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Modo: Corpus Pro

I. QUEJA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA DETERMINAR SI EXISTIÓ EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, ES NECESARIO PRECISAR SU ALCANCE Y EFECTOS PARA POSTERIORMENTE ESTABLECER SI LA CONDUCTA ASUMIDA POR LA AUTORIDAD CONDENADA LA DESATENDIÓ O NO Y, DE SER ASÍ, DETERMINAR SU RESPONSABILIDAD (SUPUESTO DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, DICTADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2010). II. QUEJA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE LA SENTENCIA, EN TANTO QUE SE INICIÓ EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE LÍMITES TERRITORIALES IMPUGNADOS, SE NOTIFICARON A LOS MUNICIPIOS IMPLICADOS DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, PERMITIENDO QUE CADA UNO MANIFESTARA LO QUE A SU DERECHO CONVINIERA, SE SUSTANCIÓ UNA ETAPA PROBATORIA EN LA QUE SE PERMITIÓ OFRECER LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE CADA UNA DE LAS PARTES ESTIMARA PERTINENTE, LAS PARTES TUVIERON LA POSIBILIDAD DE FORMULAR SUS ALEGATOS Y, FINALMENTE, EL CONGRESO DEL ESTADO RESOLVIÓ DICHO CONFLICTO MEDIANTE LA EMISIÓN DEL DECRETO CORRESPONDIENTE (SUPUESTO DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, DICTADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2010). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ACATAMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LOS ASPECTOS EN LOS QUE AQUÉLLA SE EMITIÓ CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN (SUPUESTO DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, DICTADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2010).

Tipo de asunto: QUEJA 5/2013-CC, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2010. · Registro digital (IUS): 200078
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE CHINAMECA, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE QUEJA 5/2013-CC, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2010. MUNICIPIO DE CHINAMECA, ESTADO DE VERACRUZ. 21 DE ENERO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: MAKAWI STAINES DÍAZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de enero de dos mil quince.

V I S T O S; Y R E S U L T A N D O:

PRIMERO.- Interposición del recurso. Mediante escrito recibido el cinco de diciembre de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, quien se ostentó como Delegado del Municipio de Chinameca, Estado de Veracruz, interpuso recurso de queja por defecto en la ejecución de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil diez, dictada por la Primera Sala de este Alto Tribunal en la controversia constitucional 11/2010.

SEGUNDO.- Agravios. El recurrente expresó en síntesis lo siguiente:

a) El Congreso del Estado de Veracruz incurrió en exceso y defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en la controversia constitucional 11/2010, pues al emitir el Decreto 878 que resuelve el conflicto de límites territoriales entre los Municipios de Oteapan y Chinameca, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el once de octubre de dos mil trece, no observó el procedimiento para la solución del conflicto de límites territoriales intermunicipales entre los Municipios de Chinameca y Oteapan contenido en el Decreto 279, con lo que vulneró las garantías del debido proceso, seguridad jurídica y legalidad.

b) En cumplimiento a la sentencia dictada por esta Primera Sala, el Congreso del Estado, mediante Decreto 279 publicado en la Gaceta Oficial de veinticinco de julio de dos mil once, creó el Procedimiento para la Solución del Conflicto de Límites Territoriales Intermunicipales entre los Municipios de Chinameca y Oteapan, Veracruz, donde se establecieron las reglas y normas procesales para dirimir el diferendo territorial. Asimismo, integró la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, para que fuera la encargada de cumplir con el citado fallo.

c) El procedimiento se radicó bajo el número CPELI/01/2011, en el cual se cumplieron y desahogaron todas las etapas del procedimiento, las partes ofrecieron pruebas y, para mejor proveer, el Congreso ordenó una prueba de inspección ocular, la cual se desahogó los días trece y catorce de marzo de dos mil trece, en la cual se procedió al caminamiento y reconocimiento de las medidas y colindancias de los poblados, diligencia que se efectuó con la intervención de las partes, de representantes del Congreso estatal y de integrantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

No obstante lo anterior, al emitir el Decreto 878, no se tomaron en cuenta los vértices y coordenadas señalados en la inspección ocular de trece de marzo, que constituyen la verdadera propiedad del polígono de Oteapan, manipulando los vértices y coordenadas para hacer ver como límites de propiedad de ese municipio, los asentados en la inspección ocular del día catorce de marzo, siendo que esta diligencia sólo señala los vértices y coordenadas de la ampliación ejidal del poblado de Oteapan.

