RECURSO DE REVOCACIÓN EN MATERIA FISCAL. EL CONTRIBUYENTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNA AL DEPOSITARIO. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. EXISTE AUN CUANDO LAS SENTENCIAS QUE CONTIENEN LOS CRITERIOS RELATIVOS HAYAN SIDO EMITIDAS POR MAYORÍA DE VOTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 222/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: JONATHAN BASS HERRERA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada la Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el cual emitió uno de los criterios que participan en la presente contradicción, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."
TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver, por mayoría de votos, la revisión fiscal 89/2005, fueron las siguientes:
"SÉPTIMO. En el único agravio, la autoridad recurrente sostiene que la sentencia recurrida viola en su perjuicio los artículos 117, fracción I, inciso d) y fracción II, inciso b), 153 y 237 del Código Fiscal de la Federación, ya que contrariamente a lo que en ella se consideró, los acuerdos de remoción de depositario y entrega de bienes embargados, recurridos en el recurso de revocación de origen, no afectan el interés jurídico de la contribuyente, ya que no se le priva de ningún derecho, pues su función se reduce a la guarda y custodia de los bienes embargados.
"Expone que Bertha Martínez Navarrete tiene el carácter de depositaria, porque dicho carácter se le otorgó cuando se practicaron los embargos de veintisiete de febrero de dos mil tres; que, por tanto, al ser la persona mencionada solamente la depositaria de los bienes, no existe afectación a los intereses de la actora, ya que sólo se le remueve de su cargo.
"Que los actos impugnados forman parte del procedimiento administrativo de ejecución, por lo que únicamente constituyen un medio para el cumplimiento de hacer efectivos los créditos fiscales.
"Que es ilegal lo decidido en la sentencia recurrida, pues si bien es cierto que los acuerdos de remoción de depositario, impugnados en el recurso de revocación, son actos del procedimiento administrativos (sic) de ejecución, que pueden ubicarse en el artículo 117, fracción II, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, también lo es que no afectan el interés jurídico del contribuyente, puesto que, reitera, tales actos recurridos se dirigen a la actora en su carácter de depositario y tienen como único objeto removerlo del cargo, que no le confiere atribuciones sino obligaciones, por lo que no le produce afectación en su esfera jurídica, ya que con el cargo de depositario no se adquiere ningún derecho, sino que es un mero auxiliar de la autoridad en la custodia de los bienes, y su remoción es una facultad discrecional de la autoridad, conforme al artículo 153 del Código Fiscal de la Federación.
"Reitera que conforme al artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, las atribuciones del depositario consisten únicamente en custodiar o administrar los bienes conferidos para su guarda, y que en esa medida, la resolución por la que se remueve de dicho cargo, no afecta su interés jurídico, dado que no se invade su esfera jurídica ni se le priva de derecho alguno, toda vez que la función de depositario se reduce a la guarda y custodia de los bienes embargados.
"Los anteriores argumentos son infundados, en razón de que, contrariamente a lo que en ellos se aduce, se encuentra ajustada a derecho la conclusión adoptada en la sentencia recurrida, consistente en que los actos recurridos en el recurso de revocación sí afectan el interés del particular y que, por ende, es procedente el recurso de revocación desechado en sede administrativa.
"En principio, conviene tener presente que en el juicio fiscal, la parte actora demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 325-SAT-15-II-D-298, de veintitrés de octubre de dos mil tres, emitido por el administrador local Jurídico de Toluca, Estado de México, del Servicio de Administración Tributaria, por medio de la cual se desechó por improcedente el recurso de revocación interpuesto por dicha actora en contra de diversos oficios, mediante los cuales se acordó la remoción de depositario y se requirió la entrega de los bienes en depositaría, respecto de los créditos fiscales Z-335565, Z-335566, Z-335567, Z-335568, Z-335569 y Z-335570.
"Ahora bien, el artículo 153, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, establece: se transcribe. ...
"Del precepto legal transcrito se advierte, en lo que interesa al presente asunto, que establece una facultad discrecional para la autoridad administrativa, ya que dispone que los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a los depositarios.
