CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. A FIN DE LOGRARLO, EL JUZGADOR DEBE AJUSTARSE AL PROCEDIMIENTO QUE LA LEY DE AMPARO PREVÉ, EL CUAL NO DISPONE QUE SE DENUNCIE A LA RESPONSABLE CON LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES EN SU CONTRA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2006-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues si bien el criterio que debe sustentarse se refiere a la materia común, el tema no es de una importancia tal, cuyo conocimiento deba corresponder al Tribunal Pleno.
SEGUNDO. La presente contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló uno de los Magistrados integrantes de un órgano colegiado que pronunció una de las ejecutorias que se estiman opuestas.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que la motivaron y que a continuación se transcriben.
En la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el treinta y uno de enero de dos mil cinco, en el incidente de inejecución de sentencia 74/2004-880, se resolvió, en la parte que interesa al presente estudio, lo siguiente:
"SEGUNDO. ... Reseñados los antecedentes del caso, conviene señalar la razón de ser del incidente de inejecución de sentencia. El incidente en cuestión es un procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal y reglamentado en los artículos 104, 105 y 106 de la Ley de Amparo, establecido en favor de la parte quejosa que obtuvo la protección de la Justicia Federal, cuando la autoridad se abstiene totalmente de cumplir la sentencia de amparo. Esto es, el trámite del incidente procede solamente en el caso de que la autoridad responsable no realice algún acto tendente a restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que tenían antes de la violación, o a respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que tal garantía exige, en términos de lo resuelto en la sentencia de amparo, o bien, cuando la responsable realiza actos preliminares o preparatorios que no tienen trascendencia en el núcleo esencial de la obligación exigida, lo que se traduce en abstención de la autoridad. Es decir, en el incidente de inejecución de sentencia el órgano jurisdiccional debe examinar y determinar, exclusivamente, si la autoridad responsable es o no contumaz en desacatar (sic) la ejecutoria de amparo, independientemente de las cuestiones relativas a las ejecuciones parciales, por defecto o exceso, pues para tales casos la Ley de Amparo prevé otro medio de defensa. Las consideraciones precedentes encuentran apoyo en la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo (sic) 72, diciembre de 1993, página 31, cuyo texto es el siguiente: ‘INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE ESTE INCIDENTE SI A LA FECHA DE SU FORMULACIÓN EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN.’ (se transcribe). Asimismo, resulta aplicable la tesis del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, página 116, que a la letra dice: ‘INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE «PRINCIPIO DE EJECUCIÓN» QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.’ (se transcribe). El incidente de inejecución de sentencia tiene como presupuesto de procedencia la imputación de una abstención total de la autoridad responsable para acatar el fallo protector, o bien, la realización de actos de la autoridad que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó infringida en la sentencia, es decir, cuando se materializan actos intrascendentes, preliminares o secundarios por medio de los cuales la autoridad crea la apariencia de que está cumpliendo el fallo. Precisado lo anterior, este tribunal estima que como premisa para resolver el incidente de que se trata, constitucional y legalmente los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito tienen a su cargo la obligación de realizar, aun oficiosamente, actos tendentes a lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo; carga que implica el ejercicio de sus facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas con su cumplimiento y la medida en que deben realizarlo, atendiendo a su competencia y facultades. Así pues, la Constitución Federal y la Ley de Amparo constituyen el sustento de las determinaciones dirigidas a obtener el cumplimiento entero de las resoluciones judiciales dictadas por los órganos jurisdiccionales en materia de amparo, que tengan por efecto tutelar a los gobernados contra los actos de la autoridad que infringieron sus garantías individuales, respecto de los cuales se concedió la protección de la Justicia Federal. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, julio de mil novecientos noventa y ocho, página 146, a la letra dice: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR.’ (se transcribe). Nuestro Máximo Tribunal en diversas jurisprudencias respecto a las medidas que deben adoptarse en el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, ha establecido que ese cumplimiento es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia se encaminen a cumplir con ese objeto, por ende, las sentencias federales deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que por razón de sus funciones, esté obligada a intervenir en su ejecución, y no solamente la que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de amparo tiene a su cargo dicha obligación, sino cualquier otra autoridad que por sus funciones tenga que intervenir en la ejecución de ese fallo. Para lograr ese cumplimiento resulta indispensable que las autoridades tengan a la vista los datos necesarios del expediente en que se actuó, y sobre todo, elementos de prueba suficientes que le proporcionen los datos necesarios que les permitan tomar las acciones encaminadas a la total restitución al quejoso en el goce de la garantía constitucional que el juzgador estimó violada, con el objeto de que el cumplimiento del fallo sea eficaz y pleno. Recapitulando, en el caso que nos ocupa, la concesión de la protección federal tuvo el efecto de que la autoridad responsable emitiera una nueva resolución en la que determinara la cuota diaria pensionaria que corresponde a la quejosa en el momento de su jubilación, de ahí que para obtener el entero cumplimiento del fallo el juzgador debe fijar el efecto para el que se concedió el amparo, señalar las autoridades obligadas, así como la medida de su responsabilidad. En el presente asunto, la autoridad obligada a cumplir con la sentencia federal, es el subdirector general de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el cumplimiento consiste en determinar la cuota diaria pensionaria que corresponda a la quejosa y, además, entregarle la suma de dinero que hubiese dejado de pagarle a partir de la fecha en que operó su jubilación. Por las razones anteriores y además porque el camino para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo debe ser allanado completamente a fin de que las autoridades cumplan debidamente tales sentencias y tomen las decisiones necesarias para ese efecto, porque el cumplimiento de los fallos federales en materia de amparo no puede quedar condicionado de ninguna forma, son los motivos por los que este tribunal, en su resolución de veintisiete de febrero de dos mil cuatro, indicó a la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa los lineamientos que tenía que observar para que se diera cumplimiento total a la ejecutoria. Para mayor claridad, de nuestro estudio conviene reproducir los aludidos lineamientos, que a la letra dicen: ‘Obligar a la responsable subdirector general de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que: a) Emita nueva resolución, dentro del improrrogable plazo de cuarenta y ocho horas, a partir del momento en que surta efectos la notificación de esta sentencia, en la cual precise expresamente qué resolución deja sin efectos, lo que deberá comunicar dentro del mismo plazo al Juez Federal, remitiéndole la prueba indubitable que así lo justifique. b) Dentro del improrrogable plazo de treinta días, a partir de la notificación de este fallo, emita una nueva resolución en la que determine la cuota diaria pensionaria que corresponde a la quejosa en el momento de su jubilación, considerando lo que se le pagaba en la plaza que ocupó antes de jubilarse, incluyendo como sueldo básico el sueldo presupuestal, sobre sueldo y compensación, conforme a lo previsto en la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, dentro de los límites que la propia ley precisa, como se ordenó en la sentencia de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, y en los términos descritos en el considerando segundo de la resolución de queja de dieciséis de junio de dos mil dictadas por la Décima Sala Regional Metropolitana del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. c) Dentro del improrrogable plazo de sesenta días, a partir de la notificación de esta resolución, determine cada uno de los incrementos que la pensión, fijada conforme a los lineamientos precisados en el inciso anterior, ha tenido hasta la fecha en que se emita la resolución de que se trata, es decir, a partir de la fecha de la jubilación el monto de la pensión deberá ser incrementada en los términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en mil novecientos noventa y ocho, en que se jubiló la quejosa, para lo cual la autoridad responsable deberá precisar cada uno de los incrementos que haya tenido conforme se haya incrementado el salario mínimo en el Distrito Federal a partir de entonces, bajo el siguiente procedimiento: 1. La autoridad responsable deberá señalar todos y cada uno de los incrementos que corresponden a la quejosa en los términos antes indicados, a partir de la fecha en que operó su jubilación hasta la fecha en que se emita la determinación de que se trata. 2. Recabar, al mismo tiempo, los documentos que justifiquen las cantidades que en efectivo haya recibido la quejosa por concepto de pensión desde su jubilación (mil novecientos noventa y ocho) hasta la fecha. 3. Hecho lo anterior, determinar la diferencia existente a favor o en contra de la quejosa, tomando en cuenta cada uno de los incrementos que le corresponden, conforme a lo mencionado en los incisos b) y c), y lo que se le haya pagado como pensión en cada una de las fechas en que hubiesen ocurrido los incrementos y los tiempos o lapsos respectivos. Establecer la cantidad total que resulte con motivo de esa diferencia a favor o en contra. 4. Posteriormente, realizar la comparación entre lo que se le pagó a la quejosa desde que se jubiló hasta la fecha, y lo que debió cubrírsele por diferencia en el momento de la fijación de la cuota en los términos precisados en el apartado (sic) b) y c) precedentes. 5. Que entregué (sic) a la quejosa las sumas de dinero que hubiese dejado de pagarle. 