REVISION CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO SE SURTEN CUANDO SE TRATA DE LA DESTITUCION DE UN SERVIDOR PUBLICO.
Se publica íntegra la ejecutoria de la revisión fiscal 253/92:
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, del día veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos.
VISTOS; Y, RESULTANDO:
PRIMERO.- Por escrito presentado el día 5 de junio de 1986, ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Fiscal de la Federación, LUIS ANTONIO LEDEZMA NAVARRO, por su propio derecho, compareció a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 769/86, de fecha 15 de mayo de 1986, por medio de la cual se le notificó la destitución del cargo que desempeñaba como agente de la Policía Judicial del Distrito Federal, dictada por el contador interno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Como antecedentes del caso, en la demanda de nulidad se narraron los siguientes: "a). A principio del mes de febrero del presente año sin recordar exactamente la fecha, fui citado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Agencia Investigadora con motivo de la averiguación previa No. 10/504/986, en virtud de la investigación que realizó de oficio dicha autoridad por el supuesto delito de cohecho en contra de los señores LORENZO MARTINEZ ORTEGA, SALVADOR REBOLLEDO HERNANDEZ, ENRIQUE MANTEROLA MOHEDANO, EMMANUEL SANCHEZ BERNAL, JAIME SANCHEZ HERNANDEZ Y EDMUNDO CAMPOS ALTAMIRANO, en dicha comparecencia manifesté sucintamente que exclusivamente acompañé a dichas personas excepto al primero mencionado, que era de la Policía Judicial, a una investigación en donde se detuvo a LORENZO MARTINEZ ORTEGA, y una vez lo anterior los citados agentes de la judicial se quedaron con esta persona, retirándome yo inmediatamente después de la mencionada detención, es de hacerse notar que en las declaraciones de los susodichos agentes de la Policía Judicial, en relación a esta investigación, NUNCA NI DE NINGUNA FORMA MENCIONARON MI NOMBRE O QUE YO HUBIERA PARTICIPADO EN ALGUNA FORMA EN ESTOS ACTOS. b). A pesar de lo manifestado anteriormente, la autoridad investigadora, consignó esa averiguación ante el Juez 33 de lo Penal del fuero común pidiendo al órgano jurisdiccional, que se girara orden de aprehensión en mi contra como presunto responsable del delito de 1986, acordó "QUE EN CONCEPTO DEL SUSCRITO, NO HABIA ELEMENTOS SUFICIENTES DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL Y 132 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA OBSEQUIAR LA ORDEN DE APREHENSION DE LUIS ANTONIO LEDEZMA NAVARRO. c). Paralelamente a lo anterior la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, inició procedimiento administrativo en contra del suscrito, citándome a comparecer, ratificando mis declaraciones anteriores y además ofrecí como prueba a mi favor copia certificada del auto en el que el Juez 33 Penal niega la orden de aprehensión dictada en mi contra por falta de elementos. d). A pesar de todo lo anteriormente narrado, la autoridad impugnada resolvió con fecha 15 de mayo de los corrientes mi destitución del empleo en virtud de que de acuerdo a la resolución combatida se dice QUE POR LAS DECLARACIONES DE LOS DEMAS POLICIAS JUDICIALES QUE INTERVINIERON EN ESTE HECHO SE DESPRENDE QUE SI RECIBI PARTE DEL COHECHO. V. La expresión de los agravios que me causa el acto impugnado es el siguiente: a). El primer agravio que me causa es el hecho de que la resolución combatida resulta inmotivada, en virtud de que como ya se narró en el capítulo de hechos, en la averiguación con el No. 10/504/986, formada con motivo de la investigación por el delito de cohecho en contra de los agentes de la Policía Judicial Salvador Rebolledo Hernández, Enrique Manterola Mohedano, Emmanuel Sánchez Bernal, Jaime Sánchez Hernández y Edmundo Campos Altamirano, se desprende claramente que el día 23 de diciembre de 1985, dichos agentes en las calles de Eduardo Molina y Oriente 101, Col. Bondojito, se encontraron con un compañero que responde al nombre de Arturo Peña Venegas y mismo que le entregó diversos objetos a ENRIQUE MANTEROLA, los cuales supuestamente son el cuerpo del delito del referido ilícito de cohecho, de donde se desprende claramente que de las investigaciones realizadas en la mencionada averiguación, se infiere que en ningún momento y de ninguna forma LAS DECLARACIONES DE LOS DEMAS POLICIAS JUDICIALES QUE INTERVINIERON EN ESTE HECHO SE DESPRENDE QUE EL SUSCRITO DE NINGUNA FORMA INTERVINO CON ESTOS NI RECIBIO NINGUNA PARTE DEL SUPUESTO DELITO DE COHECHO Y MENOS AUN LOS MULTICITADOS AGENTES JUDICIALES INVOLUCRADOS MENCIONARON MI NOMBRE EN NINGUN MOMENTO DE LA AVERIGUACION. Por tal motivo como es de suponerse al pedir mi orden de aprehensión la