"Es importante destacar que el artículo en análisis, al utilizar la frase ‘bajo su responsabilidad’, necesariamente implica el mandato relativo a que la actuación de la autoridad administrativa debe sujetarse al marco normativo que corresponda (aun cuando se trate de facultades discrecionales), pues de lo contrario, se traduciría en una facultad arbitraria que vulneraría el principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, al que debe someterse todo acto de autoridad.
"Cobra aplicación, por las razones que contiene, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y contenido son: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, mayo de 1997. Tesis P. LXV/97. Página 161. ‘DEPOSITARIO. EL ARTÍCULO 153 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE FACULTA A LOS JEFES DE LAS OFICINAS EJECUTORAS Y, EN SU CASO, A LOS EJECUTORES, PARA NOMBRARLO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).
"Por su parte, el artículo 117, fracción II, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, señala: (se transcribe).
"Como se advierte, el recurso de revocación es procedente contra actos de autoridades fiscales federales, dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley.
"Esto es, la norma en análisis establece el derecho para los contribuyentes de recurrir los actos emitidos en el procedimiento administrativo de ejecución, a efecto de modificarlos o revocarlos, cuando consideren que no se encuentran apegados a la ley.
"En este sentido, si en la especie se interpuso recurso de revocación en contra de diversos oficios, mediante los cuales se acordó la remoción de depositario y se requirió la entrega de los bienes muebles embargados, cuyo fundamento fue, entre otros, el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación; es claro que el particular recurrente sí tenía interés jurídico para recurrir tales determinaciones, puesto que se emitieron de acuerdo a facultades discrecionales que, invariablemente, deben sujetarse al marco legal y, por ende, ello era suficiente para que, en términos del artículo 117, fracción II, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente tuviera el derecho y, en consecuencia, el interés jurídico para controvertirlas, vía recurso de revocación, al estimar que no se encuentran ajustadas a la ley.
"En otro orden de ideas, con independencia de que el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación establezca o no derecho alguno a favor del contribuyente, sí tiene interés jurídico para interponer el recurso de revocación, tratándose del acuerdo de remoción de depositario y requerimiento de bienes embargados, en razón de que aun cuando ese artículo contenga una facultad discrecional para la autoridad hacendaria, dicha facultad, según se ha visto, no puede quedar exenta de observar las disposiciones legales aplicables, aspecto este último que en términos del artículo 117, fracción II, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, puede cuestionarse, vía recurso de revocación, en virtud del derecho o facultad otorgado al contribuyente -lo que a su vez genera el interés jurídico- para recurrir tales determinaciones, cuando, precisamente, considere que no se encuentran ajustadas a la ley.
"Consecuentemente, contrariamente a lo que aduce la parte recurrente, fue ajustado a derecho lo concluido en la sentencia recurrida, en el sentido de que los actos recurridos en el recurso de revocación afectaban el interés del particular y que, por ende, era procedente el recurso de revocación desechado en sede administrativa.
"Adoptar una postura contraria, implicaría vedar al contribuyente el recurso de revocación, cuando precisamente el artículo 117, fracción II, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, le concede la facultad, de la que a su vez surge el interés jurídico, para inconformarse contra los actos de las autoridades fiscales federales, dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley.
"En relación a la tesis y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de un Tribunal Colegiado de Circuito, que invoca la recurrente, cuyos rubros son: ‘DEPOSITARIO, INTERÉS JURÍDICO DEL, TRATÁNDOSE DE DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS.’ y ‘DEPÓSITO JUDICIAL, LA REMOCIÓN DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).’; tales criterios no resultan aplicables en la especie, pues el primero versa sobre la suspensión en el juicio de amparo indirecto, y el segundo interpreta el Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa citada.
"A mayor abundamiento debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LXVII/97, estableció que el nombramiento de depositario dentro del procedimiento administrativo fiscal de ejecución, establecido en el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, constituye un acto de molestia, porque se produce dentro de dicho procedimiento para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, en la verificación de la diligencia de requerimiento de pago y embargo.
