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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS CONTENDIENTE, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA Y, EN SU CASO, ORDENAR LA CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE. CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES AL ABORDAR TEMAS JURÍDICOS DIVERSOS Y PARTIR DEL ANÁLISIS DE CUESTIONES ESENCIALMENTE DISTINTAS, EN SUS RESPECTIVAS EJECUTORIAS VERTIERON CONSIDERACIONES QUE NO SE CONTRAPONEN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 174/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19929
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIDO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1035.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 174/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIDO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: DAVID RODRÍGUEZ MATHA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo del Acuerdo Plenario 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción se refiere a la materia administrativa, cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichos criterios fueron sustentados, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este sentido, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, órgano jurisdiccional que resolvió una de las sentencias motivo de la denuncia indicada y quien tiene facultad para ello, de conformidad con el precepto antes indicado.

TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 51/2006, promovido por Juan Manuel del Ángel Santiago, determinó revocar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado, en la parte que interesa, apoyándose en las consideraciones siguientes:

"QUINTO. Previamente al estudio de los agravios debe precisarse:

"El quejoso señaló expresamente como acto reclamado la omisión de publicar en la página electrónica del servicio de administración tributaria el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera seguido en su contra; empero, del análisis integral de la demanda se advierte que además reclama el emplazamiento a ese procedimiento por considerarlo ilegal.

"Sobre el estudio integral de la demanda para determinar los actos reclamados debe invocarse la tesis de jurisprudencia 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en donde se establece:

"‘ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.’ (se transcribe).

"Confirma el hecho que del estudio íntegro de la demanda se advierte que se reclama el emplazamiento al procedimiento natural por considerarlo indebido, lo afirmado por el quejoso en los antecedentes antes transcritos, relacionado ello con lo manifestado en los conceptos de violación, en su parte que enseguida se transcribe: (se transcribe).

"En tal virtud, en el caso concreto deben suplirse los agravios, y en su caso los conceptos de violación, en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, tal como se establece en la tesis jurisprudencial 149/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 22, Tomo XII, diciembre de 2000, época y órgano de difusión citados, cuyos rubro y texto son:

"‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.’ (se transcribe).

"En este orden de ideas, es de señalarse que el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito sostuvo criterio en el sentido de que no opera la suplencia de los agravios en tratándose de asuntos en que el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio, ello en la tesis publicada en la página 1352, Tomo X, octubre de 1999, época y órgano de difusión citados, y del tenor siguiente:

"‘TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. NO OPERA EN LA REVISIÓN, LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS.’ (se transcribe).

"Sin embargo, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sustentado en la tesis transcrita, por lo que en su oportunidad se deberá denunciar la contradicción correspondiente; ello, en atención a que de la interpretación teleológica del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se desprende que en tratándose de los asuntos previstos en la fracción VI, deben suplirse los conceptos de violación y los agravios, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

"El artículo 76 Bis de la Ley de Amparo establece: (se transcribe)

"Respecto de las fracciones I a V del invocado artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no existe duda que la suplencia debe ser tanto de los conceptos de violación como de los agravios en tratándose de los supuestos ahí establecidos; verbigracia, si el quejoso reclama un auto de formal prisión dictado en su contra, se deben suplir de los conceptos de violación y de los agravios, lo que sucede en materia laboral cuando ocurre en vía de amparo el trabajador, o en materia agraria a favor del núcleo de población ejidal, etcétera; lo cual debe ser también en los asuntos previstos en la fracción VI, como sucede en aquellos en que se reclame el ilegal emplazamiento, ello en base al principio en el cual se establece que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.

"Efectivamente, si el gobernado se duele de un indebido emplazamiento, debe estarse al hecho de que conforme la citada tesis 149/2000 del Pleno del Máximo Tribunal, la primera notificación al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, y su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que se traduce en indefensión, lo cual es la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas; en tal virtud, es de concluirse que además de los conceptos de violación, deben suplirse los agravios, puesto que de sostenerse que sólo se deben suplir los primeros, en el caso de que el juzgador de amparo de primer grado haya inadvertido un motivo de suplencia, se dejaría en estado de indefensión al agraviado, lo cual sería contrario al espíritu del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.

"Además, el primer párrafo del artículo 76 Bis es claro en el sentido de señalar que se deben suplir los conceptos de violación y los agravios, lo cual impera para todos los supuestos previstos en ese numeral, por lo que no debe limitarse la suplencia en la hipótesis de indebido emplazamiento sólo a los conceptos de violación.