El Congreso del Estado toma como propiedad del Municipio de Oteapan, las afectaciones agrarias del ejido de dicha población de acuerdo a la resolución presidencial de veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete pero, contrario a ello, las dotaciones ejidales aunque afecten el territorio de uno o dos municipios o de un estado a otro, jamás afectan la propiedad, es decir no alteran ni modifican los límites, por lo que la ampliación ejidal que afectó parte del Municipio de Chinameca, Veracruz, no modificó su territorio.

Por tanto, el Decreto 878 tampoco puede ser sustentado en el artículo 27, pues no es aplicable ni tiene nexo alguno con el artículo 115, ambos constitucionales.

d) La Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, el nueve de julio de dos mil trece, emitió un dictamen y proyecto de decreto para dirimir el conflicto de límites territoriales, el cual fue enviado al Gobernador del Estado para que en el plazo de quince días hábiles emitiera su opinión al respecto. Este funcionario regresó el expediente sin haber expresado opinión, por lo que se presume que lo aprobaba en sus términos.

El citado dictamen con proyecto de decreto fue sometido al Pleno del Congreso del Estado, el cual no fue aprobado, violándose los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución General, ya que no se fundó ni motivó dicha determinación.

Ese dictamen y proyecto de decreto fue emitido conforme a los resultados obtenidos de la prueba de reconocimiento realizada los días trece y catorce de marzo de dos mil trece.

e) Posteriormente, con fecha cuatro de octubre de dos mil trece, la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales nuevamente presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un dictamen y proyecto de decreto en el que propone tres alternativas de solución del conflicto de límites territoriales entre los Municipios de Oteapan y Chinameca, para que los diputados emitieran sus votos en forma alternativa, quienes aprobaron el primer dictamen alternativo, lo que es ilegal y fraudulento, pues los vértices y coordinadas fueron tomadas exclusivamente del Decreto 591 invalidado de fondo y forma en la controversia constitucional 11/2010, sin tomar en cuenta los vértices y coordenadas que existen en el expediente CPLI/01/2011, y que corresponden a la inspección realizada los días trece y catorce de marzo de dos mil trece, con lo que se transgredieron las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley. Siendo la primera diligencia, la que contiene los verdaderos vértices y coordenadas que limitan los territorios de dichos municipios.

f) La Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, emitió tres dictámenes vulnerando el procedimiento creado en el Decreto 279 para la solución del conflicto limítrofe, pues propuso como primer alternativa los vértices y coordenadas que fueron tomados de la diligencia de inspección del Decreto 591 invalidado. Como segunda alternativa propuso el proyecto de Decreto de nueve de julio de dos mil tres, que ya había sido rechazado por el Pleno el dieciséis de julio del mismo año. Y formuló una tercera alternativa para permitir una mayor gama de opciones de solución al problema de límites territoriales entre los municipios de Oteapan y Chinameca.

En la emisión del Decreto 878 se repiten los vértices y las coordenadas, con la rectificación y correcciones, señaladas en el decreto 591, sin tomar en cuenta y pasando por alto, todo lo actuado en el procedimiento del expediente CPLI/01/2011, con lo que violenta la garantía de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley, consagrado en los artículos 14, 16 y 115 constitucionales.

g) Además, se omitió enviar el dictamen y proyecto de decreto que proponía tres alternativas al Gobernador del Estado para que emitiera su opinión, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 279, con lo cual se violaron las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley, así como el debido proceso.

TERCERO.- Admisión y Trámite. Mediante proveído de seis de diciembre de dos mil trece, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesto el recurso de queja, al que le correspondió el número 5/2013-CC y se requirió al Poder Legislativo del Estado de Veracruz para que rindiera su informe y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes con relación al presente recurso.

