CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ACATAMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL ASPECTO EN QUE SE DEVOLVIÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD DEMANDADA. DECRETO NÚMERO 878 POR EL QUE SE RESUELVE EL CONFLICTO DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE OTEAPAN Y CHINAMECA, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ EL 11 DE OCTUBRE DE 2013. DEBE DECLARARSE SU INVALIDEZ AL NO CORRESPONDER SU TEXTO CON EL DEL DOCUMENTO SOMETIDO A LA CONSIDERACIÓN Y APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE ESA ENTIDAD, NI EXISTIR CONSTANCIA DE QUE EL DICTAMEN QUE SE VOTÓ FUE MODIFICADO PARA QUEDAR EN ESOS TÉRMINOS, PUES ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN TRASCENDENTAL AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2013. MUNICIPIO DE VILLA DE CHINAMECA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 21 DE ENERO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y PRESIDENTE ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ARMANDO ARGÜELLES PAZ Y PUENTE.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de enero de dos mil quince.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinte de noviembre de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduarda Montiel Santiago, ostentándose como síndico único municipal y apoderado legal del Municipio de Villa de Chinameca, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional, en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:(1)
Autoridades demandadas:
• El Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de dicho Estado.
• El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el gobernador constitucional.
• El presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• El presidente de la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• El procurador general de la República.
Acto cuya invalidez se demanda: En la demanda se señala como tal al: "Decreto Número 878, de ocho de octubre de dos mil trece, publicado el once de octubre de dos mil trece en la Gaceta Oficial del órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ..."
Tercero interesado: Municipio de Oteapan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
SEGUNDO. Antecedentes. De los narrados en la demanda se desprende, en síntesis, lo siguiente:
a) Mediante Decreto 537, emitido por el Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el treinta y uno de enero de dos mil tres, publicado en el medio oficial de la entidad federativa el veinticinco de febrero del mismo año, se establecieron los límites territoriales entre los Municipios de Chinameca y Oteapan, confirmándose el acuerdo económico de veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y tres, emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado, mediante el cual se determina que el área denominada "La Tina", parte integrante de la ampliación del ejido de Oteapan, corresponde al Municipio de Chinameca.
b) En contra del referido Decreto 537, el veinte de marzo de dos mil tres, el Municipio de Oteapan promovió juicio de amparo, el cual fue resuelto por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, el veintidós de mayo siguiente, en el sentido de negar y sobreseer en el juicio de garantías.
En contra de dicha determinación, el mencionado Municipio interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y sobreseer en definitiva en el juicio, por estimarlo improcedente.
c) No conforme, el dieciocho de mayo de dos mil cuatro, el Municipio de Oteapan promovió controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le correspondió el número 60/2004, en la que solicitó la invalidez del Decreto 537 antes mencionado. Dicha controversia fue resuelta por la Primera Sala de este Alto Tribunal el diez de noviembre de dos mil cuatro, en el sentido de sobreseer en el juicio, subsistiendo -a juicio del Municipio actor- la obligación del Congreso del Estado de Veracruz de ejecutar el citado decreto en los términos en que fue emitido.
d) El cuatro de enero de dos mil diez, la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave emitió el Decreto 591, por el que abrogó el Decreto 537, sin haber comunicado o notificado previamente al Municipio de Chinameca el inicio de algún procedimiento.
e) En razón de lo anterior, el dieciocho de febrero de dos mil diez, el Municipio de Chinameca promovió controversia constitucional ante este Alto Tribunal, a la que le correspondió el número 11/2010, solicitando la invalidez del Decreto 591, por estimar que se violaron en su perjuicio diversos principios constitucionales.
El veintinueve de septiembre de dos mil diez, esta Primera Sala resolvió la referida controversia constitucional 11/2010, declarando la invalidez del Decreto 591 impugnado. En dicha sentencia se requirió al Congreso Estatal actuar de conformidad con los lineamientos fijados en el considerando séptimo del fallo.(2) Al respecto, el Municipio actor señala que en la sentencia se consideró que:
• "De la revisión de las constancias del procedimiento seguido por el Congreso del Estado de Veracruz para la emisión del Decreto 591, en el que se resolvió el conflicto limítrofe, se advierte que aquél no cumplió con los requisitos fijados por el Pleno de esta Suprema Corte, para entender que se ha satisfecho la garantía de previa audiencia."
