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Modo: Corpus Pro

I. REINSERCIÓN SOCIAL. SU INTRODUCCIÓN AL MODELO PENITENCIARIO, MEDIANTE LA REFORMA AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2018. II. BENEFICIOS PRELIBERACIONALES. NO CONSTITUYEN UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, SINO UNA FACULTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA LIMITADA POR LA GARANTÍA Y PROTECCION DE OTROS DERECHOS. III. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALCANCE DE ESE DERECHO HUMANO. IV. DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. FORMAS DE EXCLUSIÓN TÁCITA Y POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA. V. DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. SU JUSTIFICACIÓN A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD O TEST ORDINARIO DE IGUALDAD. VI. MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD. TIENEN DERECHO A QUE SUS HIJOS O HIJAS PERMANEZCAN EN EL CENTRO PENITENCIARIO HASTA QUE CUMPLAN TRES AÑOS DE EDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE HAYAN NACIDO DENTRO O FUERA DEL PERIODO DE INTERNAMIENTO (ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL). VII. LIBERTAD CONDICIONAL. ESTIPULACIÓN DE QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEBEN CUBRIR LOS COSTOS DE LOS APARATOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO CUANDO SUS CONDICIONES ECONÓMICAS Y FAMILIARES LO PERMITAN (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL). VIII. RÉGIMEN DE SUPERVISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL. LA EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA CONSEGUIR EL BENEFICIO DE REDUCCIÓN DE OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AQUÉL ES INCONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE FORMA EXCLUSIVA"). IX. LIBERTAD ANTICIPADA. DISTINCIÓN ENTRE PERSONAS QUE COMETIERON DELITOS DOLOSOS Y AQUELLAS QUE COMETIERON DELITOS CULPOSOS PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO (ARTÍCULO 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL). X. SUSTITUCIÓN DE LA PENA. SU APLICACIÓN CUANDO SE BUSQUE PROTEGER A HIJOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, SÓLO CUANDO AQUÉLLOS SEAN MENORES DE DOCE AÑOS DE EDAD O TENGAN UNA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD QUE LES IMPIDA VALERSE POR SÍ MISMOS (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 144, FRACCIÓN I, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE FORMA EXCLUSIVA"). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DISPONE: "DE FORMA EXCLUSIVA").

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2016. · Registro digital (IUS): 27807
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-05-04
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo I, Pág. 1028.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2016. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE ABRIL DE 2017. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIAS: ANA MARIA IBARRA OLGUÍN Y FABIANA ESTRADA TENA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de abril de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por oficio presentado el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

a) Autoridad emisora: Congreso de la Unión integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores.

b) Autoridad promulgadora: presidente de la República.

Las normas impugnadas se hacen consistir en los artículos 36, tercer párrafo, 137, segundo párrafo, 139, en la porción normativa "no remuneradas", 141, fracción VII y 144, fracción I, en la porción normativa de "doce años de edad", todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

SEGUNDO.-Conceptos de invalidez. El promovente esgrimió, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

1. El artículo 36, párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal transgrede el principio de interés superior del menor, previsto en el artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución General, al condicionar la guarda y custodia de los hijos de las mujeres privadas de la libertad a las circunstancias de su nacimiento.

El numeral impugnado prevé las condiciones específicas de las mujeres privadas de la libertad con hijos, así como el derecho a la convivencia con los menores en el centro penitenciario hasta que cumplan la edad de 3 años, entre otras prerrogativas.(1) No obstante, el artículo impugnado sólo se refiere a los menores que nacieron durante el internamiento de la madre, lo que genera una exclusión injustificada respecto de los menores que no hayan nacido durante el mismo.

Esta situación repercute en derechos como el de guarda y custodia de los menores, previsto por el artículo 10 de la propia Ley Nacional de Ejecución de Penal. Lo anterior debido a que el artículo 36 establece como parámetro para el otorgamiento de estos derechos el que el menor nazca durante el internamiento de la madre. Esto deriva en un trato diferencial e injustificado, que no tiene algún sustento objetivo, más aún cuando se trata de menores de edad con un alto grado de vulnerabilidad. En consecuencia, el artículo impugnado transgrede el principio del interés superior de los menores en perjuicio de aquellos que no hayan nacido en el centro penitenciario, pues limitan sus derechos derivados del internamiento de sus madres, así como su protección.

