ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO HASTA POR 36 HORAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO EN REVISIÓN 242/2005. CÉSAR AUGUSTO CAMACHO HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Son inoperantes en parte, infundados en otra y sustancialmente fundados en lo demás, los agravios transcritos, por los motivos que a continuación se exponen.
El recurrente señala como preceptos legales infringidos, los numerales 14 y 16 constitucionales, lo que deviene inoperante.
En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el único medio de defensa para reclamar actos de autoridad que violen garantías individuales lo es el juicio de amparo, de manera que en casos como el de la especie, no puede legalmente examinarse lo relativo a una supuesta violación de las citadas garantías por parte de la sentencia combatida, pues el recurso de revisión no es un medio de control constitucional establecido sobre otro control de constitucionalidad, sino un instrumento técnico a través del cual se revisa la actuación del Juez Federal que conoce del juicio de garantías.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 12/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 507 y 508 del Tomo III, Novena Época, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, que a la letra dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo."
A fin de emitir pronunciamiento sobre los restantes agravios, ha menester precisar que el quejoso señaló como actos reclamados, los siguientes:
"4. Actos que de cada una de las autoridades se reclaman. De la ciudadana Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en su carácter de autoridad ordenadora reclamo la indebida orden de arresto acordada en mi contra con fecha ocho de abril de dos mil cinco, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil marcado con el número 343/2003, supuestamente por no haber cumplido con un requerimiento que me hizo esa misma autoridad y que en ningún momento me fue notificado en términos de ley, así como de no motivar el porqué de que se me impone el arresto máximo a que se refiere ese acuerdo. Del ciudadano diligenciario del Juzgado Civil de Huejotzingo, Puebla, adscrito a los expedientes impares, en su carácter de autoridad ejecutora, reclamo la falta de notificación del acuerdo fechado con fecha veintiocho de febrero del año dos mil cinco, como consecuencia la indebida notificación de un acuerdo en el que se ordena un arresto en mi contra, todo ello dentro del expediente marcado con el número 343/2003, que se sigue en mi contra por el señor Guillermo Jiménez Ramos. De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables en su carácter de ejecutoras reclamo el que pretendan dar cumplimiento a la orden de arresto decretada en mi contra, sin que se hubieran observado las formalidades de ley, y derivada del expediente número 343/2003 del Juzgado de lo Civil de Huejotzingo, Puebla."
Esto es, de la Juez de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, la orden de arresto de ocho de abril de dos mil cinco, en el juicio ejecutivo mercantil 343/2003, de su índice.
Del diligenciario responsable, la falta de notificación del auto de veintiocho de febrero de dos mil cinco, por el que se le requirió para la entrega de los bienes embargados, apercibido que de no hacerlo se le impondría dicha medida de apremio.
Ahora bien, el promovente del medio de impugnación alega, en esencia, que como se advierte de su demanda de garantías, los actos que reclamó fueron la orden de arresto decretada el ocho de abril de dos mil cinco, en el juicio ejecutivo mercantil 343/2003, del índice del Juzgado de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, así como la indebida notificación del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil cinco, por el que se le requirió para la entrega de los bienes embargados, apercibido que de no hacerlo se le impondría dicha medida de apremio; pero que también hizo referencia a la diligencia de quince de marzo del año en curso, y que el propio Juez recurrido lo narró en el número doce de los antecedentes del acto reclamado señalados en la sentencia reclamada; sin embargo, el resolutor federal no la tomó en consideración como acto reclamado.
No le asiste razón.
Según quedó narrado en la sentencia impugnada, mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil cinco, la Juez de primer grado requirió al quejoso, ahora recurrente, para que entregara al depositario nombrado en autos los bienes embargados en el juicio, apercibido que de no hacerlo le impondría un arresto de treinta horas, por desobediencia a un mandato de autoridad.
El catorce de marzo de dos mil cinco, al no encontrarse el peticionario del amparo, demandado natural, en su domicilio, para notificarle el requerimiento que antecede, el diligenciario responsable le dejó citatorio de espera para hora fija del día siguiente.
A las once horas del quince de marzo de dos mil cinco (día y hora señalados de espera), el fedatario público al no encontrar al aquí agraviado en su domicilio, no obstante el citatorio de espera, entendió el requerimiento y apercibimiento de arresto con quien dijo ser María Ernestina Hernández Guzmán y madre del enjuiciado.