• "No hay constancia de que haya habido un acuerdo de inicio del procedimiento, ni que éste haya sido notificado al Municipio actor, pues si bien es cierto, en distintos momentos, ambos solicitaron la participación del Congreso para la resolución del conflicto, no existe un auto de la fecha en que se inició propiamente como tal, ni que éste le haya sido notificado al Municipio actor."
• "Tampoco existe prueba de la existencia de una etapa probatoria ..."
f) El nueve de julio de dos mil trece, el Poder Legislativo del Estado de Veracruz emitió un dictamen con proyecto de decreto, en el que, con base en las constancias que integran el expediente CPLI/2011, sustanciado para dirimir el conflicto limítrofe, se proponía: i) el límite territorial del Municipio de Oteapan; y, ii) que las comunidades que se encuentran fuera del polígono descrito en el referido dictamen y cuyos antecedentes corresponden al predio de Tonalapan, pertenecen al Municipio de Chinameca, lo que éste considera fue favorable a sus intereses.
Dicho dictamen fue puesto a consideración del Pleno del Congreso Estatal para su aprobación; sin embargo, en la décimo segunda sesión extraordinaria del segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, celebrada el dieciséis de julio de dos mil trece, el Pleno del Congreso del Estado tuvo por no aprobado el dictamen, lo que, a juicio del Municipio actor, se hizo sin fundar ni motivar tal decisión y sin darle la importancia que merecía el problema del conflicto territorial, lo que -a su juicio- violó las garantías de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica y la exacta aplicación de la ley, así como el debido proceso, que previenen los artículos 14, 16 y 115 constitucionales.
El mencionado dictamen con proyecto de decreto fue enviado a este Alto Tribunal por el Congreso Estatal, informando el cumplimiento dado a la sentencia dictada en la controversia constitucional 11/2010; asimismo, informó de la decisión de no aprobarlo y de dejar las cosas en el estado en que se encontraban, es decir, sin resolver en definitiva los límites territoriales.
En virtud de lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dio vista al Municipio de Chinameca, Veracruz, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la sentencia, por lo que -al desahogar la vista- el citado Municipio solicitó a este Alto Tribunal que requiriera al Congreso Estatal para que diera cumplimiento a la sentencia y fijara en definitiva los límites territoriales de los Municipios de Chinameca y Oteapan.
g) Continúa diciendo el Municipio actor, que en virtud de que este Alto Tribunal requirió al Congreso Local dar cumplimiento a la referida sentencia, el cuatro de octubre de dos mil trece, la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, en su sesión permanente, emitió tres dictámenes con proyecto de decreto, los cuales puso a consideración del Congreso Local, para resolver en definitiva los límites territoriales entre los Municipios de Chinameca y Oteapan.
Al respecto, el Municipio actor señala que la referida comisión propuso ilegalmente lo siguiente:
• Como primera alternativa, las vértices y coordenadas que fueron tomadas de la diligencia de inspección del Decreto 591, de fecha quince de diciembre de dos mil nueve, el cual, a juicio del Municipio actor, nada tiene que ver con el presente caso, tomando en consideración que dicho decreto fue invalidado por este Alto Tribunal en la controversia constitucional 11/2010;
• Como segunda alternativa, el dictamen con proyecto de decreto, de fecha nueve de julio de dos mil trece -que según el Municipio actor, favorecía a sus intereses-, el cual fue puesto a consideración del Pleno del Congreso Estatal el dieciséis de julio de ese año, sin ser aprobado por los legisladores; y,
• Una tercera alternativa, en la que la comisión multicitada manifestó lo siguiente:
"Esta comisión dictaminadora advierte que las anteriores alternativas, identificadas como primera alternativa y segunda alternativa, en momentos distintos, ya han sido puestas a consideración del Pleno de esta Soberanía, la primera durante la sesión de fecha 16 de julio del año en curso, en la que el dictamen, puesto a consideración del Pleno, no resultó aprobado, por la mayoría requerida; y la segunda alternativa fue aprobada, por el Pleno de la LXI Legislatura de esta Soberanía, durante la sesión celebrada en fecha 17 de diciembre de 2009, no obstante, el Decreto 591, que resultó de dicha aprobación, fue objeto de estudio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la controversia constitucional 11/2010, y fue invalidado, en atención a deficiencias del procedimiento, sin que ese Alto Tribunal se pronunciara respecto al fondo del asunto, consignado en dicho decreto, por lo anterior, esta dictaminadora estima procedente formular una tercera alternativa para permitir a los integrantes de esta Soberanía una mayor gama de opciones de solución al problema de límites territoriales entre los Municipios de Oteapan y Chinameca." (las negrillas son añadidas)
