del mismo mes y año. En consecuencia, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del veintisiete de junio al diez de julio de dos mil veinticuatro, descontándose los días veintinueve y treinta de junio, así como los días seis y siete de julio por ser sábados y domingos, por tanto, inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.
11. En ese contexto, si el escrito que contiene el recurso de revisión se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, el cinco de julio de dos mil veinticuatro, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la autorizada en términos amplios de la parte quejosa cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está demostrado que dicho carácter se les reconoció en el juicio de amparo directo 332/2023, en términos de lo dispuesto por los artículos 5, fracción I, 6 y 12 de la Ley de Amparo.
IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN
A. Cuestiones previas necesarias para resolver el asunto
13. A fin de resolver sobre la procedencia de este recurso de revisión, es necesario reseñar los argumentos esenciales expuestos en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, las consideraciones vertidas por el Tribunal Colegiado en la sentencia recurrida y los agravios hechos valer por el recurrente.
14. Conceptos de violación. En la demanda de amparo, el quejoso hizo valer diversos conceptos de violación, en los que se inconformó con lo siguiente:
a. En primer lugar, impugna la inconstitucionalidad del artículo 274, fracción V del Código Penal del Estado de México, que dice agrava las penas cuando la víctima es menor de quince años, argumentando que contradice los artículos 14 y 23 de la Constitución Federal.
b. Primero. El quejoso alega la violación de derechos humanos por no respetar el principio de non bis in idem, solicitando que se reevalúe la condena para evitar doble sanción.
c. Segundo. Argumenta que la aplicación de penas más severas por la edad de la víctima infringe el principio de non bis in idem, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del artículo 274 fracción V del Código Penal del Estado de México.
d. Tercero. Sostiene que se vulneró el derecho al debido proceso al no permitir que, en la etapa de alegatos de la audiencia de juicio oral, la menor manifestara que el hecho materia de la acusación en realidad nunca ocurrió, con lo que se violó el derecho de la víctima de intervenir en el proceso penal, aunado a que sin estar dentro de sus facultades competenciales la juez de origen determinó que la guarda y custodia de la menor quedara a cargo del DIF de la localidad.
e. Cuarto. Se inconforma con la valoración de pruebas, argumentando que la investigación fue deficiente y la sentencia carece de fundamentación, al respecto expresa las razones por las que a su juicio debió negarse valor probatorio a las pruebas de cargo.
f. Quinto. Aduce que la sentencia no considera adecuadamente las pruebas de descargo y no demuestra su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
g. Sexto. Sostiene que la sentencia carece de congruencia y exhaustividad, resaltando la importancia de la presunción de inocencia.
h. Séptimo. Afirma que el testimonio de la menor no acreditó el delito, aunado a que a esta se le vulneró su derecho a la asesoría jurídica dado que en uno de los segmentos de la audiencia de juicio la madre de la menor víctima hizo saber a la Jueza de origen que su hija le indicó que en realidad la conducta imputada nunca existió y solicitó que se le escuchara para que de viva voz realizara esa manifestación, lo que no permitió la juzgadora coartándole su derecho de intervenir en la audiencia en perjuicio del acusado.
i. Octavo. Argumenta que la sentencia impone una doble sanción, violando el principio de non bis in idem, concluyendo que en todo caso la pena debe ser de diecisiete años de prisión.
15. Consideraciones del Tribunal Colegiado. Los argumentos que sostuvo el órgano jurisdiccional son los siguientes:
a. El Tribunal Colegiado de Circuito sostiene que el artículo 274, fracción V del Código Penal del Estado de México no viola el principio non bis in idem. Argumenta que la pena adicional por violación agravada es un aumento del reproche penal y no una doble sanción.
b. La legislación permite tipificar delitos y agravantes sin arbitrariedad, siempre que no se juzgue dos veces por los mismos hechos.
c. La violación sexual equiparada se considera un delito autónomo, que se comete aprovechando la vulnerabilidad de la víctima.
d. El Tribunal verificó que no hubo transgresiones al derecho de debido proceso y que el acusado tuvo un defensor y se le explicaron sus derechos.
