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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES INTERINOS AL SERVICIO DEL ESTADO. EL PATRÓN EQUIPARADO NO PUEDE REMOVERLOS SIN RESPONSABILIDAD, A MENOS QUE EL TITULAR DE LA PLAZA REGRESE ANTICIPADAMENTE O QUE EXISTA NOTA DESFAVORABLE EN SU EXPEDIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 177/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19855
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, , Pág. 748.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 177/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero de la Constitución Federal; 29, fracción II y 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia laboral.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

En efecto, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción fue realizada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo órgano intervino en uno de los juicios de los que deriva la posible contradicción, por tanto, cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo DT. 14663/2005, resuelto el día seis de septiembre de dos mil cinco, sostuvo:

"QUINTO. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. Para una mejor comprensión del asunto es conveniente establecer los antecedentes del caso. Del expediente laboral que da origen al fallo impugnado se aprecia que el actor Manuel Gutiérrez Godínez demandó ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje: A) El cumplimiento del nombramiento laboral de fecha ocho de agosto de dos mil tres que celebró con la Secretaría de Educación Pública, con una vigencia desde 2003/16, 2003/16 y 2003/16 hasta 2004/16, 2004/16 y 2004/16, de acuerdo al formato único de personal, expedido a su favor por la demandada. B) Así como el pago de los salarios devengados, a partir del tres de junio de dos mil tres y hasta el dieciocho de septiembre del año mencionado, a razón de $4,021.00 pesos mensuales, ya que a la fecha de la interposición de su demandada no había recibido salario alguno por los servicios prestados a la Secretaría de Educación Pública, como profesor de secundaria de la materia de matemáticas con veinte horas frente al grupo; conforme al formato único de personal que le fue expedido por la demandada el once de junio de dos mil tres. Fundó su pretensión en los siguientes hechos: Ingresó a trabajar para la Secretaría de Educación Pública el tres de junio de dos mil tres, adscrito a la Escuela Secundaria Técnica Número 55 ‘Benito Juárez’, como profesor de matemáticas con veinte horas frente a grupo en un horario comprendido de las diecisiete cuarenta a las veintiún horas de lunes a viernes de acuerdo al formato único de personal que le fue expedido el once de junio de dos mil tres, documento en el cual consta la categoría, horas, plaza y tipo de alta, además de la percepción a devengar por desempeñarse como profesor de matemáticas, documento firmado por la persona autorizada por la Secretaría de Educación Pública y el actor; así como también los horarios de clase que la demandada le programó con fechas doce de agosto de dos mil dos y cuatro de agosto de dos mil tres, el primero lo cumplió y lo desempeñó como profesor de secundaria frente al grupo. Continuó señalando que la Secretaría de Educación Pública expidió una constancia aprobatoria del curso de actualización pedagógica, impartido del siete de julio al primero de agosto; el cuatro de agosto le extendieron una constancia firmada por el director y subdirector de la Escuela Secundaria Técnica Número 55 ‘Benito Juárez’, en la cual le asignaron el horario correspondiente a sus funciones, dentro del plantel en el ciclo escolar 2003-2004. Que durante el tiempo que prestó sus servicios para la Secretaría de Educación Pública desempeñó sus funciones con puntualidad, intensidad y esmero, pero el dieciocho de septiembre de dos mil tres fue enterado por los titulares del plantel en que laboraba del contenido del oficio de cinco de septiembre de ese mismo año, que en su parte medular se le comunicaba la terminación de su nombramiento, a partir del dieciséis de septiembre del mismo año, situación que refleja un despido injustificado, ya que no existió causa o motivos legales para proceder en su contra de esa forma. El secretario de Educación Pública contestó la demanda, negando acción y derecho al actor para reclamar la pretensión marcada en el inciso A) de su escrito inicial, en virtud de que no se le otorgó su nombramiento de alta 10, es decir, definitivo, por el contrario, su nombramiento fue en todo momento diverso al de base, lo que se apoya con el formato único de personal número 305371, fechado el ocho de agosto de dos mil tres, en el cual claramente se observa que las claves presupuestales 11034839E046204, 0390389, 11034839E046204, 392311 y 11034839E046212.0390864 que reclama el trabajador le fueron otorgadas con alta 20 (interina limitada). Agregó que conforme el artículo 18 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública que dispone: ‘La secretaría podrá remover, a su arbitrio, a todo trabajador de nuevo ingreso, antes de que cumpla (6) seis meses de servicios a partir de la fecha de su nombramiento’; se desprende claramente que el accionante carece de razón y fundamento jurídico, en virtud de que en ningún momento cumplió seis meses laborando, porque sólo trabajó dos quincenas en las claves 11034839E046204, 03900389, 11034839E046204.392311 y 11034839E046212.0390864 (quincenas once y doce de dos mil tres) y con el diverso formato único de personal 305371 de fecha ocho de agosto de dos mil tres, que alude a la quincena dieciséis de dos mil tres, es decir, del dieciséis de agosto del dos mil tres al dieciséis de septiembre de dos mil tres; por lo que se desprende que el actor trabajó únicamente dos meses y por tal motivo resulta aplicable el precepto arriba invocado; que es menester valorar el contenido de la fracción III del artículo 15 de la ley burocrática, que dispone lo siguiente: ‘Los nombramientos deberá contener: ... III. El carácter de nombramiento definitivo, interino provisional, por tiempo fijo o por obra determinada; que en el caso concreto se le otorgó al actor el tipo de nombramiento alta interina limitada.’ (20); que fundamenta lo antes señalado en lo dispuesto por el artículo 46, fracción II, de la citada ley. Asimismo, opuso la excepción de pago, en virtud de que la parte actora carece de acción y derecho para reclamar la pretensión referente al pago de los salarios devengados, a partir del tres de junio del año dos mil tres, hasta el dieciocho de septiembre del mismo año, pues no se le negó el pago de sus servicios, tan es así, que el propio trabajador firmó de su puño y letra la nómina de empleados del periodo dieciséis de septiembre al treinta de septiembre del dos mil tres, de la quincena once a la dieciocho de dos mil tres, es decir, del uno de junio al treinta de septiembre de dos mil tres, por lo que resultaba improcedente el pago reclamado por el actor. La demandada hizo suyas las pruebas documentales ofrecidas por el actor, consistentes en los formatos únicos de personal 304234 de junio de dos mil tres (200311 hasta 200312) y 305371 de ocho de agosto de dos mil tres (200316-200403) y ofreció original de las nóminas de empleados por centro de trabajo del periodo de dieciséis de septiembre de dos mil tres al treinta de septiembre de dos mil tres, para su perfeccionamiento solicitó se llevara a cabo la ratificación de contenido y firma por el actor; confesional del accionante y Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Sustanciado el procedimiento, la Sala del conocimiento dictó el laudo reclamado, en el que condenó a la Secretaría de Educación Pública al cumplimiento a favor de Manuel Gutiérrez Godínez, del nombramiento laboral de ocho de agosto de dos mil tres, así como al pago de la parte no cubierta de los salarios devengados por el tiempo no laborado. Puntualizado lo anterior, se procede al estudio de los motivos de inconformidad. En todos sus conceptos de violación, la secretaría demandada enfatiza que la Junta de origen debió tomar en cuenta para la emisión de su fallo el artículo 18 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública. Las afirmaciones anteriores son inoperantes, en virtud de que respecto a que dicho documento fue desestimado por la autoridad responsable; al pronunciar su resolución manifestó lo siguiente: ‘Carecen de valor probatorio las fotocopias del Reglamento Interior y de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (fojas 36-72 y 73-103), en virtud de que tampoco se refieren a la litis planteada ...’ (foja 124 vuelta). Como puede advertirse de la anterior transcripción, la Sala de origen desestimó la documental aludida por considerar que no tenía relación con la litis, y como tal argumento no lo combate la dependencia quejosa, las alegaciones que se estudian deben declararse inoperantes. Es aplicable al caso la tesis sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página ciento tres de los Volúmenes 133-138 (ciento treinta y tres-ciento treinta y ocho), Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto que a continuación se transcriben: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si los conceptos de violación que hace valer el patrón quejoso no combaten las consideraciones que rigen el sentido del laudo reclamado, dichas violaciones resultan inoperantes.’ ... En otro aspecto aduce la peticionaria de garantías, que la autoridad responsable emitió una resolución carente de sustento jurídico, toda vez que de acuerdo a lo previsto en los artículos 63, 64 y 65 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el hoy tercero perjudicado no tenía estabilidad en el empleo, ya que ostentaba una plaza en ‘alta interina limitada’; además, como ha quedado debidamente acreditado en autos, Manuel Gutiérrez Godínez, aquí tercero perjudicado, prestaría sus servicios a la impetrante de amparo por un periodo de seis meses, del dieciséis de agosto de dos mil tres al quince de febrero de dos mil cuatro, por lo que el demandado no tenía la obligación de acreditar la remoción del citado trabajador, dado que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo faculta para remover y nombrar libremente a un empleado interino, por tal motivo resulta inaplicable el artículo 784, fracciones IV y XII, de la Ley Federal del Trabajo, que cita la responsable como de aplicación supletoria a la materia, ya que dicha norma jurídica ‘no regula a detalle’ la litis del presente asunto; por tal motivo, el organismo agraviado no estaba obligado a acreditar la causa legal por la que fue demandado, como erróneamente lo determinó la Sala responsable. Los argumentos que se analizan son infundados, en virtud de que la Sala del conocimiento correctamente consideró que la demandada no justificó la razón por la cual el actor no concluyó las clases para las que fue contratado, pues únicamente argumentó, al contestar la demanda, que conforme a lo establecido en el artículo 18 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, tenía libertad de removerlo porque aún no cumplía seis meses de prestación de servicios; sin embargo, ello no exonera al titular de la secretaría demandada de tener una causa justa para separar al trabajador de su empleo. La apreciación de la Sala responsable resulta apegada a derecho, pues el hecho de que el trabajador aún no cumpliera seis meses dentro de la secretaría, no es causa suficiente para que el titular pudiera dar por terminados los efectos del nombramiento a su arbitrio, pues ello implicaría otorgarle facultades ilimitadas para que dentro de ese periodo pudiera dar por concluido los efectos de cualquier relación de trabajo a su libre voluntad, lo cual pugna con el principio de estabilidad en el empleo consagrado en la fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional. Además, el artículo 46 de la ley burocrática en su fracción II dispone lo siguiente: ‘Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas: ... II. Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación.’. De lo anterior se infiere que la duración del vínculo laboral queda sujeta al móvil que originó la expedición del nombramiento; por tanto, el titular de la dependencia burocrática no puede dar de baja a su arbitrio al trabajador que interinamente viene ocupando la plaza, pues el mismo tiene derecho a permanecer en ella hasta en tanto no se nombre el trabajador que definitivamente deba ocuparla, o el titular de la plaza se reincorpore al servicio o, en su caso, que exista motivo fundado para separarlo del cargo. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis de la Séptima Época, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cincuenta y cinco de los Volúmenes 217-228, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto a continuación se transcriben: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, CUANDO SON DE NUEVO INGRESO. El artículo 6o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no debe interpretarse en el sentido de obligar al titular de la dependencia burocrática a invocar y demostrar alguna causal de cese de las previstas en el artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando separa a un trabajador de nuevo ingreso que no ha cumplido seis meses de servicios, según el criterio sostenido por esta Sala en la tesis número 61, publicada en el Informe de 1985, bajo el rubro «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A SU DESIGNACIÓN.», pues el citado artículo 6o. no remite a las causales de mérito, sino que sólo exige una nota desfavorable en el expediente laboral del trabajador; empero, tampoco cabe interpretar esas disposiciones en el sentido de otorgar facultades ilimitadas al titular de la dependencia para cesar libremente y sin responsabilidad alguna a un trabajador, únicamente porque éste no alcanza los seis meses de servicios, como establece la tesis 63, también de esta Sala publicada en el mismo Informe de 1985, bajo el rubro «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, INAMOVILIDAD DE LOS. CUANDO ADQUIEREN ESE DERECHO LOS DE NUEVO INGRESO.», ya que el precepto en comento no señala exclusivamente el cumplimiento de seis meses de servicio para que el trabajador de nuevo ingreso adquiera el derecho a la inamovilidad, pues también alude a la inexistencia de nota desfavorable en el expediente y este requisito es fundamental para concluir si los servicios han sido satisfactorios para el titular o no lo han sido. La reflexión detenida del problema jurídico conduce a esta Sala a considerar que, a fin de que el titular de una dependencia burocrática pueda cesar, sin responsabilidad alguna, a un trabajador antes de que cumpla seis meses de servicios, debe necesariamente existir la nota desfavorable que motive dicho cese, esto es, una situación que redunde en la consideración de que el trabajador no ha prestado sus servicios en forma satisfactoria para la dependencia, aun cuando dicha nota no quedara comprendida dentro de las causales de cese justificado que prevé el artículo 46 de la ley federal del trabajo burocrático; por tanto, al cesar a un trabajador de nuevo ingreso el titular deberá invocar y, en consecuencia, demostrar en el juicio, la existencia de esa nota desfavorable para resolver que el cese fue justificado, pues siendo dicho cese una medida grave que trasciende a la estabilidad económica de la familia del trabajador, no puede quedar al capricho del titular, sino reconocer un motivo comprobable objetivamente; de otra manera, se impediría en forma arbitraria que el trabajador de nuevo ingreso pueda llegar a los seis meses de servicios y alcanzar el derecho a la inamovilidad. Amparo directo 2148/87. Secretario de Educación Pública. 14 de octubre de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Guerrero Láscares.’. Es de destacarse que contrario a lo argumentado por la peticionaria de garantías, los artículos 63, 64 y 65 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no pueden sustentar la terminación de la relación de trabajo con el actor; pues no obstante que el artículo 63 del ordenamiento en cita, literalmente dispone:

"‘Artículo 63. Cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis meses no se moverá el escalafón; el titular de la dependencia de que se trate nombrará y removerá libremente al empleado interino que deba cubrirla.’

"‘Artículo 64. Las vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupadas por riguroso escalafón; pero los trabajadores ascendidos serán nombrados en todo caso con el carácter de provisionales, de tal manera que si quien disfrute de la licencia reingresare al servicio, automáticamente se correrá el escalafón y el trabajador provisional de la última categoría correspondiente, dejará de prestar servicios sin responsabilidad para el titular.’

"‘Artículo 65. Las vacantes temporales mayores de seis meses serán las que se originen por licencias otorgadas a un trabajador de base en los términos del artículo 43 fracción VIII de esta ley.’

"Lo así previsto, no puede interpretarse en forma aislada, sino que debe atenderse en su conjunto, considerando que dicha disposición se encuentra contenida en el capítulo del escalafón y que se refiere al procedimiento que se sigue. En efecto, de los preceptos legales arriba apuntados se advierte que el organismo demandado interpreta de manera incorrecta el precepto 63 de la ley burocrática. En efecto, el artículo 64 infiere que si a un empleado se le promueve a otro puesto de superior categoría en forma interina, y el titular del mismo regresa a ocuparlo, se efectúa un movimiento escalafonario en forma regresiva, en virtud del cual aquel empleado regresa también a su puesto de origen. De tal manera que la hipótesis ahí contenida en el sentido de la libertad que tiene el titular de una dependencia para nombrar y remover libremente al empleado interino que deba cubrir vacantes temporales no mayores a seis meses, se refiere a que, por ese lapso, podrá contratar a un trabajador eventualmente, sin tener que acudir a la Comisión Mixta de Escalafón; pero la remoción del mismo, por lo motivos arriba expresados, debe tener como origen alguna causa, dentro de las que se encuentra el que el titular de la plaza regrese a la misma; que siendo vacante definitiva, se asigne a quien tenga derecho a cubrirla conforme al escalafón o que el prestador del servicio hubiese incurrido en una causa grave que dé lugar a la remoción; pues en esos casos, el titular de la dependencia no tendrá responsabilidad respecto a la terminación del nexo laboral, mas no a que se remueva libremente al trabajador que se le otorgó un nombramiento antes de que concluya éste. A guisa de ejemplo, puede citarse la hipótesis de un trabajador que es contratado para ocupar una plaza, por uno o dos meses, por necesidades del servicio, mientras la Comisión de Escalafón dictamina la asignación definitiva; pero ello no quiere decir que si fue nombrado por seis meses, el titular de la dependencia pueda removerlo a su libre albedrío, antes de que se venza éste. Respecto de la tesis publicada con epígrafe ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VACANTES TEMPORALES QUE NO EXCEDEN DE SEIS MESES. FACULTAD DEL TITULAR PARA NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL EMPLEADO INTERINO.’, que es invocada en los conceptos de violación, debe decirse que este Tribunal Colegiado no está obligado a observar el criterio establecido en dicha tesis por haber sido emitida por un órgano de igual jerarquía. En cuanto al criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada con el rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CON NOMBRAMIENTO DE INTERINOS.’; no resulta aplicable al caso, porque en los puntos de la litis no se estableció si cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis meses, entre