h) En sesión extraordinaria celebrada el ocho de octubre de dos mil trece, la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado aprobó el Decreto 878, que ahora se impugna, en el que -señala el actor- se repitieron los vértices y coordenadas establecidas en la diligencia de inspección que fueron tomados en cuenta en el Decreto 591, que -reitera- fue invalidado en la sentencia dictada por este Alto Tribunal en la controversia constitucional 11/2010, sin tomar en cuenta las diligencias de inspección y caminamiento realizadas el trece y catorce de marzo de dos mil trece, cuya realización fue ordenada por la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales de dicha Legislatura, dentro del procedimiento que sustanció para fijar los límites territoriales de que se trata (expediente CPLI/2011), conforme al diverso Decreto 279, emitido para ese efecto.
TERCERO. Conceptos de invalidez. De la lectura integral de la demanda se desprende que el Municipio actor hizo valer tanto en el apartado relativo a los antecedentes del caso, como en el referente a los conceptos de invalidez, esencialmente, los siguientes argumentos:
a) Sostiene que fue ilegal la emisión de los tres dictámenes que realizó la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, el cuatro de octubre de dos mil trece.
b) Aduce que la citada comisión, al proponer en su primera alternativa las vértices y coordenadas que fueron tomadas de la diligencia de inspección del Decreto 591, de fecha quince de diciembre de dos mil nueve, violó en todas y cada una de sus partes el Decreto 279, que fue creado para dirimir los conflictos territoriales entre Chinameca y Oteapan, ya que, a su juicio, la citada alternativa nada tiene que ver con el presente caso, tomando en consideración que el referido Decreto 591, fue invalidado por este Alto Tribunal en la controversia constitucional 11/2010.
Argumenta que son dolosas y falsas las manifestaciones contenidas en la página 41 del dictamen emitido por la comisión, en las que señala que: "Es de significarse, que en la inspección que para mejor proveer, ordenó esta Comisión Permanente de Límites Territoriales, Intermunicipales, permiten sustentar y rectificar las coordenadas mencionadas en el Decreto 591."
Lo anterior, pues considera que dicha comisión en ningún momento ordenó y mucho menos desahogó la inspección a que se refiere, sino que la inspección que señala fue ordenada y realizada por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso Estatal, que terminó su gestión legislativa en el año dos mil diez, y fue dicho órgano legislativo el que promulgó el Decreto 591.
Señala que el órgano legislativo demandado ignoró por completo las diligencias de inspección y caminamiento realizadas los días trece y catorce de marzo de dos mil trece, cuya realización ellos mismos ordenaron, las cuales se encuentran agregadas a los autos del expediente CPLI/2011, cuyo procedimiento se encuentra regulado por el referido Decreto 279.
Con lo anterior, dice, se pretende confundir a este Alto Tribunal, toda vez que se repiten los vértices y coordenadas señaladas en el Decreto 591, pasando por alto -reitera- todo el procedimiento realizado en dicho expediente, así como lo dispuesto en el Decreto 279, pues la multicitada Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, a la que tocó conocer del inicio del procedimiento sobre el problema limítrofe de los Municipios de Chinameca y Oteapan, no le otorgó ningún valor a la inspección que para mejor proveer ordenó, por lo que considera que con dolo, con el afán de violentar su soberanía como Municipio y sin tener conocimiento de los límites territoriales de Chinameca y Oteapan, Veracruz, los legisladores aprobaron en la sesión extraordinaria de fecha ocho de octubre de dos mil trece, un dictamen que es ilegal y que violenta la garantía de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica y la exacta aplicación de la ley, así como violaciones al debido proceso, que previenen los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, concluyendo con la emisión del Decreto 878, cuya invalidez solicita, en el que se fijan los límites territoriales de ambos Municipios, repitiendo los vértices y coordenadas antes señalados.
