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Modo: Corpus Pro

VISITA EXTRAORDINARIA DE INSPECCIÓN ORDENADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. SU PRÁCTICA NO REQUIERE DE DENUNCIA FUNDADA EN PRUEBA DOCUMENTAL.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 2/99. · Registro digital (IUS): 6467
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Mayo de 2000, , Pág. 507.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (CONSEJO) 2/99.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del Consejo de la Judicatura Federal ... por su propio derecho, interpuso recurso de revisión en contra de la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitida en la sesión correspondiente al tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en la que se determinó su destitución como Magistrado de Circuito.

SEGUNDO. El recurso de revisión fue remitido, para su trámite, a la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, a su vez, dio cuenta a su presidente, quien emitió el acuerdo de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en los siguientes términos:

"México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Con el oficio de cuenta, de fecha dieciocho de marzo del presente año, el escrito de presentación y original de promoción del recurso de revisión administrativa de ... recibido en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal el diecinueve siguiente, fórmese y regístrese el expediente que se indica al rubro. Ahora bien, como en el caso el recurrente hace valer recurso de revisión administrativa en contra de la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dictada en sesión ordinaria celebrada el tres de marzo del año en curso, al resolver el expediente de denuncia número 25/97, del índice del propio consejo, mediante la cual se determinó la destitución del licenciado ... en el cargo de Magistrado de Circuito; y, en virtud de que el referido recurso fue interpuesto en forma legal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, fracción VIII, 14, fracción II, primer párrafo, 122, 123, fracción II, 124, 127 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda: I. Se admite el recurso de revisión administrativa que hace valer el licenciado ... II. Gírese oficio al Consejo de la Judicatura Federal, remitiéndole copia certificada de este auto, así como copia de traslado del escrito presentado por el recurrente, a fin de que dentro del plazo de cinco días, uno de los consejeros que lo integran, rinda el informe a que se refiere la parte final del artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. III. Recibido el informe de referencia, pase el asunto al Ministro que corresponda, según el turno que para el efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos, a fin de que conforme a lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, provea respecto de la apertura de plazo probatorio y admisión de las pruebas ofrecidas; asimismo, provea respecto al requerimiento de las pruebas documentales referidas en el escrito que se acuerda; formule el proyecto respectivo y dé cuenta con él, para su resolución, al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones y documentos al doctor en derecho Valdemar Martínez Garza y, como domicilio para dichos efectos, el indicado en el escrito de promoción del recurso. Notifíquese; haciéndolo personalmente al recurrente. Lo proveyó y firma el presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Juventino V. Castro y Castro. Doy fe."

TERCERO. El veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el consejero Mario Melgar Adalid, que fue el comisionado por el Consejo de la Judicatura Federal para dar cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia, rindió el informe solicitado.

El contenido de dicho informe es del tenor literal siguiente:

"En sesión del tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como ya se señaló, se discutió el proyecto de resolución de la denuncia número 25/97, derivada del dictamen presentado por el secretario ejecutivo de Disciplina del citado consejo, en relación a la visita extraordinaria de inspección practicada los días del veintiuno al veintinueve de enero de mil novecientos noventa y siete al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Hermosillo, acordando aprobar el proyecto, por unanimidad de siete votos respecto de los puntos resolutivos primero, segundo, tercero, únicamente por lo que se refiere al licenciado ... y cuarto; y por mayoría de seis votos en cuanto a los resolutivos tercero, por lo que se refiere al licenciado ... y quinto, contra el voto de la señora consejera María Concepción Elisa Martín Argumosa, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ‘PRIMERO. No se acreditan las causas de responsabilidad administrativa atribuidas a los licenciados Armando