DELITO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL. LAS SANCIONES ESTABLECIDAS PARA ESE ILÍCITO EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7698/2023. 3 DE JULIO DE 2024. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIADO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y MARÍA DEL CARMEN MONTIEL RODRÍGUEZ.
Colaboradoras: Zulma Marlene Lara Ceballos, Claudia Guadalupe Sabido Ortiz y Jimena Flores Correa
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El 27 de marzo de 2019, un hombre abusó sexualmente de su sobrino de 12 años de edad.
Por tales hechos, se instruyó un procedimiento penal acusatorio en el que se dictó una sentencia condenatoria en contra del ahora recurrente por haber cometido el delito de abuso sexual en contra de una persona menor de edad, por lo que se le impuso una pena de 13 años y 3 meses de prisión, entre otras sanciones. Esa resolución fue confirmada en apelación.
Inconforme, el sentenciado promovió un juicio de amparo directo en el que reclamó la inconstitucionalidad de la pena del artículo que regula el delito, lo cual fue declarado infundado por el Tribunal Colegiado, pero le concedió la protección constitucional para que el tribunal de alzada valorara nuevamente el grado de culpabilidad y modificara las penas.
En desacuerdo, el quejoso interpuso el presente recurso de revisión.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 7698/2023, interpuesto por Persona “A” en contra de la sentencia de once de octubre de dos mil veintitrés emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo Primer número de expediente de su índice.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en establecer si el precepto 270, fracción II, del Código Penal del Estado de México, que regula las sanciones aplicables al delito de abuso sexual,(1) vulnera el principio de proporcionalidad de las penas que deriva del artículo 22 de la Constitución Política del país.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos.(2) El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las tres y media de la tarde, la víctima de identidad reservada de doce años de edad se encontraba en el domicilio de su tío Persona “A”, ubicado en el municipio de Lerma, Estado de México.
2. El señor Persona “A”, al ver a su sobrino, le preguntó que si se acordaba cómo le sobaba los pies, el menor le contestó que sí, entonces le dijo que le daría veinte pesos para la escuela si lo hacía, pero el menor no accedió. Posteriormente, fueron a un cuarto y, en ese lugar, el señor Persona “A” metió la mano derecha adentro del pants del adolescente, le empezó a tocar su pene y masajear por encima de la ropa interior. Cuando el señor quitó la mano, la víctima menor de edad se echó a correr.
3. En noviembre de dos mil veintiuno, el señor Persona “B”, tío de la víctima, le informó a la mamá de la víctima, la señora Persona “C”, que platicando con su hijo se había enterado de que el señor Persona “A” abusaba sexualmente de sus sobrinos. Con motivo de tales hechos, la señora Persona “C” llevó a su hijo menor de edad ante el ministerio público para presentar una denuncia.
4. Causa penal Segundo número de expediente. El cinco de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dictó sentencia condenatoria en contra de Persona “A” por su responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual en agravio de la víctima adolescente, previsto y sancionado en el artículo 270, fracción II, en relación con el 6, 7, 8, fracciones I y III y, 11, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de México vigente al momento de los hechos.(3)
5. Por lo anterior, le impuso al sentenciado una pena de trece años y tres meses de prisión, lo condenó al pago de una multa y de la reparación del daño material y moral, entre otras sanciones.
6. Toca de apelación Tercer número de expediente. En contra de esa determinación, el señor Persona “A” interpuso un recurso de apelación que correspondió conocer al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México. Mediante ejecutoria emitida el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el tribunal de alzada determinó confirmar el fallo condenatorio.
7. Primera demanda de amparo directo. En contra de la sentencia de apelación, el seis de marzo de dos mil veintitrés, el señor Persona “A” presentó una demanda de amparo directo en la que, en síntesis, expuso los siguientes conceptos de violación:
a) La resolución impugnada vulnera los artículos 1º, 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 17, párrafos segundo y sexto, 20, primer párrafo, apartado A, fracciones I, II, IV, V, VIII y IX y apartado B, fracción I, y 22, primer párrafo, de la Constitución Política del país, pues la sentencia fue emitida en versión escrita y no en audiencia pública.
b) En la sentencia reclamada no se realizó una contestación completa de los agravios que expuso tendentes a controvertir la deficiencia técnica en la acusación, valoración superficial de la prueba de cargo y la recalificación de la conducta, careciendo así la sentencia de una debida fundamentación y motivación.