autoridad impugnada al órgano jurisdiccional, esta última la negó por no haber elemento conforme al artículo 16 constitucional, de ahí que se desprenda en consecuencia que la resolución impugnada sea inmotivada, toda vez que la autoridad sancionadora no cumplió con lo que para el efecto prevén los artículos 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. b). Me causa agravios también la resolución que se impugna en virtud de que la misma adolece de los requisitos que para el efecto señalan los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la misma no señala las razones particulares circunstancias específicas y las causas inmediatas que la autoridad emisora tuvo en consideración para destituirme de mi empleo y el hecho de invocar una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el de señalar algunos artículos del reglamento interior de esa dependencia y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son circunstancias que por sí mismas resultan insuficientes para considerar que el acto de autoridad sí se encuentran debidamente FUNDADAS Y MOTIVADAS, y por tal motivo viola dicha resolución mis garantías individuales contenidas en los artículos 5, 14 y especialmente el artículo 16 constitucional. En efecto, la resolución impugnada me impide que me dedique al trabajo que venía desempeñando al ser destituido sin causa ni motivo suficiente para tal efecto además la autoridad impugnada me causa molestias en mi persona con motivo de una resolución escrita que no se encuentra FUNDADA NI MOTIVADA.".
TERCERO.- Por acuerdo de 12 de agosto de 1986 la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación a quien correspondió conocer de dicha demanda, la admitió, registrándola con el número 4943/86; corrió traslado a las autoridades demandadas y seguidos los trámites de ley, con fecha 27 de mayo de 1987, declaró la nulidad de la resolución administrativa, con base en las siguientes consideraciones: "PRIMERO.-La existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en autos en los términos de lo dispuesto por los artículos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en virtud de que la actora la acompañó a su demanda y por el reconocimiento que de la misma hicieron las autoridades señaladas como demandadas. SEGUNDO.-A criterio de la Sala son operantes los planteamientos que hace la parte actora, en el sentido de que, en la averiguación previa número 10/504/986, consta que diversos agentes judiciales incurrieron en el delito de cohecho en perjuicio de SALVADOR REBOLLEDO HDEZ. Y LORENZO MARTINEZ ORTEGA, y que habiéndose consignado tales servidores públicos, el Juez Penal en forma alguna no solicitó su aprehensión, por falta de elementos en los términos del artículo dieciséis constitucional, por lo cual la resolución impugnada, por la que se le destituye de su cargo adolece de la debida motivación y fundamentación y aplica indebidamente el contenido de los artículos 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que procede declarar su nulidad, concluye en este sentido la demandante. A criterio de la Sala es operante el planteamiento de la actora, porque de las constancias de la averiguación previa número 10/504/986, que en copia mecanográfica exhibe la actora, se desprende que la Dirección General de la Policía Judicial del Distrito Federal del Grupo 8 de Homicidios, Comandancia de Investigadores puso a disposición de la Agencia Investigadora Número 33, del Ministerio Público, del Distrito Federal, a los CC. LORENZO MARTINEZ ORTEGA, ENRIQUE MANTEROLA MOHEDANO, EMMANUEL SANCHEZ BERNAL, JAIME SANCHEZ HERNANDEZ Y EDMUNDO CAMPOS ALTAMIRANO, por el delito de cohecho en perjuicio de los CC. SALVADOR REBOLLEDO HERNANDEZ Y LORENZO MARTINEZ ORTEGA. Posteriormente quedó involucrado en tales ilícitos el C. LUIS ANTONIO LEDEZMA NAVARRO, siendo que el Juez Trigésimo Tercero Penal del Distrito Federal en auto de 7 de abril de 1986, estableció que hasta el momento procesal no existían elementos suficientes de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 constitucional y 132 del Código de Procedimientos Penales, del Distrito Federal, para obsequiar la orden de aprehensión contra de los CC. ARTURO PEÑA VENEGAS Y LUIS ANTONIO LEDEZMA NAVARRO, por el citado delito de cohecho. En este orden de ideas, si destituyeron de su cargo al enjuiciante, por habérsele perdido la confianza, por haber infringido lo ordenado en la fracción I, III, V y XVI, del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, precisamente por el delito de cohecho en que incurrió, es incuestionable que dicha resolución impugnada no se ajustó a derecho. En efecto, en dicho acto de autoridad se señala que: "Aun cuando el Juez decretó la libertad del promovente por falta de elementos