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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA MANIFIESTA IMPROCEDENCIA PARA SU DESECHAMIENTO DEBE DESPRENDERSE DE FORMA CLARA Y PATENTE DE LA LECTURA DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (ARTÍCULO 64 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PREVIA PROMOCIÓN DE UN JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS NORMAS RECLAMADAS EN AQUÉLLA NO CONSTITUYE POR SÍ MISMA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE SU IMPROCEDENCIA (ARTÍCULO 64 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 9/2015-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 22/2015. · Registro digital (IUS): 200103
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO Y SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 9/2015-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 22/2015. PODER EJECUTIVO Y SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA. 3 DE FEBRERO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: NATALIA REYES HEROLES SCHARRER.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de febrero de dos mil dieciséis.

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Presentación del recurso. Por oficio recibido el ocho de mayo de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco Rueda Gómez, en su carácter de Secretario General de Gobierno y como representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California,(1) interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de diez de abril de dos mil quince, mediante el cual se admitió la controversia constitucional 22/2015 promovida por el Poder Judicial de Baja California.

SEGUNDO. Acuerdo recurrido. El acuerdo de referencia, en la parte conducente es del tenor siguiente:

"México, Distrito Federal, a diez de abril de dos mil quince. --- Con el escrito y anexos de Marco Antonio López Magaña, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, se acuerda lo siguiente. --- El accionante promueve controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos de dicha entidad, en la que impugna lo siguiente: --- III.- NORMA GENERAL Y ACTOS CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA: --- a).- Del Decreto 204, en su parte normativa contenida en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 8, Tomo CXXII, índice, de fecha 17 de febrero de 2015, se reclama su invalidez constitucional, así como todas y cada una de las consecuencias y efectos que pudiera haber ocasionado dicho acto a los intereses de mi representada. --- Cuyo texto es el siguiente: ---ARTÍCULO 64.- ... (lo transcribe). --- b) Del Decreto 205, en su parte normativa contenida en el artículo 19 de la Ley que regula a los trabajadores que refiere la fracción I, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social, publicados en el Periódico Oficial del Estado Número 8, Tomo CXXII, Índice, de fecha 17 de febrero de 2015, se reclama su invalidez constitucional, así como todas y cada una de las consecuencias y efectos que pudiera haber ocasionado dicho acto a los intereses de mi representada. --- Cuyo texto es el siguiente: --- (lo transcribe) c).- Se reclama en general la invalidez constitucional del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y del artículo 19 de la Ley que regula a los Trabajadores que refiere la fracción I, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social. --- d) Así mismo, se reclama de las demandadas la invalidez constitucional de cualquier disposición legal o reglamentaria que contravenga (sic) a la invalidez constitucional que se solicita." --- Con fundamento en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 8, 11, párrafo primero, y 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda que hace valer en representación del Poder Judicial de Baja California. --- Se tiene a la parte actora designando delegados, exhibiendo las documentales que acompaña, y no ha lugar a tener como domicilio el que indica en la ciudad de Baja California, en virtud de que las partes están obligadas a designar domicilio para oír y recibir notificaciones en la sede de este Alto Tribunal. --- En consecuencia, se requiere al promovente para que dentro del plazo de tres hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que si no cumple con lo anterior, las subsecuentes se le harán por lista, hasta en tanto atienda lo indicado. --- Lo anterior, con apoyo en los artículos 5, 11, párrafo segundo, 31 y 32, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la Materia, así como 297, fracción II y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1 de la citada Ley. --- Por otra parte, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la invocada Ley Reglamentaria, se tiene como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Baja California, así como al Secretario General de Gobierno de la entidad, este último, respecto del refrendo de los decretos impugnados, y no ha lugar a tener como autoridad demandada al Director de Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Local, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emita en este asunto. --- Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia con rubro: 'LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS." --- Consecuentemente, emplácese a las autoridades demandadas, con copia simple de la demanda, para que presenten su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. --- A fin de integrar debidamente el expediente, con fundamento en el artículo 35 de la citada normativa reglamentaria, requiérase al Poder Legislativo de Baja California para que, al dar contestación a la demanda, envíe a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de los Decretos impugnados, apercibido que de no cumplir con lo anterior se le aplicará una multa, en términos de la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles. --- Además, se requiere a las autoridades demandadas para que, al intervenir en este asunto, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidas que, si no lo hacen las subsecuentes se les harán por lista, hasta en tanto cumplan con lo indicado. --- Lo anterior, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1 de la Ley Reglamentaria y con apoyo en la tesis de rubro: 'CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS PARTES ESTÁN OBLIGADAS A SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR EN QUE TIENE SU SEDE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA).' --- En otro orden de ideas, de conformidad con la fracción IV del citado artículo 10 de la normatividad reglamentaria, dese vista a la Procuradora General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifieste lo que a su representación corresponda. --- Finalmente, con fundamento en el artículo 287 del referido Código Federal, hágase la certificación de los días en que transcurren los plazos otorgados a las autoridades mencionadas en este proveído. --- Notifíquese..."(2)

TERCERO. AGRAVIOS. El Poder recurrente expresó, en síntesis, los siguientes agravios:

Primero. Que el Poder Judicial de Baja California carece de legitimación para promover la presente controversia constitucional, en virtud de que impugna la invalidez de normas que no inciden en su esfera competencial en su calidad de ente público, sino como patrón; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los numerales 1 y 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece los entes, poderes u órganos legitimados para promover controversia constitucionales no es limitativo, sino que debe interpretarse en el sentido de favorecer hipótesis de procedencia que, aunque no estén previstas expresamente en su texto, sean acordes con la finalidad de este medio de control constitucional; es decir, la salvaguarda de las esferas de competencia de los órganos y poderes cuya existencia prevé la Norma Fundamental. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PREVÉ LOS ENTES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA, NO ES LIMITATIVA".

Que en las controversias constitucionales debe existir una situación de coordinación, puesto que sólo las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal podrán promoverla, de lo que se colige que las autoridades que tengan el carácter de patrones, no se encuentran legitimadas para interponer tal medio constitucional, ya que la relación que guardan con el Estado es una relación de supra subordinación.

En ese sentido, se argumenta que el Poder Judicial actor no puede reclamar normas que le pudieran afectar en su calidad de patrón equiparado, pues lo anterior no puede considerarse como una hipótesis de procedencia de la controversia constitucional al no ajustarse a la finalidad de este medio de control.

Que en un principio, la relación Estado-empleado fue de naturaleza administrativa, pero que en beneficio y protección de los empleados se ha transformado en una de carácter laboral y se ha considerado al Estado como un patrón sui generis, por lo que, en todo caso, las normas le afectarían en su carácter de patrón equiparado.

Que las normas reclamadas -segundo párrafo del artículo 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado y el artículo 19 de la Ley que regula a los trabajadores que refiere la fracción I, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social- al establecer una obligación a cargo del ente patronal, que podrá ser exigible previo la actualización del reconocimiento voluntario de antigüedad de un trabajador o la emisión de una resolución judicial en ese sentido, es lo que podrían causarle perjuicio a la parte actora, pero en su calidad de patrón equiparado, no así en su esfera de competencia como Poder Judicial del Estado.

Que la controversia constitucional es improcedente pues sostener lo contrario implicaría desnaturalizar la finalidad de dicho medio de control que es salvaguardar las esferas de competencias de los poderes del estado, como entes públicos investidos de imperio que se encuentran colocados en un plano de coordinación.

Especifica que la improcedencia de la controversia constitucional no se traduce en que el ente patronal quede en estado de indefensión, puesto que el medio constitucional idóneo para que el Poder Judicial actor reclame la inconstitucionalidad de los artículos impugnados es el juicio de amparo. Se refiere que, a la fecha, el Poder Judicial promovió una demanda de amparo para combatir los numerales aquí impugnados, la cual fue radicada en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California con el número de expediente 199/2015-III.

Concluye que lo expuesto revela una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en atención a que el actor impugna numerales que no implican invasión en su esfera de competencia, sino que regulan una obligación que le podrá ser exigible en su calidad de patrón equiparado.