2. El artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal transgrede el principio de reinserción social, al establecer como requisito para obtener la libertad condicionada que se cubra el costo de un dispositivo de monitoreo electrónico.

El precepto controvertido genera un trato diferenciado entre los beneficiarios de la libertad condicional, pues no prevé el parámetro por virtud del cual se califique quién puede o no costear el dispositivo, haciendo discrecional el otorgamiento de la libertad condicional. En ese sentido, la norma toma como punto de partida la situación económica de una persona para acceder al beneficio legal, distinción que está prohibida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al constituir una categoría sospechosa.

Por otra parte, el artículo impugnado impone una barrera para la obtención del beneficio, al adicionar una condición material (cubrir el costo del sistema de monitoreo electrónico) a los requisitos previstos por la Constitución General,(2) misma que resulta indebida y excesiva.

También, la imposición del costo del sistema de monitoreo no tiene relación con la pena, además de que toma en consideración la condición económica de la familia para imponerles la misma carga, a pesar de que la pena es individualizada.

Si bien la Constitución permite al legislador establecer beneficios penitenciarios para lograr el principio de reinserción social en favor de los procesados, también es cierto que esa facultad no debe ejercerse al margen de los derechos fundamentales establecidos en la propia Constitución. Al respecto, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en los principios II y III, prohíben la discriminación en razón de la posición económica de la persona privada de la libertad. Asimismo, los Estados deben promover -en la aplicación de las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de la libertad- los recursos necesarios y apropiados para garantizar su disponibilidad y eficacia.

3. El artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal vulnera los artículos 1o. y 18 de la Constitución General, al distinguir entre quienes realizan actividades remuneradas y las que no, con el fin de evaluar la reducción de las obligaciones del régimen de supervisión de las personas en libertad condicional.

El artículo 139 regula que las personas que se encuentren en libertad condicional pueden solicitar la reducción de las obligaciones en el régimen de supervisión, siempre y cuando se hubieren dedicado de forma exclusiva a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas.

Ahora bien, la calificación de "no remuneradas" engloba dos consecuencias distintas. Quienes realicen una actividad remunerada no pueden reducir sus obligaciones del régimen de supervisión. En cambio, quienes realicen una actividad sin remuneración sí pueden reducir sus obligaciones del régimen de supervisión. Esto genera una distinción en perjuicio de las personas que realizan una actividad remunerada para obtener ingresos para su subsistencia y para quienes el trabajo remunerado es la única forma de asegurar una vida digna.

Así, se da un trato discriminatorio a las personas que realizan actividades como parte del programa de reinserción social y reciben una contraprestación a cambio. Lo anterior resulta contrario a las bases del sistema penitenciario, previsto en el artículo 18, segundo párrafo, de la Constitución que ordena que el sistema se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte.

4. El artículo 141, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal viola el derecho a la reinserción social, previsto en el artículo 18 de la Constitución General, al realizar una distinción injustificada y desproporcionada entre delitos dolosos y culposos para el otorgamiento del beneficio de la libertad anticipada.

El artículo 141 dispone de los requisitos que deben cumplirse para conceder la libertad anticipada de la persona sentenciada. Entre los requisitos, la fracción VII establece el cumplimiento del 70% de la pena impuesta en los delitos dolosos o el 50% de la pena tratándose de delitos culposos. La anterior distinción resulta inconstitucional, dado que el que un delito haya sido doloso o culposo ya fue tomado en cuenta por el juzgador que impuso la pena. Así, no puede tomarse en cuenta de nuevo en la ejecución de la pena.

Asimismo, valorar la calidad de si un delito es doloso o culposo implica una invasión competencial por parte del Juez especializado en ejecución de sentencia sobre la materia juzgada por el Juez de proceso penal. Esto genera inseguridad jurídica, al permitir una doble valoración judicial del aspecto de la intencionalidad del delito.

