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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 30, PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2006, AL ESTABLECER QUE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE SE PRESTE CAUSARÁ DERECHOS SOBRE EL PORCENTAJE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE REALICEN LOS USUARIOS DOMÉSTICOS, COMERCIALES E INDUSTRIALES, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO POR HABER SIDO FUNDADO UNO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, RESULTA INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES RELATIVOS AL MISMO ACTO. ALUMBRADO PÚBLICO. LAS LEYES LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA EL COBRO DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES, PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2006. · Registro digital (IUS): 19662
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 1393.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2006. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de junio de dos mil seis.

VISTOS, para resolver los autos de la presente acción de inconstitucionalidad 14/2006; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades (emisora y promulgadora), y norma impugnada. Por oficio recibido el veintisiete de enero de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del artículo primero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de dos mil seis,(1) emitido por el Poder Ejecutivo y promulgado por el Poder Ejecutivo del Estado, ambos del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. El procurador general de la República en sus conceptos de invalidez, manifestó en síntesis que:

1. Que el artículo primero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, conculca los numerales 16, 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A) El artículo 16 constitucional, por considerar que las autoridades actuaron más allá de sus atribuciones, siendo que la garantía de legalidad exige que todo acto emitido por autoridad debe estar fundado y motivado, haciendo hincapié en que tratándose de actos legislativos, el requisito de fundamentación se satisface cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere y respecto a la motivación ésta se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Apoya su aseveración con el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA."2

B) En congruencia con lo referido, considera que se viola el principio de competencias entre la Federación y los Estados previsto en el artículo 124 de la Constitución Federal, al no encontrarse facultado para fijar contribuciones en materia de energía eléctrica, de manera que actuó fuera de los límites de las atribuciones conferidas por la Carta Magna.

C) Bajo esta tesitura, al ser el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), constitucional, el que dispone que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica, afirma que es inequívoco que las legislaturas se encuentren impedidas para ejercer tal atribución.

D) Finalmente, que el artículo 133 de la Constitución Federal impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado en el ejercicio de sus atribuciones; consecuentemente, la contravención de tal imperativo conlleva necesariamente a la vulneración del principio de supremacía constitucional.

2. Que para el caso de las contribuciones es necesario que las mismas contengan ciertos elementos, tales como: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, los cuales no son aplicables al derecho de alumbrado público, mismo que goza de una naturaleza distinta a la del impuesto de consumo de energía eléctrica.

A) Que del contenido del artículo transitorio impugnado se desprende que los elementos del "supuesto derecho de alumbrado público" que fijó el Congreso Estatal, son:

"a) Sujeto: Los propietarios o poseedores que se beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio.

"b) Objeto: La prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio.

"c) Tarifa: 1, 2, 3, OM, HM, HS, HSL, HP, HPL, 1-15, HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-RM, HT-RF, HT-RN, HM-R, HM-RF, H, HM-RM.

"d) Tasa: 10% en razón del consumo que se genere de energía eléctrica.

"e) Base: El importe de consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre, la energía eléctrica.

"f) Época de pago: La empresa suministradora del servicio hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida para el consumo ordinario."

B) Que los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, estos últimos considerados como contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado.

3. Que si bien es cierto que el artículo 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio de alumbrado, también lo es que dicha facultad no hace extensiva su competencia para que a través de su Ley de Ingresos cobre contribuciones al consumo de energía eléctrica. Es por ello que la parte actora asevera que el artículo que se tilda de inconstitucional, trastoca los preceptos constitucionales referidos, pues no se está pagando por la prestación del servicio que el Municipio otorga en funciones de derecho público, sino en relación a lo que el contribuyente consume de luz.

En este sentido, el promovente considera que "a mayor consumo de energía, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo, es decir, a menor consumo de luz, menor la base gravable y, por consecuencia, disminuye la causación del gravamen. Lo anterior tiene mayor relevancia si se considera que una vez determinada la base, se le debe aplicar la tarifa dependiendo del rango en que se ubique el contribuyente además del pago del 10% por concepto de la tasa por el consumo generado de energía eléctrica, por lo que al tener el dispositivo que se combate parte de los elementos de un tributo, es que se arriba a la conclusión de que a través de éstos no se está cobrando un derecho, sino una contribución. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado por este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2005".