Sigue diciendo que, como se desprende del referido expediente CPLI/2011, para mejor proveer y resolver conforme a derecho, con fechas trece y catorce de marzo de dos mil trece se desahogó la prueba de inspección ocular, a través de la cual, se procedió al caminamiento y reconocimiento de las medidas y colindancias de la propiedad del poblado de Oteapan, Veracruz, de acuerdo a su escritura de propiedad, número 91, de fecha veintinueve de julio de mil ochocientos noventa, que corresponde a la adquisición y compra de 463 hectáreas que fueron desincorporadas del predio Tonalapan, del Municipio de Chinameca, Veracruz, por el Ayuntamiento de Oteapan, Veracruz, diligencias que se efectuaron con la intervención de las partes, así como de los analistas jurídicos de la Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, así como integrantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quienes para los resultados exactos de los vértices y coordenadas se apoyaron de un GPS (Sistema Global de Posicionamiento), estableciéndose las coordenadas, UTM (Universal Transversa de Mercator), así como con los medios de pruebas proporcionados por ambos Municipios, lo que se plasmó en ortofoto digital, escala 1: 10000, que fue entregada por el INEGI a la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, siendo las siguientes: X=323757.00 Y=1991714.00, resultando de dicho trabajo de caminamiento e inspección una clara verdad de los límites territoriales entre los Municipios en conflicto, diligencia que prueba la violación al procedimiento, así como a la garantía de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica, la exacta aplicación de la ley y violaciones al debido proceso en que incurrió el órgano legislativo, pues considera que la diligencia que refiere permite concluir lo que constituye el polígono correcto de su territorio municipal, y que la verdad que debió imperar es lo que, con base en la diligencia que refiere, resolvió la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso Estatal en el dictamen con proyecto de decreto de fecha nueve de julio de dos mil trece.
Aduce que, al tener por aprobado el dictamen con proyecto de decreto emitido por la comisión, "cuyo Decreto es el Número 878, de fecha 08 de octubre del año 2013, del que se está demandando su invalidez", se violan la garantía de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica, la exacta aplicación de la ley, así como violaciones al debido proceso de la entidad municipal actora, que preceptúan los artículos 14, 16, 27 y 115 constitucionales.
c) En otra parte, aduce que la referida comisión propuso en forma ilegal la tercera alternativa, en la que hizo las manifestaciones transcritas en el inciso g) del resultando que antecede, conculcando la garantía de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica y la exacta aplicación de la ley, así como las violaciones al debido proceso, consagradas en el Decreto 279.
d) Por otro lado, argumenta que la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales no envió al Ejecutivo del Estado las tres alternativas con proyecto de decreto para que emitiera su opinión, por lo que considera que con tal proceder, el órgano legislativo violó las garantías de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica, la exacta aplicación de la ley, así como que incurrió en violaciones al debido proceso, en relación con el artículo 30 del mencionado Decreto 279. Agrega que esa actitud pone en peligro la estabilidad social del Municipio de Chinameca, Veracruz, no sólo en el ámbito gubernamental, sino en las finanzas del Municipio y los actos de gobierno, así como en todos los ámbitos del desarrollo de la vida cotidiana de sus habitantes.
e) Argumenta que fuera de toda lógica, el órgano legislativo emitió tres alternativas de dictamen, aprobando el primer dictamen alternativo sin ningún sustento legal, por las razones anteriormente señaladas, y contrario al espíritu del artículo 115 de la Constitución Federal.
Señala que el órgano legislativo emitió sin fundamentación, razonamiento y motivación un acto autoritario en perjuicio del Municipio actor, que no respetó un proceso que fue resuelto en el dictamen con proyecto de decreto de fecha nueve de julio de dos mil trece.
f) Por otra parte, sostiene que se vulnera en su perjuicio el artículo 14 constitucional, por los siguientes motivos:
• Los Poderes Legislativo y Ejecutivo demandados carecen de toda objetividad e imparcialidad, ya que sus determinaciones se inclinan en beneficio del Municipio de Oteapan, Veracruz, afectando al Municipio actor en su patrimonio territorial.
