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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE ACTOS EMITIDOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO SEGUIDO A SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL QUE NO SE HA DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2001. · Registro digital (IUS): 17552
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CONTRA EL PODER LEGISLATIVO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, , Pág. 682.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2001. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CONTRA EL PODER LEGISLATIVO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de marzo de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecisiete de agosto de dos mil uno, Raúl Calvo Sánchez, quien se ostentó como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en representación de éste promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"2. Nombre y domicilio del poder demandado. Poder Legislativo del Estado de Guerrero (honorable Congreso del Estado de Guerrero), con domicilio bien conocido en Boulevard Vicente Guerrero, Trébol Sur s/n, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. ... 4. Actos cuya invalidez se demanda: a) El dictamen de valoración previa emitido por los diputados integrantes de la Comisión Instructora en funciones de Comisión de Examen Previo, de la Quincuagésima Sexta Legislatura al honorable Congreso del Estado de Guerrero, de fecha 11 de agosto del año 2000, mediante el cual se admite y se declara procedente la denuncia de juicio político presentada por Javier Ibáñez Sandoval y Óscar Manuel Ibáñez Reyes, en contra de los CC. Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, Magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y María del Pilar León Flores, Juez de primera instancia de la misma entidad federativa. b) La aprobación del dictamen señalado en el inciso anterior, por parte del Pleno del honorable Congreso del Estado de Guerrero, en la sesión celebrada el 18 de agosto del año 2000 y, como consecuencia, la incoación del juicio político número JP/004/2000, iniciado según acuerdo emitido por los diputados integrantes de la Comisión Instructora de la Quincuagésima Sexta Legislatura al honorable Congreso del Estado de Guerrero, el día 22 de agosto del año 2000. c) El dictamen de conclusiones acusatorias emitido por los diputados integrantes de la Comisión Instructora de la Quincuagésima Sexta Legislatura al honorable Congreso del Estado de Guerrero, el día 1o. de agosto de 2001, en el expediente número JP/004/2000, formado con motivo del juicio político promovido en contra de los CC. Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, Magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y la C. María del Pilar León Flores, Juez de primera instancia de la misma entidad federativa. d) La aprobación del dictamen citado en el inciso anterior por parte del Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al honorable Congreso del Estado de Guerrero, en la sesión celebrada el día 1o. de agosto del año 2001. e) La instauración y la procedencia del juicio político. f) La invasión que ha efectuado el Poder Legislativo del Estado de Guerrero (honorable Congreso del Estado de Guerrero) a la esfera de competencia que constitucionalmente corresponde al Poder Judicial de esta misma entidad, materializada mediante la emisión de los actos reseñados en los incisos a), b), c) y d) de este apartado."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"a) El día 24 de marzo de 1996, el Ministerio Público consignó ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, la averiguación previa número DGAP/050/96, con detenido, ejercitando acción penal y de reparación del daño en contra de Jorge Antonio Vázquez Villegas por la comisión del delito de secuestro en agravio de Óscar Manuel Ibáñez Reyes, formándose la causa penal número 25/96, dictándose auto de formal prisión el día 28 de marzo del mismo año; posteriormente, a través del incidente respectivo se acumuló la causa penal 3/97 del mismo juzgado; concluida la instrucción del proceso, el día 1o. de agosto de 1997, el Juez del conocimiento dictó sentencia definitiva absolutoria, resolución que fue apelada por la representación social, remitiéndose las causas penales acumuladas a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la que resolvió el recurso por sentencia definitiva dictada el 5 de diciembre de 1997, en el toca número X-918/97, confirmando la sentencia definitiva absolutoria. b) Mediante pedimento penal número 28/96, del 4 de junio de 1996, el director de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero amplió el ejercicio de la acción penal y de reparación del daño en contra de ‘Mario Calilla’ (N) y otros, por