e. Se garantizó el derecho a una defensa adecuada y se respetaron los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
f. La autoridad cumplió con los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
g. La sentencia analizó las pruebas y estableció la responsabilidad penal del quejoso en la violación de una menor.
h. El testimonio de la víctima fue corroborado por otros testigos y peritos, confirmando signos de violencia sexual.
i. El Tribunal de Alzada determinó que la responsabilidad penal del quejoso está plenamente acreditada, rompiendo el principio de presunción de inocencia. La decisión se basó en la adminiculación lógica de pruebas, destacando el testimonio firme de la víctima.
j. Se acreditaron los elementos del delito de violación, agravado por ser el sujeto activo padrastro de la víctima menor de quince años.
k. El Tribunal validó el grado de culpabilidad y la naturaleza dolosa de la conducta, considerando la vulnerabilidad de la víctima.
l. Se negó el amparo solicitado, al no encontrarse fundamentos para su defensa.
16. Agravios. En desacuerdo con la determinación del Tribunal Colegiado, el quejoso interpuso recurso de revisión en el que hizo valer los motivos de disenso siguientes:
a. Primero: Cuestiona la inconstitucionalidad del artículo 274, fracción V del Código Penal del Estado de México, que impone sanciones dobles por violación agravada a menores de quince años, argumentando violaciones a los artículos 14 y 23 de la Constitución Federal. Solicita declarar inconstitucional esta norma y aplicar la pena del artículo 273 del citado código.
b. Segundo: Se argumenta que se vulneraron sus derechos humanos, especialmente el principio de non bis in idem, al no justificar la doble sanción.
c. Tercero: Se discute la falta de cumplimiento de formalidades en el debido proceso, señalando que no se permitió la intervención de la víctima en la audiencia del veintiocho de septiembre de dos mil veinte.
d. Cuarto: Se critica la actuación del Ministerio Público por no justificar la participación del quejoso en el delito, señalando deficiencias en la investigación y testimonios contradictorios.
e. Quinto: Argumenta que no se presentaron pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del quejoso, lo que contraviene los principios del sistema penal acusatorio y la presunción de inocencia. Se concluye que no se acreditó su responsabilidad penal, por lo que debe ser absuelto.
B. Estudio sobre la procedencia
17. Para determinar si el recurso de revisión que nos ocupa es procedente, es oportuno responder el cuestionamiento siguiente:
¿El presente asunto cumple con los requisitos normativos para su procedencia?
18. La respuesta a dicha interrogante debe ser en sentido positivo atento a las siguientes consideraciones.
19. En principio debemos destacar que de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, se deriva lo siguiente: el recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si en ellas se decidió u omitió resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general o se establezca la interpretación de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que dichos temas se hubieren planteado en la demanda de amparo, o bien, que el órgano colegiado oficiosamente hubiera introducido su estudio.
20. Asimismo, se considera procedente el recurso de revisión si el problema de constitucionalidad referido entraña la fijación de un criterio que revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos a juicio de este Alto Tribunal, lo cual se actualiza en dos supuestos:
a. Cuando se advierta que la resolución de un amparo directo en revisión dará lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante para el orden jurídico nacional.
b. Cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o bien, se hubiere omitido su aplicación.
21. Cuando se advierta que la resolución de un amparo directo en revisión dará lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante para el orden jurídico nacional.
22. De un análisis de las constancias que integran el presente asunto, se observa que el quejoso planteó en su demanda de amparo la inconstitucionalidad del artículo 274, fracción V del Código Penal del Estado de México, que prevé el delito de violación con modificativas (que la víctima menor de quince años), por el que fue procesado y sentenciado, al considerar que es violatorio del principio non bis in idem contenido en el artículo 23 de la Constitución General.
23. Al respecto, el Tribunal Colegiado calificó de infundados dichos conceptos de violación, pues estimó que la norma impugnada es acorde con el texto fundamental. Frente a ello, en sus agravios el quejoso insiste en que el artículo antes mencionado es inconstitucional, pues viola el principio non bis in idem.