Segundo. Se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que actualmente se encuentra pendiente de resolución el juicio de amparo promovido por la parte actora contra las normas aquí impugnadas.

Se argumenta que la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VI, de la Ley reglamentaria en comento, implica un principio de definitividad para efecto de las controversias constitucionales, que consiste en que las partes están obligadas a agotar previamente el recurso o medio de defensa en virtud del cual pueda combatirse el o los actos materia de impugnación, sin necesidad de tener que acudir a este tipo de vía constitucional.

No obstante, se señala que, de una interpretación gramatical de esa disposición, el principio en comento no sólo se refiere a los recursos o medios de defensa que deben agotarse previamente a la controversia, sino que comprende aquellos procedimientos que, una vez iniciados, no se han agotado y se estén sustanciando o estén pendientes de resolución.

En ese tenor, se concluye que la causal de improcedencia en análisis involucra dos cuestiones específicas: (i) que exista un medio de defensa o recurso que procede contra el acto impugnado; y, (ii) que exista un procedimiento ya iniciado pero sin resolución definitiva, en el que la cuestión debatida constituya la materia propia de la controversia constitucional.

Lo anterior, apoyado en la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA".

Se señala que en el caso que nos ocupa, el siete de abril de dos mil quince, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California registró el juicio de amparo 199/2015-III, promovido por el Poder Judicial de esa entidad federativa, en el que combatió los mismos actos que aquí se impugnan.

Refiere que a la fecha se encuentra pendiente de resolución dicho juicio de amparo cuya litis precisamente estriba en analizar la supuesta inconstitucionalidad de los preceptos impugnados y que, de estimarse procedente la concesión de amparo, la misma tendría como efecto declarar su respectiva inconstitucionalidad y ordenar que no sean aplicados en la esfera jurídica del poder promovente.

Sin que en la especie resulte aplicable la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES", porque este caso no se agotó un recurso ordinario previsto en la legislación estatal, sino que se acudió al juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa en el que se analizará la constitucionalidad de las normas reclamadas.

CUARTO. Trámite del recurso. Por auto de once de mayo de dos mil quince,(3) el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesto el presente recurso de reclamación, al que correspondió el número 9/2015-CA; dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera y ordenó que, una vez agotado el trámite respectivo, se remitiera a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, quién por razón de turno fue designada como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo y correr traslado a las partes.

Por auto de cuatro de junio de dos mil quince,(4) el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el expediente en que se actúa fuera radicado y resuelto por la Primera Sala de este Alto Tribunal.

QUINTO. Manifestaciones de las partes. Mediante escrito recibido el ocho de junio de dos mil quince(5) en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la parte actora, el Poder Judicial del Estado de Baja California, contestó la vista ordenada en proveído de once de mayo de dos mil quince en el siguiente sentido:

a) Es infundado que el Poder Judicial carezca de legitimación para impugnar las normas generales materia de la controversia constitucional, pues tal legitimación la conceden de manera expresa los artículos 30 de la Constitución Política del Estado de Baja California y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

Los artículos de referencia le confieren el derecho a participar en el proceso legislativo del que emanaron las normas reclamadas, lo que basta para que se reconozca el interés jurídico, máxime que el artículo 10, fracción I, establece que podrá ser parte actora el Poder de que se trate, en este caso, el Poder Judicial del Estado de Baja California, a quien le irrogan agravio las normas reclamadas en virtud de que no se le dio la debida intervención; además argumenta que las normas en sí perjudican su autonomía de gestión presupuestaria.

Sostiene que en el caso no se surte la notoria y manifiesta improcedencia de la controversia constitucional, porque la parte recurrente hizo valer una cuestión que toca el fondo del asunto, como lo es el interés jurídico, que en la controversia constitucional debe abordarse no sólo desde el punto de vista de la legitimación en el proceso, sino también a partir de la legitimación en la causa, que se refiere al fondo y que deberá analizarse en la sentencia para resolver la presente controversia constitucional.

