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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. SU PROCEDENCIA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL DECRETÓ LA NULIDAD DE UNA MULTA POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, NO ENCUENTRA SU FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 88/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19654
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 952.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 88/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: JONATHAN BASS HERRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, fueron emitidas en recursos de revisión fiscal.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2003, sustentada por esta Segunda Sala, visible en la página 330, Tomo XVIII, agosto de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:

"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza."

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por el Magistrado F. Javier Mijangos Navarro, en su carácter de presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió una de las ejecutorias que participa en la presente contradicción, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

TERCERO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 289/2002, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"RESULTANDO:

"PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil uno, ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Edgar Raúl Charles Hinojosa, representante legal de Seguros Comercial América, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó la nulidad del oficio número 06-367-II-4.2/8784 de cuatro de septiembre de dos mil uno, mediante el cual el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas confirmó la multa por la cantidad de $32,215.00.

"SEGUNDO. Por acuerdo de veintiuno de noviembre del año dos mil uno, el Magistrado instructor de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien correspondió conocer del asunto, admitió la demanda de nulidad registrándola con el número 18324/01-17-05-2, se ordenó emplazar a las autoridades demandadas; y, seguidos los trámites de ley, el veinticinco de abril de dos mil dos, la referida Sala declaró la nulidad de la resolución impugnada.

"TERCERO. Inconforme con la resolución anterior, Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, en su carácter de subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, interpuso recurso de revisión, mismo que fue turnado a este Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y admitido por acuerdo de presidencia de veinticuatro de septiembre del año dos mil dos, registrándolo con el número RF. 289/2002-3760, en el mismo auto se ordenó tanto en éste como en el RF. 290/2002-3761, fueran turnados al mismo ponente en atención a que derivan del mismo juicio de nulidad, en términos del artículo 249 del Código Fiscal de la Federación.

"...

"CONSIDERANDO:

"...

"TERCERO. Previamente a la transcripción de los agravios expresados por la recurrente y, en su caso, el estudio de la cuestión de fondo, debe analizarse la procedencia del recurso de revisión intentado.

"La autoridad recurrente subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público como autoridad demandada en el juicio de nulidad, expresó como motivos para justificar la procedencia del presente recurso, los siguientes:

"‘Con fundamento en el artículo 248, fracción III, inciso e), del Código Fiscal de la Federación, el recurso de revisión es procedente por la sola circunstancia de que la resolución examinada en la sentencia recurrida proviene del presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal como se advierte del propio fallo. Asimismo, en el recurso se expresan «violaciones cometidas en la sentencia» ya que se comete violación al artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, porque en el fallo recurrido se modifica la litis planteada, por lo que las consideraciones expresadas por la Sala juzgadora resultan incongruentes, tal como se acredita en el agravio respectivo. Al respecto, son aplicables las tesis de jurisprudencia números 11/99 y 12/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, páginas 240 y 168, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes. «REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONFORME AL ARTÍCULO 248 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1997 POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES Y SIEMPRE QUE SE INTERPONGA DENTRO DEL PLAZO LEGAL.». «REVISIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, INCISO E), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1997 NO ESTABLECE UN PRESUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO, SINO UNA CONDICIÓN PARA OBTENER RESOLUCIÓN FAVORABLE.».’

"De la transcripción anterior se advierte que la autoridad recurrente considera que el recurso de revisión fiscal interpuesto es procedente, con fundamento en la fracción III, inciso e), del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que la resolución impugnada en el juicio de nulidad fue dictada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por violaciones cometidas en la propia resolución o sentencia.

"El referido precepto legal establece: (se transcribe).

"De la fracción III, inciso e), del precepto transcrito, se desprende que las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad demandada a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, por medio del recurso de revisión que se interpondrá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre y cuando se encuentre, entre otros supuestos, en el relativo a que la resolución impugnada en el juicio de nulidad haya sido dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, y el asunto se refiera, entre otros, a las violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias.

