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Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 3/97. · Registro digital (IUS): 5774
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, , Pág. 325.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA 3/97.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: MARIO FLORES GARCÍA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos de julio de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete, en la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura Federal, recibido en la Secretaría Ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del propio Consejo el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, ... interpuso recurso de revisión contra el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión de dieciséis de abril de mil novecientos noventa y siete, en que se determinó no ratificarla en el cargo de Magistrada de Circuito.

SEGUNDO.-Mediante oficio 2491 de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, ingresado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, el secretario ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, remitió el referido recurso de revisión para su sustanciación.

TERCERO.-Por auto de ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió el recurso de revisión administrativa interpuesto; con copia del mismo, ordenó girar oficio al Consejo de la Judicatura Federal a fin de que, dentro del término de cinco días, uno de los consejeros que lo integran rinda el informe a que se refiere la parte final del artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, en el mismo proveído, ordenó que, una vez recibido el informe de referencia, se remitiese el expediente debidamente integrado al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a fin de formular el proyecto respectivo.

CUARTO.-Por oficio ingresado el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero doctor Ricardo Méndez Silva, designado por el Consejo de la Judicatura Federal para dar cumplimiento al supracitado acuerdo de presidencia, rindió el informe solicitado; una vez recibido dicho informe, se turnaron los autos a la ponencia del señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a efecto de que se formulara el proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, párrafo primero, 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, fracción VIII, 122 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer del recurso de revisión administrativa que se hace valer, pues se interpone contra la decisión del Consejo de la Judicatura Federal, que determinó la no ratificación en su cargo a una Magistrada de Circuito.

Cabe citar, desde luego, la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. CX/96, publicada en la página 17, Tomo IV, septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA CONTRA ACUERDOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE ESE RECURSO DEBE REALIZARLO EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-El alcance de las facultades del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al trámite de los asuntos de la competencia del Pleno, queda determinado por la naturaleza del asunto de que se trate, por lo que si el trámite a realizar se refiere a un recurso interpuesto en contra de una actuación del Consejo de la Judicatura, en la que tuvo intervención el presidente de la Suprema Corte, quien tiene también el carácter de presidente del citado Consejo, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 constitucional y 71 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la correcta interpretación de las facultades de trámite con las que cuenta el presidente de este Alto Tribunal, debe quedar limitada a los actos necesarios para poner el asunto en estado de resolución por el Tribunal Pleno excluyendo, desde luego, la calificación de la procedencia del mismo, pues ello llevaría al extremo de impedir que el órgano colegiado decidiera respecto de una cuestión de relevancia como lo es la procedibilidad de los recursos que se interpongan en contra de nombramientos de los titulares de los juzgados y tribunales encargados de la administración de justicia, cuestión que, de suyo, reviste una importancia trascendental para la función jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. En efecto, la calificación de la procedencia del recurso de revisión administrativa, debe quedar a cargo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tratarse de asuntos que por su naturaleza le corresponde en exclusiva decidir, ya que dicha calificación implica la interpretación de los alcances de la posibilidad de impugnación de las decisiones tomadas, al respecto, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los casos a que se refiere el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Las consideraciones hasta aquí expuestas, llevan a concluir que el trámite del recurso de revisión administrativa que establece el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe limitarse a las cuestiones meramente procesales, que no impliquen la calificación de la procedencia del mismo ni de la actualización de los requisitos formales o esenciales que se establecen en la ley, por ser cuestiones que deben reservarse a la determinación de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

Por tanto, a fin de corroborar la procedencia del recurso intentado y la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, conviene transcribir los artículos 97 y 100 de la referida Carta Magna.

El contenido de tales preceptos, en lo que resulta aplicable, es el siguiente:

"Art. 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley."

"Art. 100. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

"El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; un Magistrado de los Tribunales Colegiados de Circuito, un Magistrado de los Tribunales Unitarios de Circuito y un Juez de Distrito, quienes serán electos mediante insaculación; dos consejeros designados por el Senado y uno por el presidente de la República. Los tres últimos, deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución.

"El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.

"Salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

"Los consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de esta Constitución.

"La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

"El Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.

"Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

"La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación. Con ambos se integrará el presupuesto del Poder Judicial de la Federación que será remitido por el presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su presidente."

El estudio oficioso de la competencia deriva de lo dispuesto en el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al haber reconocido el legislador federal secundario que la Suprema Corte de Justicia tiene facultad para aplicar e interpretar los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Federal, que son los que establecen los organismos y la integración del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, como en dichas normas fundamentales se prevé la ratificación de Magistrados de Circuito, el recurso de revisión y los casos en los que debe hacerse valer, es facultad oficiosa de este Alto Tribunal determinar, en única y suprema instancia, la correspondiente aplicación o interpretación de las susodichas normas fundamentales.