De tal forma, la fracción VII del artículo 141 se opone al contenido del artículo 18 constitucional, que prevé el derecho a la reinserción social, dado que trata con mayor rigor a las personas sentenciadas por un delito doloso en un doble momento: primero, cuando se le impone la pena en la sentencia; y, segundo, cuando considera la intencionalidad del delito como requisito para alcanzar la libertad condicional.

En consecuencia, el trato diferenciado y riguroso para las personas sentenciadas por delitos culposos tiene un efecto contrario a la reinserción social, al impedir que este grupo acceda a la realización plena y efectiva del mismo, por lo que se solicita que se realice un test de razonabilidad de la medida, a fin de declarar su inconstitucionalidad.

5. El artículo 144, fracción I, en la porción normativa "de doce años de edad", de la Ley Nacional de Ejecución Penal viola los artículos 1o. y 4o. de la Constitución General, pues margina a los mayores de trece años y menores de dieciocho.

El precepto controvertido dispone que el Juez de ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad, a aquellas personas que tengan un hijo, siempre y cuando sea menor de doce años y dependa únicamente de esa persona.

Así, la sustitución de la pena está condicionada a una distinción realizada con base en la edad de los menores. Lo anterior sin importar que la Convención sobre los Derechos de los Niños establece que son niños todas aquellas personas menores de dieciocho años. Por ende, atendiendo al principio de interés superior del menor, también los mayores de doce años y menores de dieciocho años necesitan del cuidado de sus padres para su desarrollo, transgrediéndose así los artículos 1o. y 4o. constitucionales, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 29 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 1o. de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Apoyan lo anterior las tesis 1a. CCCLXVIII/2015 (10a.) y 1a. CCLXV/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA." y "EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LOS MENORES. FUNDAMENTO, CONCEPTO Y FINALIDAD DE ESE PRINCIPIO.", respectivamente.

TERCERO.-Artículos que se estiman violados. Los artículos 1o., 4o., párrafo noveno, 6o., apartado A, fracción II, 16, párrafos segundo y décimo segundo, 18, párrafo segundo y 22, primer párrafo, de la Constitución General; 1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5.3, 17 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 1, 8 y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

CUARTO.-Admisión y trámite. Por acuerdo de primero de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad a la que correspondió el número 61/2016 y remitió el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea quien, por razón de turno, fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.

En proveído de quince de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista al Congreso de la Unión, por conducto de las Cámaras de Diputados y de Senadores, que emitió las normas y al presidente de la República que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, así como a la procuradora general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.

QUINTO.-Informes de las autoridades responsables y pedimento de la Procuraduría General de la República. Dada la similitud de los argumentos vertidos por las autoridades responsables y la procuraduría general, se expondrán de manera conjunta en lo siguiente:

1. El artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no distingue entre los menores que nacen durante el internamiento de la madre y los que no.

Contrario a lo afirmado por la comisión promovente, el artículo 36 de la ley impugnada no da un tratamiento diferenciado entre los menores que nacen durante el internamiento de su madre y los que no. En efecto, de un análisis de los párrafos cuarto y quinto del artículo 36, se advierte que todos los hijos de mujeres privadas de la libertad podrán permanecer con su madre dentro del centro penitenciario hasta que hayan cumplido 3 años de edad, con independencia del lugar del nacimiento, por lo que el artículo controvertido resulta apegado al principio del interés del menor, en tanto que establece el derecho de los menores a permanecer con sus madres.

Ahora bien, la medida consistente en que los menores que nacieron en un centro penitenciario permanezcan con las madres que están privadas de su libertad tiene la justificación en que favorece a la generación de la relación de apego entre madre e hijo, y así impedir que una separación prematura tenga consecuencias, como la afectación en el desarrollo psicológico del menor.

Las consecuencias perjudiciales por la separación de la madre en el desarrollo del menor se potencializan según la edad del niño pues, cuanto más pequeño es, mayor el efecto de alejamiento. Esto se debe a que el vínculo se forma hasta el periodo de entre 7 y 9 meses de edad. Así, sólo al final del primer año de vida los niños son capaces de conservar y recuperar representaciones de sus cuidadores de forma confiable.