"Ahora bien, si en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se afirma que además de la suplencia al quejoso se debe suplir al particular recurrente cuando haya existido una violación manifiesta de la ley, debe estarse al hecho de que es una hipótesis diversa a la primera, es decir, en tratándose del quejoso se deben suplir (conforme lo señalado en el primer párrafo del artículo 76 Bis) los conceptos de violación y agravios, y además -segunda hipótesis- en el supuesto del particular recurrente (se entiende tercero perjudicado) se deben suplir también sus agravios cuando exista una violación manifiesta de la ley.

"Precisado lo anterior, se procede al análisis de los agravios, los cuales suplidos en su deficiencia se estiman fundados, de conformidad con los siguientes razonamientos:

"En la sentencia de primer grado se estimó que el quejoso debía agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de garantías, porque en contra del acto reclamado procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, o bien, el juicio de nulidad que debería promoverse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"El recurrente señala, en esencia, en sus agravios que no estaba obligado a agotar el recurso de revocación ni el juicio de nulidad fiscal, lo cual es fundado en razón de que el medio de defensa citado en primer lugar es optativo conforme lo establecido en el artículo 120 del citado ordenamiento tributario; además, por lo que hace a ambos medios de impugnación, debe estarse al hecho de que en tratándose de asuntos en los que el quejoso alegue ser tercero extraño al procedimiento natural (en el caso por equiparación) no existe obligación de agotar el apuntado principio de definitividad.

"Sobre la figura del tercero extraño por equiparación debe invocarse en lo conducente la tesis de jurisprudencia 40/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 27, en la página 36 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-2000, cuyos rubro y texto son:

"‘EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe).

"Luego entonces, al ostentarse el quejoso como tercero extraño por equiparación al alegar en su demanda indebido emplazamiento, como antes se apuntó, no existía obligación legal de agotar los medios de defensa ordinarios tal como se establece en la tesis de jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 62, página 62, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyos rubro y texto son:

"‘AMPARO. PROCEDE EL JUICIO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO NATURAL, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS.’ (se transcribe).

"En tal virtud, al no advertir de oficio diverso motivo de improcedencia, se debe revocar la sentencia de primer grado y entrar al estudio del fondo, conforme se establece en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo.

"SEXTO. El quejoso expresó en su demanda de amparo, los siguientes conceptos de violación: (se transcriben).

"SÉPTIMO. El estudio de los conceptos de violación conduce a las siguientes consideraciones:

"Primeramente debe precisarse que la autoridad responsable al rendir su informe con justificación adjuntó copia certificada del procedimiento administrativo de origen (visible a fojas dieciocho a cuarenta y siete), la cual dado su carácter de documental pública tiene valor probatorio pleno, acorde lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo establecido en el numeral 2o. de este ordenamiento.

"Precisado lo anterior, debe señalarse que en el caso se reclama el indebido emplazamiento al expediente natural, según se indicó con antelación en el considerando quinto, al estimar el quejoso que el acta de inicio del procedimiento administrativo debió ser publicada en la página electrónica del servicio de administración tributaria; sin embargo, no le asiste razón legal al impetrante en sus conceptos de violación deviniendo consecuentemente infundados, en atención a que el acta de inicio del procedimiento administrativo le fue notificada personalmente, por ende, no existía obligación legal de publicarla en la página electrónica en cita, conforme se expone enseguida.

"El artículo 139 del Código Fiscal de la Federación dispone: (se transcribe).

"De acuerdo a lo establecido al (sic) artículo 139 del Código Fiscal de la Federación debe publicarse en la página electrónica del servicio de administración tributaria el documento que se haya notificado por estrados, durante el mismo plazo; sin embargo en el presente asunto el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera le fue notificada personalmente al quejoso.

"En este orden de ideas, cabe señalar que el emplazamiento al procedimiento administrativo en materia aduanera de acuerdo a lo establecido en el artículo 134, fracciones I y IV, del Código Fiscal de la Federación, deberá realizarse personalmente o por edictos, cuando se desconozca el domicilio del particular, y sólo si se está en los supuestos previstos en la diversa fracción III del numeral 139 del citado ordenamiento administrativo deberá llevarse a cabo por estrados.