los delitos de secuestro y asociación delictuosa en agravio de Óscar Manuel Ibáñez Reyes y la sociedad, en la causa penal número 25/96, solicitando se librara la orden de aprehensión correspondiente. c) El Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, por resolución de fecha 7 de junio de 1996 libró la orden de aprehensión solicitada en contra de ‘Mario Calilla’ (N) y otros, sólo respecto al delito de secuestro, y negó la orden por el delito de asociación delictuosa. d) El día 9 de julio de 1996 se ejecutó la orden de aprehensión por la Policía Judicial del Estado en contra de Carlos Alberto García Castro, como si esta persona fuera ‘Mario Calilla’. e) El 12 de julio de 1996 el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, decretó auto de formal prisión en contra de Carlos Alberto García Castro por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento y no por secuestro. f) Inconforme con la resolución anterior, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, formándose el toca penal número VIII-635/96 del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la que resolvió por sentencia definitiva dictada el 27 de septiembre de 1996, modificando el auto constitucional de mérito, dictando auto de formal prisión en contra de Carlos Alberto García Castro o Carlos García Adame o Adame García, alias ‘Mario Calilla’, como presunto responsable de la comisión del delito de secuestro en agravio de Óscar Manuel Ibáñez Reyes. g) Mediante pedimento penal número 62/96, del 8 de enero de 1997, se consignó la averiguación previa DGAP/050/96, ejercitándose acción penal y de reparación del daño en contra de Carlos Alberto García Castro o Carlos García Adame o Adame García, alias ‘Mario Calilla’, por el delito de uso de documentos falsos o alterados en agravio de la sociedad, dictándosele auto de formal prisión por el delito mencionado el 17 de marzo de 1997. h) Con motivo del ejercicio de la acción penal en contra del acusado de que se trata, se formaron las causas penales números 25/96 y 3/97 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, las que se acumularon mediante el trámite del incidente respectivo. i) Seguido el proceso en todas sus etapas, el Juez dictó sentencia el 18 de marzo de 1998, considerando al acusado como culpable y penalmente responsable de los delitos de secuestro y uso de documentos falsos o alterados en agravio de Óscar Manuel Ibáñez Reyes y la sociedad, imponiéndole una sanción privativa de libertad de 21 años de prisión y una multa de 350 días de salario mínimo vigente en la época en que sucedieron los hechos a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, condenándolo también al pago de la reparación del daño por la cantidad de $1,215.00 (mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.). j) Inconformes con la resolución anterior, el sentenciado, su abogado defensor y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación, formándose el toca penal número VI-603/98 del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual se resolvió por sentencia dictada el 17 de septiembre de 1998 modificándose la de primera instancia, considerando al acusado como culpable y penalmente responsable del delito de secuestro en agravio de Óscar Manuel Ibáñez Reyes y la sociedad, imponiéndole una pena privativa de libertad de 20 años de prisión y una multa de 300 días de salario mínimo vigente en la época en que se cometió el ilícito a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, condenándolo también al pago de la reparación del daño por la cantidad de $1'215,000.00 (un millón doscientos quince mil pesos 00/100 M.N.). k) El sentenciado Carlos Alberto García Castro promovió juicio de amparo directo formándose el expediente número 401/99 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que en la resolución del 3 de septiembre de 1999 le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala Penal de apelación, en el caso, fijara en sentencia su competencia. l) En cumplimiento a la ejecutoria federal, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictó resolución el 9 de septiembre de 1999 modificando la sentencia de primera instancia, considerando al acusado como culpable y penalmente responsable del delito de secuestro en agravio de Óscar Manuel Ibáñez Reyes y la sociedad, imponiéndole una pena privativa de libertad de 20 años de prisión y una multa de 300 días de salario mínimo vigente en la época en que se cometió el ilícito a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, condenándolo también al pago de la reparación del daño por la cantidad de $1'215,000.00 (un millón doscientos quince mil pesos 00/100 M.N.). m) Contra la resolución anterior, el sentenciado presentó demanda de amparo directo, formándose el expediente número 805/99 