"Ahora bien, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas quien dictó la resolución impugnada en el juicio de nulidad, conforme al artículo 108 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se sujetará a esa ley, al reglamento interior que al efecto emita el Ejecutivo Federal y tendrá, entre otras facultades, la de imponer sanciones administrativas por infracciones a la propia ley y a las demás leyes que regulan las actividades, instituciones y personas sujetas a su inspección y vigilancia, así como a las disposiciones que emanen de ellas.

"Por otra parte, la resolución de cuatro de septiembre de dos mil uno, impugnada en el juicio de nulidad, confirmó la diversa que sancionó pecuniariamente a la parte actora, porque ésta no proporcionó oportunamente el informe requerido en materia de sistema estadístico para los seguros de robo de mercancías, regulado en el artículo 107 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

"De lo expuesto se aprecia que no se actualiza la hipótesis de procedencia invocada por la autoridad recurrente, en virtud de que la resolución impugnada en el juicio de nulidad no fue dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por alguna autoridad fiscal de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, sino por un órgano desconcentrado de esa secretaría, con fundamento en las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que regula la organización y funcionamiento de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, las actividades y operaciones que éstas realizan, así como de los agentes de seguros y demás personas relacionadas con la actividad aseguradora, en protección de los intereses del público usuario de esos servicios, como se desprende del artículo primero de esa ley.

"En tales condiciones, es claro que no se actualiza la procedencia del recurso de revisión interpuesto, en virtud de que la resolución impugnada en el juicio de nulidad es de naturaleza y origen diverso a los supuestos previstos en la fracción III del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación; es decir, no fue dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por alguna autoridad fiscal de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, ni mucho menos se contrae a la determinación de alguna obligación fiscal relacionada con la interpretación de alguna ley o reglamento en forma tácita o expresa, determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones, competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación, violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo, violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias y las que afecten el interés fiscal de la Federación. ..."

CUARTO. Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 99/2006, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"RESULTANDO:

"PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil cuatro, ante la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Fianzas Asecam, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Asecam, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, demandó la nulidad de la resolución número 06-367-II-4.2/620, expediente 399(F-27)/1, expedida el veintitrés de marzo de dos mil cuatro, por el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

"SEGUNDO. La demanda fue turnada a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde se registró con el número de expediente 15978/04-17-02-2, dictándose sentencia definitiva el tres de marzo de dos mil cinco, en la que resolvió:

"‘PRIMERO. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. SEGUNDO. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución recurrida.’

"TERCERO. Inconforme con la anterior determinación, por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil cinco ante la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el director general Jurídico Contencioso y de Sanciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, interpuso recurso de revisión.

"...

"CONSIDERANDO:

"...

"TERCERO. El recurso de revisión fiscal es procedente, puesto que se interpuso en contra de la sentencia de tres de marzo de dos mil cinco, dictada en el expediente número 15978/04-17-02-2, del índice de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio natural emitida por una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por ello se actualiza la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación.

"Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J. 11/99, en la página 240 del Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘REVISIÓN FISCAL. PROCEDE, CONFORME AL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1997, POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES Y SIEMPRE QUE SE INTERPONGA DENTRO DEL PLAZO LEGAL.’ (se transcribe)."

QUINTO. No es obstáculo para resolver lo que en derecho proceda, el hecho de que los criterios contendientes no hayan integrado jurisprudencia, ya que dicha circunstancia no es necesaria para la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/93, sustentada por esta Segunda Sala, visible en la página 41, Tomo XII, diciembre de 1993, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto señalan:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE ÉSTAS TENGAN EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA. El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el carácter de jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen así."

SEXTO. Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración, en primer lugar, lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República, así como el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, al señalar lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"...

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ..."

Como se advierte, los preceptos transcritos se refieren específicamente a aquellos casos en que existe contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, porque la finalidad de dichos preceptos, constitucional y legal, es unificar criterios ante los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema jurídico. Ello, porque la resolución que se dicte, por mandato constitucional, sólo tiene el efecto de fijar la jurisprudencia y no afecta ni puede afectar válidamente las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes.