Acuña Torúa, Guadalupe Valenzuela Tapia, Georgina Suárez Corona, Isaura Quintero Molina, Carlos Manuel Soto Valenzuela y Francisca Célida García Peralta, los tres primeros secretarios, los siguientes actuarios y oficial judicial, respectivamente, todos del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Hermosillo, de conformidad con lo establecido en el segundo, quinto y sexto considerandos de la presente resolución. SEGUNDO. No se acreditan las causas de responsabilidad administrativa imputadas al licenciado ... en su actuación como Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, de acuerdo a lo dispuesto en el cuarto considerando de este fallo. TERCERO. Son responsables el licenciado ... en su actuación de Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, y el licenciado ... secretario de dicho juzgado de las faltas administrativas analizadas en los considerandos tercero y octavo de esta resolución. CUARTO. Sanciónese al licenciado ... con un apercibimiento privado, de acuerdo con lo establecido en el séptimo considerando de la presente resolución, misma que deberá ejecutarse por conducto del titular del órgano jurisdiccional al que se encuentre adscrito con la advertencia de que de incurrir de nueva cuenta en la conducta que se le atribuyó en la denuncia relativa y que quedó demostrada, o alguna análoga, se le aplicarán medidas disciplinarias más severas. QUINTO. Se destituye al licenciado ... en el cargo de Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, de conformidad a lo establecido en los considerandos octavo y noveno de este fallo.’. El licenciado ... interpuso recurso de revisión administrativa ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual se admitió el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Ahora bien, el recurso de revisión administrativa respecto del cual se rinde el presente informe es infundado. En relación con las violaciones formales que se alegan, las mismas son inexistentes, pues la denuncia tramitada por el Consejo de la Judicatura Federal que concluyó con la resolución de destitución en el cargo de Magistrado de Circuito del licenciado ... por sus actuaciones como Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, es un expediente diverso al que se formó con base en la denuncia anónima que fue presentada; por lo mismo, no es exacto que se hubiere formado contraviniendo las reglas que rigen el procedimiento administrativo de que se trata. Por otra parte, no es verdad que el visitador judicial se encontrara constreñido a analizar sólo determinados expedientes, pues la visita extraordinaria fue ordenada por el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 81, fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y precisamente con motivo de las probables irregularidades detectadas en la visita extraordinaria practicada en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, se integró el expediente de denuncia 25/97. A mayor abundamiento, el Consejo de la Judicatura Federal, con base en esta facultad señalada y conforme al artículo 102 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ordenó al titular de la Visitaduría Judicial la práctica de la visita extraordinaria de inspección, en tanto a su juicio existían, como quedaría después demostrado, elementos que hacían presumir irregularidades cometidas por el licenciado ... en su actuación como Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo. Si bien existió una denuncia anónima en contra de varias personas, incluido el ahora recurrente, la misma motivó que este Consejo de la Judicatura Federal ordenara la práctica de visitas extraordinarias con la finalidad de corroborar los hechos denunciados. Por ello el expediente de denuncia en que se dictó la resolución recurrida se formó con motivo del resultado de las mencionadas visitas extraordinarias. Carece de relevancia jurídica que a la supracitada denuncia no se acompañaran documentales fehacientes que acreditaran los hechos en ellas expuestos, toda vez que la instauración del procedimiento administrativo no derivó directamente de aquella denuncia sino del resultado de las visitas extraordinarias. El recurrente afirma que la inspección extraordinaria debería constreñirse al examen minucioso y exclusivo de los expedientes 92/95 y 114/96 y así estar en condiciones de investigar y determinar la responsabilidad con motivo de los hechos concretos denunciados referidos a tales expedientes, lo cual carece de sustento lógico y jurídico. Las visitas extraordinarias tienen un carácter especial y no existe disposición alguna que las limite en cuanto a su extensión, grado de acuciosidad y alcances, pues esa misma característica extraordinaria que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene como propósito descubrir aquellos elementos de conductas irregulares. El Consejo de la