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, órgano que dictó resolución el 8 de marzo de 2000, amparando a Carlos Alberto García Castro en contra de la sentencia del 9 de septiembre de 1999, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el toca penal número VI-603/998. n) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictó sentencia el 14 de marzo de 2000, absolviendo a Carlos Alberto García Castro o Carlos García Adame o Adame García, alias ‘Mario Calilla’ del delito de secuestro en agravio de Óscar Manuel Ibáñez Reyes por insuficiencia de pruebas, en términos del artículo 129 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. ñ) Cumplimentada la ejecutoria federal se ordenó la libertad del sentenciado, según oficio número 113 del 15 de marzo de 2000, de la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. De igual forma, mediante oficio número 95 del 15 de marzo de 2000, se informó al Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remitiéndole copia certificada de la resolución dictada al respecto. o) El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito tuvo por cumplimentada la ejecutoria, según acuerdo del 7 de abril de 2000. p) Inconformes con la resolución definitiva mencionada en el inciso n), los CC. Javier Ibáñez Sandoval y Óscar Manuel Ibáñez Reyes, mediante escrito del día 12 de julio de 2000, presentaron denuncia de hechos ante el honorable Congreso del Estado de Guerrero, solicitando la iniciación del procedimiento de juicio político en contra de los CC. Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, Magistrados de la Primera Sala Penal del honorable Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad federativa, y María del Pilar León Flores, Juez de Primera Instancia del Estado, quien integró Sala por excusa del Magistrado Luis Camacho Castañón. q) Por escrito del 17 de julio de 2000, Javier Ibáñez Sandoval y Óscar Manuel Ibáñez Reyes ratificaron su escrito de denuncia en contra de los servidores públicos antes mencionados. r) Turnada la denuncia a la Comisión Instructora de la Quincuagésima Sexta Legislatura al honorable Congreso del Estado para su análisis, ésta emitió dictamen de valoración previa el 11 de agosto de 2000, el que fue aprobado en sesión plenaria celebrada el 18 de agosto del mismo año, con los puntos resolutivos siguientes: ‘PRIMERO. Se admite y se declara procedente la denuncia de juicio político presentada por Javier Ibáñez Sandoval y Óscar Manuel Ibáñez Reyes en contra de los CC. Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y María del Pilar León Flores, Juez de primera instancia en el Estado. SEGUNDO. Sométase el presente dictamen a la consideración del Pleno del H. Congreso del Estado para su aprobación. TERCERO. Notifíquese el presente dictamen a la parte denunciante. CUARTO. Remítase, en su caso, el presente dictamen con su expediente a la Comisión Instructora para la incoación del procedimiento, de conformidad a lo que hacen referencia los artículos 76 y 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.’. s) Por acuerdo dictado el 22 de agosto de 2000, los diputados integrantes de la Comisión Instructora de la Quincuagésima Sexta Legislatura al honorable Congreso del Estado de Guerrero, emitieron el acuerdo mediante el cual se declara incoado el procedimiento de juicio político en contra de los CC. Lics. Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, Magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y María del Pilar León Flores, Juez de primera instancia de la misma entidad federativa, ordenando la formación del expediente número JP/004/2000. t) Previos trámites legales, la Comisión Instructora aludida presentó dictamen de conclusiones, sometiéndolo a la consideración del Pleno del honorable Congreso del Estado de Guerrero, que en la sesión extraordinaria celebrada el 1o. de agosto de 2001 no aprobó el referido dictamen, ordenando el presidente de la mesa directiva regresarlo a la Comisión Instructora para la elaboración de uno nuevo. u) Ese mismo día, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero convocó nuevamente a sesión plenaria extraordinaria, en la cual la Comisión Instructora presentó un nuevo dictamen de conclusiones, el que fue aprobado y cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ‘PRIMERO. No se reúnen los elementos de los supuestos marcados en la fracción III del artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, como se establece en la fracción I del considerando sexto del presente dictamen. SEGUNDO. Se reúnen los elementos de los supuestos establecidos en las fracciones VI y VII del artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en los términos que se señalan en los considerandos sexto, fracción II y séptimo de este dictamen. TERCERO. Esta Comisión Instructora considera que