ENERGÍA ELÉCTRICA. CONTRA LAS ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DEL SUMINISTRO DE AQUÉLLA Y SU EJECUCIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O EN SU CASO, EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, porque proviene de criterios emitidos en relación con una cuestión que corresponde a la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula la parte quejosa en el juicio de amparo 949/2005, que dio origen al amparo en revisión 615/2005, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.
TERCERO. La agente del Ministerio Público Federal designada para intervenir en este asunto, formuló pedimento en el sentido de que esta contradicción de tesis es inexistente, en virtud de que los Tribunales Colegiados al resolver los asuntos respectivos fueron coincidentes en señalar que el juicio de amparo es improcedente contra la orden de corte del suministro de energía eléctrica llevado a cabo por la Comisión Federal de Electricidad.
A efecto de resolver la cuestión anotada, resulta necesario señalar cuáles son las consideraciones en que se sustentan las ejecutorias materia de la contradicción denunciada.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver en sesión de veintidós de febrero de dos mil seis, el amparo en revisión número 594/2005, promovido por María del Rosario Cruz Ángel, determinó, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Es fundado y suficiente para revocar el fallo recurrido el agravio en el que se argumenta que el Juez de Distrito no cumplió con lo dispuesto por los artículos 77, fracción I y 78 de la Ley de Amparo, al no fijar en forma clara y precisa los actos reclamados y no haberlos apreciado tal como aparecieron demostrados; mismos que hizo consistir en la orden de corte emitida por un funcionario incompetente por no estar sus facultades reguladas en ningún ordenamiento legal que lo autorice para ordenar tal acto, el cual se llevó a cabo el diecinueve de septiembre de dos mil cinco, así como el procedimiento de verificación y sus consecuencias como es el cobro coactivo de la cantidad de ocho mil treinta y cuatro pesos, precisado en el oficio VR 4714/2005, fechado el día veinticinco de agosto de esa misma anualidad, emitido por la coordinadora general del Programa de Abatimiento de Pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad; que los mismos se circunscribieron al hecho de que la autoridad responsable procedió al corte del servicio de energía en su domicilio sin que existiera orden por escrito expedida por autoridad competente debidamente fundada y motivada, siendo inexacto lo estimado por el resolutor federal de que por el solo hecho de que la responsable haya invocado determinados artículos se estime fundado el acto reclamado, pues no analizó si éstos eran aplicables al caso; que desconoce si existe orden de corte y si existe no le fue notificada, quedando a cargo de las responsables acreditar lo contrario, razón suficiente para estimar violados los artículos 14 y 16 constitucionales; que al haber alegado en la demanda de garantías violaciones directas a la Constitución General de la República, resulta improcedente el sobreseimiento decretado; que el Juez Federal pasó por alto que se duele que la orden de corte (si es que existe) fue emitida por un funcionario incompetente, ya que ninguno de los artículos que invoca la responsable en el oficio VR 4714/2005 le otorga facultades para proceder al corte del servicio de energía eléctrica; que tampoco se tomó en consideración que señaló como acto reclamado la ejecución material del corte del servicio de energía eléctrica y el adeudo que se le requirió en el mencionado oficio, el cual se generó con motivo del procedimiento de verificación que en forma ilegal practicaron las autoridades responsables y que a la postre motivó el corte de energía eléctrica, tal como lo reconocen las autoridades responsables al rendir los informes justificados; que contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito el corte del servicio de energía eléctrica, no puede ser impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no se trata de una resolución administrativa, sino que se trataría de una consecuencia o efecto de una resolución administrativa entendiéndose como tal, según el Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa, México dos mil uno, como: ‘El acto de autoridad administrativa que define o da certeza a una situación legal o administrativa’; que en base a lo anterior, queda claro que el acto reclamado consistente en el corte del servicio de energía eléctrica evidentemente no define ni da certeza a una situación legal o administrativa, sino que es un efecto o una consecuencia de los actos previos que le dieron origen como serían la verificación, acción y cobro, que también se señalaron como actos reclamados, ya que se encuentran viciados y vinculados estrechamente con el corte y cuyo estudio no puede emprenderse de manera aislada, porque se dividiría la continencia de la causa, siendo que todos están contenidos en un solo acto al que se le atribuyen diversos vicios; que lo anterior se robustece lo que sobre el mismo concepto de resolución administrativa, establece la citada obra, que dice: ‘Toda resolución administrativa es un acto administrativo de autoridad, pero existen actos administrativos que no revisten el carácter