CUARTO.- Informe del Poder Legislativo. El Congreso del Estado rindió el informe que le fue solicitado, en el que en esencia, manifestó:

a) Que no incurrió en exceso ni en defecto al cumplir el fallo de la controversia constitucional 11/2010, ya que como consta en el expediente CPLI/01/2011 en todo momento consideró íntegramente el material probatorio aportado en el procedimiento por las partes.

b) Los actos jurídicos que integran el expediente CPLI/01/2011, fueron apegados a las reglas procesales previstas en el Decreto 279, el cual emanó del cumplimiento a la resolución de la controversia constitucional 11/2010, además, en todo momento se respetaron las garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General.

c) Es infundado lo señalado por el recurrente, al aseverar que existe exceso o defecto en la ejecución de la resolución, debido a que el Decreto 878 no reitera los vértices y coordenadas del diverso Decreto 591, invalidado en la controversia constitucional 11/2010, al efecto muestra el siguiente cuadro comparativo:

Ver cuadro comparativo

d) La resolución dictada en la controversia constitucional 11/2010 no invalidó una norma general o acto susceptible de aplicarse nuevamente al recurrente, ni vinculó al Congreso del Estado a emitir un nuevo Decreto en determinado sentido, sino que, con libertad de jurisdicción debía iniciar el procedimiento de fijación de límites entre los Municipios de Chinameca y Oteapan, con el establecimiento de reglas procesales claras y previas al inicio del procedimiento, debiendo informar a este Alto Tribunal sobre el cumplimiento del fallo.

Así, se informó con periodicidad las acciones tendentes a dar cumplimiento a la sentencia, lo cual culminó con la aprobación del Decreto 279, que crea el procedimiento para la solución del conflicto de límites territoriales intermunicipales entre los Municipios de Chinameca y Oteapan, y del Decreto 878, que soluciona el conflicto de límites territoriales entre dichos municipios, dando exacto y fiel cumplimiento a lo ordenado en la resolución.

e) Aduce que mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil trece, este Alto Tribunal tuvo por cumplida la sentencia debido a que el Congreso del Estado observó los lineamientos precisados en la controversia constitucional 11/2010 consistentes en iniciar un nuevo procedimiento y dirimir el conflicto de límites existente.

En apoyo a lo anterior, cita las tesis P./J. 134/2000 y 1ª. CCCXXII/2013 (10ª.), de rubros: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA SI HABIÉNDOSE DECLARADO LA INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA PARA DETERMINADOS EFECTOS, LA AUTORIDAD DEMANDADA CUMPLE CON LOS MISMOS Y HACE NUEVO PRONUNCIAMIENTO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, AUN CUANDO ÉSTE SEA EN EL MISMO SENTIDO DEL CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN INVALIDADA" y "QUEJA POR DEFECTO O EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DICTADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MATERIA DE ANÁLISIS CUANDO SE IMPUGNÓ UNA OMISIÓN LEGISLATIVA".

f) Por último, el hecho de que no se haya dado vista al Gobernador del Estado, se debió a que resultaba jurídicamente imposible, ya que por proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil trece este Alto Tribunal requirió al Congreso del Estado dar cumplimiento total al fallo, pues conforme a los artículos 46 y 48 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del requerimiento se le debe dar cumplimiento a la ejecutoria.

Además, esta Suprema Corte ha sustentado el criterio siguiente en la tesis P./J. 94/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE OPINIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS, EN EL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS DE LÍMITES ENTRE MUNICIPIOS ANTE LA LEGISLATURA ESTATAL, NO ES UNA VIOLACIÓN QUE PRODUZCA LA INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA".

QUINTO.- Audiencia. Agotado el trámite respectivo se celebró la audiencia prevista en el artículo 57, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, en la cual se hizo relación de las constancias, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y hecho lo anterior, se puso el expediente en estado de resolución.

SEXTO.- Remisión a la Sala. Una vez integrado el expediente, se ordenó remitirlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para que formulara el proyecto de resolución, así como a la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su radicación y resolución.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.- Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de queja derivado de la controversia constitucional 11/2010, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 56, fracción II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los puntos Segundo, fracción I, a contrario sensu, y Tercero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un recurso de queja en controversia constitucional en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.- Procedencia. En primer lugar se analizará la procedencia del recurso.

El artículo 55, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia(1) dispone que el recurso de queja es procedente contra la parte condenada, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia. Por tanto, si en el caso el Municipio de Chinameca interpone el presente recurso por estimar que el Congreso del Estado de Veracruz, autoridad condenada en la controversia constitucional 11/2010, ha incurrido en exceso y defecto en la ejecución de la sentencia dictada en ese medio de control constitucional, resulta procedente.