Por tal motivo, considera que la Legislatura del Estado al establecer una contribución al consumo del fluido eléctrico, rebasa el marco de sus atribuciones, invadiendo la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, prevista en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), constitucional, por tanto, solicita se declare inconstitucional el artículo primero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de dos mil seis. Toma de base los criterios sustentados por el Pleno y la Segunda Sala de este Alto Tribunal en las tesis P./J. 6/88(3) y 2a./J. 25/2004.(4)

TERCERO. Artículos constitucionales que el promovente señala como violados. Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman infringidos son el 16, 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), 124 y 133.

CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de treinta de enero de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 14/2006 y, por razón de turno, designó al Ministro Genaro David Góngora Pimentel para que actuara como instructor en el procedimiento.

Por auto de treinta y uno de enero de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, se requirió al Congreso del Estado de Aguascalientes para que al momento de rendir el informe solicitado remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, requerimiento que se tuvo por desahogado mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil seis.

QUINTO. Informes de las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada al rendir sus informes manifestaron, en síntesis:

I. Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes.

1. Que su participación se encuentra fundada y motivada en derecho, pues la publicación de la norma impugnada se da en acatamiento al sistema jurídico federal y al propio Estado, dado que la Constitución Política del Estado de Aguascalientes le otorga la facultad para promulgar y publicar las leyes expedidas por el Congreso del Estado.

2. Que la sola publicación de un documento emitido por el Poder Legislativo Estatal, no es causal de inconstitucionalidad. Resultando aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 221.(5)

3. Que quien emitió la norma cuya validez se combate, fue la LIX Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, dada su función y facultad constitucional.

4. Que el gobernador del Estado no cuenta con la facultad para aplicar la norma impugnada. Además que de los conceptos de invalidez señalados en la demanda, no se desprende alguno que en forma original le sea imputable al titular del Poder Ejecutivo Estatal, y que afecte al procurador general de la República.

II. Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

1. Que no le asiste la razón a la parte actora debido a que la expedición del precepto impugnado se llevó a cabo con sujeción estricta al proceso legislativo, previsto tanto en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

2. Que el proceso legislativo inició con la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil seis, por parte del presidente municipal y del secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Jesús María, Aguascalientes. En tal propuesta fueron incluidos conceptos relativos a impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

3. Que dentro del concepto de derechos determinó el denominado "por servicios de alumbrado público", por un monto de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), cantidad con la que el Ayuntamiento habrá de cubrir el pago derivado del consumo de energía eléctrica utilizada para el alumbrado público.

4. Que de conformidad con los artículos 115, fracción III, de la Constitución Federal, 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 36, fracción XXXVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Municipios tienen a su cargo funciones y servicios públicos entre los que se encuentra el alumbrado público.

5. Que en acatamiento a lo previsto por la fracción IV, inciso c) del artículo 115 constitucional, fue aprobado el establecimiento de ingresos derivados por el servicio de alumbrado público que presta el Municipio, con la finalidad de que éste se encuentre en posibilidad de prestar tal servicio, de lo contrario quedaría desamparado en un rubro tan importante.

6. Que a la fecha no se han encontrado los esquemas adecuados de financiamiento que posibiliten el cumplimiento pleno de los servicios que se le han encomendado al Municipio.

7. Que si algún particular considera lesivo el cobro de tal derecho, se encuentra en posibilidades de recurrir a las instancias procedentes para plantear el asunto.

SEXTO. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre un artículo de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes y la Constitución Federal.

SEGUNDO. Oportunidad. En primer lugar se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

Acorde a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) el cómputo del plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada.

Asimismo, conforme al criterio sostenido por el Pleno en la sesión de cuatro de mayo de dos mil seis, derivado de la acción de inconstitucionalidad 25/2004, en el que se señaló que las acciones podrán ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, acorde con lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, abandonando el criterio sostenido por el Pleno en la sesión de veintisiete de octubre de dos mil cinco, derivado de la acción de inconstitucionalidad 21/2005.