los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión se moverá escalafón o si el titular de la dependencia nombrará a quien deba cubrir la vacante. En el segundo motivo de disenso, afirma la secretaría quejosa que como se demostró que tenía el derecho para remover al personal interino o correr en forma inversa el escalafón para el trabajador sin responsabilidad, es obvio que debe absolverse a la dependencia demandada del pago de las nueve quincenas comprendidas entre el treinta de septiembre de dos mil tres al quince de febrero de dos mil cuatro, toda vez que en ningún momento se despidió infundadamente al aquí tercero perjudicado. Lo anterior es inexacto, habida razón de que líneas atrás, se precisó que el hecho de que el empleado aún no cumpliera seis meses dentro de la secretaría, no es causa suficiente para que el titular pudiera dar por terminados los efectos del nombramiento a su arbitrio, puesto que para el caso de que el trabajador incurriera en alguna de las causales establecidas en el artículo 46 de la multicitada ley burocrática, debe demandar la suspensión de los efectos del nombramiento, por ende, es evidente que la condena al cumplimiento del contrato celebrado entre la demandada y el actor Manuel Gutiérrez Godínez, es apegada a derecho, pues ella deriva de un despido que este cuerpo colegiado estima injustificado. En el tercer motivo de inconformidad, el organismo quejoso expresa que con base en las actuaciones y pruebas aportadas a juicio por ambas partes y especialmente los formatos únicos de personal, pues de la lectura del datado el once de junio de dos mil tres, se puede apreciar que el nombramiento expedido a favor del demandante sólo tiene efectos del 2003/11 al 2003/12, es decir, del uno al treinta de junio de dos mil tres, por tanto, debe cuantificarse un mes, el cual fue pagado en tiempo y forma al tercero perjudicado y que el mismo reconoció en la prueba de ratificación de contenido y firma de la nómina de empleados por el centro de trabajo del periodo 16 al treinta de septiembre de dos mil tres. ..."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo DT. 9841/91, resuelto por mayoría de votos el día tres de octubre de mil novecientos noventa y uno, sostiene:

"TERCERO. El análisis de los conceptos de violación que hace valer Ricardo Rincón Huarota, conduce a las siguientes consideraciones: En el expediente laboral del cual dimana el acto reclamado, se pone de manifiesto que la litis se circunscribió a determinar, si como lo aduce el actor, es procedente entre otras prestaciones, su reinstalación en el puesto de auxiliar analista técnico, como consecuencia del cese injustificado de que fue objeto el dos de mayo de mil novecientos ochenta y nueve. O bien, si como lo indicó el titular, carece de acción, porque fue dado de baja en términos del artículo 6o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el artículo 9o. del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo. Señala el quejoso que la autoridad responsable emite un laudo violatorio de garantías, pues incorrectamente consideró que la baja de que fue objeto por parte del demandado se ajusta a derecho, porque aún no cumplía seis meses de prestación de servicios; sin embargo, ello no exonera al titular de tener una causa justa para separarlo del empleo. Lo que se alega debe desestimarse, pues la Junta responsable para resolver se apegó a lo dispuesto en los artículos 6o., 46 y 63 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como en el artículo 9o. del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la secretaría demandada. En efecto, de autos aparece demostrado que el actor fue contratado interinamente desde el primero de febrero de mil novecientos ochenta y nueve y que por memorándum de veintiuno de abril siguiente se le comunicó su baja, de lo que se sigue que el trabajador actor no laboró los seis meses a que alude el artículo 6o. de la ley de la materia, para considerarlo inamovible. Por tanto, tratándose de una vacante temporal, la baja decretada no constituye una separación injustificada del trabajador, pues conforme al artículo 63 del propio cuerpo de leyes, el titular está facultado para removerlo libremente, lo que conduce a considerar que en las condiciones señaladas, no se impone al patrón la necesidad de cubrir los requisitos que establece el referido ordenamiento legal en el diverso artículo 46, ya que no se trata de un cese sino de una remoción, cabe precisar que el cese es aplicable a empleados de base, y la remoción cuando se trata, como en el caso, de vacantes temporales que no exceden de seis meses; por tanto, el demandado no tenía porque ceñirse a expresar una justa causa para prescindir de los servicios del actor, atento lo que dispone el invocado artículo 63 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. No existiendo violación manifiesta a la ley, ni por tanto razón para suplir deficiencia de los conceptos de violación, lo que corresponde es negar el amparo."

Voto particular del Magistrado Roberto Gómez Argüello.

"Mi discrepancia por la resolución de la mayoría la hago consistir en los razonamientos siguientes: Señala el quejoso que la autoridad responsable emite un laudo violatorio de garantías, pues incorrectamente consideró que la baja de que fue objeto por parte del demandado se ajusta a derecho, porque aún no cumplía seis meses de prestación de servicios; sin embargo, ello no exonera al titular de tener una causa justa para separarlo del empleo. Es fundado lo anterior, si se toma en cuenta que el secretario de Educación Pública dio por terminados los efectos del nombramiento del actor, argumentando que tenía menos de seis meses de servicios y por haber acumulado varias notas desfavorables (fojas 41 a 43); por su parte, la autoridad de instancia estimó procedente la excepción invocada por el demandado, considerando que se ajusta a lo previsto por el artículo 6o. de la ley burocrática. La apreciación de la Sala responsable resulta contraria a derecho, pues aun cuando es verdad que el demandante tenía menos de seis meses laborados para la secretaría tal circunstancia no es suficiente para considerar fundada y motivada la baja del quejoso, máxime que no precisó en qué consistían las notas desfavorables en que incurrió el actor; luego entonces, el hecho de que el empleado aún no cumpliera seis meses dentro de la secretaría, no es causa suficiente para que el titular pudiera dar por terminados los efectos del nombramiento a su arbitrio, pues ello implicaría otorgarle facultades ilimitadas para que dentro de ese periodo pudiera dar por terminados los efectos de cualquier relación de trabajo a su arbitrio, lo cual pugna con el principio de estabilidad en el empleo consagrado en la fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional. Ahora bien, cabe destacar que el actor venía ocupando la plaza de auxiliar analista técnico, adscrito a la Dirección General de Educación Indígena, con el carácter de interino. En efecto, se llega a la anterior conclusión si se toma en cuenta la documental de nueve de febrero de mil novecientos ochenta y nueve (foja 15), exhibida por el propio demandante, en la cual el director general de Educación Indígena, hace del conocimiento del coordinador administrativo de esa dependencia, que el actor pasaría a ocupar la plaza que deja vacante por ‘licencia’ el diverso empleado José Martín Guevara Martínez, probanza que adminiculada con la documental que obra a fojas cuarenta y seis, relativa al nombramiento en facsímil firmado por el actor, se demuestra que prestó sus servicios a favor de la Secretaría de Educación Pública con el carácter de interino. De lo que se colige, que la duración del vínculo laboral queda sujeto al móvil que originó la expedición del nombramiento; por tanto, el titular de la dependencia burocrática no puede dar de baja a su arbitrio al trabajador que interinamente viene ocupando la plaza, pues el mismo tiene derecho a permanecer en ella hasta en tanto no se nombre al trabajador que defi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19855-1b5d527d/trabajadores-interinos-al-servicio-del-estado-el-patron · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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