SUCESIÓN LEGÍTIMA EN MATERIA AGRARIA. LA RENUNCIA A LOS DERECHOS HEREDITARIOS EFECTUADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO PUEDE SER CONSIDERADA COMO PRUEBA POR EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL JUICIO RELATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIDOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: BLANCA LOBO DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, pues se trata de la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos que corresponden a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues la formula José Lima Cobos, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco, autoridad responsable de los juicios de amparo 198/2006 y 46/2006, donde los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito sostuvieron, las tesis denunciadas como contradictorias.
TERCERO. Previamente al estudio de las cuestiones planteadas en las ejecutorias que motivan la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.
Lo anterior encuentra respuesta en el contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que dicen a la letra:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
Ley de Amparo.
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los preceptos transcritos, ha estimado que para existir la materia sobre la cual debe pronunciarse, tratándose de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Así se desprende de la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, consultable a foja setenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de dos mil uno, que dice a la letra:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Conforme a las anteriores precisiones, debe establecerse si los criterios cuya aparente contradicción se denuncia, se ajustan a los requisitos señalados en la jurisprudencia previamente transcrita. Para tal efecto, conviene destacar los antecedentes y consideraciones que informan las respectivas ejecutorias.
De la correspondiente al amparo directo administrativo 198/2006, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, se advierte:
1. En escrito presentado ante el Tribunal Unitario Agrario del Quinto Distrito, Martha Elena Castillo Lucero promovió juicio sucesorio intestamentario, a efecto de que se le reconociera como sucesora de los derechos cuyo titular era el finado Blas Castillo Martínez respecto de las parcelas números 225, 037 y 043, con superficies de 00-21-42.02, 00-24-25.02 y 02-81-58.30 hectáreas, amparadas con los certificados números 61484, 61625 y 61628, así como el 1.369, 0% sobre tierras de uso común, amparado con el certificado número 46662 ubicados en el ejido colonia Heroína Municipio de Casas Grandes, Chihuahua.
En el juicio agrario se presentaron, entre otros, los siguientes documentos:
• Actas de nacimiento de la promovente Martha Elena Castillo Lucero así como de José Ma., Álvaro, María Antonieta, Paulina Gloria, Alicia, José Dolores, Juan, Aurelio Armando, Enrique, Roberto y María Manuela de los mismos apellidos.
• Constancia de vigencia de derechos de Blas Castillo Martínez, sin sucesores registrados.
• Constancia de los avisos que dieron publicidad al juicio sucesorio.
• Escrito de repudio realizado por José Ma., Álvaro, María Antonieta, Paulina Gloria, Alicia, José Dolores Juan, Aurelio Armando, Enrique, Roberto y María Manuela Castillo Lucero, realizado el siete de octubre de dos mil cinco ante el Juez menor mixto, en funciones de notario público por ministerio de ley, en Casas Grandes, Chihuahua.
2. Tramitado el juicio sucesorio que se radicó con el número 772/2005, en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco, su titular dictó resolución en la que estimó improcedente reconocer como única heredera y ejidataria por sucesión, a la promovente Martha Elena Castillo Lucero, toda vez que José Ma., Álvaro, María Antonieta, Paulina Gloria, Alicia, José Dolores Juan, Aurelio Armando, Enrique, Roberto y María Manuela Castillo Lucero no tenían un derecho adquirido para renunciar éste a su favor, sino una expectativa de derecho respecto de la cual no es posible renunciar; para sustentar esa determinación, aplicó la tesis de jurisprudencia 36/2005, establecida por la Primera Sala, de rubro: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."
3. Inconforme con esa resolución, Martha Elena Castillo Lucero promovió juicio de amparo directo del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, ese juicio radicado bajo el número 198/2006, se resolvió el veintiocho de agosto de dos mil seis, concediendo el amparo con base en las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa resultan fundados, suplidos en su deficiencia de la queja con fundamento en el artículo 227 de la Ley de Amparo.
"...
"Ahora bien, los conceptos de violación antes sintetizados, como ya se dijo al inicio del presente considerando, resultan fundados, suplidos en su deficiencia de la queja con fundamento en el artículo 227 de la Ley de Amparo.