"En el caso se observa que el acta de inicio del procedimiento en materia aduanera AFA-300-05-0178 de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco, visible a fojas veinticinco y subsiguientes, se entendió directamente con el ahora quejoso Juan Manuel del Ángel Santiago y se le notificó personalmente esa acta, asentándose textualmente:

"‘Acto seguido, el verificador de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 151 de la Ley Aduanera, hace formal notificación al compareciente del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera número AFA-300-05-0178, asimismo de conformidad con los artículos (sic) con fundamento en el artículo 12, primer y último párrafos, en relación con el diverso 10, fracciones XXV y XLVIII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, artículos 64, 71, 72 y 73 en relación con el artículo 144, fracciones XII y XIV de la Ley Aduanera en vigor, la clasificación arancelaria, cotización y avalúo del vehículo que nos ocupa, la cual forma parte integral de esta acta, indicándole que cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la presente notificación, para ofrecer las pruebas y formular los alegatos que en su derecho convenga, ante la Aduana de Ciudad de Reynosa de la Administración General de Aduanas, con domicilio en ... manifestando el compareciente darse por notificado del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera ...’

"Si bien el quejoso no firmó el acta de mérito, ello fue en virtud de que, según se asentó en la misma, el aquí amparista se negó a firmar, respecto de lo cual se transcribe la parte conducente:

"‘Asimismo, se hace constar que el C. Juan Manuel del Ángel Santiago se negó a firmar la presente acta, retirándose del lugar que ocupa esta aduana, por lo que surte efectos legales lo dispuesto por el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles vigente aplicado supletoriamente a la ley de la materia; acorde a lo dispuesto por el artículo 5o. del Código Fiscal Federal y el relativo al artículo 134, fracción III, del ordenamiento legal antes invocado.’

"El artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone: (se transcribe).

"Así las cosas, es claro que la notificación del acta de inicio del procedimiento administrativo de origen se hizo personalmente al ahora quejoso, y se asentó que el mismo se negó a firmar, por lo que ésta surtió sus efectos en términos del citado artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y si bien se citó el diverso 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y se realizó notificación por estrados, ello es irrelevante, toda vez que independientemente de ello, como antes se ha destacado, la notificación del acta de mérito (emplazamiento al procedimiento natural) se practicó personalmente.

"Además debe resaltarse el hecho de que el propio promovente del amparo conjuntamente con su demanda adjuntó copia certificada de la orden de verificación de mercancía de procedencia extranjera relativa al procedimiento natural, en la cual se asentó que el impetrante previa identificación del verificador y lectura del oficio recibió el original de dicha orden a las catorce horas del veintinueve de junio de dos mil cinco, firmando de recibido, lo cual debe relacionarse con el acta relativa, en la cual se asentó que se identificó al conductor del vehículo en cuestión y que recibió la orden de verificación, acta en la cual después de realizar la clasificación arancelaria y embargo se dio inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera.

"De lo anterior se obtiene que el emplazamiento al procedimiento de origen se practicó personalmente con el ahora quejoso, y si bien es cierto que en su momento pudiera éste haberse manifestado inconforme con la notificación en comento (alegando que no firmó), también lo es que no impugnó esa circunstancia y tampoco justificó su falsedad en cuanto se afirmó que se realizó la notificación personal de mérito.

"En efecto, del estudio de las constancias se advierte que, contrario a lo manifestado por el quejoso, no se le dejó en estado de indefensión, pues él mismo recibió la orden de verificación correspondiente, firmando de recibido, y se le notificó personalmente el inicio del procedimiento administrativo y se le hizo saber su oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, quedando enterado de ante qué autoridad se instrumentaba el procedimiento (administrador de la Aduana de Reynosa).

"En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación y no haber materia para su suplencia, de acuerdo a las anteriores consideraciones, lo procedente es negar al quejoso Juan Manuel del Ángel Santiago el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados al Administrador de la Aduana de Reynosa, Tamaulipas.

"Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional el hecho de que al resolverse en sesión de siete de septiembre de dos mil seis el diverso amparo en revisión 52/2006, asunto similar al aquí analizado, se sostuvo un criterio distinto; empero, una nueva reflexión sobre el tema conlleva a este tribunal a adoptar el que ahora se sostiene."

CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el órgano mencionado anteriormente, al resolver el incidente de suspensión en revisión 473/99, promovido por Silvia Araceli de Luna Meléndez, determinó confirmar la sentencia recurrida y negar la suspensión definitiva solicitada, resolución que, en la parte que interesa, expresa lo siguiente:

"CUARTO. El concepto de agravio expresado por la quejosa recurrente resulta inoperante.