24. En ese sentido, se actualiza un genuino tópico constitucional, relativo a la regularidad constitucional del artículo 274, fracción V del Código Penal del Estado de México a la luz del principio de prohibición de doble punibilidad por la comisión de una misma conducta delictiva, cuyo estudio debe ser atendido por esta Primera Sala.
25. Igualmente, se considera que el recurso de revisión reviste un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, pues a juicio de esta Primera Sala, la resolución del presente asunto dará lugar a un pronunciamiento novedoso para el orden jurídico nacional, toda vez que no existe pronunciamiento de este Alto Tribunal sobre la constitucionalidad del precepto impugnado, de modo que el recurso de revisión que nos ocupa resulta procedente.
26. Es preciso destacar que los diversos motivos de disenso en los que el quejoso y aquí recurrente se inconformó con temas relativos a la valoración de pruebas, así como el referente a la graduación de la culpabilidad y la imposición de la pena por considerarla excesiva, no serán materia de análisis en esta ejecutoria toda vez que constituyen temas de legalidad que escapan de la competencia de estudio de este Alto Tribunal.
27. De igual forma, tampoco serán motivo de análisis de fondo los motivos de disenso relacionados con la pretendida violación a su derecho de defensa adecuada, en la medida de que el Tribunal Colegiado al dar respuesta a los conceptos de violación relacionados con dicho tópico constitucional, atendió a la doctrina que al respecto ha emitido esta Primera Sala y en un ejercicio de legalidad consideró que no se infringió ese derecho en perjuicio del quejoso.
V. ESTUDIO DE FONDO
28. Una vez decidido lo relativo a la procedencia del recurso, resulta oportuno formular el cuestionamiento sobre el que se sustentara el estudio de fondo del asunto:
¿El artículo 274, fracción V, del Código Penal del Estado de México es contrario al principio de prohibición de doble punibilidad por la comisión de una misma conducta delictiva contenido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
29. La respuesta a dicha interrogante es en sentido negativo atento a las siguientes consideraciones.
30. Para sustentar la respuesta, la metodología que seguirá el asunto consistirá en desarrollar los siguientes temas: (V.1.) Análisis sobre el principio de prohibición de doble punibilidad por la comisión de una misma conducta delictiva; (V.2.) Configuración del delito de violación en la legislación penal del Estado de México; y (V.3.) Análisis sobre la constitucionalidad del artículo 274, fracción V, del Código Penal del Estado de México.
V.1. Análisis sobre el principio de prohibición de doble punibilidad por la comisión de una misma conducta delictiva
31. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la oportunidad de abordar este principio establecido en el primer párrafo del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el cual señala de manera literal:
Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.
[...]
32. El principio de prohibición de doble punición o procesamiento por la misma conducta delictiva también es conocido como non bis in idem. 33. Al resolver el amparo directo en revisión 2104/2015 esta Primera Sala determinó que la prohibición de doble juzgamiento recae en los hechos atribuidos que configuran una conducta delictiva concreta y no a la denominación general del delito. Su justificación radica en que una sentencia definitiva obtiene una firmeza tal que permite considerar su estudio como cosa juzgada, es decir, irrebatible, indiscutible, inmodificable ordinariamente por un órgano jurisdiccional y acatable en sus términos.(2)
34. Desde una perspectiva de corte convencional, el citado principio se encuentra previsto en el artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece:
Artículo 8. Garantías Judiciales.
[...]
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
[...]
35. De igual manera, se encuentra reconocido en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece:
Artículo 14.
[...]
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.
36. La esencia normativa de este precepto que consagra el principio non bis in idem es la de que nadie pueda ser sometido a un proceso más de una vez y, en consecuencia, que tampoco pueda ser doblemente sancionado por los mismos hechos.