"En esa medida, si el nombramiento de depositario constituye un acto de molestia, con mayor razón la remoción de dicho cargo y el requerimiento de entrega de los bienes embargados, lo que genera interés jurídico.
"La tesis aludida, es la siguiente: P. LXVII/97, ‘DEPOSITARIO. SU NOMBRAMIENTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FISCAL DE EJECUCIÓN, CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA.’ (se transcribe).
"En consecuencia, al haber resultado infundado el agravio en estudio, procede confirmar la resolución recurrida. ..."
CUARTO. Las ejecutorias dictadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver las revisiones fiscales 66/2002, 68/2002, 70/2002, 44/2003 y 17/2004, se basaron en las siguientes consideraciones:
Revisión fiscal 66/2002.
"SEXTO. Los agravios propuestos son ineficaces. La autoridad recurrente aduce que, contrariamente a lo que determinó la Sala responsable, ningún perjuicio le genera al contribuyente, como deudor fiscal en el juicio de nulidad, el acuerdo que ordenó la designación del depositario interventor con cargo a la caja, debido a que con ese acuerdo, la autoridad fiscal sólo se constriñó a ejercitar el derecho que tenía, conforme al artículo 153 del Código Fiscal de la Federación y con la designación de interventor no se afectaron derechos inherentes a la propiedad o posesión de los bienes de la empresa, ya que éstos sólo quedan bajo la guarda y custodia de aquél. Lo expuesto por la recurrente es fundado pero ineficaz, en razón de lo siguiente: Asiste la razón a la autoridad recurrente, en el sentido de que la empresa contribuyente carece de interés jurídico para impugnar, mediante recurso de revocación, el oficio en el que se le hace sabedor de la designación de depositario interventor con cargo a la caja de la negociación que le fue embargada durante el procedimiento de ejecución. Es así, porque el interés jurídico de la contribuyente debe entenderse como la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado a su favor, por lo que, si de conformidad con el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, los jefes de las oficinas ejecutoras, como en el caso, la administradora local de Recaudación de Aguascalientes, tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los depositarios interventores con cargo a la caja, ello hace que no exista derecho subjetivo tutelado a favor de la contribuyente que se vea alterado o afectado mediante el nombramiento relativo, debido a que se trata de una facultad que la ley otorga a la autoridad hacendaria de referencia, en relación a la cual no existe injerencia para ninguna otra persona y menos aún para la contribuyente. Además, si bien en el oficio impugnado se precisa que el interventor deberá llevar a cabo la retención del diez por ciento de los ingresos diarios en dinero, a la negociación embargada, lo cierto es que ello se hace para conminar a la persona a quien se encomienda el desempeño de tal función a cumplir con las obligaciones que la ley le impone; empero, no es de dicho oficio de donde deriva la designación del depositario interventor ni las funciones de éste, así como tampoco la retención de ingresos de la contribuyente, sino del artículo 165 del Código Fiscal de la Federación, que se torna exigible en virtud del embargo trabado sobre la negociación, lo que a su vez conlleva, atendiendo a lo señalado por el numeral 153 del citado ordenamiento legal, a dejar a la negociación embargada bajo la custodia del depositario designado, quien deberá desempeñar su encargo conforme lo señala la ley. Esto es, la designación del interventor no constituye un hecho que modifique el estado jurídico que guarda la propiedad y posesión del contribuyente en relación a la negociación embargada, dado que es precisamente el embargo, el que determina la existencia de la intervención en relación a dicha empresa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 152 y 153 del Código Fiscal de la Federación, siendo, por tanto, la designación del interventor, una consecuencia de la existencia del embargo, acorde a lo señalado por el numeral 164 del citado ordenamiento legal. Similar razonamiento fue sustentado por este órgano colegiado, al resolver, en lo conducente, el siguiente juicio de amparo directo: Amparo directo administrativo número 400/2002. Bordados Vianney, Sociedad Anónima de Capital Variable. Trece de junio de dos mil dos. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada Lucila Castelán Rueda. Secretario: David Pérez Chávez. Sin embargo, no obstante lo fundado del indicado argumento de la recurrente, éste es insuficiente para revocar o modificar el fallo recurrido, debido a que no controvierte la consideración toral de la Sala responsable, consistente en que el oficio impugnado es susceptible de ocasionar perjuicio a la contribuyente, en virtud de que se trata de una comunicación dirigida a ésta, por medio de la cual, la autoridad fiscal le hace de su conocimiento que ya no tendrá libre disposición de los ingresos que perciba con motivo de su actividad comercial, lo cual, determinó la Sala, genera para la contribuyente acción a su favor para intentar el recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, porque a su juicio, la intervención del depositario incidirá directamente en el cobro del importe del crédito fiscal con cargo a la caja de la persona moral contribuyente, lo cual, asevera la Sala, será susceptible de generarle un perjuicio al patrimonio de la misma. Luego, como no es combatido por la inconforme, el razonamiento principal que sustenta la sentencia recurrida, consistente en que el perjuicio patrimonial que pudiera ocasionarle a la empresa contribuyente, la designación de depositario interventor con cargo a la caja, estriba en que la intervención del mismo incidirá directamente en el cobro del importe del crédito fiscal con cargo a los ingresos de aquélla; es suficiente para continuar rigiendo el sentido del fallo, dado que no se puso de manifiesto la ilegalidad de los motivos y fundamentos que lo sostienen y, por vía de consecuencia, procede declarar ineficaces por insuficientes los agravios propuestos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia V.2o. J/54, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el registro 188,962 del disco 1 de publicación oficial del Semanario Judicial de la Federación IUS 2002, que remite a la página 1110, Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: ‘REVISIÓN CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AGRAVIOS INOPERANTES.’ (se transcribe). La tesis invocada en vía de agravios de rubro: ‘DEPOSITARIO, NUEVA DESIGNACIÓN, NO AFECTA LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA DEMANDADA QUE LE FUERON EMBARGADOS.’, carece de aplicación al caso, en primer lugar, porque se refiere a un supuesto diverso al que nos ocupa, puesto que en dicha tesis se alude a la designación de depositario simple de bienes embargados, en tanto que en el caso, se trata de la designación de depositario interventor con cargo a la caja de la empresa contribuyente, en donde dicho depositario no solamente actúa como tal, sino con cargo a los ingresos de aquélla, de los cuales, conforme al artículo 165 del Código Fiscal de la Federación, después de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes, tendrá la obligación jurídica de retirar de la negociación intervenida el diez por ciento de los ingresos de la misma en dinero y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o cuando se efectúe la recaudación; y en segundo lugar, porque como quedó precisado con anterioridad, los agravios de la inconforme resultaron insuficientes para combatir las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida. Atento a las consideraciones apuntadas, al ser ineficaces los agravios expresados, es procedente confirmar la sentencia recurrida por la autoridad revisionista administrador local Jurídico de Aguascalientes, como autoridad demandada y en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y del presidente del Servicio de Administración Tributaria, en la cual, la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-01-V-07223 de treinta y uno de octubre de dos mil uno, emitido por la Administración Local de Recaudación de Aguascalientes."
Revisión fiscal 68/2002.