Judicatura Federal, estimó procedente citar a una audiencia al licenciado ... y cumplir puntualmente con lo establecido por el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La audiencia se verificó en su oportunidad, dándole a conocer que las conductas que se le imputaban podían constituir la causa de responsabilidad prevista en la fracción III del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, motivo por el cual fue finalmente destituido, de manera que el Consejo de la Judicatura actuó dentro de los márgenes de respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, otorgando al entonces Magistrado la posibilidad de alegar y probar lo que a su derecho conviniese, por sí o por medio de un defensor, con relación a las causas de responsabilidad que se le atribuyeron y que se le imputaron. En acuerdo plenario del 15 de enero de 1997, se ordenó la práctica de visitas extraordinarias a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Sonora. Dicho acuerdo textualmente señala, después de transcribir el escrito de denuncia anónima, que ‘... se establecen posibles irregularidades en la tramitación de las causas penales señaladas, que podrían configurar causa de responsabilidad grave de los titulares de los órganos jurisdiccionales precisados en la época de los hechos y ello podría llevar a estimar que existen elementos para presumir la comisión de otras irregularidades ...’. Además se dio la instrucción al visitador general de que se revisaran ‘minuciosamente los expedientes que se citan así como los que se consideren en razón de su vinculación en los casos que nos ocupan’. Lo anterior pone de relieve que la visita extraordinaria se ordenó no sólo para la revisión de los expedientes descritos en la denuncia anónima, pues de haber sido éste el criterio del consejo, hubiera bastado con pedir las copias certificadas de dichos asuntos para ser analizadas directamente y no ordenar una visita extraordinaria que tiene un carácter excepcional. El objeto de la visita extraordinaria de inspección ordenada fue precisamente establecer elementos de prueba que permitieran presumir la comisión no sólo de las irregularidades denunciadas anónimamente, sino también de otras irregularidades, por lo que se precisó que se debían revisar minuciosamente los expedientes citados en la multicitada denuncia anónima, así como los que se consideraran indispensables en razón a su vinculación con los hechos denunciados, es decir, aquellos que permitieran conocer si el servidor había incurrido en faltas como las que le atribuían en el desempeño de su encargo, concretamente si había dictado resoluciones contrarias a los principios que regían su función. Contrariamente a lo que sostiene el inconforme, el visitador judicial que practicó la visita extraordinaria correspondiente sí estaba facultado para revisar todos aquellos expedientes que se vincularan con los hechos materia de la denuncia, y no sólo los que a manera ejemplificativa se citaron en el acuerdo plenario de fecha 15 de enero de 1997, toda vez que en el punto único de dicho acuerdo se estableció lo siguiente: ‘... a efecto de que sean revisados minuciosamente los expedientes que se precisan así como los que se consideren necesarios en razón de su vinculación con el caso que nos ocupa, recabando copia certificada de dichos expedientes, para así estar en condiciones este Consejo de la Judicatura Federal de determinar si efectivamente hubo irregularidad en los mismos ...’, lo anterior demuestra que existía la posibilidad de supervisar expedientes diferentes a los mencionados. En cuanto a lo afirmado por el recurrente en el sentido de que el Consejo de la Judicatura Federal se apartó de las imputaciones concretas contenidas en el dictamen que previamente había aprobado y sobre el cual debía versar el informe que se le requirió, no le asiste la razón porque del dictamen que recayó a la visita extraordinaria registrada con el número 21/97 se advierte que se precisaron como irregularidades en que incurrió el ahora promovente las siguientes: haber actuado probablemente en forma descuidada y abstenerse de cumplir en el desempeño de su cargo con la máxima diligencia en el servicio y además tener notorio descuido en el desempeño de las funciones encomendadas, en la medida de que en la causa penal 92/95, la prueba pericial se desahogó en contravención a lo dispuesto por los artículos 223, 224 y 227 del Código Federal de Procedimientos Penales; asimismo se consideró que la causa excluyente del delito pretendió justificarla con las pruebas que consideró de descargo, consistentes en los testimonios de Carlos M. de León y Luzmila Chica Zapata, quienes únicamente refirieron hechos anteriores al evento delictivo imputado; y finalmente, que tomó en cuenta cartas de buena conducta expedidas a favor del acusado que el tribunal de apelación