El punto de vista anterior tiene su apoyo en la tesis jurisprudencial XXI/96, publicada en la página 468, Tomo II, mayo de 1966, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVERLO.-El examen armónico de los artículos 100 constitucional, y 11, fracciones VIII y IX, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite considerar que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar, entre otros preceptos, el citado en primer término, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Para ejercer esa facultad interpretativa, el Tribunal Pleno parte de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan; y, 2) La seguridad al Juez o Magistrado recurrentes de que la decisión correspondiente será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. Las bases rectoras anteriores dan pauta para considerar que, al decidir el recurso de revisión administrativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma."

Así, se tiene que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de referencia, en lo que resulta aplicable, es del tenor literal siguiente:

"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:

"...

"VIII. Resolver, en los términos que disponga esta ley, de las revisiones administrativas a que se refiere el párrafo octavo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"IX. Conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de las disposiciones de lo dispuesto (sic) en los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los preceptos relativos de esta ley orgánica."

Es cierto que los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no prevén de manera literal el recurso de revisión contra las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que acuerdan no ratificar a los Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito, pues su artículo 122, en congruencia con lo dispuesto en el numeral 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal, lo prevé, de modo expreso, para los casos de "designación", "adscripción" y "remoción" de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.

Empero, el que en la especie, la decisión impugnada se trate de un dictamen que decidió la "no ratificación" de la promovente en el cargo de Magistrada de Circuito implica que se trata de un caso específico que encuadra la hipótesis de "remoción" que refieren los precitados artículos 100 de la Carta Magna y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En tal virtud, es necesario examinar si contra la "no ratificación", procede o no el recurso de revisión que la reforma constitucional estableció en el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución General de la República, para los casos "que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces."

Para ese efecto, es preciso interpretar el mencionado artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal, que la contiene y con ello fijar el alcance de ese medio de impugnación.

Desde el aspecto puramente gramatical basta con destacar el sentido de lo que -a través del lenguaje- quiso expresar el legislador.

Es decir, si utilizó en específico los términos "designación, adscripción y remoción", debe atenderse sólo al significado de esos enunciados o expresiones, en tanto que no limitó la procedencia del recurso a los casos en que expresamente se utilizaran esas palabras.

Por ende, si por el primer término se entiende el señalamiento o destino que se da a una persona o cosa para determinado fin; por el segundo, el agregar a una persona al servicio de un cuerpo o destino; y, por el tercero, la privación de un cargo u oficio, cualquier acto o acción que actualice o tienda a ese fin debe considerarse como las hipótesis de excepción contra las que sí procede el recurso de revisión administrativa. Incluso, sin considerar la existencia de términos o expresiones, ya que éstos, en un caso de arbitrariedad extrema, ni siquiera podrían existir.

Así, por "designación" debe entenderse cualquier acción que tienda a elegir, escoger, señalar, llamar, requerir, solicitar, investir, ascender, denominar, indicar, etc., a cualquier persona que sea considerada para ocupar el cargo de Juez o Magistrado Federal.

Por "adscribir", debe entenderse cualquier acción que tienda a asegurar, atribuir, inscribir, agregar, destinar, etc., a dichos funcionarios en un lugar o destino específico.

Finalmente, por "remoción" debe entenderse cualquier acción que tienda a cesar, despedir, relevar, remover, expulsar, eliminar, suspender, licenciar, apartar, excluir, separar, etc., a los referidos funcionarios en el ejercicio de su encargo.

Si bien es cierto que una decisión de esa naturaleza queda inmersa en la facultad administrativa, la singularidad que se reconoce para esos casos, es fácil advertirla de la letra de la ley, pues de ésta se deduce con exactitud que la voluntad del legislador fue la de instaurar la revisión contra cualquier determinación que tenga como consecuencia remover de sus cargos a Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, ya que por tratarse de los juzgadores y, por consiguiente, de los guardianes del sistema jurídico del mayor nivel, con mayor razón se debe evitar cualquier acción arbitraria que atente contra su persona y velar, además, por la aplicación adecuada del derecho que respecto de ellos se haga, pues redunda en beneficio de su independencia e imparcialidad.

Por esa razón, se llega al conocimiento que el alcance de la norma constitucional es en el sentido de que se permita enterar a los precitados funcionarios judiciales del juicio que sobre ellos se emite para determinar si son o no merecedores de continuar en el ejercicio de sus cargos y, a la vez, escucharles en la defensa del desempeño que como Jueces o Magistrados hubieran tenido.

La anterior conclusión es congruente con las garantías de audiencia, de fundamentación y de motivación, que, como principios jurídicos básicos, establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, los que, en el caso del medio de impugnación de que se trata, sólo se cumple, como lo precisó este propio Tribunal Pleno al resolver el recurso de revisión administrativa 2/95:

"... cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan."