37. La figura en estudio está dirigida a dotar de seguridad jurídica a todo gobernado frente a la actuación represiva del Estado, ya que la circunstancia de que una persona pueda ser procesada o sancionada por segunda ocasión con respecto a un mismo hecho, atenta contra la dignidad humana, la libertad, la presunción de inocencia y, en general, al debido proceso, todo esto derivado del ejercicio excesivo o arbitrario del Estado.
38. El derecho humano en estudio prohíbe la persecución penal múltiple. En otras palabras, prohíbe que alguien sea juzgado más de una vez por la misma conducta delictuosa o por los mismos hechos constitutivos de un delito previsto por la ley. Lo importante es que no se haga más de un pronunciamiento en relación con una conducta concreta, ya sea que obtenga una sentencia condenatoria o absolutoria.
39. Esto es, tal prohibición constituye un derecho de libertad y de legalidad en favor de todo gobernado y la imposibilidad de ser objeto de una persecución estatal doble o bien, ser sancionado con la imposición de varias penas por un mismo hecho. Se tutela el derecho a la seguridad jurídica, que trasciende como principio de la cosa juzgada, por lo que se impide la multiplicidad de juzgamientos y, en consecuencia, de penas por el mismo hecho —un solo juzgamiento, una sola sentencia por un solo delito, así como una sola pena para el inculpado—. Este derecho también prohíbe que pueda imponerse a una misma conducta una doble penalidad, con lo que se evita que se sancione penalmente más de una vez.
40. Del análisis de los instrumentos jurídicos citados, la doctrina constitucional sostiene que el principio en estudio tiene dos modalidades:
1) Una vertiente sustantiva o material. Consistente en que nadie debe ser castigado dos veces por la misma conducta. Con lo que se veda la plural imposición de consecuencias jurídicas sobre una misma infracción.
2) La vertiente adjetiva–procesal. La cual consiste en que nadie debe ser juzgado o procesado dos veces por el mismo hecho, siempre que sobre el mismo haya recaído una sentencia firme, auto de sobreseimiento, o confirmación del no ejercicio de la acción penal definitivo.
41. En la vertiente sustantiva o material estamos frente a la previsión de que a ninguna persona se le pueden imponer dos consecuencias jurídicas respecto de un mismo proceder.
42. En la modalidad adjetiva–procesal el principio en estudio prohíbe un segundo procesamiento con relación a un mismo delito; es decir, una vez que un gobernado ha sido definitivamente juzgado por un hecho, ya sea que haya sido absuelto o condenado, el principio fundamental en estudio es susceptible de ser vulnerado con la tramitación de un nuevo procedimiento.
43. En la primera vertiente, el presupuesto estaría constituido por la identidad de la infracción y la consecuencia por la sanción de contenido punitivo o, en su caso absolución definitiva. En cambio, en la segunda, el presupuesto radicaría no en el delito, sino en el hecho, por lo que la consecuencia sería evitar el segundo proceso. Así, se constituye como una protección prejudicial, precisamente para evitar la carga de una segunda tramitación procesal.
44. Es aplicable al respecto, la tesis aislada de esta Primera Sala, de tema: “NON BIS IN IDEM, VIOLACIÓN NO CONFIGURADA AL PRINCIPIO DE”.(3)
45. La doctrina constitucional en torno al derecho fundamental en estudio perfila tres elementos configuradores o también llamados presupuestos de identidad, los cuales, tienen que ser constatados en cada caso a efecto de que pueda operar esta prerrogativa constitucional: a) Identidad del sujeto; b) Identidad en el hecho; y c) Identidad de fundamento.
46. Con respecto al primer presupuesto de identidad (sujeto), podemos afirmar que como el derecho fundamental en estudio representa una garantía de seguridad individual, únicamente puede proteger a la persona que perseguida penalmente haya recibido sentencia pasada por la autoridad de cosa juzgada, a fin de que no vuelva a ser perseguida, procesada o sentenciada en otro procedimiento penal que tenga por objeto la imputación por el mismo hecho. Sin duda, se trata de un presupuesto de operatividad necesario que deviene personal e intransferible.