jurídico de verdaderas resoluciones administrativas. Son numerosos los casos en que la autoridad opina o solicita opinión, consulta o propone, investiga, constata o verifica hechos o situaciones. Todos son actos administrativos producidos por mandato legal y con determinadas consecuencias jurídicas, pero sin decidir ni resolver’; que los actos atribuidos a la responsable no encuadran en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues no se tratan de una resolución definitiva dictada por autoridad administrativa, que haya puesto fin a una instancia o haya resuelto un expediente, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como tampoco se trata de una resolución que haya decidido un recurso administrativo; concluye diciendo que es ilegal que el a quo pretenda obligarla a promover el juicio de nulidad en contra de los actos reclamados, cuando que éstos no pueden impugnarse a través de dicha vía jurisdiccional, máxime si de los conceptos de impugnación se advierte que se hicieron valer violaciones directas a la Constitución Federal. En efecto, asiste razón en lo que antecede habida cuenta que tal como lo refiere la inconforme, en el caso no se actualiza la causal de improcedencia invocada por el a quo relativa a la prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en atención de que en la especie opera una excepción al principio de definitividad que contempla la misma; ya que la quejosa, aquí recurrente, al promover el juicio de amparo señaló como actos reclamados los siguientes: ‘A) La orden de corte emitida por un funcionario incompetente por no estar sus facultades reguladas en ningún ordenamiento legal que lo autorice para ordenar el corte del suministro de energía eléctrica. B) Asimismo se reclama el corte del suministro de energía eléctrica a la suscrita en mi calidad de consumidor de dicho fluido, manifestando bajo protesta de decir verdad haber sido objeto del corte arbitrario el día 19 de septiembre de 2005. C) El procedimiento de verificación y sus consecuencias como sería el cobro coactivo de la cantidad de $8,034.00 (ocho mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), precisado en el oficio expediente VR 4714/2005, fechado el día 25 de agosto de 2005, signado por la coordinadora general del Programa de Abatimiento de Pérdidas CFE. Al respecto es importante establecer la vinculación de causalidad jurídica estrecha que existe entre todos los actos ya que la orden de corte y el corte mismo son actos de ejecución frutos de actos viciados; los cuales si bien la autoridad responsable al rendir su informe justificado no los aceptó en esos términos, pues señala que la orden de corte de suministro de energía eléctrica fue emitida con motivo de que la usuaria María del Rosario Cruz Ángel se ubicó en las hipótesis contempladas en el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, anexando para demostrar tal circunstancia el oficio 4714/2005 de fecha diecinueve de septiembre de dos mil cinco, signado por la coordinadora general del Programa de Abatimiento de Pérdidas de la Energía Eléctrica, adscrita a la zona Veracruz de la Comisión Federal de Electricidad, en el cual se ordenó realizarlo en el domicilio ubicado en la calle Trece de septiembre número ochocientos setenta y dos de la colonia Niños Héroes de Veracruz, Veracruz (fojas 31 a 38); y que dice: ‘Comisión Federal de Electricidad. División de Distribución Oriente. Zona Veracruz. Superintendencia General de Zona. Oficina del Programa Especial de Abatimiento de Pérdidas. Oficio exp. VR 4714/2005. Datos del usuario. Nombre: Ma. del Rosario Cruz Ángel. Dirección: 13 de septiembre 872. Colonia: Niños Héroes. Presente. En la ciudad de Veracruz, Ver., a 19 de septiembre de 2005. Presente: Como es de su conocimiento, con fecha 27 de julio de 2005 previo aviso que se le diera oportunamente, se realizó verificación a su servicio que tiene contratado con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, bajo el registro permanente del usuario número 884911004050 en el cual se encontró la siguiente anomalía: intervención de las conexiones del equipo, dicha anomalía impidió que se registrara la energía real consumida, violando los términos del contrato de suministro que rige la prestación del servicio que le proporcionamos como lo establece la cláusula novena y décimo quinta, razón por la cual se procedió a realizar el ajuste a la facturación en términos de lo establecido en los artículos 31 y 169 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que arroja la cantidad de $8,034.00 (ocho mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), el cual le fue notificado el día 7 de septiembre de 2005, en el cual, se le detalla el desglose de los elementos tomados en cuenta para realizar dicho ajuste, su fundamentación y motivación respectiva y en el cual se le da su derecho de garantía de audiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el cual no agotado por usted (sic). Dentro del término legal concedido para hacerlo, razón por la cual, su derecho para hacer valer lo que a sus intereses convenga ha prescrito, teniendo como resultado que el oficio de notificación de ajuste de fecha 25 de agosto de 2005 quede firme para todos sus efectos legales. Toda vez que no se ha efectuado pago alguno del ajuste respectivo, se emite la siguiente: orden de suspensión de energía eléctrica. Con fundamento en lo establecido en el contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica en términos de su cláusula novena y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por los motivos y fundamentos que a continuación se citan: (marcar uno de los supuestos en el recuadro). «Artículo 26. La suspensión del servicio de energía eléctrica deberá de efectuarse en los siguientes casos: I. Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación. II. Cuando se acredite el uso de la energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida. III. Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias. IV. Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato establecido. (sic). V. Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo. VI. Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador.». Y toda vez que ha hecho caso omiso a regularizar su situación, es que se le aplica lo dispuesto por el artículo antes invocado, máxime que realizó el uso y disfrute del servicio público de energía eléctrica en forma ilícita, desatendiendo sus obligaciones con esta empresa, por ello se autoriza al ingeniero que aparece como ejecutor al final de la presente a realizar el corte en el suministro de energía eléctrica, apercibiéndolo desde ahora, que en caso de reconexión en forma indebida y sin autorización de la comisión, se estará en la comisión de un delito sancionado por el Código Penal Federal. Asimismo me permito informarle que una vez que pague lo que se adeuda por concepto de uso y disfrute de la energía eléctrica sin corresponder a la contraprestación a la cual se encuentra obligado a dar, se le realizará la conexión del suministro eléctrico. Atentamente. L.A.E. Tita Castro Rosado. Coordinadora general del Programa de Abatimiento de Pérdidas de la Energía Eléctrica, adscrita zona Veracruz CFE. Ing. Responsable de ejecución de corte designado. Rúbrica. Testigos. Francisco Valerio Fernández. Rúbrica. Julio C. Ramos S. Rúbrica.’ (fojas 36 y 37). Luego, es evidente que el sobreseimiento decretado por el Juez Federal es contrario a derecho, pues parte de un supuesto equivocado, ya que contrario a lo que se precisa en la sentencia recurrida, al existir la orden de suspensión, que implica el corte del suministro de energía eléctrica, el juicio de amparo sí resulta procedente en atención a que constituye un acto de autoridad susceptible de ser impugnado mediante el juicio de amparo, de acuerdo con los siguientes razonamientos. En efecto, al caso es menester invocar la jurisprudencia 91/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos cuarenta y cinco del Tomo XVI, correspondiente al mes de agosto de dos mil dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Como puede verse, en dicho criterio se sostiene que cuando la Comisión Federal de Electricidad apercibe con realizar o realiza el corte del servicio de suministro de energía eléctrica, es un acto de autoridad para el juicio de garantías, porque la citada paraestatal ejerce facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; lo que conduce a considerar que gozan de igual naturaleza los actos previos al corte del servicio de suministro de energía eléctrica, como lo son la verificación del equipo de medición en el domicilio del usuario, la eventual cuantificación en el consumo de la misma, y el cobro de la suma resultante del ajuste en la facturación, pues los mismos derivan de actos de verificación realizados en uso de las facultades que le conceden los artículos 30, 31 y 170 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establecen: ‘Artículo 30. El suministrador colocará sellos en sus equipos, gabinetes e instrumentos de medición para evitar que se altere su funcionamiento y podrá removerlos, previo aviso al usuario, para efectuar los ajustes, reparaciones o inspecciones que se requieran en dichos equipos, excepto para la medición de demanda máxima durante el proceso de toma de lecturas, en que no se requerirá el aviso.’. ‘Artículo 31. El suministrador verificará periódicamente, previo aviso al usuario, que los equipos de medición se ajusten a la exactitud establecida en la Norma Oficial Mexicana del equipo y retirará los que no permitan su ajuste, sustituyéndolos por los adecuados. Cuando el equipo de medición instalado por el suministrador presente errores en el registro de consumo, fuera de la tolerancia permisible y siempre que no exista alteración o impedimento de la función normal de dicho equipo, se procederá como sigue: I. De la verificación de los equipos de medición de energía, de demanda máxima o de determinación de factor de potencia, se obtendrán las relaciones entre los valores erróneos y los correctos, mismas que servirán para determinar los nuevos valores de energía consumida, de demanda máxima o de determinación de factor de potencia. Con los nuevos valores se calculará el importe de la compensación o del pago aplicando las cuotas de la tarifa que estuvieron vigentes en el periodo afectado; II. Si durante la verificación se encuentra que el equipo de medición no registra la energía activa y/o reactiva consumida, ésta se determinará tomando como base los registros anteriores a la descompostura o los posteriores a la corrección. En el caso de aplicación de una constante de medición diferente a la real o de la aplicación errónea de una tarifa, la energía consumida y no