Luego entonces, si la norma impugnada fue publicada el veintinueve de diciembre de dos mil cinco, el plazo para promover la presente acción corrió del viernes treinta de diciembre de dos mil cinco al sábado veintiocho de enero de dos mil seis, no obstante, como el día en que feneció el plazo fue inhábil, el último día para interponerla fue el lunes treinta de enero de dos mil seis.

Ver anexos

En el caso, la acción de inconstitucionalidad fue recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de enero de dos mil seis, como consta del sello que obra al reverso de la foja quince de autos, por lo que fue presentada oportunamente.

TERCERO. Legitimación del promotor de la acción. A continuación se procede a analizar la legitimación del promovente.

Suscribe la demanda Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, con el carácter de procurador general de la República, lo cual acredita con copia certificada de su designación en ese cargo, por parte del presidente de la República (foja dieciséis de autos).

Ahora bien, acorde a lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal,(7) el procurador general de la República cuenta con legitimación activa en la causa para promover la acción de inconstitucionalidad en estudio, pues en el presente asunto se plantea la inconstitucionalidad del artículo primero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, ordenamiento que tiene el carácter de estatal.

En cuanto a la legitimación activa en el proceso, también cuenta con la misma, pues es el titular de la Procuraduría General de la República quien comparece ante este Alto Tribunal, acorde a lo previsto en el artículo 6o., fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.(8)

CUARTO. Causas de improcedencia. En virtud de que en este asunto no se hace valer causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento, y dado que de autos no se advierte que se actualice alguna, este Alto Tribunal procede al estudio de los conceptos de invalidez que hace valer el accionante.

QUINTO. Estudio de fondo. A continuación se estudiará el concepto de invalidez planteado por la parte actora, tendiente a evidenciar que el artículo primero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, conculca el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que considera que en el precepto impugnado se está cobrando una contribución en materia de energía eléctrica y no un derecho por concepto de servicio de alumbrado público, lo cual invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, prevista en el artículo citado.

Al respecto el Poder Legislativo del Estado manifestó que ante la necesidad del Municipio de dar atención suficiente a las funciones y servicios públicos encomendados a éste, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional, aprobó la norma impugnada, pues de lo contrario considera que se hubiese dejado insolvente al Municipio de Jesús María en lo tocante a la prestación del servicio público de alumbrado.

En primer término, a efecto de analizar las cuestiones planteadas, resulta necesario delimitar el alcance tanto del artículo que se considera transgredido, como del precepto que se tomó como fundamento para emitir la norma impugnada. Del artículo 73(9) del ordenamiento citado, se advierte que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica; y, del diverso 115, fracción III, inciso b),(10) se desprende que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado público, asimismo, la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, establece que los Municipios tienen derecho a recibir -entre otros- los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura del "derecho" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las legislaturas aprobar las Leyes de Ingresos de este nivel de gobierno.

De acuerdo con lo anterior, en principio se aprecia que, por una parte, el Congreso tiene atribución para el establecimiento de las contribuciones sobre energía eléctrica y, por la otra, que al corresponder a las Legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que conciernan a los Municipios por concepto de los servicios que presten, siendo de su competencia exclusiva el servicio de alumbrado público, éstos pueden, como consecuencia de esa atribución, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestación de dicho servicio.

En efecto, de conformidad con las fracciones III, inciso b) y IV, inciso c) del artículo 115 de la Constitución Federal, la Hacienda Pública de los Municipios se compone, entre otras cosas, de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos que tengan a su cargo, y como ya se dijo el servicio público de alumbrado es uno de los servicios que prestan los Municipios. Por tanto, los Municipios al tener a su cargo el servicio público de alumbrado, indiscutiblemente pueden gravarlo a efecto de realizar cobros y recaudaciones para poder seguir prestando dicho servicio; sin embargo, deberán hacerlo como un derecho y no como impuesto.

Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, es preciso establecer la naturaleza de la contribución a la que se hace alusión en los artículos primero y segundo transitorios de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, con la finalidad de determinar si se trata de una contribución en materia de energía eléctrica, en cuyo caso, es competencia del Congreso de la Unión, o bien, de un derecho por servicio de alumbrado público, el cual corresponde regular al Poder Legislativo Local.

En nuestro país, es el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal,(11) el cual regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto en nivel federal como en el Distrito Federal, los Estados y los Municipios.

Tal precepto consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad, los cuales además de ser garantías individuales, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, las cuales se señalan a continuación:

a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado.

b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios.(12)

c) Sólo se pueden crear mediante ley.

d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica.

e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad.

De acuerdo con estas características previstas por la Norma Fundamental, podemos esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público -normalmente pecuniario- destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza -Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios-, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes.

Una vez fijado un concepto constitucional de contribución o tributo, tenemos que éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula.

Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en el sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa y época de pago.

Así, aun cuando el Código Fiscal de la Federación señala como elementos del tributo al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa,(13) debe entenderse que el término "objeto", se refiere a un aspecto más complejo de los elementos del tributo, denominado hecho imponible y, en particular, a su aspecto objetivo, es decir, a la riqueza manifestada a través de la realización del supuesto previsto en ley.

Dichos conceptos pueden explicarse de la manera siguiente:

a) Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva en virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria.

b) Hecho imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria.

El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será lícita su exigencia.

En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley, se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado.(14)

c) Base imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa.

d) Tasa o tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal, y

e) Época de pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y, por tanto, debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria.

Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo.

Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas, y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como el Distrito Federal y cada Estado para sí y para sus Municipios, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que deben respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies.

Una vez sentadas las bases anteriores, cabe señalar que en nivel federal el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, establece la clasificación de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma:

1. Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo.

2. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

3. Contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Por su parte, el Código Fiscal del Estado de Aguascalientes, reconoce como ingresos ordinarios del Estado a los impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, participaciones y derechos, y define a estos últimos en su artículo 13,(15) como contraprestaciones establecidas por el poder público conforme a la ley, en pago de servicios administrativos que presta.

De lo expuesto, podemos afirmar que en las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, o bien, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, mientras que en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo. No está por demás agregar que si bien la exigencia de capacidad contributiva es nota de las contribuciones, en el caso de los impuestos, que es su especie más importante, este aspecto cobra mayor relevancia.

Al respecto, cabe señalar que el hecho imponible de las contribuciones reviste un carácter especial entre los componentes que integran el tributo, toda vez que no sólo constituye el presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria, sino que además, sirve como elemento de identificación del tributo, pues en una situación de normalidad evidencia e identifica la categoría de la contribución a la que pertenece. Esta situación de normalidad, tiene como presupuesto la congruencia que debe existir entre dicho elemento y la base imponible, ya que mientras el primero ubica la situación, hecho, acto, o actividad denotativa de capacidad contributiva, el segundo representa la magnitud cuantificable de dicha capacidad, erigiéndose en premisa para la determinación en cantidad líquida de la contribución.

En este sentido, el hecho imponible otorga efectos jurídicos a la actualización de determinada hipótesis, debido a que la situación, hecho, acto, o actividad constituye un reflejo de la capacidad contributiva del sujeto que actualiza la mencionada hipótesis, y no una consecuencia jurídica derivada de la voluntad del legislador de manera arbitraria.

Conforme a los anteriores razonamientos, resulta lógico concluir que el hecho imponible, al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligación tributaria, de manera tal que se respeta la garantía de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible. Asimismo, la exigencia de congruencia entre hecho imponible y base, además de ser un requisito de proporcionalidad, es también una cuestión de lógica interna de los tributos, pues de lo contrario existirá imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que efectivamente se regula, lo que inclusive puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa, pues ésta puede carecer de facultades constitucionales para gravar tal hecho o acto.

En efecto, la distorsión de la relación entre el hecho imponible y la base, normalmente nos llevará a una imprecisión respecto del aspecto objetivo u objeto que pretendió gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19662-416a0661/accion-de-inconstitucionalidad-los-articulos-30-primero-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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