PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA GRAVAR EN LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO LA ENAJENACIÓN O, EN SU CASO, LA IMPORTACIÓN DE AGUAS GASIFICADAS O MINERALES, REFRESCOS, BEBIDAS HIDRATANTES O REHIDRATANTES, QUE UTILICEN EDULCORANTES DISTINTOS AL AZÚCAR DE CAÑA, TIENE SU FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LOS ARTÍCULOS 2o., FRACCIÓN I, INCISO G) Y 8o., FRACCIÓN I, INCISO F), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, AL GRAVAR CON LA TASA DEL 20% LA ENAJENACIÓN O IMPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS SEÑALADOS Y EXENTAR DE SU PAGO SIEMPRE QUE UTILICEN COMO EDULCORANTE ÚNICAMENTE CAÑA DE AZÚCAR, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LOS ARTÍCULOS 8o., FRACCIÓN I, INCISO G) Y 13, FRACCIÓN I, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, QUE ESTABLECEN QUE NO SE PAGARÁ POR LA ENAJENACIÓN O INTRODUCCIÓN AL PAÍS DE BIENES SUJETOS AL RÉGIMEN ADUANERO DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003).
AMPARO EN REVISIÓN 1447/2004. CASA CUERVO, S.A. DE C.V.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado el veintinueve siguiente, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que, si bien subsiste la materia de constitucionalidad de una ley federal, no es necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal para su resolución, en virtud de que sobre el tema existen precedentes que resuelven el tema de fondo.
SEGUNDO. La parte recurrente aduce, en síntesis, los siguientes agravios:
a) Que es ilegal la resolución del Juez a quo en la que determinó la improcedencia del juicio de amparo por lo que hace a los artículos 1o., fracción I, 2o., fracción I, inciso a), 3o., fracción I, inciso a) y 8o., fracción I, inciso f), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente en dos mil dos, en virtud de que, en su concepto, el supuesto acto de aplicación de tales disposiciones se llevó a cabo en fecha posterior a la presentación de la demanda, puesto que el pago provisional de enero de dos mil tres, sólo sirvió para demostrar la aplicación de las disposiciones vigentes en este último ejercicio, sin que haya tomado en cuenta que la reforma a la mencionada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dos, sólo fue parcial, es decir, tales normas quedaron intocadas tras la modificación y, por tanto, continúan vigentes, además de que la ley aplicada a la quejosa en el citado pago provisional fue en parte la vigente en dos mil dos y, en otra parte, la de dos mil tres, la que también se impugnó, toda vez que en el referido pago se observó y aplicó, por primera vez, toda la estructura tributaria relativa a la enajenación e importación de bebidas alcohólicas y refrescos vigente a partir de dos mil tres, con independencia de que esté compuesta de disposiciones de dos mil dos.
Que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno número P./J. 114/99, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS.", invocada en su demanda de garantías y que el Juez soslayó su aplicación, se demuestra la procedencia del juicio de amparo respecto de los señalados preceptos, en virtud de que se vieron afectados en su alcance por las reformas a los artículos 2o., fracción I, inciso G), 3o., fracción XV, 8o., fracción I, incisos a), e) y g), y 13, fracción I, segundo párrafo, de la propia ley, vigentes a partir de dos mil tres. Lo anterior es así, en virtud de que en aquéllos se establecen en parte los sujetos, objeto y tasa del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación e importación de bebidas alcohólicas y refrescos, y a partir de dos mil tres, por las reformas a los últimos, se modifica la base y parte de los sujetos (por las exenciones), lo que sin duda modifica la estructura tributaria del impuesto.
Que el a quo no valoró y, por lo mismo, no se pronunció sobre la prueba pericial contable desahogada en el juicio de garantías en la que tanto el perito de la quejosa como el oficial coincidieron en señalar que al realizar el pago provisional de enero de dos mil tres, esta última se ubicó en las hipótesis normativas de todas las disposiciones señaladas como actos reclamados, a pesar de estar obligado a ello, razón por la que resulta ilegal el sobreseimiento decretado.
b) Que en su resolución, el Juez de Distrito consideró que el Congreso de la Unión sí está facultado para gravar, mediante un impuesto especial, la enajenación e importación de bebidas alcohólicas y refrescos, no obstante que tal facultad no está establecida expresamente en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., de la Constitución Federal, por lo que si bien tiene libertad para escoger el hecho imponible de las contribuciones conforme al artículo 31, fracción IV, de la propia Norma Fundamental, tal libertad está acotada a que se encuentre facultado constitucionalmente para ello, razón por la que resulta inaplicable la tesis de rubro: "CONTRIBUCIONES, OBJETO DE LAS. EL LEGISLADOR TIENE LIBERTAD PARA FIJARLO, SIEMPRE QUE RESPETE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN."