pagada se determinará aplicando la constante de medición real a las diferencias de mediciones o aplicando la tarifa correspondiente; III. Los ajustes mencionados se aplicarán a un periodo no mayor de dos años; IV. El importe del ajuste se calculará aplicando las cuotas de las tarifas correspondientes vigentes en el lapso que se haya determinado. La cantidad resultante se comparará con el importe total de los recibos liquidados por el usuario de conformidad con los registros del suministrador, y la diferencia será la base para el pago; V. Si el importe del ajuste a la facturación es inferior a lo pagado por el usuario, el suministrador le compensará el importe de la energía pagada y no consumida. Si el importe del ajuste de la facturación es superior a lo pagado por el usuario, el suministrador le cobrará mediante la factura correspondiente el importe de la energía consumida y no pagada. En ambos casos, el suministrador y el usuario convendrán la forma de efectuar la compensación o el pago; VI. El plazo para efectuar la compensación o pago a que se refiere este artículo, se fijará por mutuo acuerdo entre usuario y suministrador, pero no será mayor al plazo que abarque el ajuste; y, VII. En caso de desacuerdo en la compensación, el pago o el plazo, el usuario podrá solicitar la intervención de la secretaría.’. ‘Artículo 170. El cálculo de la energía consumida y no pagada se determinará de acuerdo con lo indicado en el artículo 31.’. De esa forma es claro que la emisión de los documentos de cobro, en donde se cuantifica un eventual monto con motivo de actos de verificación, también deben considerarse actos de autoridad, dado que no son de carácter periódico, sino que en este caso devienen del ejercicio de la facultad administrativa e irrenunciable de verificación antes transcrita, atribuida a ese organismo en el reglamento de la ley que regula ese servicio, porque ante el impago de esa facturación está facultada para cortar el servicio de energía eléctrica y con esa suspensión extingue unilateralmente una situación jurídica, con la consiguiente afectación al derecho del gobernado. Consecuentemente, si la Comisión Federal de Electricidad tiene entre otras facultades la de cortar de manera unilateral el servicio de suministro de energía eléctrica, y verificar el funcionamiento de los equipos de medición, así como cuantificar lo adecuado por ese concepto; es inconcuso que en realidad ejerce verdaderos actos de autoridad, porque a través de ellos, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales y sin la voluntad del afectado, extingue y crea situaciones jurídicas, consistentes en la suspensión del suministro de energía eléctrica de que se venía disfrutando, y realiza la cuantificación del pago de un servicio, que indudablemente inciden en la esfera legal y patrimonial de los usuarios del servicio, pues si bien la sola emisión del acto de cuantificación o facturación no afecta de inmediato la esfera jurídica del gobernado, sí lo hace ante el impago de la misma, tanto que procede unilateralmente al corte del servicio de energía eléctrica, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Razones por las cuales es claro que los actos reclamados por la quejosa, al desviar del ejercicio de las mencionadas facultades de verificación, y culminar con el corte del suministro de energía eléctrica y estar estrechamente vinculados con el mismo, sí son susceptibles de ser impugnados conjuntamente mediante el juicio de garantías como verdaderos actos de autoridad que son y, por ende, es innecesario agotar recurso alguno como lo sustentó el Juez de Distrito en el fallo recurrido. En apoyo de las consideraciones antes dichas, se cita la tesis aislada 2a. II/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y seis del Tomo XI, correspondiente al mes de enero de dos mil del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO ES LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CUANDO APERCIBE DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.’ (se transcribe). De igual manera se cita la jurisprudencia J/5 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la página mil trescientos sesenta y cuatro del Tomo XIX, del mes de marzo de dos mil cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA ORDEN DE CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA O EL APERCIBIMIENTO DE REALIZARLO, NO PUEDE DESVINCULARSE DE LOS ACTOS PREVIOS QUE LE DIERON ORIGEN.’ (se transcribe). A mayor abundamiento, es de precisarse que no obstante que lo anterior sería suficiente para revocar la sentencia impugnada, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que también se actualiza una diversa excepción al principio de definitividad relativa a cuando se reclamen actos en los que únicamente se imputen violaciones directas a la Constitución Federal, como sucede en la especie, puesto que de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que la quejosa le imputa a las autoridades responsables tan sólo violación al artículo 16 constitucional, en virtud de que señala medularmente que los actos reclamados no se encuentran fundados y motivados; de ahí que se insiste que la quejosa no tenía la obligación de agotar previamente a la presentación del amparo algún medio ordinario de defensa; por el que no se surte la causal de improcedencia invocada por el a quo. En esas condiciones, y al no advertir que se actualice en la especie alguna otra causal de improcedencia, lo que procede es revocar la sentencia recurrida, entrar al estudio del fondo del asunto, y pronunciar la sentencia correspondiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el diez de febrero de dos mil seis, resolvió la revisión administrativa número 615/2005, en la que se pronunció, en su parte conducente, de la siguiente forma:
"CUARTO. Resulta innecesario el estudio de los agravios formulados en atención a que este órgano colegiado advierte la existencia de una causa de improcedencia cuyo estudio es de oficio y preferente al fondo del asunto por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. En efecto, en el presente asunto se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, que establece: ‘El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados.’. En dicha fracción, se establece una de las reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad, el cual dispone que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio por considerarlo violatorio de garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, es decir, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. De ahí que sea dable considerar que en el presente asunto, se actualiza la causal invocada, si se toma en cuenta lo previsto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que en la parte que interesa indica: ‘83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda intentar la vía jurisdiccional que corresponda. ...’. Luego al indicar ‘que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades’ pueden interponer el recurso de revisión, evidentemente que el recurrente se encuentra dentro de los supuestos de dicho precepto, pues si se llevó a cabo una verificación con el fin de comprobar el correcto funcionamiento del equipo de medición, que la constancia de verificación se entendió con el recurrente, que se le hizo una invitación al pago como consecuencia de haber encontrado anomalías en la verificación efectuada, que culminó con el corte de servicio eléctrico por no efectuarse el pago; todo lo cual permite establecer que se siguió un procedimiento dentro del expediente 3427/2005 seguido en contra del usuario, y como tal encuadra en los supuestos del numeral de referencia, de ahí que tenía la obligación de acudir al recurso establecido por el numeral en cita o como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso aludido o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, juicio de nulidad procedente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual indica: ‘11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: ... XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.’. Por consiguiente, lo determinado por la autoridad responsable, podrá ser impugnado a través del recurso de revisión o mediante el juicio de nulidad, con la salvedad de que habiendo optado por el primero, una vez resuelto éste, con posterioridad, se tendrá que impugnar tal resolución a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de amparo, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad, lo que en el caso no ocurre, pues como se advierte del acto reclamado, el mismo sí contiene la fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad, es decir, contiene el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica aplicable al respecto. Así cobra aplicación al caso la tesis número 2a./J. 95/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, página cuatrocientos catorce, voz: ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO POR EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En las relatadas condiciones, claro resulta que en el caso, se surte lo previsto por la fracción XV del citado 73 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso se ubique en los supuestos de excepción al principio ahí contenido, por ende, tenía en todo momento la obligación de agotar el principio de definitividad que debe imperar en materia de amparo. Sirve de apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número 2a. LVI/2000, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página ciento
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19788-e1aa9cb2/energia-electrica-contra-las-ordenes-de-verificacion-cobro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN MATERIA DE TRABAJO. SU CONFIGURACIÓN NO DERIVA DE QUE LOS COLITIGANTES HAYAN COMPARECIDO A JUICIO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 98/2006-SS)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES, EN SUS RESPECTIVAS EJECUTORIAS, ESTUDIARON ELEMENTOS DIFERENTES Y, CONSECUENTEMENTE, VERTIE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 98/2006-PS)
- PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SE SATISFACE CUANDO SE IMPUGNA ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LOCAL (CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2006-SS)
- PREDIAL. LAS PROPUESTAS DE DECLARACIÓN PARA EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, NO CONSTITUYEN RESOLUCIONES DEFI (CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2005-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- DOCUMENTOS PUBLICOS. NO PRUEBAN ACTOS INCIDENTALES. (s/clave)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- EXCLUYENTES. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis