I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO EN CONTRA DE SU EXCLUSIÓN EN LA FORMULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO REGIONAL Y CONTRA EL DESTINO DE UN PORCENTAJE DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA PARA EL PAGO DE PASIVOS REVELAN UNA AFECTACIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA LA MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA DE AQUÉLLA (ACUERDO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, POR EL CUAL SE ADMITIÓ LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2016). II. RECURSO DE RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS RELATIVOS A LAS CONSECUENCIAS DE UNA POSIBLE SENTENCIA FAVORABLE AL MUNICIPIO ACTOR Y QUE NO ESTÉN DIRIGIDOS A CONTROVERTIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. (ACUERDO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ADMITIÓ LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2016).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 71/2016-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2016. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 25 DE ENERO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO (PONENTE), ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y PRESIDENTA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. ESTUVO AUSENTE EL SEÑOR MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de enero de dos mil diecisiete.
VISTOS para resolver los autos del recurso de reclamación 71/2016-CA, interpuesto por la Presidenta del Congreso del Estado de Veracruz, en contra del auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Ministro Instructor en la controversia constitucional 92/2016,(1) el cual admitió a trámite la controversia constitucional intentada; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis,(2) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Alberto García Hernández, ostentándose con el carácter de Síndico del Ayuntamiento de Córdoba, Estado de Veracruz, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que se enumeran a continuación:
Autoridades demandadas:
• Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Secretario de Gobierno y Director de la Gaceta Oficial, todos del Estado de Veracruz.
Actos cuya invalidez se reclama:
"(...) Decreto número 899 por el cual se afecta el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal al pago del pasivo circulante proveniente de los adeudos que reconoce el Gobierno del Estado en favor de proveedores y contratistas y que sienta las bases para la creación de dos fideicomisos irrevocables para el cumplimiento de este objeto, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 290, el jueves 21 de julio de 2016, (...)"
SEGUNDO. Turno. Por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la controversia constitucional 92/2016, y que éste se turnara al Ministro Javier Laynez Potisek.(3)
TERCERO. Admisión de la controversia constitucional. Visto el escrito y los anexos de la demanda de controversia constitucional, mediante proveído de treinta de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro instructor la admitió a trámite;(4) así mismo tuvo como autoridades demandadas únicamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, toda vez que el Secretario General de Gobierno y el Director de la Gaceta Oficial de la entidad, son titulares de órganos subordinados al Poder Ejecutivo local; finalmente, dio vista a la Procuradora General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
CUARTO. Acuerdo recurrido. El auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, que textualmente establece:
"(...)
"Con el escrito y anexos de Luis Alberto García Hernández, quien se ostenta como Síndico del Municipio de Córdoba, Estado de Veracruz, se acuerda lo siguiente:---El accionante promueve controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, Secretario de Gobierno y Director de la Gaceta Oficial, todos del Estado de Veracruz, en la que impugnan:--- "(...) Decreto número 899 por el cual se afecta el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal al pago del pasivo circulante proveniente de los adeudos que reconoce el Gobierno del Estado en favor de proveedores y contratistas y que sienta las bases para la creación de dos fideicomisos irrevocables para el cumplimiento de este objeto, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 290, el jueves 21 de julio de 2016."---Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, se tiene por presentado al Síndico del Municipio de Córdoba, Veracruz, con la personalidad que ostenta.---Al no advertirse de la lectura integral de la demanda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se admite a trámite, sin perjuicio de los motivos que puedan advertirse en forma fehaciente al momento de dictar sentencia.---Con fundamento en los artículos 4, tercer párrafo, 11, párrafo segundo, 31 y 32, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, se tiene al Municipio actor designando delegados y autorizados, y ofreciendo como pruebas la presuncional, en su doble aspecto legal y humana, la instrumental de actuaciones, así como las documentales que acompaña, las cuales se relacionarán en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.---Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio el que indica en el Municipio de Córdoba, Estado de Veracruz, por virtud de que las partes en estos procedimientos constitucionales están obligadas a designar domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar en donde tiene su sede este Alto Tribunal; en consecuencia, se requiere al Síndico promovente para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale uno en esta ciudad, apercibido que si no cumple con lo anterior, las subsecuentes se le harán por lista, hasta en tanto atienda lo indicado.---Lo anterior, de conformidad con los artículos 297, fracción II, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 1 de la citada ley, así como en la tesis de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS PARTES ESTÁN OBLIGADAS A SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR EN QUE TIENE SU SEDE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA)".---Por otra parte, con fundamento en el artículo 10, fracción II, de la invocada ley reglamentaria, se reconoce el carácter de demandados en este procedimiento constitucional únicamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, no así al Secretario General de Gobierno y al Director de la Gaceta Oficial de la entidad, ya que se trata de órganos subordinados al Poder Ejecutivo local el cual debe comparecer a juicio por conducto de su representante legal y en su caso, será el obligado a dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de la resolución que se emita en este asunto. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia con rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS.".---En consecuencia, con apoyo en el artículo 26, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, emplácese a las autoridades demandadas con copia simple de la demanda, para que presenten su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído y, al hacerlo, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que, si no lo hacen, las subsecuentes se les harán por lista, hasta en tanto cumplan con lo indicado; en la inteligencia que los anexos presentados por el Municipio actor quedan a su disposición para consulta en la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.---En otro orden, con fundamento en los artículos 10, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, dese vista a la Procuradora General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifieste lo que a su representación corresponda.---Por otra parte, tomando en cuenta que al existir conexidad entre la presente controversia constitucional y la diversa 83/2016, en tanto que en ambas se solicita la invalidez del mismo Decreto, por economía procesal, se estima innecesario requerir en este asunto las documentales relacionadas con los antecedentes del Decreto legislativo impugnado, por virtud de que ya fueron solicitadas en el expediente señalado, las que se tendrán a la vista al momento de emitir la resolución que corresponda a este asunto.---Respecto de la solicitud formulada por el Municipio actor de que se requiera a la Legislatura local para que atienda la que le formuló mediante oficio de dieciocho de agosto del presente año, relacionada con la expedición de documentación derivada del proceso legislativo del Decreto impugnado; dígasele que deberá estarse a lo acordado en el párrafo precedente, sin perjuicio de que si el Ministro instructor lo estimare pertinente, solicite mayores elementos de prueba a la legislatura local.---En cuanto a la solicitud de suspensión, fórmese el cuaderno incidental respectivo con copia certificada del escrito de demanda y las constancias necesarias para ello.---Finalmente, con fundamento en el artículo 287 del referido Código Federal, hágase la certificación de los días en que transcurren los plazos otorgados a las autoridades mencionadas en este proveído.---Notifíquese.---Lo proveyó y firma el Ministro instructor Javier Laynez Potisek, quien actúa con Rubén Jesús Lara Patrón, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe."
QUINTO. Interposición y admisión del recurso de reclamación. Inconforme con ese acuerdo, mediante oficio PRES/1112/2016, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de septiembre de dos mil dieciséis,(5) Octavia Ortega Arteaga, ostentándose con el carácter de Presidenta del Congreso del Estado de Veracruz, interpuso el presente recurso de reclamación.
Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el presente medio de impugnación, otorgándole a las partes el plazo de cinco días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.(6)
SEXTO. Agravios. En su escrito de reclamación, el órgano legislativo actor expuso, en síntesis, los siguientes agravios:
1. Que el Ministro instructor es omiso en advertir que la controversia constitucional promovida por el Municipio actor, no se ajusta a las hipótesis de procedencia contenidas en la ley de la materia.
2. Que en caso de resultar fundada la controversia constitucional intentada, la hacienda pública del Estado de Veracruz sufriría un daño irreparable, ya que se restringiría la aplicación de una norma general, la cual tiene como finalidad destinar la recaudación de un impuesto para el pago de pasivos adquiridos por la administración pública estatal, derivados del gasto público.
3. Que el Municipio actor no acredita la afectación o invasión a su esfera de competencias, que derive del Decreto impugnado; máxime que no se vulnera dicho ámbito de aptitudes, pues conforme a las fracciones XXVII y XXVIII del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de los congresos locales fijar los gastos públicos y decretar las contribuciones con que deban ser cubiertos, además de aprobar el presupuesto de egresos.
4. Que es también prerrogativa del legislativo local, establecer las bases para reconocer y mandar pagar los adeudos contraídos por el ejecutivo local, así como señalar los fondos con que deberán pagarse.
Por lo tanto, es el Congreso del Estado de Veracruz el órgano que deberá establecer el monto de los impuestos y su finalidad, facultades que no le corresponden a los Municipios de la entidad.
5. Que la parte actora no manifiesta expresamente cómo es que la aplicación del Decreto controvertido se traduce en una afectación, y por lo tanto, la accionante únicamente cuenta con interés simple, el cual resulta insuficiente para acudir a la controversia constitucional; precisando que el Decreto impugnado es una norma heteroaplicativa y que por ende no le afecta con su sola entrada en vigor.
6. Que los recursos por concepto del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, no ingresan de manera directa a las arcas del Municipio actor, sino a un fideicomiso creado para tal situación, por lo que su destinación al pago de pasivos adquiridos por la administración pública estatal, no puede considerarse como una afectación de índole presupuestal; más aún, si dicha disposición no incide directamente en la prestación de los servicios públicos municipales.
7. Que mediante diverso Decreto número 596, publicado el veinte de octubre de dos mil quince, el Congreso del Estado de Veracruz reformó el artículo 105 del Código Financiero de dicha entidad, respecto al impuesto que ha sido señalado, para quedar establecido de la siguiente forma:
"Artículo 105. La recaudación total, proveniente del impuesto a que se refiere este capítulo, se destinará: a) Como base de garantía líquida en el otorgamiento de créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas; b) Para el financiamiento de obra pública; c) Para inversión de capital en materia de protección civil; d) Para el pago de deuda pública; y e) Para saneamiento financiero."
Por lo tanto, si el propio accionante no realizó ninguna impugnación respecto del aludido Decreto, en el cual se reconoció que la legislatura estatal está facultada para fijar el destino del recurso recaudado por concepto del referido impuesto, se reconoce también que no existe una afectación real y concreta a la esfera del ayuntamiento impetrante, por lo que la presente controversia debe carecer de litis, y debe declararse el sobreseimiento.
Apoya lo anterior en las siguientes tesis de jurisprudencia: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN"; "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE HABITEN EN SU TERRITORIO, SI NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ESFERA DE ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS LES CONFIERE"; "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE"; "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO"; y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS ESTATALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR MOTIVOS DE MERA LEGALIDAD Y NO POR UN PROBLEMA DE INVASIÓN DE ESFERAS, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE LLEVA A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA".
SÉPTIMO. Radicación en la Primera Sala. Una vez transcurrido el plazo legal otorgado a las partes a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al presente asunto, se recibió, en tiempo y forma, el escrito de manifestaciones por parte del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, quien se limitó a allanarse a las consideraciones vertidas en vía de agravios por el recurrente.
Así, por auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó que ésta se avocara al conocimiento del presente asunto, y la devolución del presente asunto al Ministro Ponente.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción V y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Segundo, fracción I y Tercero, del Acuerdo General Plenario 5/2013, toda vez que se interpone en contra de un auto por el que se admitió a trámite la controversia constitucional 92/2016, siendo innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de reclamación se presentó dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia,(7) de conformidad con lo siguiente:
I. El acuerdo de admisión de la controversia constitucional, que constituye el objeto de la presente reclamación, fue notificado por oficio a la parte recurrente el viernes dos de septiembre de dos mil dieciséis.(8)
II. La notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto fue el lunes cinco de septiembre de dos mil dieciséis.
III. El plazo de cinco días señalado por el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para interponer el recurso de reclamación transcurrió del martes seis, al lunes doce de septiembre de dos mil dieciséis, excluyendo del cómputo los días diez y once de septiembre de dos mil dieciséis, por tratarse de sábados y domingos, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° fracción II de la Ley de la materia.