c) No existe prueba suficiente para acreditar el delito ni la responsabilidad penal del quejoso.
d) El tribunal de alzada inobservó que el principio de interés superior de la infancia debe ponderarse sin desatender la presunción de inocencia, defensa adecuada y debido proceso.
e) El testimonio de la madre y del tío carecen de valor probatorio.
f) La entrevista hecha a la víctima menor de edad no fue videograbada, lo cual contraviene el Protocolo de Actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
g) Existen contradicciones entre los testimonios de los peritos.
h) La autoridad responsable no otorgó valor probatorio a los testimonios de descargo y por ello revirtió la carga probatoria.
i) La pena impuesta es desproporcionada al bien jurídico tutelado, por tanto, es inconstitucional el artículo 270, fracción II, del Código Penal del Estado de México.
La punibilidad prevista en dicho numeral, comparada con la prevista en la fracción I del mismo ordinal, aumenta más de tres veces cuando la víctima es una persona menor de edad. En consecuencia, contraviene lo dispuesto en el artículo 22, primer párrafo, última parte, de la Constitución Política del país.
8. Sentencia de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que la registró con el número de expediente Primer número de expediente. Mediante sentencia de once de octubre de dos mil veintitrés, se concedió la protección constitucional, al tenor de las siguientes consideraciones:
a) La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 181/2011,(4) 85/2014(5) y 604/2018,(6) determinó que el principio de proporcionalidad no significa que una pena sea inconstitucional cuando ésta es mayor a la de un delito que protege un bien jurídico del mismo valor, sino que es necesario atender a las razones de política criminal del legislador.
No es procedente realizar un estudio de proporcionalidad de la pena impugnada en relación con los delitos que señala el inconforme, pues protegen bienes jurídicos diversos.
Tampoco procede realizar el estudio comparativo frente a la pena prevista en la fracción I del citado artículo porque las razones que llevaron al legislador a incrementar la penalidad al delito de abuso sexual, en el supuesto específico de abuso sexual en personas menores de edad o que no tengan la capacidad de comprender las cosas o de resistir al hecho, se basaron en la afectación tan intensa que implica ese delito.
Esto es, atendiendo al grado de afectación al bien jurídico protegido, así como a la alta incidencia del ilícito en estudio, el legislador instrumentó una política criminal para desmotivar su comisión, que atiende en gran medida a proteger el interés superior de la infancia.
De una comparación de las penas establecidas para los delitos de acoso sexual, estupro y violación, en los supuestos contemplados en los artículos 269 Bis, 271 y 274, fracciones V y VI, del Código Penal del Estado de México, se desprende que es constitucional el artículo 270, fracción II, del Código Penal del Estado de México a la luz del principio de proporcionalidad.
Lo anterior ya que los mencionados delitos aumentan de dos a tres años las penas de los básicos cuando son cometidos contra niñas, niños y adolescentes o personas que no tengan capacidad de comprender las cosas o de resistir al hecho.
b) Se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, dado que fueron garantizados los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad que deben prevalecer en la etapa de juicio oral.
c) El hecho de que no se haya celebrado la audiencia de aclaración de alegatos a que se refiere el numeral 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no vulnera el derecho de toda persona a ser sentenciada en audiencia pública, pues las partes no lo solicitaron.
d) La sentencia cuenta con la debida fundamentación y motivación. Asimismo, la autoridad responsable resolvió integralmente la controversia sometida a su conocimiento.
e) La resolución se emitió conforme al interés superior de la infancia y el Protocolo para juzgar con perspectiva de la infancia y adolescencia, al ser la víctima, un adolescente.
f) Es entendible, ante el contexto de coacción de una figura adulta, que la víctima menor de edad no haya presentado la denuncia de inmediato, pretender que por no hacerlo carece de valor probatorio su dicho no tiene sustento e implica desatender la perspectiva de infancia.
g) Si bien la víctima, su madre y su tío realizaron diversas manifestaciones que no se encuentran contenidas en la acusación, por ejemplo, lo relacionado con otras conductas sexuales que la víctima adujo haber resentido por parte del quejoso, la existencia del conflicto legal familiar y las actividades que cada uno realizó el día de los hechos, ello obedeció a los cuestionamientos formulados por las partes, de acuerdo con la teoría del caso de cada una de ellas.
h) No se vulneró el principio de presunción de inocencia, pues el tribunal responsable correctamente tuvo por acreditado el delito de forma circunstancial al concatenar el dicho de la víctima con los testimonios de la madre, el tío y las expertas en materia de psicología.