Por ese motivo, argumenta que no resultan aplicables las tesis invocadas por la recurrente, pues inclusive la legitimación para promover la controversia constitucional constituiría una especie de legitimación en el proceso, lo que ha sido materia de pronunciamiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios jurisprudenciales de rubros:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVERLA EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL, ÓRGANO INTEGRANTE DEL PODER JUDICIAL LOCAL".

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO NO EXISTA MANDAMIENTO EXPRESO EN LOS ORDENAMIENTOS LOCALES QUE OTORGUE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A ALGUNO DE LOS TRES PODERES LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO, DEBE PRESUMIRSE A FAVOR DE CUALQUIERA DE ELLOS PARA PROMOVERLA, CONFORME AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, SIN QUE TENGA RELEVANCIA PARA ESOS EFECTOS EL ÁMBITO COMPETENCIAL QUE INTERNAMENTE LE CORRESPONDA AL PODER QUE EJERZA LA ACCIÓN (ABANDONO DEL CRITERIO SUSTENTADO POR EL TRIBUNAL PLENO EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2010)".

Señala que la causal de improcedencia invocada por la recurrente es infundada, porque no guarda la calidad de ser notoria y manifiesta, pues se liga con el interés jurídico del Poder Judicial, lo que será materia de la sentencia principal. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RELATIVA, DEBE TENERSE LA CERTEZA DE QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE, PUES CUALQUIER DUDA OBLIGA ADMITIRLA A TRÁMITE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN LA SENTENCIA PUEDA DECLARARSE FUNDADA CON BASE EN LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE SE RECABEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO".

b) De igual forma, es infundado el segundo agravio formulado por el recurrente, porque se relaciona con el fondo de lo que será materia de resolución en la sentencia principal.

Es decir, el hecho de que se encuentre pendiente un medio de defensa en el que se analizarán las normas que aquí se impugnan, no es causa de notoria y manifiesta de improcedencia.

Ello, con independencia de que la materia de los procedimientos sea diversa, porque en el juicio de amparo se analizará la violación a los derechos fundamentales del Poder Judicial del Estado de Baja California como persona moral oficial y en la controversia se analizará si hubo o no invasión a la esfera de competencia o violación al principio de autonomía de la gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado de Baja California.

En todo caso, el hecho de que se esté tramitando el juicio de amparo, sólo puede generar que este Alto Tribunal atraiga dicho expediente, para evitar la emisión de sentencias contradictorias, pero no provoca la notoria y manifiesta improcedencia de la demanda. Argumento que apoya en la tesis de rubro: "FACULTAD DE ATRACCIÓN. PROCEDE EJERCERLA PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN EN QUE SE RECLAMAN ACTOS QUE TAMBIÉN SON MATERIA DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN TRÁMITE".

En esas condiciones, concluye que el agravio formulado por el recurrente es infundado, porque además, ni la Constitución Política del Estado de Baja California, ni la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad federativa prevén un recurso ordinario para dilucidar si las normas reclamadas invaden esferas de competencia, por lo que el hecho de que esté en trámite un juicio de amparo en contra de las normas reclamadas, no configura el incumplimiento al principio de definitividad para efectos de la presente controversia constitucional.

El principio de definitividad, en materia de controversias constitucionales, está acotado a que la materia del procedimiento pendiente y de la controversia sea la misma, lo que no acontece en el caso.

SEXTO. Radicación. Por auto de once de junio de dos mil quince,(6) el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó que ésta se avocara al conocimiento del presente asunto; asimismo, determinó que, en su oportunidad, se enviaran los autos a la Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

SÉPTIMO. Returno. Por auto de siete de enero de dos mil dieciséis,(7) el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el expediente en que se actúa a la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con lo establecido por los artículos 25, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de reclamación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción V y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo 5/2013, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un recurso de reclamación derivado de una controversia constitucional.

SEGUNDO. Procedencia del recurso. El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) ya que se interpuso en contra del auto por el que se admitió la demanda de controversia constitucional promovida por el Poder Judicial de Baja California.