En estas condiciones, el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene el efecto de garantizar el principio del interés superior del menor, en la medida en que procura que su derecho a la libertad no se vea afectado por un tiempo prolongado, sino únicamente por el indispensable para fortalecer el vínculo afectivo y de apego con su madre. Lo anterior evita que el menor se vea afectado en la imagen que de sí mismo se forma en la etapa inicial y central de su desarrollo, así como evita la familiarización del ambiente penitenciario, y preserva su vida privada e intimidad familiar. En ese sentido, estudios empíricos han concluido que los menores que se encuentran en un centro penitenciario tienden a desarrollar problemas de sobrepeso y alta prevalencia de trastornos emocionales. Así, es más factible que se den estas consecuencias negativas entre más tiempo se permita que los menores estén en los centros penitenciarios.

En atención a ello, de acuerdo con el principio del interés superior del menor, es imperativo establecer una edad límite a su permanencia en un centro penitenciario. Por ende, la norma reclamada no genera una exclusión de aquellos menores que no hayan nacido durante el internamiento, como lo afirma la comisión. Ello, puesto que no establece una distinción para acceder al derecho de guarda y custodia, sino sólo busca establecer un plazo temporal uniforme para que el menor permanezca con su madre en reclusión y evitar graves afectaciones en su desarrollo integral.

2. El artículo 137, segundo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal no transgrede los derechos de las personas privadas de la libertad por solicitar en ciertos casos que cubran el costo del dispositivo de monitoreo.

Si bien el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución admite la posibilidad de que se otorguen beneficios preliberacionales, lo cierto es que no se advierte que exista la prohibición de negarlos, siendo el legislador quien deberá establecer los requisitos y el marco legal necesario para obtenerlos.

Contrario a lo que aduce la comisión, la distinción en cuanto al pago del costo del dispositivo de monitoreo electrónico para obtener la libertad condicionada tiene una justificación objetiva y razonable.

Lo anterior, puesto que el pago del costo del dispositivo tiene como finalidad primordial en contribuir al gasto público y así disminuir la carga financiera del Estado, al ser el único que puede satisfacer en la medida de lo posible las demandas sociales. A través del cobro se logra el rediseño del sistema penitenciario (infraestructura, equipamiento, tecnología de la información y comunicación) y el pago de dispositivos de aquellos que están imposibilitados económicamente para solventar el equipo de monitoreo, a pesar de que cumplen con todos los requisitos que exige la ley para la libertad condicional.

Al respecto, en la acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011, que analizó de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, el pago por el uso de brazaletes electrónicos de personas sentenciadas que obtienen los beneficios preliberacionales, se determinó que dicho pago es constitucional, dado que busca servir a la contribución del gasto público.

Además, el nuevo Sistema Integral de Justicia Penal tiene como principal objetivo garantizar los derechos de la persona sentenciada para lograr el cumplimiento de los principios del sistema, por lo que la concesión de los beneficios preliberacionales y sanciones no privativas de la libertad lograrían reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios, el rediseño de la administración penitenciaria, reducir las tasas de reincidencia, lograr la efectividad de las políticas de reinserción social, adecuada gestión penitenciaria y buscar el máximo beneficio a la persona sentenciada.

Por otra parte, el artículo impugnado no obliga coactivamente a cubrir el costo del dispositivo, sino sólo cuando las condiciones económicas lo permitan, por lo que el pago del costo del dispositivo no es determinante para obtener la libertad condicional, al existir otro requisito consistente en la reparación del daño y el pago de la multa correspondiente.

El otorgamiento no es arbitrario por existir una diferencia de trato, dado que es el Juez quien determina su concesión atendiendo siempre el mayor beneficio de la persona sentenciada.

3. El artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no viola los principios de igualdad y no discriminación, ni el principio de reinserción social.