47. En cuanto al segundo presupuesto de identidad (hecho), consistente en la identidad fáctica, se exige que la persecución penal tenga como base el mismo comportamiento o delito atribuido a la misma persona. A este elemento, también se le conoce como identidad objetiva.
48. Finalmente, el tercer presupuesto de identidad (fundamento), se refiere a la constatación de la existencia de una previa decisión de fondo o definitiva que hubiera puesto fin a la controversia, ya sea absolviendo o condenando a la persona en contra de la cual se pretende realizar una segunda imputación o juzgamiento, o en su caso, que mediante alguna resolución análoga (sobreseimiento o no ejercicio definitivo) se hubiere generado el efecto de inafectabilidad de la situación jurídica establecida a favor de la persona.
49. Cabe agregar que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3731/2015,(4) determinó que el fundamento jurídico que describe y sanciona la conducta atribuida al quejoso no debe ser necesariamente el previsto en el mismo cuerpo normativo, pues puede ocurrir que se instruya una causa penal a una misma persona por los mismos hechos, pero en una legislación diversa, correspondiente a otra entidad federativa o en distinto fuero.
50. En dicho precedente se destacó que, al igual que este alto tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la expresión “los mismos hechos” a que se refiere el artículo 8.4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debía interpretarse con mayor protección, es decir, que analizados los hechos delictivos en una norma de naturaleza penal, no podían volverse a juzgar por una descripción idéntica prevista en otro ordenamiento, pero que también pertenece al orden penal.(5)
51. La vertiente adjetiva–procesal del principio de prohibición de doble juzgamiento se refiere a que una persona no puede ser procesada dos veces por los mismos hechos que constituyan la misma conducta tipificada como delito. La posible consecuencia de esa afectación es la anulación de uno de esos procesos, pero no la absolución en ambos asuntos, ya que dicho proceder generaría impunidad.(6)
52. Además, al resolver esta Primera Sala el amparo directo en revisión 534/2016,(7) determinó que la interpretación al principio non bis in idem debe incluir la prohibición de aquellos casos en los que la persona es sometida a múltiples acusaciones simultáneas, impulsadas por el mismo órgano acusador, con base en el mismo fundamento normativo (idéntica clasificación típica) y la misma base fáctica. Es decir, incluye casos en los que se consignan múltiples acusaciones paralelas que reúnen los tres presupuestos de identidad.
53. Este derecho humano prohíbe la persecución penal múltiple. Si nadie puede ser doblemente sancionado por los mismos hechos, entonces tampoco nadie puede ser doble y simultáneamente sometido a proceso por ellos.
54. Esta Primera Sala ya ha considerado que este principio no se reduce a solamente prohibir un nuevo procesamiento o juzgamiento cuando previamente se ha alcanzado el estatus de cosa juzgada por la obtención de sentencia condenatoria o absolutoria ejecutoriada. Ello, pues la protección de ese derecho también aplica a aquellos supuestos en los que se ha obtenido alguna decisión con efectos análogos a una sentencia definitiva con motivo de un primer procesamiento.
55. Pero, además, el contenido de este principio incluso debe ir más allá: la prohibición incluye aquellos casos en los que la persona es sometida a múltiples acusaciones simultáneas, impulsadas por el mismo órgano acusador, con base en el mismo fundamento normativo (idéntica clasificación típica) y la misma base fáctica. Es decir, incluye casos en los que se consignan múltiples acusaciones paralelas que reúnen los tres presupuestos de identidad.
56. Cuando una persona ya enfrenta una primera acusación por determinado delito y respecto a ciertos hechos, ese proceso debe seguir su curso natural, desembocar de acuerdo con el cauce y los plazos dictados por el ordenamiento procesal aplicable. Es en el marco de ese primer proceso donde el órgano de la acusación competente tiene, no solo la oportunidad, sino también el deber de impulsar su acusación y también es en el marco de ese proceso donde el imputado puede hacer valer su defensa.
57. Así, cuando una primera acción penal ya ha sido consignada ante la autoridad judicial, el órgano de la acusación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33020-f0c8b256/delito-de-violacion-contra-persona-menor-de-quince · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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