6. En la resolución que emita el referido instituto, en los términos ya apuntados, deberá explicar detalladamente cada una de las operaciones aritméticas que realice, precisando las razones y las pruebas que justifiquen su actuación, las cuales tendrá que acompañar como parte integrante del acto administrativo (y no limitarse a presentar en forma dogmática cuadros de conceptos y cantidades sin ninguna explicación ni sustentación), ya que de no hacerlo, tratando de eludir el cumplimiento fiel de la sentencia de amparo puede colocarse en los supuestos de responsabilidad penal que prevé el artículo 107, fracción XVI, de la Norma Suprema en relación con los artículos 208 y 209 de la Ley de Amparo. 7. Una vez que las responsables hayan dictado el acto administrativo con las exigencias señaladas en todos los incisos precedentes, con independencia de que la Juez deberá de allegarse de cualquier medio probatorio para resolver y cumplir con exactitud la sentencia de amparo por ser una cuestión de orden público.’-Ahora bien, del análisis de los autos se desprende que si bien es cierto que la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en cumplimiento a la resolución de este tribunal de veintisiete de febrero de dos mil cuatro, ordenó reanudar el procedimiento encaminado al cumplimiento de la ejecutoria y requirió a la responsable para que acatara en sus términos el fallo constitucional, también lo es que no se ajustó a lo indicado por este tribunal en la citada resolución. En efecto, la Juez Federal, en su auto de diecinueve de marzo de dos mil cuatro, en realidad se limitó a requerir a la responsable y a reproducir los lineamientos precisados en la citada resolución, lo que revela descuido en el acatamiento a lo resuelto por este tribunal, habida cuenta que no llevó a cabo los requerimientos precisados por este tribunal ni vigiló que se diera cumplimiento debido a ellos. No obsta para lo anterior, el que la responsable, mediante oficio presentado en el juzgado del conocimiento el catorce de junio de dos mil cuatro, haya manifestado que daba cumplimiento a la ejecutoria con la resolución que acompañó al efecto, y que, a su vez, hubiera expresado que esa resolución se emitía acorde con los lineamientos contenidos en la resolución de este tribunal de veintisiete de febrero de dos mil cuatro, pues la resolución a la que alude la responsable, de ninguna manera es suficiente para acreditar que se da cabal cumplimiento a la ejecutoria, ni implica que la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal haya dictado las providencias idóneas que se le indicaron en la citada resolución. Lo anterior es así, porque no consta que hubiera obligado a la responsable para que emitiera nueva resolución en la que expresara qué resolución dejó sin efectos; que en esa resolución se detallara la cuota diaria pensionaria en los términos que se precisan en la resolución de este tribunal; que se determinara cada uno de los incrementos que la pensión ha tenido hasta la fecha en que se emita la resolución correspondiente, tomando en cuenta la fecha en que se jubiló la quejosa; que al mismo tiempo, se recabaran los documentos que justifiquen las cantidades que en efectivo haya recibido la quejosa por concepto de pensión desde su jubilación hasta la fecha; que hecho lo anterior se determinara la diferencia existente a favor o en contra, tomando en cuenta cada uno de los incrementos y lo que se le haya pagado como pensión en cada una de las fechas en que hubiesen ocurrido los incrementos y los tiempos o lapsos respectivos. Tampoco consta que se haya realizado la comparación entre lo que se le pagó a la quejosa desde que se jubiló hasta la fecha, y lo que debió cubrírsele por diferencia en el momento de la fijación de la cuota; ni aparece que se hayan entregado a la quejosa las sumas de dinero que se le hubiesen dejado de pagar. Asimismo, no aparece que la responsable haya emitido resolución en la que explique detalladamente cada una de las operaciones aritméticas que realice, precisando las razones y las pruebas que justifiquen su actuación, ni que hubiera acompañado las pruebas correspondientes. De lo anterior se advierte que la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal omitió velar para que se acatara el procedimiento indicado por este tribunal a fin de que se diera cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo. Confirma lo referido en el párrafo precedente las circunstancias de que, por una parte, la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en auto de quince de junio de dos mil cuatro, se limitó a dar vista a la quejosa de lo expuesto por la responsable en su oficio presentado en el juzgado del conocimiento el catorce de junio de dos mil cuatro y del documento que anexó, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera y, por la otra, que con base en lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de veintidós de junio de dos mil cuatro, en el sentido de que la responsable no daba cumplimento a las exigencias impuestas por este tribunal, sustentó su resolución, pero sin que la propia Juez haya determinado (como era su obligación), previamente a la resolución en la que se considera que no se ha cumplido con la ejecutoria, si la documental que acompañó el subdirector general de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado era acorde o no con lo que se indicó por este tribunal en la resolución de veintisiete de febrero de dos mil cuatro. Dicho en otros términos, si este tribunal estableció los actos idóneos que se deberían realizar por parte de la responsable subdirector general de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y detalló los documentos que justificaran esos actos, es inconcuso que la Juez del conocimiento debió velar porque se cumpliera con esa determinación y examinar, con independencia de lo que manifestara la quejosa, en cada caso, si el acto o documento era acorde o no con las exigencias señaladas por este tribunal. Por tanto, si como consecuencia del examen correspondiente la Juez de que se trata hubiera advertido que se incumplía con lo mandado, entonces, en ejercicio de la facultad que la ley le otorga, debió llevar a cabo los apercibimientos respectivos al subdirector general de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Si no obstante los apercibimientos la responsable mantenía en desacato injustificado y contumaz, entonces podía establecer que tal conducta pudiera ser constitutiva de alguna causa de responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron conforme a lo dispuesto por el artículo 8o., fracciones I y V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y tomando en consideración la obligación prevista en la fracción XVIII, en el sentido de que todo servidor público debe denunciar por escrito ante la secretaría o la contraloría interna los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa, la Juez de Distrito podía girar oficio a la Secretaría de la Función Pública, acompañándole copia certificada de aquellas actuaciones que reflejen el desacato, para los efectos de su competencia. Todo lo anteriormente referido, pone de manifiesto que la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal omitió dictar las providencias necesarias para velar por el cumplimiento eficaz de la ejecutoria, pues, como ya se estableció, únicamente se limitó a dar vista a la quejosa y resolver con base en lo manifestado en el desahogo de dicha vista, lo que es incorrecto. En consecuencia, procede revocar el auto de la Juez y, por ende, devolver los autos al juzgado del conocimiento, para que cumpla con lo que este tribunal indicó en su resolución de veintisiete de febrero de dos mil cuatro, a fin de que se cumpla enteramente el fallo federal."
CUARTO. En la sentencia dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cinco de octubre de dos mil seis, al resolver el recurso de queja 99/2006, se determinó, en lo conducente:
"SEXTO. La autoridad recurrente formula abundantes razonamientos, todos orientados a demostrar que la resolución recurrida transgrede los artículos 95, fracción IV, 96, 97, fracción III, 98, 99, 104, 105, 107, 108, 110 a 113, 192, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción XVI, constitucional, en virtud de que en tal resolución, se ordenó dar vista al Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por la posible responsabilidad en que se incurrió con motivo del incumplimiento a la sentencia de amparo, proceder que dice dicha autoridad recurrente, es incorrecto, dado que afirma, la a quo se excedió en sus facultades y actuó al margen del sistema legal contemplado en la Ley de Amparo sobre esa materia (cumplimiento de sentencias) porque para que se cumplimenten los fallos de amparo existen aún diversos medios a través de los cuales se llegará a tal objetivo. Planteamientos que se estiman fundados por las razones jurídicas expuestas a continuación. En principio, cabe destacar que por auto de siete de junio de dos mil seis, la Juez Federal determinó lo siguiente: ‘... Finalmente, también se apercibe a las citadas autoridades que de ser omisos (sic) sobre el particular (se refiere al cumplimiento de la sentencia de amparo), este órgano jurisdiccional procederá a informar a la Contraloría Interna del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los efectos legales conducentes y para que tomando en consideración las actuaciones de este juicio, determine de acuerdo con su competencia, la posible causa de responsabilidad de las autoridades responsables que han intervenido en el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por el artículo 8o., fracciones I y IV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, tomando en consideración la obligación prevista en la fracción XVIII, en el sentido de que todo servidor público debe denunciar por escrito ante la secretaría o la contraloría interna los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa. Ello, atento a lo expuesto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 74/2004-880, relativo al juicio de amparo 678/2000 del índice de este órgano jurisdiccional y sostener lo siguiente: «... Si no obstante los apercibimientos la responsable mantenía en desacato injustificado y contumaz, entonces podía establecer que tal conducta pudiera ser constitutiva de alguna causa de responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron conforme a lo dispuesto por el artículo 8o., fracciones I y IV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y tomando en consideración la obligación prevista en la fracción XVIII en el sentido de que todo servidor público debe denunciar por escrito ante la secretaría o la contraloría interna los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa, la Juez de Distrito podía girar oficio a la Secretaría de la Función Pública, acompañándole copia certificada de aquellas actuaciones que reflejen el desacato, para los efectos de su competencia.» ...’