Que el a quo analizó aisladamente las fracciones VII y XXIX, inciso 5o., del artículo 73 de la Constitución Federal, al afirmar que en la primera se establece la facultad general del Congreso de la Unión para decretar las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, por lo que no importa que la enajenación de bebidas alcohólicas no se contemple en la última de ellas como un impuesto especial, pues en el caso debió tomar en cuenta el principio general de derecho que establece que las normas especiales prevalecen sobre las generales y, en ese sentido, la facultad genérica para imponer contribuciones prevista en la señalada fracción VII se encuentra acotada por la diversa fracción XXIX, inciso 5o., que establece en forma limitativa las actividades o materias que son susceptibles de imponerse mediante un impuesto especial.
Que la resolución del Juez resulta ilegal, en virtud de que la quejosa nunca argumentó en su demanda de garantías que el Congreso de la Unión sólo puede imponer contribuciones sobre las materias señaladas expresamente en la fracción XXIX, inciso 5o., de la Constitución Federal, pues con independencia de que acepta que el legislador tiene la facultad genérica de imponer gravámenes conforme a la diversa fracción VII, su argumento estuvo encaminado a sostener que tratándose de impuestos especiales, que son contribuciones indirectas que gravan el consumo, el mencionado Congreso sólo tiene facultades para gravar las materias contenidas en aquella fracción.
Que contrario a lo estimado por el Juez de Distrito, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no grava el consumo en general, sino que se causa con motivo de la enajenación, prestación de servicios e importación de los bienes y servicios que señala, lo cual se corrobora con lo dispuesto en su artículo 1o., fracción I, en el que se establece claramente que el impuesto se causa por la enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación definitiva de los bienes que en la ley se señalan, lo que revela que no es un impuesto al consumo, sino un verdadero impuesto especial de los que establece la fracción XXIX, inciso 5o., del artículo 73 de la Constitución.
Que la tesis de rubro: "AUTOMÓVILES, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE. FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA DECRETARLO.", invocada por el Juez a quo resulta inaplicable, pues tal impuesto no grava el consumo y, por ende, no puede considerarse especial, ya que grava el patrimonio de las personas.
c) Que la resolución recurrida resulta ilegal en cuanto establece que no transgreden la garantía de equidad tributaria los artículos 2o., fracción I, inciso G), 3o., fracción XV y 8o., fracción I, inciso f), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se refieren a la exención en la enajenación e importación de refrescos que utilicen como edulcorante únicamente azúcar de caña, aplicando para ello un criterio aislado que indebidamente denominó "jurisprudencia", de rubro: "IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY RELATIVA, AL GRAVAR CON LA TASA DEL 20% LA ENAJENACIÓN O IMPORTACIÓN DE LOS BIENES INDICADOS EN SU FRACCIÓN I, INCISOS G) Y H), QUE UTILICEN EDULCORANTES DISTINTOS DEL AZÚCAR DE CAÑA Y NO ASÍ A LOS QUE UTILICEN ÉSTA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002).", y que, incluso, se refiere a la legislación vigente en dos mil dos, de lo que se concluye que no abordó los argumentos vertidos en la demanda de garantías.
d) Que en relación con la equidad del artículo 8o., fracción I, incisos a) y e), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el a quo resolvió únicamente con base en una tesis aislada que se refiere a disposiciones vigentes en dos mil dos, de rubro: "PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LOS ARTÍCULOS 8o., FRACCIÓN I, INCISO E), Y 19, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL CORRESPONDIENTE, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL OTORGAR LA EXENCIÓN ÚNICAMENTE A LOS CONTRIBUYENTES QUE AL ENAJENAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE ENERO DE 2002)." no obstante haberse reclamado las correspondientes a dos mil tres. Además, se aprecia de la mencionada resolución, que el Juez al resolver conforme a la anterior tesis que se refiere específicamente al artículo 8o., fracción I, inciso e), soslayó el estudio respecto del inciso a) de la mencionada fracción, lo que resulta ilegal.
e) Que por lo que se refiere al inciso e) de la fracción I del artículo 8o. de la ley, la mencionada tesis, en la que se basó el Juez de Distrito, no resultaba aplicable, en principio porque se trata de legislaciones diferentes, y por otra parte, porque se aprecian diferencias entre lo dispuesto en cada uno de los preceptos vigentes en dos mil dos y dos mil tres, las cuales son las siguientes:
- En dos mil dos la exención sólo aplicaba a los contribuyentes que enajenan bebidas alcohólicas por copeo, mientras que en dos mil tres se amplió esa exención a contribuyentes que también enajenan botellas abiertas.