• El órgano legislativo del Estado ocasionó una omisión en la emisión y votación del decreto impugnado, que agravia al Municipio promovente, consistente en la formalidad esencial prevista en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con el artículo 30 del Decreto 279, es decir, no cumplió con los requisitos de envío al Ejecutivo Estatal para que emitiera su opinión en el término de quince días, siendo este requisito indispensable para que una vez emitida dicha opinión y aprobado el dictamen, por los integrantes del órgano legislativo del Estado, se enviaran a la Gaceta Oficial del Estado, para su publicidad.
Considera que, al haberse omitido el mencionado requisito, se violó flagrantemente el artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que no cumplió con las formalidades esenciales del proceso, en especial, el Decreto 279, ya que el ilegal Decreto 878, fue aprobado y publicado sin la opinión del jefe del Ejecutivo del Estado de Veracruz.
• El Congreso Estatal no se percató de semejante anomalía, en no darle cuenta y razón de las tres alternativas con proyecto de decreto para el ejercicio de las funciones constitucionales del Ejecutivo Local para que emitiera su opinión, denotando la premura y rapidez con la que actuaron dichos legisladores para aprobar el Decreto 878 impugnado, tratando de darle una formalidad legal a un acto que se encuentra invalidado, precisamente, por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 11/2011.
Por lo anterior es que solicita a este Alto Tribunal haga respetar el Pacto Federal, ya que el acto legislativo impugnado lesiona y causa agravio al federalismo.
g) Argumenta que se vulnera en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Federal, por lo siguiente:
• Señala que se debe observar si el Congreso del Estado de Veracruz fundó y motivó la causa legal del procedimiento emanado del Decreto 279, y si utilizó la debida fundamentación para aprobar el dictamen con proyecto de decreto, mismo que dio nacimiento al Decreto 878, toda vez que la debida fundamentación no es abstracta, sino que es en acatamiento de leyes preestablecidas para el acto de autoridad que le causa molestia, que se contrae a un acto autoritario que limita y restringe el territorio de Chinameca, Veracruz.
• Aduce que tal acto de molestia no puede ser sustentado en el artículo 27 constitucional, a que se refiere, en esencia, el decreto emitido, y que atañe a las leyes de la reforma agraria que no tienen aplicabilidad, ni nexo alguno con el artículo 115 de la Constitución Federal, el cual se basa en el federalismo, al ser el principio de la división territorial del país. Lo anterior, en virtud de que el órgano legislativo demandado, con la intención de lesionar los intereses territoriales del Municipio de Chinameca, tomó como propiedad del Municipio de Oteapan, las afectaciones agrarias del ejido, de acuerdo a la resolución presidencial de veintinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, tal como lo señala el dictamen con proyecto de decreto que dio nacimiento al Decreto 878, de ocho de octubre de dos mil trece.
Agrega que, si bien en dicho decreto se reconoció que era una ampliación ejidal, no se entendió que aun cuando tratándose de dotaciones ejidales éstas afectan el territorio de uno o dos Municipios o de un Estado a otro, como en el caso de los límites de entre Chinameca y Oteapan, dichas ampliaciones jamás afectarán sus propiedades. Dichas afectaciones corresponden a los puntos de ubicación a que se refiere dicho decreto, esto es, todos los puntos de ubicación pertenecen a los linderos de la afectación agraria del ejido Oteapan, dentro del territorio de Tonalapan, perteneciente al Municipio de Chinameca, que nada tiene que ver con la propiedad del poblado de Oteapan, y que se refiere a sus 463 hectáreas de su cuadro de población, por lo que, en tales condiciones, no puede haber invasión de esferas de competencia.
h) Argumenta que por las violaciones cometidas en agravio del Municipio actor, se violó el artículo 115 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 68 de la Constitución Local, lo que considera se traduce en un ataque a las instituciones del federalismo, al ser violentadas con la emisión del acto impugnado, las garantías de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica y de exacta aplicación de la ley por violaciones al debido proceso con la emisión del acto de autoridad del que se duele el Municipio actor.