En atención a que el quejoso no cumplió con dicho requerimiento, el ocho de abril del mismo año en curso, la Juez local le impuso arresto por treinta horas.
Los anteriores antecedentes, permiten concluir, en principio, que el acto reclamado consistente en la indebida notificación del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil cinco; y la diligencia de quince de marzo del año en curso, que alega el ahora recurrente el Juez de Distrito no tomó en consideración como acto reclamado, son la misma, pues precisamente mediante diligencia de quince de marzo señalado, fue que se notificó el acuerdo de veintiocho de febrero referido.
Ahora bien, al resolverse el juicio de amparo sujeto a revisión, además del auto de ocho de abril de dos mil cinco, el Juez Federal sí tomó en consideración el relativo a la diligencia de quince de marzo de ese mismo año; ya que de la sentencia reclamada puede advertirse que al estudiar el fondo del asunto, transcribió el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil cinco (por el que se requirió al amparista para que entregara al depositario señalado en autos los bienes embargados en los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría un arresto de treinta horas); el citatorio de catorce de marzo del mismo año (que se dejó por no haber encontrado al quejoso en su domicilio para notificarle el requerimiento señalado); la diligencia de quince de marzo siguiente (por la cual se notificó al peticionario del amparo, el requerimiento indicado, a través de María Ernestina Hernández Guzmán, por no haberse encontrado, no obstante estar citado para ello); y concluyó que: "Entonces, de la lectura que se realice al acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil cinco, al citatorio de catorce de marzo de dos mil cinco, a la diligencia de quince de marzo de dos mil cinco y al auto de ocho de abril de dos mil cinco, se tiene que, contrario a lo que manifiesta el quejoso, las diligencias de notificación y requerimiento que anteceden al acto que por esta vía se reclama son ajustadas a derecho; ello es así toda vez que el diligenciario adscrito al juzgado responsable: a) Se constituyó el catorce de marzo de dos mil cinco, en el domicilio del hoy quejoso, previamente de haberse cerciorado de ser el domicilio señalado, requiriendo su presencia y al no encontrarlo, por así manifestarlo la persona quien dijo llamarse María Ernestina Hernández Guzmán, le dejó citatorio para que lo esperara el día y hora siguiente, con el apercibimiento que de no esperarlo, realizaría la diligencia con la persona que se encontrara e incluso con el vecino más cercano. b) Que el día y hora señalados en el citatorio antes mencionado (las once horas del quince de marzo de dos mil cinco), el diligenciario adscrito al juzgado responsable nuevamente se constituyó en el domicilio del quejoso, cerciorándose de ser dicho domicilio, y al ser atendido por la persona quien dijo llamarse María Ernestina Hernández Guzmán, le requirió nuevamente la presencia del quejoso, manifestándole que no se encontraba, por lo que procedió a entender la diligencia con dicha persona, en términos del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, notificándole el proveído de veintiocho de febrero de dos mil cinco, dictado dentro del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 343/2003. Es así que, contrariamente a lo indicado por el quejoso, dichas diligencias tienen valor probatorio pleno, en virtud de que el diligenciario adscrito al juzgado responsable posee la calidad de autoridad en el ejercicio de sus funciones y, consecuentemente, tiene fe pública lo asentado por él en el citatorio y en la diligencia en la que se requiere al quejoso para que haga entrega de los bienes embargados al depositario judicial. Por consiguiente, debe prevalecer su autenticidad; consecuentemente, al no existir ningún elemento de prueba que contradiga lo establecido por el diligenciario, se debe tener por existente, y no ficticia como lo manifiesta el quejoso, por lo que procede otorgarles valor probatorio a dichas diligencias. En efecto, el quejoso tuvo oportunidad para enterarse del requerimiento realizado por la Juez responsable el veintiocho de febrero de dos mil cinco, mediante la notificación de dicho acuerdo el quince de marzo del mismo año, mediante instructivo que se dejó en poder de María Ernestina Hernández Guzmán en dicha diligencia; es así que el demandado, hoy quejoso, tuvo suficiente tiempo para hacer entrega de los bienes embargados al depositario judicial antes de que se dictara el acuerdo de ocho de abril de dos mil cinco, por el que se le hace efectiva la medida de apremio consistente en una orden de arresto de treinta horas."