Sentado lo anterior, debe precisarse que el Pleno de este tribunal ha sostenido que para que se configure una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es menester que se actualicen los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia del Tribunal Pleno número P./J. 26/2001, publicada en la página 76 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, con el rubro y texto que enseguida se reproduce:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Una vez expuesto lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima satisfechos los requisitos antes mencionados, si se toma en consideración que ambos tribunales analizaron una cuestión jurídica esencialmente igual, consistente en determinar, si en términos de la fracción III del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, resulta procedente el recurso de revisión fiscal interpuesto en contra de la sentencia dictada por una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la cual se declara la nulidad de una resolución emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a través de la cual se impone una multa administrativa.

De este modo, mientras el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió la procedencia del recurso de revisión fiscal en términos de la fracción III del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación; el Décimo Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito sostuvo la postura contraria.

Cabe señalar que la divergencia de criterios entre los tribunales contendientes se manifestó expresamente en la parte considerativa de las ejecutorias respectivas, amén de que partieron del análisis de los mismos elementos, pues en ambos casos, la resolución administrativa de origen fue emitida por el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en contra de la cual, los particulares promovieron juicio de nulidad, cuya resolución resultó adversa a las autoridades demandadas, motivo por el cual interpusieron recurso de revisión fiscal, sustentando su procedencia en términos de la fracción III del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación.

Así, el punto concreto de contradicción que corresponde dilucidar a esta Segunda Sala, consiste en determinar si en contra de la sentencia emitida por una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante la cual se declare la nulidad de una multa administrativa impuesta por el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la procedencia del recurso de revisión fiscal puede derivar o no del supuesto previsto en la fracción III del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación.

SÉPTIMO. Con el propósito de resolver la contradicción de tesis planteada, conviene hacer una breve referencia histórica de las disposiciones que han regulado el recurso de revisión de que se trata.

De este modo, precisa destacar que, a nivel constitucional, hasta antes del treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponía lo siguiente:

"Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

(Reformada, D.O.F. 18 de enero de 1934)

"I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o con motivo de los tratados celebrados con las potencias extranjeras. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales locales del orden común de los Estados, del Distrito Federal y Territorios. Las sentencias de primera instancia serán apelables para ante el superior inmediato del Juez que conozca del asunto en primer grado.

"II. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo.

"III. De aquellas en que la Federación fuese parte.

"IV. De las que se susciten entre dos o más Estados, o en un Estado y la Federación, así como de los que surgieren entre los tribunales del Distrito Federal y los de la Federación o un Estado.

"V. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro.

"VI. De los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular."

Fue precisamente mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, cuando se reformó la primera fracción del precepto antes referido, para quedar redactada en los siguientes términos:

"Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

(Reformada, D.O.F. 30 de diciembre de 1946)

"I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o con motivo de los tratados celebrados con las potencias extranjeras. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales locales del orden común de los Estados, del Distrito Federal y Territorios. Las sentencias de primera instancia serán apelables para ante el superior inmediato del Juez que conozca del asunto en primer grado.

"En los juicios en que la Federación esté interesada, las leyes podrán establecer recursos ante la Suprema Corte de Justicia contra las sentencias de segunda instancia o contra las de tribunales administrativos creados por ley federal, siempre que dichos tribunales estén dotados de plena autonomía para dictar sus fallos."

Como se advierte, la reforma en comento tuvo por objeto establecer a favor de la Federación, la procedencia de recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de resoluciones dictadas por los tribunales administrativos dotados de plena autonomía.

Esta circunstancia se advierte de la iniciativa presentada por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, que dio origen a la reforma constitucional en comento, de la cual se transcribe, en la parte que interesa, lo siguiente:

"En el mes de septiembre de 1937, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del Congreso una iniciativa de reforma a la fracción I del artículo 104 constitucional con la mira de capacitar al legislador ordinario para organizar, a través del recurso de súplica, la defensa de la Federación en los juicios que a ella interesan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que los tribunales federales inferiores o los de la jurisdicción administrativa hubiesen dictado sentencias adversas a dichos intereses.

"En la exposición que procedió entonces a la iniciativa presidencial, así como en el folleto, dando a conocer los antecedentes históricos y los fundamentos doctrinales de la iniciativa, publicado en el propio año de 1937 por el entonces Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, se encuentran desarrolladas con amplitud las razones que apoyan la reforma. El Ejecutivo de mi cargo cree bastante transcribir algunos de los párrafos de aquella iniciativa:

"‘Estima conveniente el Ejecutivo demostrar que en el caso de la iniciativa que hoy somete a la consideración del Congreso, no se altera sino antes por el contrario se vuelve, como queda dicho, al sistema fundamental que en cuanto a intervención y facultades de la Suprema Corte de Justicia idearon los tres Constituyentes a quienes se deben las Cartas Políticas más importantes que se han regido en México: la de 1824, la de 1857 y la de 1917.

"‘En esas tres ocasiones se pensó que era indispensable conceder a la Suprema Corte de Justicia, competencia para decidir en definitiva las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de los Textos Constitucionales y de las leyes que en prosecución de esos textos dictara el Congreso General.

"‘El pensamiento tiene, por lo demás, una raíz bien clara en las instituciones norteamericanas que, como es sabido, informaron en el punto a las Constituciones de México, a lo menos en sus rasgos básicos. En efecto, la Constitución del país del norte dispone que el Poder Judicial conocerá de todos los casos que en derecho y en equidad deriven de la Constitución y leyes federales, así como de los tratados; y que la Suprema Corte conocerá, en esos casos, en apelación, tanto respecto a los hechos como al derecho, con las restricciones y según las disposiciones reglamentarias que el Congreso establezca.

"‘Al comentar este precepto, la doctrina norteamericana ha dicho que con él se persigue la uniformidad de decisiones alrededor de los principios fundamentales para la vida y la organización de las instituciones de la República, pues que de no existir la posibilidad de una intervención última de la Suprema Corte, los diversos tribunales consagrarían las reglas más variadas, las soluciones más disímbolas, lo que haría imposible una resolución adecuada de los problemas de mayor importancia. Cierto que la historia de la Suprema Corte americana muestra una progresiva restricción a la posibilidad de elevar al conocimiento de ese tribunal las contiendas judiciales; pero el criterio que siempre ha animado al Congreso al establecer limitaciones, ha sido el de conservar íntegra la jurisdicción de la Corte Suprema para los negocios en que están comprometidos los intereses públicos. Si algunos asuntos se han visto excluidos de la posibilidad de su conocimiento, han sido los concernientes a intereses privados, y no porque se hayan estimado como menos respetables, sino porque se ha creído que en las cortes inferiores cuentan ya con garantía suficiente; de manera que esos intereses privados sólo pueden llegar a la Suprema Corte cuando su defensa consiste en negar la validez de las leyes del Congreso, o más genéricamente en pedir la anulación de medidas que en concepto de la administración pública reclama el interés general.

"‘Definida por la Suprema Corte la validez de esas leyes o la subsistencia de aquellas medidas, el alto cuerpo deja de ocuparse de la cuestión, abandonando por entero a los tribunales locales o inferiores la decisión que deba recaer en los ulteriores litigios.

"‘En la Constitución de 1824 el sistema americano fue recogido, aunque no con la estructura que fue definiéndose en el curso de todo el siglo anterior y en lo corrido del presente, sí al menos con lo que de ese sistema se halla en los textos mismos de la carta americana. Así, se dispuso en los artículos 137 fracción V inciso 6o., parte final y 138 que la Suprema Corte de Justicia estaría facultada para conocer de las infracciones de la Constitución y leyes general

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19654-56d80934/revision-fiscal-su-procedencia-contra-la-resolucion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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