"Así es, la responsable fue inexacta al considerar en la sentencia combatida, que la renuncia de José Ma., Álvaro, María Antonieta, Paulina Gloria, Alicia, José Dolores Juan, Aurelio Armando, Enrique, Roberto y María Manuela Castillo Lucero, a favor de su hermana, Martha Elena Castillo Lucero, plasmada en dicho documento, merece valor probatorio con fundamento en los artículos 187 de la Ley Agraria, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia legal, pues los repudiantes sólo contaban con una expectativa de derecho, y al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los derechos adquiridos se actualizan cuando a través de un acto jurídico se introduce un bien, facultad o provecho al patrimonio de una persona, el cual no puede afectarse de manera retroactiva mediante un acto posterior, en tanto la expectativa constituye una esperanza o pretensión de un derecho cuya realización depende de una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado; que en esas condiciones, en el primer caso, nace el derecho y entra al patrimonio de la persona desde el momento en que se actualiza la hipótesis descrita en el artículo 18, último párrafo, de la Ley Agraria; mientras que el derecho está en potencia hasta cuando se realiza una situación jurídica concreta prevista por la norma, por lo que si ello no ocurre, tal derecho no llega a formar parte integrante de un patrimonio, por lo que con motivo de un repudio de derechos de un presunto heredero, otra persona con la misma expectativa pretende su reconocimiento como sucesor de derechos ejidales, de donde considero incuestionable que no es procedente tener por realizada la renuncia de derechos, ya que el mismo les asiste por igual a la promovente y sus hermanos, determinando que toda vez que José Ma., Álvaro, María Antonieta, Paulina Gloria, Alicia, José Dolores Juan, Aurelio Armando, Enrique, Roberto y María Manuela Castillo Lucero acreditaron con sus respectivas actas de nacimiento ser hijos legítimos de Blas Castillo Martínez y Faustina Lucero, por lo cual determinó reconocer a todos los hijos del de cujus como sucesores de sus derechos ejidales.
"En torno a esas consideraciones, la quejosa manifestó que el tribunal agrario responsable no valoró correctamente el escrito de renuncia de los derechos hereditarios referidos, renuncia realizada por los hermanos de la peticionaria del amparo de nombres José Ma., Álvaro, María Antonieta, Paulina Gloria, Alicia, José Dolores Juan, Aurelio Armando, Enrique, Roberto y María Manuela Castillo Lucero, ratificado ante la fe del licenciado Juan Melitón Hernández Ponce, Juez menor de la municipalidad, actuando en funciones de notario público, por ministerio de ley, en la ciudad de Casas Grandes, Chihuahua, argumentando para ello la resolutora que: ‘... Escrito de repudio realizado por José Ma., Álvaro, María Antonieta, Paulina Gloria, Alicia, José Dolores Juan, Aurelio Armando, Enrique, Roberto y María Manuela Castillo Lucero de fecha siete de octubre de dos mil cinco, llevado a cabo ante la fe del licenciado Juan Melitón Hernández Ponce, Juez menor mixto en funciones de notario público por ministerio de ley, en Casas Grandes, Chihuahua, documento que merece valor probatorio con fundamento en los artículos 187 de la Ley Agraria, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia agraria ...’, que en la citada documental, los hermanos de la solicitante de la tutela constitucional, manifestaron su voluntad de renunciar a cualquier expectativa que pudieran tener de los derechos agrarios ejidales de los que era titular el ejidatario de cujus; asimismo, expresó que estaban completamente de acuerdo en que los derechos que pertenecieron a su padre el señor Blas Castillo Martínez los heredara únicamente su hermana Martha Elena Castillo Lucero y que no obstante lo anterior, el Magistrado del tribunal agrario estimó que no era procedente tener por realizada la renuncia de derechos, pues el mismo derecho les asistía por igual a los hermanos de la promovente y que, por tanto, era improcedente la acción ejercitada.
"De lo anterior, se observa que efectivamente como lo dijo la quejosa, el tribunal agrario no tomó en consideración que Martha Elena Castillo Lucero, actora en el juicio agrario de origen, de conformidad con el contenido de las pruebas documentales que obran en el sumario, de las que se viene haciendo referencia en párrafos precedentes, le fueron cedidos de manera fehaciente y ante fedatario público, los derechos agrarios que le correspondieran a sus hermanos, en el carácter de hijos del de cujus, pues expresamente manifestaron que renunciaban desde ese momento a los derechos hereditarios que les pudieran corresponder, dentro de la sucesión agraria del de cujus, a favor de su hermana Martha Elena Castillo Lucero, ‘... Parcela No. 225 con superficie de 00-21-42.02 has., amparado con el certificado No. 61484; Parcela No. 037 con superficie de 00-24-25.02 has., amparado con el certificado No. 61625; Parcela No. 043 con superficie de 02-81-58.30 has., amparado con el certificado No. 61628; el 1.3690% de los derechos agrarios sobre tierras de uso común, amparado con el certificado No. 46662 ...’