TERCERO.- Oportunidad. Procede analizar si el recurso de queja fue promovido oportunamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

El artículo 56, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia(2) dispone que el recurso de queja en contra de la parte condenada, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia, deberá interponerse dentro del año siguiente al de la notificación a la parte interesada de los actos por los que se haya dado cumplimiento a la sentencia, o al que tenga conocimiento de la ejecución.

Así, mediante auto de catorce de octubre de dos mil trece(3), el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio vista al recurrente con el Decreto 878 emitido por el Congreso del Estado de Veracruz, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia. Este auto se notificó a **********, en su carácter de delegado del Municipio de Chinameca, el quince de octubre de dos mil trece mediante oficio 3308/2013(4), quien compareció ante el Actuario Judicial adscrito a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaria General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

Por tanto, si el escrito por el que se interpuso el recurso de queja fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el cinco de diciembre de dos mil trece, tal y como se desprende del sello que obra a foja 19 vuelta del expediente, su interposición es oportuna ya que se hizo dentro del plazo de un año, previsto en el aludido artículo 56, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.

CUARTO. Legitimación. El recurso de queja se interpuso por parte legítima, al ser suscrito por **********, en su carácter de delegado del Municipio de Chinameca, cuya personalidad fue reconocida en la controversia constitucional 11/2010(5).

En relación con la legitimación pasiva, el recurso se tuvo interpuesto únicamente en contra del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, puesto que fue la única autoridad condenada en la sentencia de la controversia constitucional de la que deriva el presente recurso, por lo que, no obstante que en el cuerpo del recurso el recurrente señaló que con la publicación del Decreto 848 el Poder Ejecutivo también había incurrido en cumplimiento defectuoso de la sentencia, no se estimó llamarlo al procedimiento al no tener el carácter de parte condenada en términos del artículo 55, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia.

El Poder Legislativo compareció por conducto de la Presidenta de la Mesa Directiva, ostentado la representación legal de dicho poder.

QUINTO. Estudio de los agravios. El Municipio recurrente aduce que el Congreso del Estado de Veracruz cumplió defectuosamente con la sentencia dictada en la controversia constitucional 11/2010, al emitir el Decreto 878 en el que se fijan los límites entre los municipios de Chinameca y Oteapan, ya que si bien creó un procedimiento en el que se daba garantía de audiencia a las partes y este fue desahogado en sus términos, al momento de adoptar la citada resolución se vulneraron las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley.

El Municipio recurrente señala que culminado el procedimiento de solución de límites territoriales, el Congreso del Estado no fundamentó ni motivó el desechamiento del dictamen y proyecto de decreto de nueve de julio de dos mil trece.

Posteriormente, el cuatro de octubre de dos mil trece la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales presentó al Pleno del Congreso del Estado un nuevo dictamen y proyecto de decreto en el que propuso tres alternativas de solución, habiendo aprobado la primera de ellas, en la cual se tomaron en cuenta exclusivamente los vértices y coordenadas contenidos en el Decreto 591 invalidado de fondo y forma por esta Suprema Corte en la controversia constitucional 11/2010, pasando por alto todo lo actuado en el procedimiento CPLI/01/2011.

Adicionalmente, en el Decreto se cita como fundamento el artículo 27, el cual resulta inaplicable, pues no tiene nexo alguno con el artículo 115, ambos del texto fundamental.

Por último, en el procedimiento se omitió enviar el dictamen y proyecto de decreto que propone tres alternativas para solucionar el conflicto de límites territoriales al Gobernador del Estado para que emitiera su opinión, lo que incumple con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 279, y en consecuencia, no observa las formalidades esenciales del procedimiento.

A fin de dar respuesta a los agravios del Municipio recurrente, es necesario analizar el alcance de las disposiciones que regulan el recurso de queja por exceso o defecto en la ejecución de una sentencia dictada en controversia constitucional.