suficientes para su consignación, por las declaraciones de los demás policías judiciales que intervinieron en el ilícito, se desprende que sí recibieron parte del cohecho", afirmación que es inexacta, pues en caso de haberse comprobado tal especie, el resultado hubiera sido la consignación en la vía penal del mencionado demandante precisamente por parte del Juzgado Trigésimo Tercero de lo Penal del Distrito Federal. Por tanto, si no se efectuó la consignación referida y se señaló categóricamente que no existieron elementos suficientes para decretar la orden de aprehensión y la consignación del entonces detenido fue porque no cometió el mencionado delito de cohecho y por lo mismo no incurrió en la infracción que se le imputa del artículo 47, fracciones I, III, V y XVI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consiguientemente, la resolución impugnada en la que se le impone como sanción la destitución del cargo, precisamente por haber infringido el mencionado artículo 47 en las fracciones relatadas, no se ajustó a derecho y por lo mismo, con fundamento en los artículos 238, fracción III, 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, procede declarar la nulidad de la resolución combatida para el efecto de que se restituya en su cargo al C. LUIS ANTONIO LEDEZMA NAVARRO.".
CUARTO.- Inconforme con la anterior resolución, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, autoridad demandada en el juicio de nulidad, interpuso recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, donde seguidos los trámites de ley, por resolución de fecha 10 de octubre de 1991, se confirmó la sentencia recurrida con base en las siguientes consideraciones: "PRIMERO.-Esta Sala Superior es competente para resolver el recurso de revisión interpuesto por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en contra de la sentencia dictada en el juicio número 4943/86, por así establecerlo la fracción II del artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, vigente hasta el 14 de enero de 1988. SEGUNDO.-Es procedente el recurso de revisión que se estudia por reunirse en el caso los requisitos que al efecto establecen los artículos 248 y 249 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 14 de enero de 1988, toda vez que fue interpuesto por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal quien manifiesta que es de importancia y trascendencia y porque, además, fue presentado dentro del plazo de 15 días que señala el artículo 249 en cita, toda vez que la sentencia recurrida fue notificada a la autoridad con fecha 20 de agosto de 1987, según consta del sello fechador que obra en la minuta del oficio correspondiente, por lo que surtió sus efectos el 21 del mismo mes y año, de donde dicho plazo corrió del 24 de agosto al 14 de septiembre de 1987, por descontarse los días 29, 30 de agosto, 1o., 5, 6, 12 y 13 de septiembre que fueron inhábiles, y como el escrito se presentó con fecha 11 de septiembre de 1987, resulta interpuesto el recurso en el décimo cuarto día hábil del cómputo respectivo. TERCERO.- Esta Sala Superior estima infundado el agravio primero hecho valer por la autoridad, en virtud de que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, la Sala de origen sí tomó en cuenta el contenido de las fracciones I, III, V y XVI del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al dictar su fallo, ya que precisamente en el párrafo que transcribe la autoridad, en su segundo agravio, se aprecia claramente que el pronunciamiento de la a quo fue en el sentido de que el actor no incurrió en infracción al precepto y fracciones citados, razonamiento al que llegó después de haber analizado la litis en su conjunto. No tiene razón la autoridad para afirmar que quedó debidamente acreditado que el actor recibió cuatro máquinas de escribir y $200,000.00, en principio, porque no manifiesta en qué forma acreditó tales hechos, no siendo suficiente una simple afirmación. No obstante lo anterior, del análisis efectuado por esta juzgadora, a las constancias de autos, consistentes en la resolución combatida, demanda, copia de la averiguación previa 10/504/986, contestación de la demanda, acta administrativa y copia del acuerdo del Juzgado Trigésimo Tercero Penal del Distrito Federal de fecha 25 de marzo, 7 y 23 de abril de 1986, se destaca que en parte alguna aparezca que se haya probado la realización de los hechos que aduce la autoridad. Ahora bien, es cierto que en la resolución a debate se asienta que al ahora actor le fueron ofrecidos los objetos en comento; sin embargo, al ser combatida dicha resolución, la autoridad debió demostrar la legalidad de su actuación, lo que no hizo, toda vez que al contestar la demanda se concretó a señalar que está motivada