- En dos mil dos se condicionaba la exención al cumplimiento de una obligación establecida en el artículo 19, fracción XVIII, de la ley en cuestión, mientras que en dos mil tres, la exención ya no está condicionada al cumplimiento de dicha obligación, pues aunque persiste la obligación de este último precepto, su incumplimiento no origina que deje de estar exenta la enajenación.
Que de lo anterior se concluye que se modificaron sustancialmente las condiciones para el otorgamiento de la exención, toda vez que en dos mil tres se amplió el espectro de contribuyentes que pueden acceder a ella y con menos requisitos a cumplir, puesto que desapareció la obligación que condicionaba la propia exención, consistente en la destrucción de las botellas, la cual se transformó en una simple obligación formal.
f) Que la resolución del Juez de Distrito en la que consideró inoperantes los conceptos de violación relacionados con la inequidad de los artículos 8o., fracción I, inciso g) y 13, fracción I, segundo párrafo, de la ley, que se refieren a la exención del impuesto por la enajenación e importación de bienes en recinto fiscalizado estratégico, por haber omitido la quejosa manifestar en qué régimen aduanero importa los bienes gravados por el impuesto resulta ilegal, pues ello denota deficiente estudio de los autos del juicio de amparo, en virtud de que sí se demostró y manifestó el régimen aduanero mediante el cual la quejosa importa tanto las bebidas con contenido alcohólico como los refrescos.
g) Que contrario a lo manifestado por el juzgador de amparo, resulta inequitativo que el legislador haya gravado con un impuesto especial a las bebidas con contenido alcohólico y a los refrescos, en preferencia de otras actividades comerciales, como podrían ser la enajenación o importación de sillas, mesas, teléfonos, etcétera, lo que implica un trato desigual constitucionalmente injustificado, pues sólo aquellos sujetos que se dedican a enajenar bebidas con contenido alcohólico y refrescos están gravados por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
TERCERO. Por razón de método, en primer lugar se estudia el agravio de la parte recurrente sintetizado en el inciso d), en el que sostiene que el Juez de Distrito soslayó el estudio de los conceptos de violación en los que se reclamó la inconstitucionalidad del inciso a) de la fracción I del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pues sólo se ocupó del inciso e) del numeral y fracción citados.
En efecto, si bien es cierto que el Juez a quo en su resolución determinó que la mencionada fracción e) no transgredía el principio de equidad tributaria por las razones en ella contenidas, se aprecia que aun cuando también se reclamó el inciso a), nada dijo sobre el particular; sin embargo, esta Segunda Sala advierte que sobre dicha porción normativa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo.
Lo anterior porque la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente. En este aspecto es aplicable, en cuanto establece la facultad del órgano revisor de examinar de oficio las causas de improcedencia diferentes a las analizadas por el Juez de Distrito, la tesis de jurisprudencia 122/99 del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 28, que establece:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimada determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
El artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio."
De acuerdo con el artículo transcrito, debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia arriba mencionada, respecto del inciso a) de la fracción I del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ya que si bien en la demanda de garantías la quejosa señaló como preceptos reclamados, entre otros, "el artículo 8o., fracción I, incisos a) y e), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios", también lo es que del expediente relativo al juicio de amparo número 419/2003, se advierte que no acreditó que en el ejercicio fiscal de dos mil tres haya causado el impuesto relativo por la enajenación o importación de alcohol y alcohol desnaturalizado para que, en su caso, le fuera aplicable el mencionado numeral en el inciso a) que reclamó.
Así es, los artículos 2o., fracción I, inciso B) y 8o., fracción I, inciso a), de la mencionada ley establecen:
"Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas siguientes:
"I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:
"...