Al respecto, este Alto Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que los juicios de controversia constitucional conllevan un régimen de responsabilidades para las autoridades que intervienen en la controversia, que los vincula a cumplir las resoluciones dictadas en el proceso y que prevé las sanciones aplicables cuando no acatan las decisiones de esta Suprema Corte, por haber sido intención de dicha reforma que éste contara con dos tipos de facultades: la relativa al imperio necesario para hacer cumplir sus resoluciones y la concerniente a la posibilidad de sancionar a quien incurra en desacato de sus determinaciones(6).

Así, en el último párrafo del artículo 105 de la Constitución General(7), se prevé que en caso de incumplimiento de las resoluciones que declararan la nulidad de los actos y normas materia de la controversia, la autoridad contumaz será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda, en términos de los artículos 107, fracción XVI de la Constitución General(8).

Por su parte, en los artículos 55, fracción II y 58, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia(9) respecto al exceso o defecto en la ejecución de una sentencia se estableció que la autoridad responsable será sancionada en los términos del Código Penal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurriera, aunado a que debe considerarse que las autoridades que desacaten las resoluciones dictadas en las controversias constitucionales, además de las sanciones que han quedado precisadas, se sujetan al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en los artículos 108 al 114 de la Constitución General(10).

Así entonces, el aludido último párrafo del artículo 105 constitucional, establece que la Suprema Corte de Justicia conocerá del incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II del mismo artículo, para lo cual se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional.

Ahora, para estar en condiciones de determinar si existió exceso o defecto en la ejecución o cumplimiento de la resolución a través de la cual se condenó a la realización de determinados actos, es necesario precisar el alcance y efectos de la resolución dictada, para posteriormente establecer si la conducta asumida por la autoridad condenada la desatendió o no, y de ser así, determinar la responsabilidad de la autoridad denunciada.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil diez, al resolver la controversia constitucional 11/2010, determinó la invalidez del Decreto número 591, por el cual se fijan los límites territoriales entre los Municipios de Chinameca y Oteapan, con base en las siguientes consideraciones:

- De conformidad con los precedentes del Pleno de este Tribunal, siempre que el territorio de un Municipio pueda verse afectado por cualquier acto en sentido amplio, aquél deberá intervenir activamente en el procedimiento respectivo, pues al ser un elemento esencial, cualquier afectación necesariamente repercutirá en todos los ámbitos en que dicho orden de gobierno tiene incidencia, tales como el social, económico, legal, etcétera.

- Para el análisis de actos consistentes en la creación de nuevos municipios, en los que necesariamente se da la afectación del territorio de uno o más prexistentes, el Pleno de esta Suprema Corte ha establecido elevados estándares a cumplir por los Congresos locales, consistentes en la necesidad de que la decisión sea tomada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura local, sobre la base de condiciones prestablecidas en la ley, concediendo a los Municipios afectados la oportunidad de rendir pruebas y formular alegatos(11).

Dichas garantías se consideraron aplicables al caso, en tanto que con una delimitación limítrofe se genera una afectación análoga a la referida en los precedentes.

- En el caso específico de la garantía de audiencia y debido proceso, para que se entienda cumplida, es necesario que previo a la emisión del acto, se otorgue al afectado el derecho de conocer el trámite que se sigue, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como la de alegar en su favor, garantizando de esta forma una defensa adecuada.

- En el procedimiento que se siga deben observarse las formalidades esenciales necesarias para garantizar el derecho de defensa, que se traduce en: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, no se satisfaría la finalidad de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado(12).

De acuerdo con el estándar fijado, al analizar el procedimiento para la emisión del Decreto 591 impugnado, se consideró lo siguiente:

- El Congreso local no cumplió con la garantía de audiencia previa, puesto que no hubo constancia de que haya habido un acuerdo de inicio del procedimiento, ni su notificación a los Municipios interesados, la existencia de una etapa probatoria, ni la oportunidad para formular alegatos. La única intervención que se dio al Municipio de Chinameca, fue mediante la formulación de una opinión, con lo que no se respetó sustantivamente el derecho a la defensa.

En atención a la invalidez decretada se ordenó al Congreso del Estado de Veracruz, lo siguiente:

- Iniciar a la brevedad el procedimiento de fijación de límites entre los Municipios de Chinameca y Oteapan, el cual debería cumplir con los estándares fijados por este Tribunal para el desarrollo de los procedimientos en los que pueda verse afectada la integración territorial de un Municipio.