De lo anterior, es claro lo infundado del agravio vertido en el sentido de que el Juez Federal no tomó en cuenta que también reclamó la diligencia de quince de marzo de dos mil cinco, realizada en el juicio ejecutivo mercantil 343/2003, del índice del Juzgado de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, pues según se vio, sobre ésta, al igual que su anterior de catorce de ese propio mes y año (por la que se dejó citatorio de espera), sostuvo que, contrariamente a lo aducido por el quejoso, se encontraban ajustadas a derecho y, por tanto, tenían valor probatorio pleno, en virtud de que el diligenciario adscrito al juzgado responsable posee la calidad de autoridad en el ejercicio de sus funciones y, consecuentemente, tenía fe pública lo asentado por él en el citatorio y en la diligencia en la que se requiere al peticionario del amparo para la entrega al depositario judicial, de los bienes embargados; por consiguiente, debía prevalecer su autenticidad, al no existir ningún elemento de prueba que contradijera lo establecido por el diligenciario responsable.
Sobre dicha conclusión, aduce el inconforme que el Juez recurrido no hace un correcto análisis de las constancias de autos, ya que del informe que remitió la responsable se desprende que las diligencias por las que dejó el citatorio de espera (catorce de marzo de dos mil cinco), y la de requerimiento de entrega de bienes con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría un arresto de treinta horas (quince de ese propio mes y año), no cumplen con los requisitos de ley, ya que el diligenciario omite señalar los medios de que se valió para cerciorarse que efectivamente en el domicilio en que la practicó era donde debía notificarse, así como de que ciertamente María Ernestina Hernández Guzmán, con quien entendió la diligencia, era su madre, como lo dijo; por lo que al no realizar una debida valoración de ellos, viola en su perjuicio las garantías señaladas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Lo anterior es inoperante en parte e infundado en lo demás.
En principio, como ya quedó especificado, no puede legalmente examinarse lo relativo a una supuesta violación de las citadas garantías por parte de la sentencia combatida, pues el recurso de revisión no es un medio de control constitucional establecido sobre otro control de constitucionalidad, sino un instrumento técnico a través del cual se revisa la actuación del Juez Federal que conoce del juicio de garantías; y de ahí lo inoperante respecto de que el recurrido viola en perjuicio del inconforme los artículos 14 y 16 constitucionales.
En otro aspecto, toda vez que la notificación del requerimiento de entrega de bienes embargados en autos, con apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una orden de arresto de treinta horas, no es la primera notificación que se realiza en juicio, resulta infundado que tuviera que examinarse si en la diligencia en que se dejó el citatorio de espera, y la en que se realizó el requerimiento de entrega de bienes con el apercibimiento que de no hacerlo se impondría un arresto de treinta horas; se cumplió con señalar los medios de que se valió el diligenciario para cerciorarse que efectivamente en el domicilio en que los practicó era donde debía notificarse.
Ello es así, porque el libro primero, capítulo primero, del abrogado Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y, concretamente, su artículo 49, sólo enumera las formalidades a que debe sujetarse la primera notificación, que por su naturaleza es personal; es decir, en este capítulo, no hay disposición que contemple los requisitos que deben satisfacer las notificaciones personales, diversas a la primera; razón por la que esa laguna debe subsanarse aplicando analógicamente las formalidades para aquélla, que permitan establecer la certeza de una notificación legal. Estas formalidades son las que se contienen en el citado precepto con excepción de la mencionada en su fracción II, dado que la obligación del diligenciario de cerciorarse plenamente, que en la casa designada se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada, es un requisito que sólo se justifica tratándose del emplazamiento, pues si las notificaciones personales posteriores, se practican en el mismo lugar, no hay ninguna razón para que el notificador se vuelva a cerciorar que ahí vive el demandado.
Así justamente lo ha sostenido la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia número 292, visible a fojas 246, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. El libro primero, capítulo primero del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y, concretamente, su artículo 49, sólo enumera las formalidades a que debe sujetarse la primera notificación, que por su naturaleza es personal; es decir, en este capítulo, no hay disposición que contemple los requisitos que deben satisfacer las notificaciones personales, diversas a la primera; razón por la que esa laguna debe subsanarse aplicando analógicamente las formalidades para aquélla, que permitan establecer la certeza de una notificación legal. Estas formalidades son las que se contienen en el citado precepto (con excepción de la mencionada en su fracción II, dado que la obligación del diligenciario de cerciorarse plenamente, que en la casa designada se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada, es un requisito que sólo se justifica tratándose del emplazamiento, pues si las notificaciones personales posteriores, se practican en el mismo lugar, no hay ninguna razón para que el notificador se vuelva a cerciorar que ahí vive el demandado; y si se trata de un domicilio convencional que éste señaló, también carece de sentido que el diligenciario satisfaga tal requisito). La anterior solución es la correcta jurídicamente, pues es principio de lógica formal y de hermenéutica jurídica que ‘donde existe la misma razón de la ley, debe existir la misma disposición’. Luego, si las formalidades que la ley civil establece para la primera notificación se encaminan a dar al particular una garantía de seguridad jurídica, consistente en que las consecuencias y efectos legales derivados de esa primera diligencia, se den una vez que el afectado sea notificado con las formalidades previstas en la misma ley; lógicamente, las ulteriores notificaciones que se señalan como personales deben practicarse respetando esa misma garantía y, por consecuencia, deben ajustarse a las formalidades que permitan establecer la certeza de una notificación legal."
En la inteligencia que de autos se advierte que la notificación del requerimiento materia de estudio, se llevó a cabo en el propio domicilio del emplazamiento y, por el mismo diligenciario (fojas veintitrés a veintiséis, en folio irregular y, ciento treinta y siete a ciento treinta y nueve).
No obstante lo anterior, de todas formas es incorrecto que el Juez de Distrito, respecto de las diligencias de catorce y quince de marzo de dos mil cinco señaladas, haya omitido analizar sobre los medios que el diligenciario responsable se valió para cerciorarse que efectivamente en el domicilio en que dejó el citatorio de espera y practicó el requerimiento de que se trata, era donde debía hacerse, pues aunque no tenía obligación de ello, según quedó precisado con antelación, en la sentencia recurrida se transcribió el citatorio de catorce de marzo del mismo año (que se dejó por no haber encontrado al quejoso en su domicilio para notificarle el requerimiento de veintiocho de febrero de dos mil cinco), así como la diligencia de quince de marzo siguiente (por la cual se notificó al peticionario del amparo, el requerimiento referido, a través de María Ernestina Hernández Guzmán, por no haberse encontrado, no obstante estar citado para ello), y se concluyó que dichas diligencias se encontraban ajustadas a derecho, pues el diligenciario responsable se constituyó el catorce de marzo de dos mil cinco, en el domicilio del hoy amparista, y previamente de haberse cerciorado de ser el señalado, requirió su presencia y al no encontrarlo, por así manifestarlo la persona quien dijo llamarse María Ernestina Hernández Guzmán, le dejó citatorio para que lo esperara el día y hora siguientes, con el apercibimiento que de no hacerlo, realizaría la diligencia con la persona que se encontrara, e incluso con el vecino más cercano; asimismo, que a las once horas del quince de marzo de dos mil cinco, el diligenciario adscrito al juzgado responsable nuevamente se constituyó en el domicilio del quejoso, cerciorado de ser dicho domicilio, y al ser atendido por la persona quien dijo llamarse María Ernestina Hernández Guzmán, le requirió nuevamente la presencia del inconforme, manifestándole que no se encontraba, por lo que procedió a entender la diligencia con dicha persona, en términos del artículo 49 del anterior Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, notificándole el proveído de veintiocho de febrero de dos mil cinco (por el que se ordena el apercibimiento en cuestión), dictado dentro del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 343/2003; por lo que tales diligencias se encontraban ajustadas a derecho y, por tanto, tenían valor probatorio pleno, en virtud de que el diligenciario adscrito al juzgado responsable posee la calidad de autoridad en el ejercicio de sus funciones y, consecuentemente, tenía fe pública lo asentado por él en el citatorio y en la diligencia en la que se requiere al quejoso para la entrega al depositario judicial, de los bienes embargados; por consiguiente, debía prevalecer su autenticidad, al no existir ningún elemento de prueba que contradijera lo establecido por el diligenciario responsable.
Por otra parte, si bien es cierto que el Juez de amparo nada expuso respecto del cercioramiento que, alega el inconforme omitió el diligenciario, respecto de que María Ernestina Hernández Guzmán, efectivamente fuera madre del ahora recurrente, ello en nada hace ilegal la sentencia reclamada, pues como es de explorado derecho, esa carga no la impone el artículo 49 del anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio, por disposición expresa de su arábigo 1054, antes de su reforma de trece de junio de dos mil tres.