"B) Alcohol y alcohol desnaturalizado. .......... 60%"
"Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley:
"I. Por las enajenaciones siguientes:
(Reformado, D.O.F. 30 de diciembre de 2002)
"a) Alcohol y alcohol desnaturalizado, siempre que se cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 19, fracciones I, II, primer párrafo, VI, VIII, X, XI, XII y XIV de esta ley y las demás obligaciones que establezcan las disposiciones fiscales."
De las disposiciones legales transcritas, se advierte, en principio, que en la enajenación o importación de alcohol y alcohol desnaturalizado se aplicará una tasa del sesenta por ciento; sin embargo, en el artículo que se combate se establece que no se pagará el impuesto cuando se realice la enajenación de dichos productos, siempre que se cumpla con las obligaciones que establece el diverso numeral 19, en las fracciones que ahí establece.
Ahora bien, del recibo bancario de pago de contribuciones federales de fecha diecisiete de febrero de dos mil tres que anexó la quejosa a su demanda de garantías (foja 70 del expediente del juicio de amparo 419/2003), así como de las documentales que exhibió el veintisiete de mayo del mismo año (fojas 181 a 219), se aprecia que esta última no realizó la enajenación o importación de alcohol y alcohol desnaturalizado, por lo que en ese sentido no acreditó su interés jurídico en el juicio y, por ende, debe sobreseerse en el mismo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.
Es aplicable a lo anterior, la tesis de rubro, texto y datos de identificación siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, agosto de 2000
"Tesis: 2a./J. 71/2000
"Página: 235
"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada."
CUARTO. En otro punto, en el primero de los agravios se alega, esencialmente, que el Juez de Distrito incorrectamente sobreseyó en el juicio respecto de los artículos 1o., fracción I, 2o., fracción I, inciso a), 3o., fracción I, inciso a) y 8o., fracción I, inciso f), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, porque el pago provisional correspondiente a enero de dos mil tres sólo demostraba la aplicación de las disposiciones vigentes en este último ejercicio, sin tomar en cuenta que las reformas efectuadas a dicha ley en ese año sólo fue parcial y que aquellas disposiciones siguen vigentes porque quedaron intocadas tras la modificación referida, además de que para efectos del mencionado pago provisional se aplicaron tanto las disposiciones vigentes en dos mil dos como las de dos mil tres.
Resulta infundado el anterior agravio, en atención a que como se desprende de la resolución impugnada, el Juez de Distrito consideró correctamente que procedía el sobreseimiento del juicio en relación con las mencionadas disposiciones vigentes en el ejercicio de dos mil dos, en virtud de que el quejoso, al promover la demanda de amparo, sólo acreditó el acto de aplicación de las normas que tildó de inconstitucionales, vigentes en dos mil tres, con el recibo bancario de pago de contribuciones federales correspondiente a enero de dos mil tres, de fecha diecisiete de febrero siguiente, por lo que en ese sentido estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 73, en relación con el numeral 114, ambos de la Ley de Amparo.
Lo anterior es así, como se dijo, porque como lo estimó el mencionado resolutor federal, la quejosa no aportó prueba alguna para demostrar la aplicación en su perjuicio de las normas que consideró inconstitucionales vigentes en el dos mil dos, con independencia de que por escrito recibido el veintiocho de mayo de dos mil tres en el juzgado del conocimiento, el autorizado de la quejosa, en cumplimiento del requerimiento que le fue formulado, haya exhibido las documentales consistentes en las declaraciones de pagos provisionales y retenciones de impuestos federales correspondientes a los meses de enero a junio de dos mil dos, así como declaraciones complementarias por los meses de julio a diciembre del propio año, pues éstas, además de haberse exhibido con fecha muy posterior a la de presentación de la demanda de amparo, demuestran que los pagos que en ellas constan se realizaron los días diez y once de abril de dos mil tres, por lo que si la demanda de amparo se presentó el diez de marzo de dos mil tres, resultaba claro que la parte quejosa no acreditó, al momento de interponer su demanda, el acto de aplicación de las normas por lo que respecta al ejercicio de dos mil dos.