TERCERO. Oportunidad. En términos del artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia, el recurso deberá interponerse en un plazo de cinco días.(9)

Ahora bien, el acuerdo recurrido se notificó al Poder Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California el diecisiete de abril de dos mil quince,(10) por lo que el plazo de cinco días para la interposición del recurso de reclamación inició el veintiuno de abril y concluyó el veintisiete del mismo mes y año.(11)

Dicho lo anterior, cabe destacar que el oficio por el que se interpone el presente recurso de reclamación se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Oficina de Correos de México del Servicio Postal Mexicano del Estado de Baja California, como consta del sello que aparece asentado en el sobre que obra a folio sesenta y ocho de este expediente. Consecuentemente, la oportunidad de la impugnación deberá analizarse conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley Reglamentaria de la materia.(12)

Conforme al citado numeral, para que se tengan por presentadas en tiempo las promociones que se depositen por correo certificado o se envíen vía telegráfica se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos mediante pieza certificada con acuse de recibo, o que se envíen vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito o envío se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito o envío se realice dentro de los plazos legales.

En el caso concreto, como se asentó, el depósito del recurso de reclamación se efectuó por correo mediante pieza certificada con acuse de recibo, con lo que se cumple con el primer requisito que exige el artículo 8 de la Ley Reglamentaria de la materia.(13)

Por otra parte, como se ha expresado, el numeral en cita dispone que las oficinas de correos o de telégrafos en que debe hacerse el depósito o el envío correspondiente, son aquéllas que se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes.

Así, las partes que radiquen fuera del lugar de residencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones y recursos mediante correo certificado o por telégrafo, en los lugares en que tengan su domicilio, a efecto de que tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquéllos cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este Alto Tribunal.

Del análisis del sobre con el que se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de reclamación se advierte el sello del Servicio Postal Mexicano en el que se aprecia que éste se depositó el día veintisiete de abril de dos mil quince, en la Administración de Correos de la Entidad, lugar de residencia de la parte recurrente. Así, debe concluirse que se cumple con el segundo requisito que exige el artículo 8 de la Ley Reglamentaria de la materia, consistente en que el depósito o envío de las promociones se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes.

En este contexto, si el recurso de reclamación se presentó en la Oficina de Correos del lugar de residencia de la parte recurrente el veintisiete de abril de dos mil quince, éste resulta oportuno.

CUARTO. Legitimación. El recurso fue interpuesto por persona legitimada para ello de conformidad con el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. El oficio de agravios está suscrito por Francisco Rueda Gómez, quien lo promovió en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California y como representante legal del Poder Ejecutivo de dicha entidad. Lo anterior quedó acreditado con la copia certificada del nombramiento expedido el quince de mayo de dos mil catorce, dicha personalidad le fue reconocida en auto de once de mayo de dos mil quince.(14)

Asimismo, en el auto recurrido, el Ministro Eduardo Medina Mora I., reconoció el carácter de autoridades demandadas al Poder Ejecutivo de Baja California y al Secretario General de Gobierno de dicha entidad federativa.

En ese sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que Francisco Rueda Gómez se encuentra legitimado para interponer el presente recurso de reclamación en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California y como representante del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa.

QUINTO. Estudio de fondo. Esta Primera Sala considera que son infundados los agravios hechos valer por la parte recurrente por las razones que se desarrollan a continuación.

Del análisis de los dos agravios se advierte que la parte recurrente estima que el auto de diez de abril de dos mil quince(15) debe revocarse, en virtud de que, en su concepto, se actualizan dos supuestos manifiestos e indudables de improcedencia:

1) El contenido en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los numerales 1 y 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Poder Judicial del Estado de Baja California carece de legitimación para promover la controversia constitucional, toda vez que los artículos impugnados no impactan en la esfera de competencias de dicho poder constituido, sino que, en todo caso, afectan sus derechos en su calidad de patrón; y,

2) El contenido en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que actualmente se encuentra pendiente de resolución un juicio de amparo promovido por la parte actora contra las normas aquí impugnadas.

Ahora bien, en aras de analizar la legalidad del acuerdo recurrido, cabe referir que, términos del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia, el Minist

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200103-a300e068/i-controversia-constitucional-la-manifiesta-improcedencia-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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