la destitución del actor al quedar demostrado que participó en el delito de cohecho, que la destitución es legal porque se levantó acta administrativa y en el capítulo de pruebas únicamente ofrece y exhibe la citada acta, en la cual el compareciente, ahora demandante, se declara inocente. Además, es de hacer notar que en las declaraciones que contiene la antes citada averiguación previa no se le inculpa del delito que indica la demandada. En cuanto a lo argumentado por la autoridad en la parte final de su primer agravio, en el sentido de que la Sala de origen no tomó en cuenta, que en la propia resolución a debate se menciona que la falta de probidad del demandante se debió considerar de manera diferente a los requisitos que la ley penal señala para que se constituyan en delitos, de acuerdo a la tesis jurisprudencial transcrita en el oficio 769/86, esta juzgadora se percata de la simple lectura a la resolución materia del juicio de nulidad, que en parte alguna la autoridad haya hecho tales manifestaciones, ya que únicamente se concreta a señalar que se consignó al ahora actor ante el Juez Trigésimo Tercero del Fuero Común del Distrito Federal, que aunque el Juez decretó su libertad por falta de elementos suficientes, por las declaraciones de los demás policías se desprende que sí recibió parte del cohecho, y que tomando en cuenta las pruebas existentes en contra del actor, sin especificar a qué pruebas se refiere, y la tesis que cita como jurisprudencia se le destituye de su cargo por habérsele perdido la confianza, debiendo destacarse, que la tesis a que alude la autoridad tampoco contiene el pronunciamiento que hasta ahora en el recurso de revisión pretende atribuirle, toda vez que ni siquiera en la etapa procesal oportuna, es decir, la contestación de la demanda tampoco en ella expresó tales argumentaciones, las cuales son del todo infundadas y por consiguiente la a quo no violó lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación. En la especie, cabe destacar que si la autoridad pretende que la falta de probidad del demandante, sea considerada de manera diferente a los requisitos que la ley penal señala para que se constituyan en delitos, ella debe fundar y motivar su resolución únicamente por razones administrativas, sin involucrar los aspectos de responsabilidad penal, como en el caso acontece, ya que al apoyarse en esta última para concluir la destitución del cargo del actor, no puede después válidamente pretender que la juzgadora deslinde la responsabilidad penal de la administración, puesto que en el juicio se analiza el acto de autoridad tal y como fue emitido. Además de lo anterior, en lo referente a la pretendida jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la cita de cuatro resoluciones de amparo, es de destacarse que para que una tesis llegue a tener el rango de jurisprudencia se requiere de la existencia de cinco criterios sucesivos en el mismo sentido sin interrupción de alguna en contrario, y que sea declarada por ese Cuerpo Colegiado como jurisprudencia; en la especie, como ya se dijo, la autoridad únicamente hace mención a cuatro criterios, los cuales corresponden a ejecutorias de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, y omite indicar en qué documento se encuentra la declaración de que constituyen jurisprudencia, por lo que, al corresponder el texto en cuestión a ejecutorias aisladas, no es obligatoria su aplicación. CUARTO.-Resulta también infundado el agravio segundo de la autoridad, en virtud de que, al contener la resolución impugnada la determinación de la destitución del actor en su cargo y declarar la a quo la nulidad de dicha resolución con fundamento en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, es decir, por vicios del procedimiento, ya que, como anteriormente se indicó, la autoridad no probó ante la Sala del conocimiento que el actor hubiese cometido el delito de cohecho que le atribuye, y además de las documentales que obran en el expediente se conoció que el Juzgado Trigésimo Tercero Penal del Distrito Federal no decretó la formal prisión sino la libertad del ahora demandante por falta de elementos para su consignación, luego entonces es legal el efecto de la declaratoria de nulidad. En este orden de consideraciones, procede confirmar la sentencia recurrida, al ser infundados los agravios materia de esta revisión."
QUINTO.- Inconforme con la anterior resolución la autoridad demandada, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, interpuso en su contra el recurso de revisión, del cual tocó conocer a este Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, el que por auto de su presidencia de fecha 31 de enero de 1992 decretó su admisión originando la formación del toca RF.-253/92.