"SEXTO. Son inoperantes los agravios. Asiste la razón a la autoridad recurrente en cuanto, sustancialmente, señala que carece de interés jurídico el contribuyente actor del juicio de origen, en relación al oficio en el que se le hace saber de la designación de depositario interventor con cargo a la caja de la negociación que le fue embargada durante el procedimiento administrativo de ejecución. Efectivamente, partiendo de que el interés jurídico del contribuyente para combatir el acto administrativo cuya ilegalidad impugnó mediante el recurso de revocación debe entenderse como la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado a su favor, se estima que, si de conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, a los jefes de las oficinas ejecutoras, como en el caso lo es la administradora local de Recaudación de Aguascalientes, corresponde nombrar y remover libremente a los depositarios interventores con carga a la caja, por tal motivo, no existe derecho subjetivo alguno legítimamente tutelado a favor del gobernado, que se vea alterado o afectado mediante el nombramiento relativo, pues se trata de una facultad que la ley otorga a la autoridad hacendaria de referencia, en relación a la cual no se atribuye injerencia a diversa persona. Al respecto, cabe señalar que si bien, en el oficio de referencia se precisa que el interventor de mérito deberá llevar a cabo la retención del diez por ciento de los ingresos diarios en dinero de la negociación embargada, lo cierto es que, ello se hace para conminar a la persona a quien se encomienda el desempeño de tal función a cumplir con las obligaciones que la ley le impone; empero, no es de dicho acto, en el cual se realiza la designación del aludido depositario y la comisión de las funciones que se le especifican, de donde deriva tal retención en perjuicio del sujeto pasivo de la relación tributaria, sino de lo dispuesto por el artículo 165 del Código Fiscal de la Federación, que se torna exigible en virtud del embargo trabado sobre la negociación de la persona moral promovente de amparo, lo cual, a su vez conlleva, atendiendo a lo señalado por el numeral 153 del mismo ordenamiento legal, a dejar la negociación embargada bajo la guarda de los depositarios que se designen quienes deben desempeñar su encargo conforme lo señala la ley; esto es, la designación del interventor no constituye un hecho que modifique el estado jurídico que guarda la propiedad y posesión del contribuyente en relación a la negociación embargada, dado que es precisamente el embargo el que determina la existencia de la intervención en relación a dicho bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 152 y 153 del Código Fiscal de la Federación, siendo la designación del interventor una consecuencia de la existencia del primero acorde a lo señalado por el numeral 164 del ordenamiento legal en cita. No obstante lo anterior, resultan inoperantes los conceptos de agravio propuestos por la autoridad recurrente, en virtud de que no combate una de las consideraciones de la Sala Fiscal en la que basó su afirmación en el sentido de que la contribuyente demandante sí tenía interés jurídico para combatir el oficio mediante el cual se hizo de su conocimiento la designación de depositario interventor con cargo a la caja; razonamiento del Tribunal Fiscal mediante el cual se sustenta que el oficio por virtud del cual ordenó la anulación del acto que le fue impugnado, se trata de un documento donde se comunica al representante legal de la contribuyente que ya no tendrá libre disposición de los ingresos percibidos por la empresa, lo cual, según resolvió el órgano jurisdiccional de origen, pudiere generar un perjuicio y, por ende, resulta incuestionable que dicha empresa tiene acción para intentar el recurso administrativo de revocación. En efecto, la inconforme no expresó concepto de agravio alguno mediante el cual argumente que el oficio de que se trata, no implica un comunicado a la contribuyente actora por el que se le informe que dejará de tener libre disposición de los ingresos que percibe, o bien que, aun cuando sea de esta manera, tal comunicación por sí sola no afecta su esfera jurídica, o que la sola posibilidad de que el contenido del mismo llegara a generarle un perjuicio no es suficiente para estimar que se encuentra legitimado para intentar el recurso al cual se refiere. Así es, lo alegado por el recurrente en agravios se limita a argumentar, sustancialmente: a) Que contrario a lo resuelto por la Sala Fiscal, el oficio 322-SAT-R4-01-I-III-13527, al igual que el diverso 322-SAT-01-III-13492, mediante los cuales se comunica la designación de depositario interventor con cargo a caja sobre los bienes embargados a la contribuyente actora del juicio de nulidad, el primero dirigido a la propia gobernada y el segundo a la persona designada para desempeñar tal función, no causan a la demandante ningún agravio personal y directo, puesto que con ellos no se afecta la situación jurídica de los bienes