"Lo manifestado por los hermanos de la peticionaria del amparo, de nombres José Ma., Álvaro, María Antonieta, Paulina Gloria, Alicia, José Dolores Juan, Aurelio Armando, Enrique, Roberto y María Manuela, todos de apellidos Castillo Lucero, en los términos supracitados, que pudiera constituir un repudio o renuncia a sus derechos hereditarios con relación a la sucesión agraria.
"Lo cual se trata de una figura jurídica que no se encuentra regulada por la Ley Agraria, por lo que resulta aplicable de manera supletoria el Código Civil Federal, por disposición del artículo 2o., primer párrafo, de la Ley Agraria, que en lo conducente establece la aplicación supletoria de la legislación civil federal. De manera que la figura jurídica del repudio de la herencia por parte de José Ma., Álvaro, María Antonieta, Paulina Gloria, Alicia, José Dolores Juan, Aurelio Armando, Enrique, Roberto y María Manuela, todos de apellidos Castillo Lucero, en los términos en que lo hicieron, debe atenderse conforme a lo dispuesto por el capítulo III, título V, del libro tercero del Código Civil Federal, así como los artículos 1653 a 1678, y demás relativos del Código Civil Federal en lo atinente a la aceptación y repudiación de la herencia.
"Lo anterior, porque no existe inconveniente para invocar, en la especie, la supletoriedad del Código Civil Federal a la Ley Agraria, pues la sucesión es una institución prevista en ambas leyes; en la Ley Agraria se encuentra insuficientemente previsto y la aplicación del Código Civil Federal, en este tema, no contraviene algún principio de la referida Ley Agraria.
"Es aplicable al respecto, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que es del tenor literal siguiente: ‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.’ (se transcribe)
"No es óbice a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que citó como sustento a sus consideraciones el Magistrado agrario responsable, para sostener sus consideraciones, de donde se advierte que pueden aceptar o repudiar la herencia todos los que tienen la libre disposición de sus bienes, por lo que consideró que en tanto el Juez no declare quiénes son los herederos, éstos no tienen libertad para disponer de los mismos, invocando en su apoyo la tesis cuyo rubro es el siguiente: ‘HEREDEROS PRESUNTOS, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’; habida cuenta que en el caso que nos ocupa, no se trata de demostrar el interés jurídico para promover el juicio de amparo, sino de un juicio de reconocimiento de derechos sucesorios.
"En consecuencia, resulta procedente conceder a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Quinto Distrito, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dicte otra en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, respecto a la supletoriedad del Código Civil Federal a la Ley Agraria, valore con sus propios razonamientos las pruebas documentales a que se ha hecho referencia, y de cuyo contenido se observa que los hermanos de la actora en el contradictorio agrario de origen, dijeron repudiar sus derechos hereditarios en los términos indicados y, en su caso, en concatenación con los otros elementos de convicción aportados, y previa fundamentación y motivación de su resolución, resuelva con plenitud de jurisdicción, lo que en derecho corresponda.
"Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos números 119/2005, 49/2006 y 50/2006, de sesiones de fechas veinte de mayo de dos mil cinco y diecisiete de febrero de dos mil seis.
"Para dar cumplimiento a esta ejecutoria de amparo, la responsable deberá:
"a) Dejar insubsistente la sentencia reclamada.
"b) Dictar otra sentencia, en la que:
"b.a) Valore las documentales consistentes en escrito de renuncia de los derechos ejidales del de cujus Blas Castillo Martínez realizada por los hermanos de la peticionaria del amparo de nombres José Ma., Álvaro, María Antonieta, Paulina Gloria, Alicia, José Dolores Juan, Aurelio Armando, Enrique, Roberto y María Manuela, todos de apellidos Castillo Lucero, ratificada ante la fe del licenciado Juan Melitón Hernández Ponce, Juez menor de la municipalidad, actuando en funciones de notario público, por ministerio de ley, en la ciudad de Casas Grandes, Chihuahua.
"b.b) Aplique como derecho para apreciar la litis, el capítulo III del título V del Código Civil Federal, y los artículos 1653 a 1658.
"c) Hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho. ..."
