SUSPENSIÓN EN AMPARO CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES RECAUDADAS PERIÓDICAMENTE. NO ES OBSTÁCULO PARA CONCEDERLA QUE NO SE PUEDA DETERMINAR EL MONTO DEL DEPÓSITO A CUYA SATISFACCIÓN ESTARÁ CONDICIONADO EL SURTIMIENTO DE SUS EFECTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 184/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: DAVID RODRÍGUEZ MATHA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que se trata de la posible contradicción de criterios sustentados en asuntos que corresponden a la materia administrativa, especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis es procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicho numeral expresamente establece que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieren sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha contradicción.
En el presente asunto, los Magistrados integrantes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios de que se trata, debiéndose concluir que se reunió el requisito de legitimidad señalado, puesto que se trata de los Magistrados integrantes de uno de los tribunales contendientes.
TERCERO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 152/2005-2152, interpuesto por Inmobiliaria Terragd, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la parte que interesa para efectos del presente asunto, señaló lo siguiente:
"QUINTO. En su primer agravio, la parte recurrente indica que la Juez de Distrito no tomó en cuenta que el artículo 135 de la Ley de Amparo, establece que en el caso del cobro de contribuciones, se debe otorgar la suspensión siempre y cuando el quejoso deposite ante la Tesorería de la Federación el monto del impuesto que debiera de pagar en caso de atender a la disposición legal reclamada, con lo cual se protegen los intereses del Estado. Añade que la Juez pretende acreditar que de otorgarse la suspensión se contravienen disposiciones de orden público, lo cual es falso ya que no basta para su análisis que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causa perjuicios al interés social o que implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público, lo que en la especie no sucede. En su segundo agravio señala que la Juez confunde lo solicitado en amparo ya que literalmente señaló que si se otorga la suspensión, se estaría permitiendo de manera suspensional no acreditar el impuesto al valor agregado, siendo que en el caso lo que se alega en la demanda es precisamente que se permita el que se acredite el impuesto al valor agregado, por contar con actos mixtos, es decir, cuando compra productos para sus desarrollos inmobiliarios, paga el impuesto al valor agregado, pero cuando vende los departamentos habitacionales, no cobra impuesto al valor agregado por estar exento (artículo 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado) y, sin embargo; los dispositivos reclamados no permiten el acreditamiento de dichos actos, lo cual causa un grave perjuicio ya que si no se le permite el acreditamiento, en estricto sentido financia al fisco ya que el impuesto al valor agregado que le trasladan sus proveedores, lo paga directamente de sus arcas. Analizados de manera conjunta los agravios reseñados, de conformidad con lo que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, este tribunal los considera fundados, conforme a lo siguiente: En primer término debe tenerse presente el contenido de los artículos reclamados de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que se reclaman, vigentes para dos mil cinco y que son del tenor siguiente: ‘Artículo 4o. El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta ley la tasa que corresponda según sea el caso. Se entiende por impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes de que se trate. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos: ‘I. Que corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta ley o a las que se les aplique la tasa de 0%. Para los efectos de esta ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará el monto equivalente al impuesto que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del citado impuesto sobre la renta. La deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera como erogación totalmente deducible, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en la citada ley. En ningún caso será acreditable el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al contribuyente o el que haya pagado en la importación, tratándose de erogaciones por la adquisición de bienes, de servicios o por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que se utilicen en la realización de las actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley. Tratándose de inversiones o gastos en periodos preoperativos, se podrá estimar el destino de los mismos y acreditar el impuesto que corresponda a las actividades por las que se vaya a estar obligado al pago del impuesto. Si de dicha estimación resulta diferencia de impuesto que no exceda de 10% del impuesto pagado, no se cobrarán recargos, siempre que el pago se efectúe espontáneamente. II. Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o cuando sea aplicable la tasa de 0%, sólo por una parte de las actividades que realice el contribuyente, se estará a lo siguiente: a) Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la importación, corresponda a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones a que se refiere el inciso d) de esta fracción, de servicios o por el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar las actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado o les sea aplicable la tasa de 0%, será acreditable en su totalidad. b) Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la importación, corresponda a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones a que se refiere el inciso d) de esta fracción, de servicios o por el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar las actividades por las que no se deba pagar el impuesto al valor agregado, no será acreditable. c) Cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las inversiones a que se refiere el inciso d) de esta fracción, servicios o el uso o goce temporal de bienes, para realizar las actividades por las que se deba pagar el impuesto, les sea aplicable la tasa de 0% o para realizar las actividades por las que no se deba pagar el impuesto o actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley, el acreditamiento procederá únicamente en la proporción en la que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto o se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes de que se trate. d) Tratándose de las inversiones a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al contribuyente en su adquisición o el pagado en su importación, será acreditable considerando el destino habitual que dichas inversiones tengan para realizar las actividades por las que se deba o no pagar el impuesto establecido en esta ley o a las que se les aplique la tasa de 0% o a actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley, debiendo efectuar el ajuste que proceda cuando se altere el destino mencionado. Para ello se procederá en la forma siguiente: 1. Cuando se trate de inversiones que se destinen en forma exclusiva para realizar actividades por las que el contribuyente esté obligado al pago del impuesto o a las que les sea aplicable la tasa de 0%, el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente o el pagado en su importación, será acreditable en su totalidad en el mes de que se trate. 2. Cuando se trate de inversiones que se destinen en forma exclusiva para realizar actividades por las que el contribuyente no esté obligado al pago del impuesto o actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley, el impuesto al valor agregado que haya sido efectivamente trasladado al contribuyente o pagado en la importación, no será acreditable. 3. Cuando el contribuyente utilice las inversiones indistintamente para realizar tanto actividades por las que se deba pagar el impuesto o les sea aplicable la tasa de 0%, así como a actividades por las que no esté obligado al pago del impuesto o actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley, el impuesto trasladado o el pagado en la importación, será acreditable en la proporción en la que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto o se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes de que se trate, debiendo, en su caso, aplicar el ajuste a que se refiere el artículo 4o. A de esta ley. Los contribuyentes que efectúen el acreditamiento en los términos previstos en el párrafo anterior, deberán aplicarlo a todas las inversiones que adquieran o importen en un periodo de cuando menos sesenta meses contados a partir del mes en el que se haya realizado el acreditamiento de que se trate. Respecto de las inversiones cuyo acreditamiento se haya realizado conforme a lo dispuesto en el artículo 4o. B de esta ley, no les será aplicable el procedimiento establecido en el primer párrafo de este numeral. 4. Cuando las inversiones a que se refieren los numerales 1 y 2 de este inciso, dejen de destinarse en forma exclusiva a las actividades previstas en dichos numerales, en el mes en el que ello ocurra, deberán aplicar el ajuste previsto en el artículo 4o. A de esta ley. III. Que haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes a que se refiere la fracción III del artículo 32 de esta ley. Tratándose de los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación, el impuesto al valor agregado trasladado deberá constar en forma expresa y por separado en el reverso del cheque de que se trate o deberá constar en el estado de cuenta, según sea el caso. IV. Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. V. Que tratándose del impuesto trasladado que se hubiese retenido conforme al artículo 1o. A de esta ley, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma, con excepción de lo previsto en la fracción IV de dicho artículo. El impuesto retenido y enterado, podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes de este impuesto y no podrá ser trasmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de escisión de sociedades el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando esta última desaparezca, se estará a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación. Cuando el impuesto al valor agregado en la importación se hubiera pagado a la tasa de 10%, dicho impuesto será acreditable en los términos de este artículo siempre que los bienes o servicios importados sean utilizados o enajenados en la región fronteriza.’