Tampoco se rebajó el estándar probatorio con base en el interés superior del adolescente, por el contrario, aquel principio fue ponderado frente a la presunción de inocencia, defensa adecuada y debido proceso, sin existir vulneración a los derechos del quejoso.
i) En cuanto al grado de punibilidad, el tribunal de alzada transgredió el artículo 16 constitucional al haber tomado en cuenta aspectos que ya habían sido analizados para tener por actualizada la conducta y responsabilidad del quejoso.
Asimismo, la autoridad responsable soslayó la jurisprudencia 21/2014,(7) al haber tomado en cuenta los aspectos subjetivos del acusado en el momento de la comisión del delito, lo que atenta contra el derecho penal del acto.
Por tanto, concedió el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva en la que reitere la acreditación del delito de abuso sexual, responsabilidad penal y sanciones respectivas a excepción de la pena de prisión, multa y sus sustitutivos, y realice una nueva valoración del grado de culpabilidad y con base en ello imponga la pena de prisión, sanción pecuniaria y reparación del daño moral correspondiente.
9. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, el señor Persona “A” interpuso un recurso de revisión en el que expuso los siguientes agravios:
a) No existe jurisprudencia que establezca que el método que utilizó el Tribunal Colegiado, para concluir que la pena prevista en el artículo 270, fracción II, del Código Penal del Estado de México es proporcional, sea el correcto.
b) Además el artículo impugnado es inconstitucional, pues la punibilidad es excesiva y desproporcionada, en comparación con delito de mayor incidencia delictiva o que afectan bienes jurídicos de mayor entidad, como el homicidio simple intencional, aborto, lesiones que ponen en peligro la vida, robo simple y con modificativa de violencia, trata de personas en su tipo básico, privación de la libertad, violencia familiar, delincuencia organizada y los delitos contra el desarrollo y dignidad de la persona.
c) El Tribunal Colegiado no consideró las jurisprudencias 102/2008,(8) 120/2009,(9) 104/2011(10), 3/2012,(11) y la tesis aislada I.3o.C.377 C.(12) Por tanto, no realizó un estudio exhaustivo del desarrollo jurisprudencial sobre proporcionalidad, pues la norma impugnada, al derivar de una reforma legislativa ordinaria, debió examinarse bajo la perspectiva de motivación reforzada.
10. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el presente asunto.
11. Por acuerdo de once de abril de dos mil veinticuatro, la Presidencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
I. COMPETENCIA
12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos Primero y Tercero, del Acuerdo General número 1/2023 del Pleno de este alto tribunal.
13. Lo anterior, porque el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en materia penal, lo cual es competencia de la Primera Sala y no se advierte necesidad de la intervención del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
II. OPORTUNIDAD
14. La sentencia recurrida fue notificada de manera personal al señor Persona “A” el jueves nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el viernes diez de noviembre de dos mil veintitrés.(13)
15. De manera que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo(14) para la interposición del recurso de revisión transcurrió del lunes trece al lunes veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, descontándose los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de ese mes y anualidad, por haber sido inhábiles conforme al artículo 19, del citado ordenamiento.
16. Por lo tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de agravios el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, debe considerarse que su interposición fue oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
17. Esta Suprema Corte considera que el señor Persona “A” cuenta con legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito le reconoció el carácter de parte quejosa en el juicio de amparo directo Primer número de expediente, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo.(15)
IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO
18. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país y 81, fracción II, de la Ley de Amparo; se desprende que la procedencia del recurso de revisión está supeditada a que se cumplan los siguientes requisitos:
a) En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien se omita el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y
b) El problema de constitucionalidad referido en el inciso previo entrañe la fijación de un criterio de interés excepcional.(16)
19. Al respecto, habiéndose surtido el requisito de constitucionalidad, se actualiza el diverso de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, cuando esta Suprema Corte advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.
20. También se acredita el requisito de interés excepcional cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este alto tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
21. Esto es, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características. Dicho con otras palabras, basta que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente. Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de esos elementos es razón suficiente para desechar el recurso por improcedente.