En efecto, el precepto 49 a que se hizo referencia, textualmente dice: "Artículo 49. En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: I. Se hará personalmente al interesado en la residencia designada, entregándole copia autorizada de la resolución que se notifica. II. Quien haga la notificación debe cerciorarse previamente, que en la casa designada para hacerla se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada, y asentará en la razón correspondiente, los medios de que se valió para ese efecto. III. Si el interesado no se encuentra en la primera busca, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente. IV. Si la persona citada conforme a la fracción anterior no espera, la notificación se entenderá con los parientes o domésticos del interesado, o con cualquier otra persona que viva en la casa, dejándole instructivo. V. Si en la casa designada para la notificación, se negasen a recibir el instructivo, el diligenciario hará la notificación por medio de cédula, que fijará en la puerta de la casa, y además por lista. VI. Cuando en la casa designada para la notificación, no se encontrare persona que reciba el instructivo, se entregará éste al vecino inmediato, y se procederá conforme a la fracción que antecede. VII. En autos se asentará razón de haber cumplido lo que disponen las fracciones anteriores. VIII. En el instructivo se hará constar: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y la hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega, o en su caso, que se practicó conforme a la fracción V de este artículo; f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación."
De la lectura a dicho precepto legal, se observa claramente que, como se dijo, contrario a lo alegado, tal arábigo no impone la carga al diligenciario de cerciorarse que María Ernestina Hernández Guzmán, con quien entendió la diligencia, efectivamente fuera madre del demandado natural, aquí recurrente, como lo dijo; y de ahí lo infundado de su alegación en ese sentido.
Por su analogía, se cita la jurisprudencia III.1o.C. J/28, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 970 del Tomo XIII, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, que dice: "EMPLAZAMIENTO ENTENDIDO CON PERSONA DISTINTA DEL DEMANDADO. EL NOTIFICADOR NO ESTÁ OBLIGADO A CERCIORARSE DE LA IDENTIDAD DE AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). En el emplazamiento que no se entiende directamente con el demandado, el notificador no tiene la obligación de cerciorarse de la identidad de la persona receptora de la cédula de notificación de la demanda, dado que el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, tanto en su texto anterior como en el vigente, en el cual se establecen las formalidades que deben revestir las diligencias de aquella índole, no impone tal requisito, ni éste se entiende lógica y naturalmente implícito."
No obstante lo anterior, a mayor abundamiento, atento a la naturaleza del acto que se reclama, que aunque formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que ordenó el arresto, atendiendo al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, que se estima como de protección superior, jurídica y axiológicamente, ha menester precisar, en suplencia de la queja, en términos del numeral 76 Bis, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, conviene precisar que ciertamente la notificación del requerimiento que motivó la orden de arresto reclamada, fue practicada conforme a derecho.
Lo considerado en el párrafo anterior se sustenta en el criterio sostenido por el Pleno del Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia número P./J. 16, visible a fojas 34 y 35 del Tomo VII, Novena Época, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios procesales y sustantivos en torno a la imposición del arresto como medida de apremio, cuando se impugna en el juicio de garantías, bajo la consideración fundamental de que si bien dicho acto es de naturaleza formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que lo ordena, también ha atendido, de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente. Por tanto, como la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 Bis, fracción II de la Ley de Amparo, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del quejoso, siendo su finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gobernados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad, debe concluirse que en los juicios de amparo en que aparezca como acto reclamado la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil."
El requerimiento realizado al quejoso para que entregara los bienes embargados, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría un arresto por treinta horas, y que su incumplimiento motivó a éste, es de notificación personal, por así señalarlo el artículo 58, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, que dice: "Artículo 58. Sólo se harán personalmente las siguientes notificaciones: ... VI. Los requerimientos a quienes deban cumplirlos."; y se encuentra regulada por el diverso numeral 49 del referido código el cual, como se dijo, aunque sólo enumera las formalidades a que debe sujetarse la primera notificación, también debe aplicarse a todas las notificaciones personales, aun diversas a la primera, pero con excepción al cercioramiento del domicilio.
Pues bien, como se desprende de las actuaciones, la Juez de origen ordenó al recurrente la entrega de los bienes embargados al depositario judicial, lo que se hizo por diligencia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19551-5290382b/arresto-como-medio-de-apremio-hasta-por-36 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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