había considerado insuficientes para tener por actualizada la mencionada excluyente. En este sentido, si como el propio recurrente lo reconoce, rindió su informe de acuerdo con el dictamen que para tal efecto se emitió y en el propio documento se aludió a algunas de las constancias de la causa penal que tomó en cuenta el tribunal de alzada para resolver, resulta obvio que sí tuvo oportunidad de pronunciarse sobre todos los elementos de juicio que obraban en el expediente relativo a la supracitada causa penal y en esa medida no es dable que afirme que se le dejó en estado de indefensión. Incluso, a lo anterior debe agregarse que si bien en el dictamen referido no se abordó la cuestión relativa a que se pagaría al acusado una elevada cantidad de dinero por la transportación de la refacción, no lo es menos de que dicho aspecto sí fue tratado por el tribunal de alzada en la resolución de segunda instancia que recayó en la causa penal supracitada y de la que el hoy inconforme tuvo conocimiento, por lo que ahora no puede aducir que no pudo defenderse en ese aspecto, pues tenía conocimiento de todo el material probatorio existente y, con base en él, estaba en condiciones de preparar su defensa. El recurrente analiza en el recurso de revisión administrativa los expedientes en los que el Consejo de la Judicatura Federal encontró las causas graves de responsabilidad que le condujeron a sancionar en la forma en que lo hizo, alegando, de manera constante, que este órgano de disciplina se erigió en tribunal de legalidad al emitir juicios de valor que atañen a cuestiones propias del fondo de las causas estudiadas. Sobre ese particular es importante llamar la atención de que en la propia determinación que hoy se recurre, a fojas 163, se precisó que para poner en evidencia la existencia de un error inexcusable, dadas las características de los asuntos que se sometieron a la jurisdicción del entonces Juez de Distrito, y las particulares del licenciado ... que ahí se citan, fue necesario conocer notas esenciales de cada asunto, no con un ánimo o propósito jurisdiccional, pues este Consejo de la Judicatura Federal no es un órgano jurisdiccional sino de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal no analizó si la decisión del Juez fue correcta o no, desde el punto de vista de sus atribuciones jurisdiccionales, en tanto no se afectaría la esfera legal de los sujetos a la misma, de tal suerte que no puede concluirse con rigor jurídico, que el Consejo de la Judicatura Federal se hubiere erigido en tribunal de legalidad, pues eso no es posible desde el punto de vista jurídico. El consejo analizó conductas sin apartarse del principio de que las determinaciones del Juez no pueden ser modificadas sino en los términos que lo establecen las leyes. Debe expresarse que en la labor disciplinaria se deben conocer aspectos sustanciales de la resolución, pues de otra manera, no se estaría en la posibilidad de establecer si incurrió en notorio descuido. No es exacto que el Consejo de la Judicatura Federal al analizar las conductas irregulares atribuidas al servidor judicial, haya actuado como un tribunal de instancia. Es principio fundamental del Estado de derecho, consagrado en términos del título cuarto de la Constitución Federal, que todo servidor público es responsable por los actos u omisiones en que incurre en sus funciones, principio a cuya eficacia quedan sometidos, desde luego y de manera destacada, los servidores del Poder Judicial de la Federación, específicamente, los Jueces de Distrito y los Magistrados de Circuito, a quienes se ha confiado la función pública de administrar justicia. Mientras que para los demás servidores del Estado, entendiendo por tales a todas aquellas personas que desempeñan un cargo, empleo o comisión públicos de cualquier naturaleza, la responsabilidad constituye un régimen que persigue garantizar el cumplimiento regular y puntual de sus deberes encomendados, para los servidores del Poder Judicial de la Federación en quienes se deposita el ejercicio de la función jurisdiccional, la responsabilidad además del propósito antes enunciado constituye, junto con la independencia, las garantías esenciales de su función. Así como el principio de independencia, en su doble vertiente objetiva-funcional preserva al juzgador de influencias perniciosas y permite el ejercicio pleno de la jurisdicción, la responsabilidad judicial se instituye como un principio necesario en cuanto preserva al sistema de los excesos en que podría incurrir ese órgano. El sistema de responsabilidad judicial implica, pues, un conjunto de mecanismos que determinan los órganos y los procedimientos a través de los cuales los Jueces y Magistrados deben asumir las consecuencias de sus actos u omisiones irregulares, entre los cuales se halla, en el caso de la responsabilidad administrativa