Por su parte, de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en el amparo directo administrativo 46/2006, se advierte lo siguiente:
1. En escrito presentado ante el Tribunal Unitario Agrario del Quinto Distrito María Concepción Tello Villarreal promovió juicio sucesorio intestamentario a efecto de que se le reconociera como ejidataria por sucesión, en los derechos agrarios pertenecientes a su finado padre, Alfredo Tello López, en el poblado de Tomochi, Municipio de Guerrero, Chihuahua.
La promovente del juicio agrario presentó, entre otros, los siguientes documentos:
• Actas de nacimiento de la promovente, María Concepción Tello Villarreal, así como de Piedad y Martín de Jesús, de los mismos apellidos.
• Acta de defunción de Alfredo Tello López.
• Acta de defunción de Carmen Villarreal Rodríguez.
• Constancia de vigencia de derechos de Alfredo Tello López, como ejidatario de Tomochi, Municipio de Guerrero, Chihuahua, consistentes en las parcelas números 062, 058 y 056, así como el 0.251% sobre tierras de uso común; en la que se designó como sucesora a Carmen Villarreal de Tello.
• Constancia de los avisos que dieron publicidad al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Alfredo Tello López.
• Escrito de repudio de Piedad y Martín de Jesús Tello Villarreal, realizado el veintiséis de julio de dos mil cuatro, llevado a cabo ante el notario público número uno de la ciudad de Guerrero, Chihuahua.
2. Tramitado el juicio sucesorio, que se radicó bajo el número 722/2005, el Magistrado del referido Tribunal Unitario Agrario del Quinto Distrito dictó resolución en la que estimó improcedente la solicitud hecha en vía de juicio sucesorio intestamentario promovido por María Concepción Tello Villarreal, de reconocerla como única heredera y ejidataria por sucesión de los derechos agrarios que pertenecieron a su finado padre, Alfredo Tello López, toda vez que Piedad y Martín Tello Villarreal no tenían un derecho adquirido para renunciar éste a su favor, sino una expectativa de derecho respecto de la cual no es posible renunciar, conforme a la tesis de jurisprudencia 36/2005, establecida por la Primera Sala, de rubro: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."
3. Inconforme con esa determinación, María Concepción Tello Villarreal promovió juicio de amparo directo del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, bajo el número 46/2006, y en resolución del diecisiete de febrero de dos mil seis, ese órgano negó el amparo, bajo los siguientes argumentos:
"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación.
"En efecto, los artículos 17, 18 y 19 de la vigente Ley Agraria, establecen el régimen sucesorio de derechos agrarios ejidales. Así, el artículo 17 de dicha ley, prevé la facultad testamentaria del ejidatario, permitiéndole incluso asignar los derechos sucesorios ejidales individuales a ‘cualquier otra persona’, tal como lo establece la parte final de su primer párrafo, después de la enumeración casuística de algunos parientes y demás. La facultad de designación de que se trata, debe ejercerse formulando una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia, conforme al cual debe hacerse la adjudicación correspondiente. Esta lista debe ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público y puede ser modificada por el titular siguiendo las mismas formalidades, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.
"El artículo 18 de la Ley Agraria, establece la sucesión legítima. Así, cuando el ejidatario no haga designación de sucesores o ninguno de los señalados en la lista posea capacidad o voluntad para suceder, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el orden de preferencia que este precepto señala: al cónyuge; concubina o concubinario; uno de los hijos del ejidatario; uno de sus ascendientes; y a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.
"La parte final de este artículo prevé la situación de que dos o más personas se encuentren en la misma jerarquía del orden de preferencia, pudiendo dilucidarse entre los interesados quién asume los derechos ejidales, cuando no se llega a un acuerdo, corresponde al Tribunal Unitario Agrario la venta en subasta de los bienes relacionados y la distribución equitativa del producto entre las personas con derechos a heredar.
"La herencia vacante se contempla en el artículo 19 de la Ley Agraria y estipula que cuando no existen sucesores el Tribunal Unitario Agrario proveerá la venta entre ejidatarios y avecindados del núcleo, aplicándose el producto al núcleo de población ejidal.