La reinserción social reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, y asume que quien comete un acto delictivo se aparta de la sociedad, al no estar integrada a ella, por ende, su reinserción prevé un conjunto de actividades y programas para que las personas condenadas a pena privativa de la libertad estén preparados para regresar a la sociedad.

En este contexto está inserto el artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé la reducción de obligaciones en el régimen de supervisión -en los supuestos de libertad condicional-, en el que el trabajo es considerado como punto de partida para la reinserción del sentenciado, pues obedece a la necesidad de dotar de herramientas a los internos para encontrar un oficio y tener un sustento económico.

En ese sentido, el trato diferenciado basado en la naturaleza de la actividad no remunerada para conceder la reducción de las obligaciones en el régimen de supervisión, tiene como justificación que dichas actividades favorecen a la sociedad en la que se desenvuelve el condenado y así reafirma su compromiso con la sociedad a la que se está reinsertando.

Así, los beneficios de preliberación no son un derecho fundamental, ni están tutelados en el artículo 18 constitucional. Si bien tal precepto constitucional prevé la aplicación de beneficios, lo cierto es que la ley secundaria establecerá los requisitos para su otorgamiento, por lo que no se viola el principio de igualdad.

De tal forma, el otorgamiento del beneficio o su negativa no implican una violación al artículo 18 constitucional, dado que los requisitos para la obtención del beneficio no deben confundirse con los principios del sistema integral de justicia penal. Además, el beneficio atiende a la política criminal de lograr la reinserción social del sentenciado, pero no supone su otorgamiento obligatorio y para cualquier sujeto.

La disposición controvertida se sustenta en el principio de retribución de merecimientos, según el cual resulta justificado dar un trato diferenciado a una persona que tenga un merecimiento respecto a otra que no lo tenga. Así, aquella persona que haya cumplido con un trabajo relativo a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas se hará merecedora de la reducción de obligaciones en el régimen de supervisión.

Tampoco el artículo 139 establece un tratamiento arbitrario, al distinguir a los sentenciados que estén en aptitud de obtener los beneficios y aquellos que no cumplan con los requisitos, dado que tiene una finalidad constitucional, que consiste en la reinserción social. Así, las distinciones y requisitos previstos en el dispositivo controvertido están racionalmente conectados con la persecución de tal fin y no incurren en desproporción alguna.

4. El artículo 141, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal no viola el principio de reinserción social, al tomar en cuenta el tipo de delitos para efectos del otorgamiento de la libertad anticipada.

La comisión promovente hace una interpretación parcial de tal principio. Al establecerse como requisito para el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada, el cumplimiento del 70% de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos, se entiende como una medida razonable de política criminal que el legislador adoptó, en uso de su facultad configurativa.

Por otra parte, no se viola el principio non bis in idem, al tomar en cuenta la intencionalidad del delito para la procedencia del beneficio, dado que no se está sujetando nuevamente al procesado a una causa por los mismos hechos delictivos. Siendo aplicable la tesis 1a. XVII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN Y CONDENA CONDICIONAL. LOS ARTÍCULOS 70 Y 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL NO VULNERAN EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM."

Asimismo, la fracción normativa no invade las atribuciones del Juez de origen, ya que el Juez de ejecución tiene la facultad para analizar aquellas peticiones en las que el sentenciado solicite algún beneficio preliberacional.

Ahora bien, contrario a lo que señala la comisión, el artículo impugnado no viola el artículo 18 constitucional, pues todos los beneficios de libertad anticipada adquieren una nueva connotación, a raíz de las reformas recientes, dado que tienen una finalidad instrumental, al ser medios adecuados para conseguir la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Por tanto, el que la ley fije requisitos necesarios para el otorgamiento del beneficio, los cuales deben cumplirse y ser valorados por el Juez de ejecución, no resulta contrario al artículo 18 constitucional, pues sólo denota la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven un tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad social.

5. La porción normativa "de doce años de edad", contenida en el artículo 144, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal no viola el principio de igualdad, ni el principio del interés superior del menor.