o disciplinaria, el Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 100 de la Constitución Federal y sus correlativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los preceptos aplicables a la materia determinan que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal deberá conocer de las faltas graves en que incurran los Jueces de Distrito y los Magistrados de Circuito, cuando se estime procedente la imposición de las sanciones de destitución e inhabilitación, a la vez que establece un catálogo de las faltas que se estiman graves, entre las cuales se halla comprendida la prevista en el artículo 131, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, relativa a que el servidor tenga una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deba realizar. Esta disposición legal, que encuentra su antecedente inmediato en el artículo 99 de la correspondiente ley orgánica en vigor a partir del 5 de enero de 1988, que establecía: ‘No podrán ser separados de sus respectivos cargos los demás servidores del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los mencionados en el último párrafo del artículo 6o. de esta ley, sino en los casos de faltas graves en el desempeño de dichos cargos; en los de reincidencia por falta de menor entidad, sin atender las observaciones o amonestaciones que se les hagan por faltas a la moral o a la disciplina que deben guardar conforme a la ley y a los reglamentos respectivos; por notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que tengan a su cargo, o en el caso en que deben ser consignados al Ministerio Público por delitos.’, establecía entonces que la notoria ineptitud o descuido de los Jueces y Magistrados daba lugar a su responsabilidad administrativa. Principio que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente recoge, como se ha señalado. El descuido en el desempeño de la función como causa de responsabilidad judicial, ha sido un supuesto presente desde los tiempos iniciales de la formación del derecho mexicano receptor de la tradición española, como lo expresan las normas que se refieren a esta figura desde el siglo pasado (artículo 66 de la Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y siete y artículo 152 de la Ley de Amparo vigente a partir del ocho de agosto de mil novecientos diecisiete), lo cual confirma que ha sido atribución reconocida de los órganos disciplinarios conocer la responsabilidad de los servidores derivada de esta falta. En este sentido, si la notoria ineptitud o notorio descuido son causas de responsabilidad administrativa y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituyó al Consejo de la Judicatura Federal como el órgano constitucional administrativo competente para determinar la responsabilidad de esa naturaleza, es fuerza concluir que le corresponde, precisamente a través de los cauces y formalidades dispuestos al efecto por los ordenamientos aplicables, examinar si en los casos que se sometan a su análisis, el juzgador ha incurrido en las deficiencias apuntadas, sin que tal pronunciamiento implique, de manera alguna, una intromisión en el ejercicio de la función jurisdiccional. Cuando el órgano disciplinario conoce de un asunto en donde se examina la posible responsabilidad de un servidor por notorio descuido o notoria ineptitud, no excusable, no se erige como un órgano revisor de la legalidad de un fallo, ni menos aún como un tribunal de alzada, pues su objeto preciso no es determinar si el juzgador ha incurrido en violaciones a la ley, en error de hecho o de derecho, o en inexactas interpretaciones jurídicas -tareas para las que están dispuestos los tribunales de segundo grado y, en su caso, de control constitucional- ni menos aún se tiene el propósito de reparar los agravios causados a las partes con motivo de aquella actuación; su labor es determinar si la conducta significa, desde el punto de vista de la función pública, un abandono ostensible de sus deberes, un error inexcusable, una falta que sería manifiesta para cualquier juzgador que revele, no un error judicial común para los cuales están previstos los medios de impugnación, sino una falta que excede los límites dentro de los cuales se desarrolla la función jurisdiccional y revele que el juzgador está atentando contra los deberes esenciales propios de su actuación. De lo anterior se sigue que la revisión de expedientes como los analizados en el presente caso, se realiza por este consejo de manera distinta a como lo haría un tribunal de legalidad, porque su objetivo es determinar si las conductas del servidor son de tal entidad, de tal magnitud, que no demuestran solamente un ejercicio indebido de la jurisdicción, sino la ineptitud, el notorio descuido del servidor público que amerita, en la medida en que no encuentra excusa, la declaración de su responsabilidad administrativa y la