"En efecto, tratándose del recurso de revisión la parte recurrente en sus conceptos de agravios tiene obligación de combatir todas y cada una de las consideraciones y fundamentos que sustentan la resolución combatida, de tal suerte que si no se hace así lo procedente es desestimar por deficientes los agravios que se expresan y confirmar la sentencia o resolución materia del recurso de revisión.

"En la especie, el a quo negó la suspensión definitiva de los actos reclamados en virtud de no encontrarse satisfechos los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, señalando que no basta que se solicite para que sea concedida la medida cautelar, sino que es necesario que la parte quejosa, quien se ostenta como tercera extraña al juicio natural, debe probar, aun cuando sea de manera presuntiva el interés que refiere tener para que se suspendan los actos reclamados; interés, aduce el a quo, que de ninguna manera se justifica con la documental que se allegó a los autos consistente en copia simple de la escritura trescientos seis de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, y de la certificación expedida por el jefe del Registro Público de la Propiedad, con sede en esta ciudad de Torreón, Coahuila, toda vez que, señala el Juez de Distrito, al no encontrarse debidamente certificadas carecen de valor probatorio, apoyando dicha consideración en la tesis cuyo rubro es: ‘COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR, CARECEN DE VALOR.’; aduciendo además el juzgador de amparo que no es obstáculo para arribar a la anterior conclusión el hecho de que por auto de fecha veinticinco de mayo del año en curso, se concediera la suspensión provisional de los actos reclamados lo que aconteció con base en la documental anexa a la demanda de origen al juicio principal, sin embargo y dado que la parte quejosa no solicitó el cotejo de la compulsa con los documentos aportados en el cuaderno incidental, no puede de oficio la juzgadora traer a la vista las que obran en el expediente principal por tramitarse por cuerda separada, citando al efecto la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis número 3/97 cuyo rubro es: ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO.’

"Sin embargo, las anteriores consideraciones no se encuentran combatidas por la recurrente, pues según se advierte de la inconformidad que expresa a manera de agravio ésta se concreta a señalar medularmente que ha acreditado el interés jurídico que le asiste y la existencia de los actos reclamados, al acreditarse los extremos solicitados en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues fue solicitada por el agraviado, y al concederse la misma no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, por el contrario, el orden público se hace respetar al conceder la suspensión definitiva basándose en el interés que tiene dicho ordenamiento al respetar las garantías individuales de los gobernados. Aduciendo además que tanto con los informes previos que obran en autos como con las constancias que se allegaron al mismo, en especial las documentales en copias simples que se acompañaron y en las que consta el título de propiedad del quejoso, el certificado de gravámenes de dicho inmueble, así como las documentales del antiguo propietario de dicho predio, las cuales adquieren valor probatorio al ser cotejadas con los originales que obran dentro del juicio principal.

"Con lo anterior se pone de relieve que la ahora recurrente ni siquiera se refiere y menos aún combate las consideraciones que expresó el a quo, pues ningún razonamiento lógico jurídico expresó tendiente a poner en evidencia ante este órgano revisor las posibles violaciones que el juzgador de amparo pudo haber cometido a las normas que rigen el juicio de garantías o aplicado indebidamente alguna otra norma jurídica, pues no combate las consideraciones que se expresan en la resolución interlocutoria, relativas a no tener por acreditado el interés suspensional de la parte quejosa, pues la misma acompañó copias simples de los documentos que anexó en su demanda de garantías los cuales carecen de valor probatorio, consideraciones éstas que no son controvertidas por la ahora recurrente para evidenciar que las razones aducidas por el juzgador de amparo son incorrectas, pues contrario a ello en el agravio analizado se hacen consideraciones relativas a que se acreditó el interés suspensional con las documentales simples que obran en dicho cuaderno, mas sin embargo, no controvierten lo relativo a que las mismas carecen de valor probatorio al ser copias simples y menos aún que las tesis de jurisprudencia que cita la Juez de Distrito sean inaplicables al caso concreto.

"En consecuencia, no puede considerarse como verdadero agravio el expresado, pues por éste se entiende la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso. Por consiguiente, al expresarse el o los agravios debe el recurrente precisar cuál es la parte de la resolución que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto por el cual fue infringido, requisitos éstos que en forma alguna expresa la aquí recurrente y, por ello, las manifestaciones vertidas no son aptas para ser tomadas en consideración como agravio.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-1, página 536, que dice:

"‘SUSPENSIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN.’ (se transcribe).