. Apercibimiento que se hizo efectivo mediante resolución de veintidós de junio de dos mil seis, impugnada a través de la presente queja, el cual es del tenor literal siguiente. ‘... Sin embargo, dada la conducta contumaz de la autoridad aludida para acatar el fallo protector, mediante proveídos de quince y veintinueve de marzo, once y veintisiete de abril, dieciocho de mayo, así como siete de junio, todos del año dos mil seis, se le requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo por conducto de sus superiores jerárquicos jefe de Servicios de Asignación de Derechos, subdirector de Pensiones, subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, director general y Junta Directiva, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como por conducto del presidente de la República (fojas 1217 y 1218, 1227 y 1228, 1234 y 1235, 1242 y 1243, 1256 y 1257, 1267 a 1269). Por todo lo anterior, es evidente que las autoridades obligadas han sido omisas en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, puesto que no han acreditado haber dado cumplimiento a la sentencia de treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, dictada por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 10536/98 y su acumulado 10557/98 de su índice. Atento a ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y de conformidad con el artículo 105 de la Ley de Amparo, en concordancia con el considerando décimo tercero y punto quinto, fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de julio del año dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de junio del año dos mil uno, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se ordena la apertura del incidente de inejecución de sentencia y, por ende, se remiten los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la tramitación del referido incidente, y con independencia de que éste a su vez los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, para los efectos que dispone el artículo 208 de la Ley de Amparo, ante la conducta contumaz de las autoridades competentes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con copia autorizada de la demanda, sentencia y demás constancias necesarias para insistir en procurar su exacto cumplimiento, fórmese cuaderno de antecedentes y cúmplase con la remisión citada. Con independencia de lo anterior, toda vez que mediante proveído de siete de junio de dos mil seis (foja 1267 a 1269), se apercibió a las autoridades antes indicadas, que en caso de no dar cumplimiento al fallo protector, se informaría a la Contraloría Interna del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, a fin de que tuviera conocimiento de su desacato a la ejecutoria de amparo dictada en este expediente, para que tomando en consideración las actuaciones de este juicio, determine de acuerdo a su competencia, la posible causa de responsabilidad de las autoridades responsables que han intervenido en el presente juicio de garantías. En consecuencia, gírese oficio a la Contraloría Interna del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que atendiendo a lo expuesto, proceda como corresponda dentro del ámbito de su competencia, lo cual deberá informar a este Juzgado de Distrito dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de aquella en que sea notificado de este proveído. En el entendido que ante su omisión sobre el particular, se le impondrá una multa por la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.), como medida de apremio, conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 113 de la Ley de Amparo, los Juzgados de Distrito se encuentran facultados para hacerse valer de cualquier medio, entre los que se encuentran evidentemente, requerir a las partes como a cualquier autoridad o persona, toda la información o documentación necesaria para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, tan es así que para lograr lo anterior, aun si fuera necesario, pueden hacer uso de las medidas de apremio previstas en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y así evitar el atraso en el cumplimiento de las sentencias.’. Ahora, los artículos 107, fracción XVI, constitucional, 104, 105, 107, 108, 110 a 113, todos de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establecen lo siguiente: (se transcriben). Ese marco jurídico que debe observarse para el cumplimiento de la sentencia de amparo, ha quedado interpretado por el Máximo Tribunal intérprete (sic) de leyes, quien especificó puntualmente los únicos mecanismos que se encuentran ahí establecidos para lograr tal cumplimiento. Postura jurídica de dicho Máximo Tribunal, que se contiene en el criterio jurídico de rubro y texto siguientes: ‘CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA.’ (se transcribe). (Jurisprudencia número 2a./J. 9/2001, consultable en la página 366 del Tomo XIV de octubre de 2001, del Semanario Judicial d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19931-fc15bd74/cumplimiento-de-las-sentencias-de-amparo-a-fin · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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