CUARTO. Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalados como violados. Los artículos 14, 16, 27 y 115.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil trece, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 109/2013. Asimismo, determinó que no había «lugar» a acordar lo solicitado respecto de la acumulación por conexidad con la diversa controversia constitucional 11/2010, en razón de que ello era improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley reglamentaria de la materia, precisando que el referido asunto se falló en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil diez, por lo que, en todo caso, se tendría como hecho notorio.
Por razón de turno, correspondió conocer de la presente controversia constitucional al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil trece, en su calidad de Ministro instructor, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su respectiva contestación. Asimismo, no tuvo como autoridades demandadas al presidente de la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, por tratarse de un órgano interno o subordinado del propio Congreso, ni al presidente de la mesa directiva de dicho ente legislativo, como autoridad diversa o independiente, dado que éste representa legalmente al propio Congreso.
Finalmente, en el referido auto, el Ministro instructor mandó dar vista al Municipio de Oteapan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, al procurador general de la República, para que expresara lo que a su representación correspondiera,(3) ordenando, además, requerir al Poder Legislativo demandado para que, al rendir su contestación, enviara a este Alto Tribunal copias certificadas de los antecedentes del proceso legislativo impugnado, incluyendo todos los documentos que menciona el promovente en su demanda.
SEXTO. Contestación de la demanda por parte del Poder Legislativo. En síntesis, manifestó lo siguiente:(4)
a) Por lo que hace al argumento relativo a que considera que se violó en perjuicio del Municipio actor el artículo 14 de la Constitución Federal, sostiene que es improcedente, porque en ningún momento dicho Municipio manifiesta en qué consiste la violación que a su parecer realiza el Congreso Local, sino que sólo realizó simples manifestaciones de doctrina constitucional; en ese orden de ideas, al emitir el Decreto 279, por el que se crea el procedimiento para la solución del conflicto de límites territoriales entre los Municipios de Chinameca y Oteapan, posteriormente se da inicio al proceso que debe imperar en el presente caso, es decir, primero, se emite la ley y, seguidamente, se aplica al caso concreto, por lo que finalmente se emite resolución definitiva, tal como lo prevé el artículo 14 constitucional. Agregando que con el decreto mencionado, y al aplicarse el mismo, se respetan en todo momento las garantías constitucionales del debido proceso.
b) Respecto al argumento en el que señala que no se han respetado las formalidades esenciales del procedimiento, argumenta que debe ser desestimado, ya que es un hecho notorio que el Congreso demandado ha respetado las formalidades esenciales del procedimiento, lo que se acredita con las actuaciones que constan en el expediente CPLI/01/2011, procedimiento con el que, tal como lo establece el auto de veintisiete de noviembre de dos mil trece, en el que este Alto Tribunal dio por cumplida la sentencia dictada en la controversia constitucional 11/2010, se constató que el Congreso del Estado cumplió con los lineamientos precisados en la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil diez, que consistía en iniciar un nuevo procedimiento y dirimir el conflicto de límites existentes.
c) Sostiene que deben desestimarse los argumentos del Municipio actor, pues es falso que se hayan violado las formalidades esenciales del procedimiento enmarcadas en el artículo 14 constitucional, ya que en el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, emitido dentro de la controversia constitucional 11/2010, se le requirió al órgano legislativo para que diera cumplimiento total al fallo constitucional, en términos del artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, conforme al cual: "... si dentro de las cuarenta y ocho horas siguiente a la notificación de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviera cumplida, cuando la naturaleza del acto así lo permita ...", por lo que el Congreso del Estado de Veracruz no contó con el tiempo suficiente a efecto de dar vista al Ejecutivo del propio Estado, previsto en los artículos 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 30 del Decreto 279, y 4o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz.
Agrega que, correlacionado con lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la omisión de recabar la opinión del Poder Ejecutivo no es apta para declarar la invalidez de una resolución, invocando, como apoyo, la tesis que cita como: Jurisprudencia. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 707, P./J. 94/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE OPINIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS, EN EL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS ANTE LA LEGISLATURA ESTATAL, NO ES UNA VIOLACIÓN QUE PRODUZCA LA INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA."
d) Sostiene que al emitir el Congreso el Decreto 878, actúa en un marco de constitucionalidad, ya que da cumplimiento a una resolución judicial que de acuerdo a lo dispuesto por el pá
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25557-644c399d/controversia-constitucional-es-procedente-en-contra-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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