"Asimismo, sirve de fundamento a lo considerado la tesis de jurisprudencia consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Materia Común, Tomo VI, Tribunal Pleno, página 19, que literalmente dice:

"‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.’ (se transcribe).

"Sin que sea óbice a lo anteriormente considerado, que la demanda de amparo haya sido promovida por quien se ostenta como tercero extraño al juicio natural del que emanan los actos que en la vía constitucional se combaten. En este contexto, cabe puntualizar que el principio de estricto derecho rige tanto para las sentencias de amparo que en primera o única instancia se dicten, como respecto a las sentencias constitucionales de segunda instancia, en el sentido de obligar a los órganos de control que las pronuncian a analizar únicamente los agravios que se hayan hecho valer en el recurso de revisión contra el fallo de primera instancia. No obstante ello, surge como una excepción al consabido principio, cuando el quejoso o recurrente de modo absoluto o fundamental, no haya tenido ninguna oportunidad para defenderse o para deducir y preservar sus derechos por alguna violación indudable, manifiesta o notoria de la ley motivos que determinan, en su caso, la ratio de la excepción y la suplencia de conceptos de violación o de agravios. Ahora bien, en el caso particular, como el peticionario de garantías ocurrió como tercero extraño al juicio natural, ello no implica que deba operar en su favor en segunda instancia la suplencia de la deficiencia en los agravios -basada en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, concretamente la fracción VI-, puesto que lo controvertido a través del recurso de revisión no son propiamente los actos que dieron origen al juicio de garantías, respecto de los cuales es presumible que el promovente careciera de información plena para reclamarlos. En efecto, lo que es materia del recurso es la sentencia del Juez de Distrito cuyas consideraciones descansan primordialmente en las constancias que integran el expediente de amparo y, de las cuales, tuvo pleno conocimiento e información detallada y oportuna, por ser el promovente del juicio de garantías, atento lo cual, no se da el caso de que el recurrente ignore sobre las constancias de autos -como si pudiera inferirse que pueda ocurrir en tratándose de las actuaciones correspondientes al juicio natural que se combate en amparo y del cual dice no es parte-, único supuesto en el que se pudiera justificar la suplencia de la deficiencia, pero sólo atinente a los conceptos de violación en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.

"Es aplicable en lo conducente la tesis de jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, página 277, que dice:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.’ (se transcribe)."

Dicha ejecutoria dio como resultado la tesis VIII.1.30 K, cuyo rubro, texto y datos de identificación dicen:

"TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. NO OPERA EN LA REVISIÓN, LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. El principio de estricto derecho tiene como uno de los supuestos de excepción, cuando el quejoso de modo absoluto o fundamental no haya tenido ninguna oportunidad, ya sea para defenderse o para deducir y preservar sus derechos por alguna violación indudable, manifiesta o notoria de la ley. Y este supuesto se actualiza cuando el peticionario de garantías ocurre como tercero extraño al juicio natural, del cual dice no ser parte, puesto que lo controvertido en el juicio de garantías son actos respecto de los cuales es presumible que el promovente careciera de información plena para reclamarlos adecuadamente. Sin embargo, la suplencia de la deficiencia de los agravios no se surte en la revisión, ya que la materia del recurso es la sentencia del Juez de Distrito cuyas consideraciones descansan primordialmente en las constancias que integran el expediente de amparo y, de las cuales, tuvo pleno conocimiento e información detallada y oportuna para combatirlas, por ser el promovente del juicio de garantías y no se da el caso de que el recurrente ignore sobre las constancias de autos que está en plena aptitud de controvertir de manera informada, sin que en ese evento pueda actualizarse alguno de los supuestos contemplados en el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo." (Novena Época, Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, tesis VIII.1o.30 K, página 1352).

QUINTO. Ante todo, cabe precisar que para establecer qué criterio es el que debe prevalecer debe existir, cuando menos formalmente, una discrepancia de criterios jurídicos entre dos órganos, en los que se analice la misma cuestión, es decir, que debe recaer sobre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas; por tanto, existe materia para resolver una contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19929-d743f148/contradiccion-de-tesis-cuando-es-confusa-o-incompleta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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