. ‘Artículo 4o. A. Cuando el contribuyente haya efectuado el acreditamiento en los términos del artículo 4o., fracción II, inciso d), numeral 3 de esta ley, y en los meses posteriores a aquél en el que se efectuó el acreditamiento de que se trate, se modifique en más de un 3% la proporción mencionada en dicha disposición, deberá ajustar el acreditamiento en la forma siguiente: I. Cuando disminuya la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades totales, el contribuyente deberá reintegrar el acreditamiento, actualizado desde el mes en el que se acreditó y hasta el mes de que se trate, conforme al siguiente procedimiento: a) Al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente o pagado en la importación, correspondiente a la inversión, se le aplicará el porciento máximo de deducción por ejercicio que para el bien de que se trate se establece en el título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. b) El monto obtenido conforme al inciso anterior se dividirá entre doce. c) Al monto determinado conforme al inciso precedente, se le aplicará la proporción que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto o se aplique la tasa de 0%, representó en el valor total de las actividades que el contribuyente realizó en el mes en el que llevó a cabo el acreditamiento. d) Al monto determinado conforme al inciso b) de esta fracción, se le aplicará la proporción que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto o se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total de las actividades que el contribuyente realice en el mes por el que se lleve a cabo el ajuste. e) A la cantidad obtenida conforme al inciso c) de esta fracción se le disminuirá la cantidad obtenida conforme al inciso d) de esta fracción. El resultado será la cantidad que deberá reintegrarse, actualizada desde el mes en el que se acreditó y hasta el mes de que se trate. II. Cuando aumente la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades totales, el contribuyente podrá incrementar el acreditamiento, actualizado desde el mes en el que se acreditó y hasta el mes de que se trate, conforme al siguiente procedimiento: a) Al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente o pagado en la importación, correspondiente a la inversión, se le aplicará el porciento máximo de deducción por ejercicio que para el bien de que se trate se establece en el título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. b) El monto obtenido conforme al inciso anterior se dividirá entre doce. c) Al monto determinado conforme al inciso precedente, se le aplicará la proporción que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto o se aplique la tasa de 0%, representó en el valor total de las actividades que el contribuyente realizó en el mes en el que llevó a cabo el acreditamiento. d) Al monto determinado conforme al inciso b) de esta fracción, se le aplicará la proporción que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto o se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total de las actividades que el contribuyente realice en el mes por el que se lleve a cabo el ajuste. e) A la cantidad obtenida conforme al inciso d) de esta fracción se le disminuirá la cantidad obtenida conforme al inciso c) de esta fracción. El resultado será la cantidad que podrá acreditarse, actualizada desde el mes en que se acreditó y hasta el mes de que se trate. El procedimiento establecido en este artículo deberá aplicarse por el número de meses comprendidos en el periodo en el que para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta el contribuyente hubiera deducido la inversión de que se trate, de haber aplicado los porcientos máximos establecidos en el título II de dicha ley. El número de meses se empezará a contar a partir de aquel en el que se realizó el acreditamiento de que se trate. El periodo correspondiente a cada inversión concluirá anticipadamente cuando la misma se enajene o deje de ser útil para la obtención de ingresos en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La actualización a que se refiere el presente artículo deberá calcularse aplicando el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo.’. ‘Artículo 4o. B. Los contribuyentes, en lugar de aplicar lo previsto en el artículo 4o., fracción II, incisos c) y d), numeral 3 y en el artículo 4o. A de esta ley, podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado al realizar erogaciones por la adquisición de bienes, de servicios o por el uso o goce temporal de bienes o el pagado en su importación, en la cantidad que resulte de aplicar al impuesto mencionado la proporción que el valor de las actividades por las que se deba pagar el impuesto o a las que se les aplique la tasa de 0%, correspondientes al año de calendario inmediato anterior al mes por el que se calcula el impuesto acreditable, represente en el valor total de las actividades, incluyendo en su caso, las actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley, realizadas por el contribuyente en dicho año de calendario. Durante el año de calendario en el que los contribuyentes inicien las actividades por las que deban pagar el impuesto que establece esta ley y en el siguiente, la proporción aplicable en cada uno de los meses de dichos años se calculará considerando los valores mencionados en el párrafo anterior, correspondientes al periodo comprendido desde el mes en el que se iniciaron las actividades y hasta el mes por el que se calcula el impuesto acreditable. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en este artículo deberán aplicarla respecto de todas las erogaciones por la adquisición de bienes, de servicios o por el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen indistintamente para realizar las actividades por las que se deba o no pagar el impuesto o a las que se les aplique la tasa de 0% o actividades que no sean objeto del impuesto que establece esta ley, en un periodo de sesenta meses, contados a partir del mes en el que se haya realizado el acreditamiento en los términos del presente artículo. Respecto de las inversiones cuyo acreditamiento se haya realizado conforme a lo dispuesto en el artículo 4o., fracción II, inciso d), numeral 3 de esta ley, no les será aplicable el procedimiento establecido en este artículo.’. Transitorio. ‘Artículo Segundo. Tratándose de la adquisición y de la importación de inversiones efectuadas con anterioridad al 1 de enero de 2005, cuyo impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al contribuyente o el que le corresponda con motivo de la importación, sea efectivamente pagado con posterioridad a la citada fecha, se aplicarán las disposiciones para el acreditamiento del impuesto, vigentes a partir de la fecha de la entrada en vigor de este decreto.’. En materia fiscal, el término acreditamiento implica que una cantidad de un impuesto o tributo pagado en ciertas circunstancias, puede ser tomado en cuenta para el entero del mismo o de otro impuesto o tributo en otras circunstancias, es decir, el acreditamiento fiscal consiste en restar del impuesto que se deba pagar, el impuesto cobrado, siempre y cuando se lleve a cabo el procedimiento que corresponda de conformidad con las leyes fiscales. En términos del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la ley, la tasa que corresponda según sea el caso. El impuesto acreditable es entendido como el impuesto al valor agregado que hubiera sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes de que se trate. Analizando los agravios expuestos en la presente instancia, se tiene que la recurrente en esencia se inconforma con la limitante existente de poder acreditar el impuesto pagado con motivo de la adquisición de productos que utiliza en la realización de la actividad a la que se dedica y que no es objeto del impuesto al valor agregado (entre otras, enajenación de bienes inmuebles, según acta constitutiva dos mil novecientos cuarenta y seis, de dieciséis de junio de dos mil tres). Ahora bien, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá concederse la suspensión del acto reclamado discrecionalmente, la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación. Bajo ese contexto debe señalarse que, contrario a lo expresado en la resolución recurrida, no existe transgresión al orden público debido a que el propio artículo 135 de la ley de la materia, establece que el otorgamiento de la suspensión definitiva de los actos reclamados procede, discrecionalmente, cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones. En efecto, como es expresado por la parte recurrente, el numeral antes invocado permite que en contra del cobro de contribuciones, la suspensión del acto pueda ser concedida cuando se deposite ante la Tesorería de la Federación, el monto del impuesto que debiera pagarse en caso de atender a la disposición legal combatida. En esa medida lo procedente es revocar la resolución recurrida y conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que la parte quejosa calcule el impuesto a pagar de acuerdo con lo previsto en los artículos tildados de inconstitucionales y se abstenga de efectuar el entero correspondiente, previa garantía que exhiba por la cantidad relativa a pagar y depositada ante la Tesorería de la Federación, en cualquiera de las formas previstas en ley, cada vez que le corresponda enterar la contribución. En el entendido que dicha medida dejará de surtir efectos si la parte quejosa no exhibe ante la Juez de Distrito del conocimiento, la garantía respectiva dentro del término de cinco días, conforme lo establece el artículo 139 de la Ley de Amparo."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 14/2006, interpuesto por Operadora de Hoteles Finos del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la parte que interesa para efectos de la presente contradicción, señaló lo siguiente:
"SEXTO. La razón fundamental por la que el Juez de Distrito negó la suspensión solicitada por la incidentista consiste en que, en su opinión, como en la especie se está ante actos consumados, de concederse la medida solicitada en realidad se le estaría imprimiendo a la misma efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia de fondo. Tal argumento, como bien se explica en los agravios, es incorrecto en la medida que pierde de vista que sí es posible conceder la suspensión contra una ley, siempre que ésta materialice sus efectos en forma concreta y de manera inminente en la esfera jurídica del quejoso, como ocurre en la especie en que, de conformidad con el relato, contenido en los antecedentes de la demanda de garantías -que ha sido tomado en cuenta por este Tribunal Colegiado para formarse idea de los pormenores de la aplicación de la ley- el incidentista resulta ser un usuario del servicio público de agua potable que participa en un esquema de tributación periódica, es decir, que se le determina y cobra regularmente el monto de los derechos por agua potable y alcantarillado. Dicha circunstancia, entonces, hace razonablemente comprensible que la ley que ya se le ha aplicado a través del acto concreto con motivo del cual la reclamó, vuelva a aplicársele en el futuro, de suerte que, concediéndosele la suspensión contra la misma, los efectos específicos de dicha medida desde luego podrían materializarse hacia el futuro, impidiendo a la autoridad responsable emitir coactivamente ulteriores actos de aplicación. Luego, teniendo en cuenta que la naturaleza jurídica de la ley impugnada, junto con la situación tributaria del quejoso, le permiten razonablemente formarse idea de que no se está exclusivamente frente a actos consumados, debe considerarse fundado en ese aspecto el agravio expresado por la recurrente. No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito, reasumiendo jurisdicción del caso y con fundamento en las facultades discrecionales previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo, estima que debe subsistir la negativa de la suspensión, aunque por otros motivos. Para explicar por qué se considera así, es necesario tener en cuenta el tenor literal del dispositivo referido, que es el que rige la suspensión cuando, como en el caso a estudio, el acto reclamado lo constituye el cobro de contribuciones: ‘Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda. El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, según apreciación del Juez, o cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, o cuando se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía permitidos por las leyes fiscales aplicables.’. Como puede verse, el dispositivo legal reproducido presenta varios elementos característicos, mismos que es preciso desglosar, a efecto de explicar cuál debe ser su correcta interpretación: a) En primer lugar, el precepto en comento establece que, tratándose del cobro de contribuciones, la concesión de la suspensión es de carácter ‘discrecional’, esto es, que a diferencia de las otras materias, en que el Juez de Distrito está obligado a concederla o negarla de acuerdo con reglas claramente definidas, en tratándose de tributos, en cambio, existe un margen bastante más amplio en el cual ejercer el arbitrio judicial, siendo en última instancia potestativo para el juzgador, conceder o negar la medida si así lo estima necesario. b) Por otro lado, se prevé en el artículo invocado que, también a diferencia de lo que ocurre en las demás materias, la suspensión no surte sus efectos de manera inmediata, toda vez que ello está condicionado a que, previamente, se produzca un depósito en la Tesorería de la Federación, del Estado o del Municipio que corresponda; es decir, que si el interés fiscal no se garantiza, entonces los efectos de la medida suspensional nunca llegan a concretarse. c) De especial relevancia para el presente estudio, es la cuestión del monto del depósito a cuya satisfacción está subordinado el surtimiento de efectos de la medida suspensiva, ya que el precepto citado emplea la frase: ‘... surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación ...’, de donde se advierte que la intención del legislador, indudablemente fue que se garantizara la totalidad de las sumas exigidas por las autoridades exactoras, con independencia de que las mismas fuesen o no legales, porque tal punto forma parte de la materia del amparo, en cuanto al fondo. d) Finalmente, se establece que el depósito no se exigirá cuando el Juez aprecie que la suma que pretende cobrarse excede la posibilidad del quejoso; cuando ya esté garantizado el interés fiscal ante la autoridad exactora; o finalmente, cuando se trate de persona distinta del contribuyente directamente obligado en cuyo caso, sin embargo, el interés fiscal debe asegurarse por cualesquiera medios previstos en las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, explicados los elementos particulares que rigen la suspensión en este caso, este Tribunal Colegiado de Circuito, en uso como ya se ha dicho de facultades discrecionales, considera que la medida solicitada no debe concederse porque, siendo que la misma sólo podría surtir sus efectos si la incidentista depositara primero una cantidad exactamente igual a la que se le pretende cobrar, en el presente estado de cosas, en que no se conoce con precisión cuáles serán
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19981-259a43d2/suspension-en-amparo-contra-el-cobro-de-contribuciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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