Además, según también lo concretó este Alto Tribunal, la finalidad fundamental del recurso:

"... es otorgar la seguridad al Juez o Magistrado recurrentes, que la decisión que lo afecta será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal."

Dicha interpretación se funda, además, en el criterio expresado en la tesis publicada en la página 419, Tomo III, Segunda Parte-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dice:

"INTERPRETACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE NORMAS LEGALES. SUS DIFERENCIAS.-El exacto cumplimiento de la Constitución sólo puede lograrse si su intérprete, liberándose de las ataduras de quienes se encargan simplemente de aplicar los textos legales (expresión positivizada del derecho), entiende que su función no se agota en la mera subsunción automática del supuesto de hecho al texto normativo, ni tampoco queda encerrada en un positivismo formalizado superado muchas décadas atrás, sino que comprende básicamente una labor de creación del derecho en la búsqueda de la efectiva realización de los valores supremos de justicia. Es precisamente en el campo de las normas constitucionales, las que difieren esencialmente de las restantes que conforman un sistema jurídico determinado, en razón no únicamente de su jerarquía suprema, sino de sus contenidos, los que se inspiran rigurosamente en fenómenos sociales y políticos preexistentes de gran entidad para la conformación de la realidad jurídica en que se halla un pueblo determinado, que la jurisprudencia -pasada la época del legalismo-, se ha convertido en una fuente del derecho que, aunque subordinada a la ley que le otorga eficacia normativa, se remonta más allá de ella cuando el lenguaje utilizado por el Constituyente (al fin y al cabo una obra inacabada por naturaleza) exige una recreación por la vía de la interpretación, para el efecto de ajustarla a las exigencias impuestas por su conveniente aplicación. Así, el intérprete de la Constitución en el trance de aplicarla tiene por misión esencial magnificar los valores y principios inmanentes en la naturaleza de las instituciones, convirtiendo a la norma escrita en una expresión del derecho vivo, el derecho eficaz que resulta no sólo de la reconstrucción del pensamiento y voluntad que yace en el fondo de la ley escrita (a través de los métodos clásicos de orden gramatical, lógico, histórico o sistemático), sino también de la búsqueda del fin que debe perseguir la norma para la consecución de los postulados fundamentales del derecho."

Igualmente sirve de fundamento el criterio publicado en la página 420, Tomo III, Segunda Parte-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DE LAS LEYES. DEBE REALIZARSE EN RELACIÓN CON EL MÉTODO SISTEMÁTICO.-La interpretación gramatical o letrista de las leyes es un método que si bien no debe proscribirse por el intérprete, sólo ha de aplicarse en relación con el método sistemático, según el cual el entendimiento y sentido de las normas debe determinarse en concordancia con el contexto al cual pertenecen, pues fraccionar el contexto (capítulo, título, libro), de un ordenamiento jurídico para interpretar los artículos que lo configuran en forma aislada y literal, sólo trae como resultado, en muchos casos, la inaplicabilidad de unos en relación con otros, porque el legislador al elaborar las leyes puede emplear la técnica de la llamada regla general y de los casos especiales y en estas condiciones al interpretar un artículo que contenga un caso especial en relación con la regla general, podría traer como consecuencia la inoperancia de la misma o viceversa."

Del mismo modo, se toma en cuenta el criterio jurisprudencial de este Tribunal Pleno, publicado en la página 22, Tomo II, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"INTERPRETACIÓN DE LA LEY.-Los preceptos de un ordenamiento legal deben interpretarse principalmente en el sentido de que no se contradigan; y para lograrlo, a fin de establecer su verdadero sentido y alcance, deben ser interpretados en relación con los demás de la misma ley, armónicamente."

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la revisión administrativa (Consejo) 7/96, sustentó la tesis P. XLVII/97, publicada en la página 259 del Tomo V-Marzo de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTAD EXCLUSIVA PARA DETERMINAR, DE OFICIO, SI ES O NO COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 100, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-El estudio oficioso por parte de la Suprema Corte de Justicia para determinar si es o no competente para conocer del recurso de revisión que establece el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una facultad exclusiva que el legislador federal secundario reconoció en el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que deriva de lo dispuesto en los numerales 94, 97, 100 y 101 de la aludida Constitución Federal, en relación con los distintos pronunciamientos que el propio Tribunal Pleno, en uso de sus atribuciones constitucionales, ha emitido con el fin de interpretar el sentido y alcance de distintos preceptos fundamentales a efecto de mantener la integridad de la Constitución."

Por lo anterior, se reitera, que el recurso de revisión administrativa propuesto, resulta procedente pues aun cuando se interpone contra una decisión del Consejo de la Judicatura Federal que determinó la no ratificación de la recurrente, en su cargo de Magistrada de Circuito, se está propiamente ante una remoción a que se refiere el artículo 100 constitucional.