IV. El oficio por el que se interpuso el presente recurso de reclamación se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Servicio Postal Mexicano, según consta de los sellos que aparecen asentados en el sobre que obra en este expediente,(9) consecuentemente, su oportunidad deberá analizarse conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley Reglamentaria de la materia.(10)
Conforme al citado numeral, para que se tengan por presentadas en tiempo las promociones que se depositen por correo certificado o se envíen vía telegráfica se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envíen vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito o envío se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito o envío se realice dentro de los plazos legales.(11)
En el caso concreto, como se asentó, el depósito del oficio en el que se promueve el presente recurso se efectuó por correo mediante pieza certificada con acuse de recibo, según se desprende del sobre que obra agregado en el presente expediente, en el que aparecen asentados diversos sellos de los que se lee: "Servicio Postal Mexicano, XALAPA EQUEZ., VER., 91000", por lo que se cumple con el primer requisito que exige el artículo 8 de la Ley Reglamentaria de la materia.
Por otra parte, como se ha expresado, el numeral en cita dispone que las oficinas de correos o de telégrafos en que debe hacerse el depósito o el envío correspondiente sean aquéllas que se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes.
Así, las partes que radiquen fuera del lugar de residencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones y recursos mediante correo certificado o por telégrafo, en los lugares en que tengan su domicilio, a efecto de que tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquéllos cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este Alto Tribunal, a fin de que no tengan que desplazarse del lugar de su residencia hasta esta ciudad para presentar sus promociones o recursos, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia.
De la certificación que obra en proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, realizada por el Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, se advierte que el escrito de reclamación se depositó el martes seis de septiembre de dos mil dieciséis,(12) y de los sellos plasmados en el sobre que obra agregado en el presente expediente se corrobora que dicho depósito se llevó a cabo en el lugar de residencia del Poder recurrente, ubicado en Xalapa-Enríquez, Veracruz. Por lo tanto, se cumple con el segundo requisito que exige el artículo 8 de la Ley Reglamentaria de la materia, consistente en que el depósito o envío de las promociones se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; consecuentemente su presentación resulta oportuna.
TERCERO. Legitimación. Quien interpuso el recurso de reclamación se encuentra legitimado para ello, en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, toda vez que el escrito de agravios está firmado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, Octavia Ortega Arteaga, quien acredita su personalidad con el ejemplar de la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de cinco de noviembre de dos mil quince; siendo dicho Congreso, autoridad demandada en la controversia constitucional 92/2016, de la cual deriva el presente recurso de reclamación.
CUARTO. Procedencia. El artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal establece las hipótesis de procedencia del recurso de reclamación, mismas que atienden a la finalidad de dicho medio de impugnación, consistente en que las partes, ante una determinación que dicte el Ministro instructor o el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, y que pudiera trascender al propio trámite, o a la sentencia definitiva que al efecto se dicte, cuenten con el medio de defensa para combatirlo.
Destacando que el aludido numeral, establece que en estos juicios procederá el recurso de reclamación, entre otros supuestos, contra aquellos autos que admitan una demanda de controversia constitucional.
En la especie, debe tenerse en consideración mque, mediante el auto impugnado, el Ministro instructor admitió la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Municipio de Córdoba, Veracruz.
Por lo anterior, el presente recurso de reclamación es procedente, al ubicarse en el supuesto que prevé la fracción I del aludido artículo 51, ya que se interpuso en contra del auto en el que se admite la demanda en vía de controversia constitucional.