imposición correspondiente de una sanción. Interpretar de otra manera la labor de este consejo, para estimar que en ningún caso puede revisar las actuaciones y pronunciamientos de los juzgadores, so pretexto de salvaguardar los principios de independencia y autonomía, significaría convertir en letra muerta la disposición legal en examen e impedir que se desarrolle la función disciplinaria precisamente en aquellos casos en que su ejercicio se hace más apremiante para evitar que los servidores que no ajusten su actuación a los principios mínimos de regularidad atenten contra la administración de justicia. El criterio que guió la forma de abordar el estudio de las causas en las cuales podía existir la responsabilidad que finalmente se estimó acreditada, se encuentra igualmente transcrito en la resolución recurrida a fojas 164 y 165 y descansa en las tesis CXLV y CXLVII, consultables que dicen: ‘NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO COMO CAUSA DE RESPONSABILIDAD PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El referido precepto, en la fracción aludida, dispone que será causa de responsabilidad para los servidores públicos de dicho poder, actuar con notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. El sustento de la notoria ineptitud es el error inexcusable, el que deberá valorarse tomando en cuenta los antecedentes personales, profesionales y laborales del agente, tales como su preparación, honorabilidad, experiencia y antigüedad tanto en el ejercicio profesional en el Poder Judicial de la Federación y, específicamente, en el órgano jurisdiccional en que labore; asimismo, resulta relevante para llegar a la calificación del error inexcusable, apreciar otros factores, como lo son, la carga de trabajo con que cuente el juzgado o tribunal; la premura con que deban resolverse los asuntos, dados los términos que para ese fin marca la ley; la complejidad de los mismos, sea por el volumen, por la dificultad del problema jurídico a resolver o por ambas cosas; y en general, todas aquellas circunstancias que tengan relación con los elementos materiales y humanos con que cuente el juzgador para apoyarse en su actividad como tal; pues sólo así se podrá llegar a una conclusión que revele precisamente la ineptitud o descuido del funcionario en virtud de la comisión de errores inexcusables. Es preciso señalar que la notoria ineptitud o descuido inexcusable puede manifestarse en cualquier etapa o faceta de la actividad judicial, bien sea en la meramente administrativa o de organización del órgano jurisdiccional, al sustanciar los procedimientos a su cargo, o al dictar las resoluciones con que culminan dichos procedimientos.’. ‘CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL ANALIZAR LA CAUSA DE RESPONSABILIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 131, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ERIGE EN UN TRIBUNAL DE LEGALIDAD. El Consejo de la Judicatura Federal, para poder fincar la causa de responsabilidad prevista en la fracción III del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativa a la notoria ineptitud o descuido de un servidor en el desempeño de sus funciones o labores que deba realizar, requiere adoptar una actitud que, sin llegar a convertirse en órgano revisor de la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, sí pueda apreciar de manera directa los fundamentos y motivos expuestos, ya en una determinación procesal o en un fallo y que, sin entrar al fondo del negocio ni afectar las situaciones jurídicas derivadas de lo resuelto, simplemente vigile que la actitud del juzgador, materializada en su resolución, sea congruente con la naturaleza de la actividad jurisdiccional que le es propia de acuerdo a la ley.’. De la lectura de las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcritas se advierte que para poder fincar la causa de responsabilidad prevista en la fracción III del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal requiere adoptar una actitud que, sin llegar a convertirse en órgano revisor de la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces y Magistrados, sí pueda apreciar de manera directa los fundamentos y motivos expuestos sin entrar al fondo del asunto y sin afectar las situaciones jurídicas derivadas de lo resuelto. De otra manera, este Consejo de la Judicatura Federal no podría ejercer las facultades disciplinarias que la Constitución y las leyes le confieren. Del análisis de la resolución sujeta a revisión, se confirma, como se ha precisado en este informe, que el Consejo de la Judicatura no entró al fondo del asunto con un

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6467-ed456e00/visita-extraordinaria-de-inspeccion-ordenada-por-el-consejo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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