Así lo consideró también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por unanimidad de diez votos, el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, las revisiones administrativas 7/96 y 8/96, interpuestas por ... y ... respectivamente, contra el Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal por el que se les removió por no ratificación en su cargo.

Tales resoluciones dieron origen a la tesis P. XLVIII/97, publicada en la página 258 del Tomo V-Marzo de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 100, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PROCEDE CONTRA LA REMOCIÓN DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO, POR CUALQUIER CAUSA.-El decreto del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que reformó entre otros, el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, excepto las que se refieran a designación, adscripción y remoción de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito. Por tanto, como el legislador no limitó la procedencia del recurso a los casos en que expresa y literalmente se utilizaran esas palabras, debe atenderse sólo al significado de esos enunciados o expresiones, pues el señalamiento de ciertos términos no implica exclusión de otros que refieren un hecho idéntico. En consecuencia, si existe una resolución de remoción por no haberse ratificado a un Magistrado de Circuito, debe entenderse que sí procede el recurso de revisión administrativa establecido en el mencionado precepto constitucional."

SEGUNDO.-La resolución recurrida se sustenta en las siguientes consideraciones:

"VISTOS; para dictar resolución de ratificación de la Magistrada ... y,

"RESULTANDO:

"PRIMERO.-Mediante oficio número 0077, de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y siete, el secretario ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal comunicó al consejero ponente lo siguiente:

"‘En atención al sistema de turno acordado por el Consejo de la Judicatura Federal, me permito comunicarle que le corresponde a usted elaborar el proyecto de resolución, respecto a la ratificación en su cargo de la licenciada ... Magistrada del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, cuyo nombramiento vencerá el día dieciséis de abril de mil novecientos noventa y siete.’

"SEGUNDO.-Por diverso oficio de fecha siete de enero del año que transcurre, el citado secretario remitió el expediente personal número 16784 de la Dirección General de Recursos Humanos, que corresponde a la señora Magistrada ... constante de un tomo.

"TERCERO.-Mediante oficios números 104 y 105, fechados el siete de enero de mil novecientos noventa y siete, el secretario ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, remitió al consejero ponente constancias por las que el subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el secretario ejecutivo de Disciplina del propio Consejo, respectivamente, informan acerca de las quejas administrativas promovidas en contra de la Magistrada ... .

"CUARTO.-Por escrito de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, la Magistrada ... remitió al consejero ponente diversas documentales relacionadas con el despido del señor Jorge Luis Aquino García, documento en el cual también realiza diversas manifestaciones respecto a impresiones de asuntos que se obtuvieron en la computadora que se encuentra en su privado.

"CONSIDERANDO:

"SEGUNDO.-Del expediente personal 16784, del índice de la Dirección General de Recursos Humanos, correspondiente a la licenciada ... que se tiene a la vista, aparece lo siguiente:

"‘I. Ingresó al Poder Judicial de la Federación el primero de octubre de mil novecientos noventa, con el cargo de coordinadora de asesores de SPS-37, puesto de confianza, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la presidencia, cargo que ocupó hasta el treinta y uno de diciembre del año referido (fojas 5 y 10).

"‘II. El diez de enero de mil novecientos noventa y uno, de la Comisión de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo a bien aceptar la propuesta a favor de la licenciada ... para que fuera nombrada secretaria de estudio y cuenta, adscrita a la presidencia del Máximo Tribunal de la Nación, con efectos el nombramiento a partir del primero de enero del año mencionado.

"‘III. En sesión celebrada el siete de agosto de mil novecientos noventa, (sic) a propuesta de la Ministra Victoria Adato Green de Ibarra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó designar a la profesionista aludida Magistrada de Circuito. Por diverso acuerdo del propio Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de fecha nueve de abril de mil novecientos noventa uno, se resolvió que el nombramiento y adscripción de la licenciada ... fuera al Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Puebla, Puebla, con efectos a partir del dieciséis de abril del año citado en último término (fojas 19 y 20).’

"TERCERO.-También del expediente 16784, se advierte que en el tiempo en que la Magistrada ha integrado los tribunales a los que ha estado adscrita, se practicaron seis visitas reglamentarias.

"A) La primera se efectuó el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, por el Ministro Luis Gutiérrez Vidal, en el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

"En el acta respectiva no se hizo notar irregularidad alguna; sin embargo, del mencionado documento se advierte que tiene relevancia lo siguiente:

"‘Ponencia de la Magistrada ... . También del día primero de diciembre de mil novecientos noventa al veinticinco de noviembre del año en curso, le han sido turnados 386 asuntos, de los cuales ha resuelto 418, quedando a su cargo 81 asuntos pendien

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5774-10543137/servidores-publicos-del-poder-judicial-de-la-federacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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