No es óbice para llegar a la anterior conclusión, lo manifestado por la parte recurrente en el propio agravio que se estudia, en el sentido de que el mencionado Juez de Distrito no se pronunció y, por ende, no valoró los dictámenes periciales tanto de la parte quejosa como el oficial, los cuales coincidieron en señalar que al realizar el pago provisional de enero de dos mil tres, la empresa quejosa se ubicó en las hipótesis normativas de todas las disposiciones señaladas en su demanda de garantías, pues con independencia de que los referidos dictámenes no son del todo coincidentes como lo manifiesta la parte recurrente, y de que del rendido por la perito oficial se advierte que se basó para emitir su opinión en la legislación correspondiente a dos mil tres, en el caso lo que está a discusión es el que la parte quejosa, al momento de presentar su demanda de garantías, sólo acreditó el acto de aplicación de las normas combatidas vigentes durante dos mil tres y no las de dos mil dos, razón por la que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al decretar el sobreseimiento.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que citó el propio Juez del conocimiento en apoyo a sus consideraciones, con el rubro, texto y datos de identificación siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VIII, diciembre de 1998
"Tesis: P. LXXXV/98
"Página: 220
"AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, la acción constitucional que se endereza en contra de leyes reclamadas con motivo de su aplicación, debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que se dé el primer acto de aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia de que el acto concreto que genere el perjuicio debe ser, necesariamente, anterior a la presentación de la demanda, independientemente de que su demostración pueda realizarse durante la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica si se toma en consideración que la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una ley con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no habría seguridad para las partes y la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio."
Por lo anterior, resulta inaplicable la tesis de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS.", emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como se ha venido sosteniendo, el Juez concluyó que la parte quejosa no acreditó el acto de aplicación de las normas reclamadas por lo que hace a dos mil dos.
QUINTO. En el agravio sintetizado en el inciso b) la parte recurrente alega, en esencia, que el Juez de Distrito consideró incorrectamente que el Congreso de la Unión sí está facultado para gravar, a través de un impuesto especial, la enajenación e importación de bebidas alcohólicas y refrescos, no obstante no estar establecida expresamente en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., de la Constitución Federal, pues si bien tiene libertad para escoger el hecho imponible de las contribuciones conforme al artículo 31, fracción IV, de la propia Norma Fundamental, la misma está acotada a que constitucionalmente esté facultado para ello. Agrega que el a quo analizó aisladamente las fracciones VII y XXIX, inciso 5o., del artículo 73 de la Constitución Federal, al afirmar que en la primera se establece la facultad genérica del Congreso para imponer contribuciones y con ello concluir en la constitucionalidad del impuesto, pues dicho juzgador no tomó en cuenta el principio general de derecho que establece que las normas especiales prevalecen sobre las generales, y en ese sentido la facultad establecida en la segunda de las fracciones mencionadas acota o limita las materias susceptibles de ser gravadas por un impuesto especial.
Finalmente, argumenta que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no grava el consumo en general, como lo adujo el Juez de Distrito, sino que se causa con motivo de la enajenación, prestación de servicios e importación de los bienes y servicios que señala, lo que corrobora que no es un impuesto al consumo, sino un verdadero impuesto especial de los que establece la fracción XXIX, inciso 5o., del artículo 73 de la Constitución Federal, razón por la que la tesis de rubro: "AUTOMÓVILES, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE. FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA DECRETARLO.", que invocó el Juez resulta inaplicable, pues tal impuesto no grava el consumo y, por ende, no puede considerarse especial, ya que grava el patrimonio de las personas.
Asimismo, considera en el agravio sintetizado en el inciso g) que resulta inequitativo que el propio legislador no haya gravado a otros productos y sí a la enajenación o importación de bebidas alcohólicas y refrescos que es a lo que se dedica, sin existir causas objetivas que lo justifiquen.
Para dar contestación a los anteriores argumentos, es oportuno transcribir, en su parte conducente, las consideraciones que sobre el tema expuso esta Segunda Sala al resolver el veintitrés de enero de dos mil cuatro, por unanimidad de cuatro votos, el amparo en revisión 1029/2003, donde figura como quejosa Embotelladora de Tampico, Sociedad Anónima de Capital Variable y otras, de la que derivó la tesis 2a. II/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de dos mil cuatro, página 378, que dice:
"PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA GRAVAR EN LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, LA ENAJENACIÓN O, EN SU CASO, LA IMPORTACIÓN DE AGUAS GASIFICADAS O MINERALES, REFRESCOS, BEBIDAS HIDRATANTES O REHIDRATANTES, QUE UTILICEN EDULCORANTES DISTINTOS AL AZÚCAR DE CAÑA, TIENE SU FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Del análisis de los artículos 73, fracciones VII y XXIX, 117, 118 y 124 de la Constitución Polít
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19512-59179aac/produccion-y-servicios-la-facultad-del-congreso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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