propiedad de la sociedad mercantil en cuestión, sino que, mediante dichos comunicados la autoridad recaudadora se concretó a ejecutar el derecho que tiene para designar depositarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación; y. b) Que siendo la designación de depositario una facultad de la exactora, que si bien es cierto constituye una diligencia dentro del procedimiento administrativo de ejecución, también lo es que la relación del depositario se da con respecto a la autoridad ejecutora quien le nombra bajo su responsabilidad, sin que tal circunstancia afecte a la propiedad o posesión de los bienes de la empresa, pues tales bienes sólo quedan bajo la guarda de los depositarios, toda vez que, en dicha actuación, se está haciendo exigible el pago de créditos firmes, es decir, afirma la inconforme, son créditos legalmente determinados que ya fueron notificados anteriormente al contribuyente, además de haber sido legalmente trabado el embargo a la negociación con anterioridad, por lo que es plenamente conocedor del crédito fiscal y tuvo, en su oportunidad, todas las defensas y medios de impugnación a su alcance. De esta forma, puede advertirse que lo alegado por el recurrente se limita a señalar las razones por las cuales estima que el oficio materia de la litis de nulidad, no irroga perjuicio en el gobernado por el hecho de que en éste se contenga la designación de depositario interventor con cargo a la caja; empero, no controvierte lo sustentado en el fallo que se impugna, en cuanto se considera que dicho oficio es una comunicación dirigida al representante de la persona moral contribuyente, por la que se le hace saber que ya no tendrá libre disposición de los ingresos percibidos por dicha empresa, lo cual, consideró la Sala Fiscal, pudiera generar un perjuicio y, por ende, estimó incuestionable que la demandante tenía en su favor ‘acción’ para intentar el recurso administrativo de revocación. Cabe señalar que no es óbice a lo anterior que la recurrente sostenga en sus agravios que, en el comunicado de mérito, la autoridad fiscalizadora se concretó a ejercer el derecho que le faculta para designar depositario en términos de lo previsto por el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, pues, de la lectura del oficio 322-SAT-R4-01-I-III-13527, en cuestión, puede advertirse que, en éste, no sólo se comunica la designación del mencionado interventor, sino también la continuación del procedimiento administrativo de ejecución, sin que se exprese en agravios el motivo por el cual, no obstante tal circunstancia, el referido documento público, no se traduce en un comunicado dirigido al representante legal de la contribuyente por el que se le hace saber que ya no tendrá libre disposición de los ingresos percibidos por la empresa, según lo refiere la resolución recurrida, o bien, que por ese solo hecho, no puede concluirse que pudiera generar un perjuicio y que, dicha empresa, está en aptitud legal de intentar el recurso de revocación referido por la Sala, lo cual constituye las consideraciones que sustentan el fallo que se revisa. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya publicación puede consultarse en la página ciento noventa y seis, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: ‘AGRAVIOS INOPERANTES DE LA AUTORIDAD, SI NO COMBATEN LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.’ (se transcribe). Consecuentemente, al resultar inoperantes los agravios planteados, lo procedente es confirmar la resolución recurrida."
Revisión fiscal 70/2002.
"SÉPTIMO. El agravio es ineficaz, pues es inexacto lo que se aduce, en el sentido de que la Sala a quo haya pasado por alto el contenido de los artículos 153, 165, 166 y 167 del Código Fiscal de la Federación, ya que contrariamente a lo que sostiene, fue con apoyo en lo previsto en estos numerales conforme a lo cual, estimó que era procedente la determinación de la autoridad fiscal al desechar el recurso de revocación, ya que no se afectaba el interés jurídico de la empresa contribuyente, respecto de diverso oficio 322-SAT-01-III-17270, de veintiséis de noviembre de dos mil uno, por el cual se designó a José L. Gorostiola Rivera, depositario interventor con cargo a caja. Ello es así, pues de la resolución recurrida se desprende que la resolutora estimó, entre otras cosas, que la designación de depositario de los bienes embargados se da como una diligencia dentro del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal y de conformidad con el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, los bienes embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios necesarios, teniendo las autoridades ejecutoras la libertad de nombrar y remover libremente, bajo su responsabilidad a los depositarios des
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19540-e8938b84/recurso-de-revocacion-en-materia-fiscal-el-contribuyente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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