SEXTO.- El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, no formuló pedimento.
SEPTIMO.- Por acuerdo de 11 de febrero de 1992, se turnó el presente asunto al Magistrado Relator para que formulara el proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este Tribunal Colegiado resulta competente para conocer del presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, fracción I-B de la Constitución General de la República, 44 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 248 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, disposiciones estas últimas en vigor a partir del día quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho.
SEGUNDO.- El recurso de revisión fue hecho valer por parte legítima, toda vez que se trata del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, autoridad demandada en el juicio de nulidad, quien lo interpone por sí mismo, siendo aplicable en la especie el artículo 250 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el día 14 de enero de 1988, que establecía que el escrito en que se interpusiera la revisión fiscal debería ser firmado por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado, y en caso de ausencia, por quien legalmente deba sustituirlo. Esto de conformidad con la disposición transitoria CUARTA, del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1988 que expresamente dispone lo siguiente: "CUARTA.-La Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación continuará el trámite y resolverá los recursos de revisión que las autoridades hubiesen interpuesto con anterioridad a la vigencia de este decreto. Contra las resoluciones definitivas que dicte la Sala Superior en los recursos de revisión a que se refiere el párrafo anterior, procederá el recurso de revisión fiscal conforme a lo ordenado en el Código Fiscal de la Federación en las disposiciones que por virtud de este decreto se reforman, el que resolverán los Tribunales Colegiados de Circuito conforme al procedimiento previsto para la revisión en amparo directo"; está en tiempo, en virtud de que la sentencia recurrida se le notificó el día 28 de noviembre de 1991, y el escrito de agravios se presentó el día 2 de enero de 1992, o sea dentro del término legal, toda vez que deben descontarse los días, 30 de noviembre de 1991, 1, 7, 8, 14, 15, 17 a 31 de diciembre del mismo año, así como el día primero de enero de 1992, por ser inhábiles, de conformidad con el acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de enero de 1991, en relación con el artículo 23 de la Ley de Amparo; y es procedente en virtud de que a juicio de este cuerpo colegiado, se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, consistente en que para la procedencia del recurso, el asunto de que se trata debe reunir las características de importancia y trascendencia que la propia disposición legal señala.
Las indicadas características de importancia y trascendencia se encuentran justificados con los razonamientos que al efecto produce la autoridad recurrente, toda vez que en la especie, la resolución impugnada en el juicio de nulidad, origen de la sentencia que se reclama, la constituye el oficio número 769/86, de fecha 15 de mayo de 1986, por virtud de la cual se destituyó de su cargo, por habérsele perdido la confianza y por haber infringido diversas disposiciones legales de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al agente de la Policía Judicial del Distrito Federal, Luis Antonio Ledezma Navarro, actor en el juicio de nulidad origen de este recurso de revisión.
Sobre el particular debe tenerse presente que el aludido requisito de procedibilidad se considera cubierto en el caso en estudio, justificándose la importancia del asunto, en atención a que resulta ser de destacado interés social el hecho de que los servidores públicos sean de intachable honorabilidad; y en cuanto a la trascendencia del mismo, dicha característica se considera actualizada, ante la sola posibilidad de que el promovente del referido juicio de nulidad, continúe colaborando como servidor público en la administración pública, cuando han sido puestos en tela de juicio "los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones", todos los servidores públicos, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 109 constitucional, disposición que ha sido incorporada por el legislador en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, concretamente en el artículo 47 de dicha ley.
En consecuencia, debe concluirse que el recurso intentado resulta procedente. En apoyo de esta consideración, a continuación se transcribe la tesis establecida por este Tribunal Colegiado, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VII, febrero de 1991, Apéndice 2, páginas 214 y 215, que a la letra dice: "REVISION CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO SE SURTEN CUANDO SE TRATA DE LA DESTITUCION DE UN SERVIDOR PUBLICO.-Los requisitos de importancia y trascendencia se encuentran surtidos si el servidor público fue consignado por el delito de cohecho, y es esta la razón por la que se le destituyó en sus funciones; toda vez que dicha cuestión es importante por ser de destacado interés social que los servidores públicos sean de intachable honorabilidad. Asimismo, es trascendente dada la índole grave que representa el hecho de que aquella persona realice labores relacionadas con la impartición de justicia.".