QUINTO. Estudio de fondo. Acto continuo, procede analizar los agravios planteados por la recurrente, para lo cual, al ser tendientes a demostrar la improcedencia de la demanda que en vía de controversia constitucional admitió el Ministro instructor, debe atenderse primeramente a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(13) que dispone que el Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.
De dicho numeral se advierte que el Ministro instructor podrá desechar la demanda de controversia constitucional por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que además se reafirma en la tesis de jurisprudencia P./J.9/98 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE".(14)
Debiéndose entender por manifiesto lo que se advierte en forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos, así como de los escritos aclaratorios; y, por indudable, que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, sin que se requiera de otros elementos de juicio que lleven a concluir diversa convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria.
Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial plenaria P./J.128/2001, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA".(15)
Además es importante señalar que, como las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable.
Esto, en atención a que por sus propias características, el auto inicial, tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos, pues en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, ya que el emitir un pronunciamiento de fondo traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 42/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN EL ACUERDO QUE ADMITE O DESECHA LA DEMANDA, POR SER DE MERO TRÁMITE, NO ES POSIBLE DETERMINAR CUESTIONES RELATIVAS AL FONDO DEL ASUNTO".(16)
Una vez establecida la facultad del Ministro instructor para admitir o desechar una demanda que en vía de controversia constitucional se hace valer, por advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se procede al análisis de lo manifestado por la parte actora en su escrito de agravios.
En principio, el recurrente considera que es incorrecta la determinación del Ministro instructor, en tanto que el Municipio actor no tiene interés legítimo para impugnar a través de la controversia constitucional los actos reclamados, ya que con ellos no se configura una afectación o invasión a su esfera de competencias, pues conforme a las fracciones XXVII y XXVIII del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de los congresos locales fijar los gastos públicos y decretar las contribuciones con que deban ser cubiertos, además de aprobar el presupuesto de egresos.
Respecto al interés legítimo para promover una controversia constitucional, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que necesariamente implica una afectación que las entidades, poderes u órganos referidos en la fracción I del artículo 105 constitucional, resienten en su esfera de atribuciones en razón de su especial situación frente al acto que consideran lesivo.(17) Así, el interés legítimo se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada es susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve, en razón de la situación de hecho en que se encuentra, la cual necesariamente debe estar tutelada legalmente para que pueda demandarse su estricta observancia, ello en términos de la jurisprudencia número P./J. 83/2001(18) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA".
Adicionalmente, este Alto Tribunal ha explicado que cuando la norma impugnada no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora, la vía es claramente improcedente; sin embargo, si la decisión sobre la afectación de la norma está o puede estar relacionada con el estudio de fondo de la controversia constitucional, ésta puede ser procedente.(19) Lo anterior tiene como base la tesis de jurisprudencia número P./J. 50/2004,(20) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE ACREDITARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN".
Así, el criterio de interés legítimo en controversia constitucional que actualmente sostiene esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte del reconocimiento de que este medio de control constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal; por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105 fracción I, de la citada Norma Fundamental cuenten con interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de afectación.
De este modo, para que pueda considerarse como causa de improcedencia manifiesta e indudable la falta de interés legítimo, es menester que del análisis de la demanda y sus anexos se advierta en forma clara y patente que la norma o el acto cuya invalidez se demande no sea susceptible de generar un principio de afectación directa o indirecta en la esfera de competencia y atribuciones del ente, poder u órgano actor.
Es decir, la falta de interés legítimo como causa de desechamiento de una demanda no debe dejar duda en cuanto a la improcedencia de la vía, lo que acontece cuando la inviabilidad de la acción resulta evidente porque la norma impugnada no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora, sin que haya necesidad de estudiar el fondo del asunto.
Ahora bien, en la especie no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200161-9b4afe97/i-controversia-constitucional-la-promovida-por-un-municipio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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