- Para ello, debe establecer reglas procesales claras previas al inicio del procedimiento, que permitiera a las partes intervenir efectivamente en el mismo, teniendo la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y rendir alegatos, debiendo informar periódicamente a esta Suprema Corte sobre el cumplimiento del fallo.

Conforme a lo anterior, esta Primera Sala considera que la sentencia dictada en la controversia constitucional de la que deriva el presente recurso se encuentra cumplida y no existe defecto en el cumplimiento.

1. Establecimiento de reglas procesales claras previas al inicio del procedimiento.

De las constancias que obran en el expediente, se advierte que el Congreso de Veracruz emitió el Decreto 279 en el cual se contenía el procedimiento para la solución del conflicto de límites territoriales intermunicipales entre los Municipios de Chinameca y Oteapan, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veinticinco de julio de dos mil once.

El procedimiento para la solución del conflicto de límites territoriales intermunicipales entre los Municipios de Chinameca y Oteapan, se desarrolla en los siguientes términos:

a) Notificación del inicio del procedimiento.

- La Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales notificará personalmente a las partes el inicio del procedimiento para dirimir el conflicto de límites territoriales, para que dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación personal, se apersonen las partes en el procedimiento mediante escrito que debe cumplir los requisitos señalados(13).

- Si el escrito inicial no cumple con los requisitos o no se acompaña con la documentación que se deba anexar, se prevendrá por escrito y por una sola vez a la parte interesada para el efecto de que subsane la falta(14).

- Las promociones y actuaciones se harán por escrito y se formará un expediente integrado por todas las actuaciones y promociones que se realicen al respecto, el que deberá estar a disposición de las partes para su consulta(15).

- Las partes podrán consultar el expediente que se forme con motivo del conflicto, así como sus anexos y actuaciones, y obtener copia certificada de los documentos y actuaciones que los integran(16).

b) Oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas.

- La Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales acordará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, señalando día y hora para su desahogo, mismo que deberá verificarse dentro de los sesenta días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación al interesado del acuerdo de admisión(17).

- De no desahogarse las pruebas ofrecidas por las partes dentro del plazo establecido, a petición de éstas, se podrá ampliar hasta por treinta días hábiles(18).

- Una vez cerrado el periodo de alegatos, la Comisión Permanente de Límites Territoriales podrá allegarse de pruebas para mejor proveer, sin perjuicio de las pruebas supervenientes que se podrán ofrecer hasta antes de que se emita el dictamen correspondiente(19).

- La Comisión Permanente de Límites Territoriales podrá ordenar, en todo tiempo, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, o bien, acordar la exhibición o desahogo de pruebas, siempre que lo estime necesario para el conocimiento de la verdad sobre el asunto. El acuerdo relativo se notificará personalmente a las partes a fin de que intervengan(20).

- En relación con el ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas, el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz será el ordenamiento jurídico supletorio(21).

c) Oportunidad de alegar.

- Desahogadas las pruebas ofrecidas, se cierra el periodo probatorio y se da el término de quince días hábiles para que las partes formulen sus alegatos, los cuales serán considerados como la opinión a que se refiere el artículo 4º de la Ley Orgánica del Municipio Libre(22).

d) Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

- Concluida la etapa de alegatos, el expediente se pondrá a la vista del Gobernador del Estado, para que emita su opinión dentro de un plazo de quince días hábiles; emitida o no su opinión, la Comisión Permanente de Límites Territoriales solicitará la devolución del expediente continuándose con el procedimiento establecido(23).

- El procedimiento culmina con la aprobación del decreto por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado. Dicha resolución será definitiva y las partes estarán obligadas a su cumplimiento(24).

e) Procedimiento de conciliación.

- Por último, se establece la posibilidad de que antes de ser emitido el dictamen por la Comisión Permanente de Límites Territoriales y en cualquier etapa del procedimiento, las partes propongan como medio de alternativo de solución, la conciliación(25).

- De proceder la conciliación, la Comisión Permanente de Límites Territoriales escuchando a las partes, formulará el acuerdo especificando el arreglo limítrofe, describiendo las coordenadas, formulando los mapas y cartas topográficas correspondientes, con el apoyo del Insti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200078-2e40f0e5/i-queja-en-controversia-constitucional-para-determinar-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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