Asimismo, cabe señalar que bajo el mismo criterio este órgano jurisdiccional, resolvió por unanimidad de votos, la revisión fiscal número 1183/90, relativa al juicio de nulidad número 12052/89, promovido por Lorenzo Medina Garzán, en sesión de fecha 6 de febrero de 1991, así como la revisión fiscal número 193/92, relativa al juicio de nulidad 4533/91, promovido por Arturo Olvera Mejía, en sesión de fecha 4 de marzo de 1991, habiendo sido relator en ambos asuntos el señor Magistrado Genaro David Góngora Pimentel.
TERCERO.- Los agravios que expresa la parte recurrente son los siguientes: "I.-En la resolución que se recurre, y que causa agravio a esta Procuraduría, en su parte conducente de los considerandos tercero y cuarto, expresa: "TERCERO.-Esta Sala Superior estima infundado el agravio primero hecho valer por la autoridad, en virtud de que contrariamente a lo afirmado por la recurrente, la Sala de origen sí tomó en cuenta el contenido de las fracciones I, III, V y XVI del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al dictar su fallo, ya que precisamente en el párrafo que transcribe la autoridad, en su segundo agravio, se aprecia claramente que el pronunciamiento de la a quo fue en el sentido de que el actor no incurrió en infracción al precepto y fracciones citados, razonamiento al que llegó después de haber analizado la tesis en su conjunto. "No tiene razón la autoridad para afirmar que quedó debidamente acreditado que el actor recibió cuatro máquinas de escribir y $200,000.00, en principio, porque no manifiesta en qué forma acreditó tales hechos, no siendo suficiente una simple afirmación. No obstante lo anterior, de análisis efectuado por esta juzgadora a las constancias de autos, consistentes en la resolución combatida, demanda, copia de la averiguación previa 10/504/986, contestación de la demanda, acta administrativa y copia del acuerdo del Juzgado Trigésimo Tercero Penal del Distrito Federal de fecha 25 de marzo, 7 y 23 de abril de 1986, se destaca que en parte alguna aparezca que se haya probado la realización de los hechos que aduce la autoridad. Ahora bien, es cierto que en la resolución a debate se asienta que al ahora actor, le fueron ofrecidos los objetos en comento; sin embargo, al ser combatida dicha resolución, la autoridad debió demostrar la legalidad de su actuación, lo que no hizo, toda vez que al contestar la demanda se concretó a señalar que está motivada la destitución del actor al quedar demostrado que participó en el delito de cohecho, que la destitución es legal porque se levantó acta administrativa y en el capítulo de pruebas únicamente ofrece y exhibe la citada acta, en la cual el compareciente, ahora demandante, se declara inocente. Además es de hacer notar que en las declaraciones que contiene la antes citada averiguación previa no se le inculpa del delito que indica la demanda. En cuanto a lo argumentado por la autoridad en la parte final de su primer agravio, en el sentido de que la Sala de origen no tomó en cuenta, que en la propia resolución a debate se menciona que la falta de probidad del demandante se debió considerar de manera diferente a los requisitos que la ley penal señala para que se constituyan en delitos, de acuerdo a la tesis jurisprudencial transcrita en el oficio 769/86, esta juzgadora se percata de la simple lectura a la resolución materia del juicio de nulidad, que en parte alguna, la autoridad haya hecho tales manifestaciones, ya que únicamente se concreta a señalar que se consignó al ahora actor ante el Juez Trigésimo Tercero del Fuero Común del Distrito Federal, que aunque el Juez decretó su libertad por falta de elementos suficientes, por las declaraciones de los demás policías se desprende que sí recibió parte del cohecho, y que tomando en cuenta las pruebas existentes en contra del actor, sin especificar a qué pruebas se refiere, y tal tesis que cita como jurisprudencial se le destituye de su cargo por habérsele perdido la confianza, debiendo destacarse, que la tesis a que alude la autoridad tampoco contiene el pronunciamiento que hasta ahora en el recurso de revisión pretende atribuirle, toda vez que ni siquiera en la etapa procesal oportuna, es decir, la contestación de la demanda tampoco en ella expresó tales argumentaciones, las cuales son del todo infundadas y por consiguiente la a quo no violó lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación. En la especie, cabe destacar que si la autoridad pretende que la falta de probidad del demandante, sea considerada de manera diferente a los requisitos que la ley penal señala para que se constituyan en delitos, ella debe fundar y motivar su resolución únicamen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2001-5f35da65/revision-contra-resoluciones-del-tribunal-fiscal-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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