22. Precisado lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el presente asunto cumple con los requisitos de procedencia descritos, porque el señor Persona “A” planteó la inconstitucionalidad de la pena establecida para el delito de abuso sexual cuando es cometido en agravio de una persona menor de edad, previsto y sancionado en el artículo 270, fracción II del Código Penal del Estado de México, pues consideró que transgrede el principio de proporcionalidad de las penas
23. Mientras que en la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado consideró infundado ese concepto de violación después de analizar la constitucionalidad de las penas y determinó que no son contrarias al artículo 22 de la Constitución Política del país.
24. El señor Persona “A”, en su escrito de agravios, combate esa determinación, pues sostiene que el Tribunal Colegiado no atendió a criterios de la Primera Sala para el estudio de la proporcionalidad de las penas e insiste en que las sanciones vulneran el principio de proporcionalidad.
25. Por ello, es posible advertir que subsiste ese tema de constitucionalidad para efectos de la procedencia del recurso de revisión, incluso el diverso de interés excepcional, pues no existe un criterio obligatorio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva sobre la constitucionalidad de la norma aplicada en el acto reclamado.
26. No pasa inadvertido que, en la demanda de amparo, el recurrente también planteó que la sentencia reclamada debió dictarse en audiencia y no de forma escrita, omisión de contestar la totalidad de los agravios, indebida fundamentación y motivación, indebida valoración probatoria. No obstante, esos temas fueron abordados por el Tribunal Colegiado desde un plano de legalidad, lo que escapa de la competencia extraordinaria de este alto tribunal.
27. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1/2015 de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: “AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE SI LOS AGRAVIOS SE LIMITAN A IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES EN LAS QUE EL ÓRGANO COLEGIADO DA RESPUESTA A CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD”.(17)
28. En tales condiciones, la presente ejecutoria se circunscribirá al análisis de la constitucionalidad del artículo 270, fracción II, del Código Penal del Estado de México, que establece la pena privativa de libertad de ocho a quince años y de quinientos a mil días multa para quien cometa el delito de abuso sexual en agravio de víctimas que son menores de edad, a la luz del principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 de la Constitución Política del país. V. ESTUDIO DE FONDO
29. En el caso, el señor Persona “A” reclama que las penas previstas para el delito de abuso sexual agravado previsto en el artículo 270, fracción II, del Código Penal del Estado de México, vulnera el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 de la Constitución Política del país.
30. La norma impugnada establece lo siguiente:
Artículo 270. Comete el delito de abuso sexual:
[...]
II. Quien ejecute en una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o de resistir al hecho, un acto erótico o sexual sin el propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona. A quien cometa este delito, se le impondrá pena de ocho a quince años de prisión y de quinientos a mil días multa.
31. No es la primera ocasión que esta Primera Sala analiza la proporcionalidad de las penas en el delito de abuso sexual cometido en personas menores de edad, pues al respecto lo hizo al resolver el amparo directo en revisión 7006/2019, aunque se trataba de una legislación distinta, por lo que en este caso se ocupará el mismo método aplicado al caso concreto.(18)
32. Para analizar la proporcionalidad de la pena agravada establecida en dicho precepto, esta Primera Sala considera que el estudio de fondo debe partir de los siguientes apartados: (i) contenido y alcance del principio de proporcionalidad de las penas en materia penal; (ii) metodología para verificar la proporcionalidad de la pena; y (iii) análisis de la constitucionalidad de la pena impugnada.
V.1 Contenido y alcance del principio de proporcionalidad de las penas en materia penal
33. El artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Política del país establece lo siguiente:
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. [...]
34. A partir del contenido de la norma transcrita, en diversos precedentes, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado un análisis interpretativo del principio de proporcionalidad de las penas de las normas penales.(19)
35. Como punto de partida destacó la naturaleza jurídica de la pena, como materialización del poder punitivo del estado o ius puniendi. A saber, se trata de: a) un acto coercitivo, esto es, un acto de fuerza efectiva o latente; b) es un acto privativo, por ejemplo, de la libertad personal o de la propiedad; c) debe estar prevista en una ley y ser impuesta por autoridad competente; d) es una reacción del Estado ante una determinada conducta humana considerada como dañina de los bienes que la sociedad, a través de la Constitución o de la ley, considera valiosos; e) presupone y debe ser impuesta con relación a la culpabilidad de la persona; y, f) debe perseguir, simultáneamente, fines retributivos en función de la gravedad del delito, de prevención especial (a partir de la necesidad de resocializar al sujeto) y de prevención general (busca generar un clima de confianza jurídica en la comunidad).