"Ahora bien, en el derecho hereditario, de modo general, adquiere relevancia la voluntad del autor de la sucesión, ya que éste desempeña un papel activo como testador al dictar sus disposiciones de última voluntad respecto de su patrimonio, de modo que esa manifestación unilateral de voluntad viene a ser, también por regla general, la suprema ley en la sucesión testamentaria. En la herencia intestada no existe la voluntad expresa del que transmite la propiedad, sino sólo su voluntad presunta que interpreta la ley. La voluntad del autor de la herencia está suplida de manera absoluta por la ley, y la formaliza el juzgador al hacer la declaración de herederos.
"En la sucesión testamentaria, la calidad de heredero deriva del propio testamento, por el cual una persona capaz transmite sus bienes, derechos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte, a sus herederos o legatarios; por el contrario, en la sucesión intestamentaria esa calidad se origina hasta que el Juez así lo declare.
"Al respecto, se cita por las razones que informa y en lo conducente, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1325, Tomo XXXVI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: ‘HERENCIA.’ (se transcribe).
"Las mencionadas reglas de derecho en materia sucesoria no son ajenas a las sucesiones testamentaria e intestamentaria en materia agraria, pues tratándose de la primera, para la transmisión de derechos agrarios, basta seguir el procedimiento administrativo que establecen el artículo 17 de la Ley Agraria y los diversos numerales del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional.
"Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 20/2002, publicada con el número 197, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que conviene citar y que es del tenor literal siguiente: ‘DERECHOS AGRARIOS. PARA SU TRANSMISIÓN POR SUCESIÓN TESTAMENTARIA BASTA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECEN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA Y LOS DIVERSOS NUMERALES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL.’
"Tratándose de la sucesión intestamentaria, es inconcuso que al no existir la voluntad expresa del autor de la herencia, la misma es suplida de manera absoluta por la ley.
"Así, del artículo 18 de la Ley Agraria que regula la sucesión intestamentaria o legítima, se advierte que ante la falta de designación de sucesores o ante la imposibilidad material o jurídica para heredar, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo al orden de preferencia que el propio precepto señala, dándole prioridad a la esposa, posteriormente se señala a la persona que hubiere hecho vida marital con el ejidatario (concubina), a uno de los hijos, ascendientes y, por último, a cualquiera otra persona de las que dependan económicamente de él.
"El propio artículo 18 de la Ley Agraria en su último párrafo, establece implícitamente una especie de repudio o renuncia de la herencia en cierta medida forzosa, que trasciende únicamente al disfrute de los derechos ejidales, al establecer que en los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién de entre ellos conservará los derechos ejidales y que en caso de que no se pusieren de acuerdo, el tribunal agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto por partes iguales entre las personas con derecho a heredar; que en caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos. Lo anterior evidentemente para preservar la indivisibilidad de la parcela ejidal conforme al régimen agrario en vigor.
"Ahora bien, la interpretación del citado artículo 18 de la Ley Agraria, lleva a concluir que para la transmisión de derechos agrarios por sucesión legítima o intestamentaria, acorde a las reglas de derecho en materia sucesoria, que no son ajenas a las sucesiones en materia agraria, debe tramitarse el correspondiente procedimiento sucesorio a fin de que la voluntad presunta del autor de la sucesión suplida por la ley, se formalice por el juzgador al hacer la declaración de herederos, en estricta observancia a lo dispuesto en dicho precepto legal, lo que implica que en dicho procedimiento se deberá observar el orden y prelación establecidos en el mismo, y además el acreditamiento de las correspondientes calidades con que se comparezca a deducir los derechos sucesorios; que además, para que legalmente surta efectos la aludida renuncia de los derechos sucesorios por parte de algunos herederos a favor de otro, la misma debe hacerse por el titular de los mismos, entendiendo por titular para esos efectos, quien haya sido reconocido como heredero por la autoridad agraria en dicho procedimiento sucesorio y, por último, también es dable concluir que será a partir de que ocurra esto último, cuando el término de tres meses a que alude el precepto legal en estudio deberá empezar a transcurrir. Lo anterior se considera así, pues como se precisó, si en la sucesión intestamentaria no existe la voluntad expresa del autor de la herencia, como en la sucesión testamentaria donde la calidad de heredero deriva del propio testamento, sino que en la sucesión legítima, tal voluntad es suplida en forma absoluta por la ley, es obvio que en este caso, el carácter de heredero de una persona va a derivar de que así se lo reconozca la autoridad, después de haberse observado lo dispuesto en los dispositivos legales correspondientes, en el caso el artículo 18 de la Ley Agraria, y será entonces,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19933-1292939e/sucesion-legitima-en-materia-agraria-la-renuncia-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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