El propio artículo 144 dispone que en todos los supuestos bajo los cuales se puede solicitar la sustitución de penas, debe considerarse el interés del menor, lo que se traduce en que el Juez de ejecución tiene la obligación de hacer prevalecer dicho principio, corroborándose también por el hecho de que, en caso de que el menor tenga una discapacidad, el beneficio de sustitución de la pena privativa de libertad debe concederse, por lo que el artículo impugnado garantiza el interés superior de la niñez.

De la lectura del artículo impugnado se advierte que responde más bien al principio de evolución de las facultades del niño. Este principio permite comprender que, a medida en que los niños adquieren competencias cada vez mayores, disminuye su necesidad de dirección y orientación, y aumenta su capacidad de asumir responsabilidades respecto de decisiones que afectan su vida. Sustenta lo anterior la tesis 1a. CCLXV/2015 (10a.), de título y subtítulo: "EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LOS MENORES. FUNDAMENTO, CONCEPTO Y FINALIDAD DE ESE PRINCIPIO."

La distinción descansa en el hecho de que, durante la primera infancia, se requiere mayor participación de los padres, pues -de acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño- en esta etapa los niños atraviesan el periodo más rápido de crecimiento y cambio en todo su ciclo vital, se crean vínculos emocionales fuertes con sus padres, se establecen importantes relaciones con otros niños de su misma edad, así como empiezan a captar activamente las dimensiones físicas, sociales y culturales del mundo y, por último, los primeros años son la base de su salud física y mental.

Así, la distinción que prevé el artículo impugnado encuentra sustento en las anteriores características propias de los menores de doce años y, en general, de todos los menores que se encuentran en la fase de primera infancia frente a las características y aptitudes que tienen los mayores de esa edad o adolescentes.

Por otro lado, la medida prevista en la norma impugnada constituye una acción positiva que tiene por objeto compensar la situación desventajosa en la que se encuentran los hijos e hijas de personas privadas de la libertad que sean menores de doce años o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos y que la persona privada de la libertad sea su principal o única cuidadora.

En el caso, hay un criterio objetivo y razonable que lleva al legislador a conceder la sustitución de la pena privativa de libertad, cuando se requiere proteger a los hijos de las personas privadas de la libertad que sean menores de doce años de edad o que tengan una condición de discapacidad, siempre y cuando ella sea su cuidadora principal o única cuidadora.

El anterior parámetro no es inconstitucional, en la medida en que la diferencia es para el efecto de reconocer que los niños/niñas y los adolescentes tienen diversas necesidades que deben ser satisfechas de manera diferenciada, como el cuidado de uno de los progenitores.

En consecuencia, la porción normativa no violenta el principio de interés superior del niño, por el contrario, busca hacer efectivo el ejercicio de sus derechos mediante el reconocimiento del principio de la evolución de la autonomía de los menores.

SEXTO.-Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, por proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal con la Constitución General y diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

SEGUNDO.-Oportunidad. En primer término, se analizará si la demanda se presentó en forma oportuna.

Los artículos 36, tercer párrafo, 137, segundo párrafo, 139, 141, fracción VII y 144, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal fueron publicados el dieciséis de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación,(3) por lo que es a partir del día siguiente a la fecha indicada, que debe hacerse el cómputo respectivo.

Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) el plazo de treinta días para promover la presente acción transcurrió del viernes diecisiete de junio de dos mil dieciséis al domingo diecisiete de julio de ese año, pero al ser inhábil, podía presentarse el primer día hábil siguiente, esto es, el dieciocho de julio siguiente.

En consecuencia, toda vez que el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad se presentó el lunes dieciocho de julio de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la foja 48 del expediente, su presentación fue oportuna.

TERCERO.-Legitimación. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.

Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59 de la ley reglamentaria de la materia,(5) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

En el caso, el escrito inicial fue suscrito por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia de la comunicación emitida por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el trece de noviembre de dos mil catorce, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo dos mil catorce a dos mil diecinueve.(6)

Dicho funcionario ostenta la representación de la comisión, en términos de l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27807-4015393e/i-reinsercion-social-su-introduccion-al-modelo-penitenciario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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