36. En ese sentido, esta Suprema Corte ha precisado que el legislador tiene un amplio margen de libertad de configuración para crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones, entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados.
37. Todo lo anterior de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o lleguen a causar en el conglomerado social.
38. El legislador penal está facultado para emitir leyes que inciden en los derechos fundamentales de los gobernados, como la libertad personal o el derecho a la propiedad, estableciendo penas para salvaguardar diversos bienes, también constitucionales, que la sociedad considera valiosos (vida, salud, integridad física, etcétera).
39. Sin embargo, esas facultades conferidas al legislador no son ilimitadas, pues la legislación penal no está exenta de control constitucional, ya que de conformidad con el principio de legalidad constitucional el legislador debe actuar de forma medida y no excesiva al momento de regular las relaciones en ese ámbito, porque su posición como poder constituido dentro del Estado constitucional le impide actuar de forma arbitraria y en exceso de poder.(20)
40. Esta Primera Sala ha precisado que el legislador en materia penal tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política criminal, esto es, para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo a las necesidades sociales del momento histórico respectivo.
41. No obstante, al configurar las leyes penales, debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, dentro de los cuales se encuentra el de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano.
42. Por esa razón, el juez constitucional al examinar la validez de las leyes penales debe analizar que exista proporción y razonabilidad suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido, así como proporción entre la cuantía de la pena y la lesión al bien jurídico protegido, la posibilidad para que sea individualizada entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización del sentenciado.
43. En esa línea argumentativa, el legislador penal está sujeto a la Constitución Política del país, por lo que, al formular la cuantía de las penas debe atender a diversos principios constitucionales, dentro de los cuales se encuentra el de proporcionalidad, previsto en el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Política del país. Su aplicación cobra especial interés en la materia criminal, pero que ha sido aplicado extensivamente a otros campos del orden jurídico que, por su naturaleza, conllevan también el ejercicio del poder punitivo del estado.
44. Acorde a lo anterior, el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Política del país establece que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, lo cual constituye lo que en doctrina penal se denomina la concepción estricta del principio de proporcionalidad en materia penal. El contenido de este derecho consiste en la exigencia de una adecuación entre la gravedad de la pena y la gravedad del delito.
45. Ahora bien, en el amparo directo en revisión 1405/2009, esta Suprema Corte concluyó que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido, de manera que las penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos más importantes.(21)
46. La gravedad de la conducta imputada como la cuantía de la pena no solo está determinada por el bien jurídico tutelado, la afectación a éste o el grado de responsabilidad subjetiva del agente, sino también por la incidencia del delito o la afectación a la sociedad que éste genera, siempre y cuando haya elementos para pensar que el legislador ha tomado en cuenta esta situación al establecer la pena.
47. Al respecto, este alto tribunal ha puesto de manifiesto la conveniencia de que el legislador exprese las razones que lo llevan a determinar una pena para un delito como un elemento especialmente relevante para evaluar la constitucionalidad de una intervención penal.(22)
48. Lo expuesto no debe llevar al extremo de sostener que la ausencia de una justificación legislativa expresa comporte la inconstitucionalidad de la pena. En tal contexto, esta Primera Sala ha establecido que el derecho fundamental a una pena proporcional constituye un mandato dirigido tanto al legislador como a la persona juzgadora.
49. El legislador cumple con ese mandato al establecer en la ley penal la clase y la cuantía de la sanción atendiendo a los factores previamente enunciados, debe proporcionar un marco penal abstracto que permita a la persona juzgadora individualizar la pena, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso.
50. Dichas situaciones pueden ser: la lesión o puesta en peligro del bien, la intervención del agente para causar la lesión o crear el riesgo, así como otros factores sociales o individuales que sirvan para establecer la menor exigibilidad de la conducta. El juez penal es el encargado de determinar la proporcionalidad en concreto de la pena.
51. Por su parte, el juez constitucional, al examinar la validez de las leyes penales, debe analizar que exista proporción y razonabilidad suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido, para lo cual debe considerar el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para que sea individualizada entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización del sentenciado.
52. En tanto que las leyes penales deben hacer posible al juzgador, en cierto grado, la justificac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33174-1761ebc3/delito-de-abuso-sexual-infantil-las-sanciones-establecidas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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