existen suficientes indicios que hacen presumir la probable responsabilidad de los servidores públicos Miguel Maya Manrique, Jesús Martínez Garnelo y María del Pilar León Flores, en la comisión de las conductas señaladas en las fracciones VI y VII del artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al omitir citar y valorar en la resolución de fecha 14 de marzo de 2000 las probanzas consistentes en la declaración del ahora sentenciado Rafael Hernández Santana y la interpelación de llamadas telefónicas. Tal omisión a juicio de la Comisión Instructora causa perjuicios graves al Estado y a la sociedad, y motiva transtorno en el funcionamiento normal de la institución de impartición de justicia, por los razonamientos vertidos en el considerando séptimo del presente dictamen. CUARTO. Con fundamento en el artículo 8o. de la Ley de los Servidores Públicos del Estado, se propone sancionar a los CC. Miguel Maya Manrique, Jesús Martínez Garnelo y María del Pilar León Flores con la destitución de su cargo. QUINTO. Remítase el presente dictamen en concepto de acusación al presidente del honorable Congreso del Estado para los efectos legales conducentes.’. v) Los servidores públicos sujetos del juicio político fueron notificados para comparecer ante la Comisión Instructora erigida como parte acusadora y el Pleno del Congreso como Jurado de Sentencia, el día 6 de agosto de 2001, para el desahogo de la primera audiencia prevista por los artículos 20 y 21 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, audiencia que ya se llevó a cabo. En esas condiciones, se encuentra el procedimiento de juicio político iniciado en contra de los servidores públicos de referencia. Estimo que los actos que ha venido desarrollando el Poder Legislativo del Estado de Guerrero (honorable Congreso del Estado de Guerrero) con la instauración del procedimiento de juicio político, son violatorios de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalados en el capítulo correspondiente, tomando en consideración que ha invadido la esfera de competencia constitucional reservada al Poder Judicial del Estado, prevista en los artículos 26, 47, 48, 49, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89 y 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y los de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la misma entidad federativa."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. Los actos atribuidos al honorable Congreso del Estado de Guerrero, consistentes en el dictamen de valoración previa emitido el día 11 de agosto de 2000 por los diputados integrantes de la Comisión Instructora de la Quincuagésima Sexta Legislatura, su aprobación por el Pleno del Poder Legislativo en la sesión extraordinaria celebrada el día 18 de agosto del mismo año, el acuerdo de fecha 22 del mismo mes y año que ordena la incoación del juicio político en contra de los CC. Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, Magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y la C. María del Pilar León Flores, Juez de primera instancia de la misma entidad federativa, el dictamen de conclusiones acusatorias emitido el día 1o. de agosto de 2001 por la mencionada Comisión Instructora en el expediente número JP/004/2000, y la aprobación de dicho dictamen por parte de los diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura, constituyen materialmente una invasión a las atribuciones, facultades y esfera de competencia reservadas por la Constitución Federal y la Constitución Política del Estado de Guerrero al Poder Judicial de esta misma entidad federativa. En efecto, el artículo 116 de nuestra Carta Fundamental establece: ‘El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los Magistrados durarán en el ejercicio de su cargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Los Magistrados y los Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.’. Este postulado fue adoptado por el artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, al señalar que el Poder Judicial del Estado se depositará en un Tribunal Superior de Justicia y en los demás tribunales inferiores que establece la Constitución, para administrar justicia en nombre del Estado en todos los negocios de su competencia y con arreglo a las leyes. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, en sus artículos 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 9o., 16, fracciones I y XVII, y 23 establecen: ‘1o. Esta ley es de orden público y de observancia general, tiene por objeto la organización y regulación del funcionamiento del Poder Judicial del Estado, a quien corresponde interpretar y aplicar las leyes en asuntos civiles, familiares y penales del fuero común, así como en materia federal, cuando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales lo faculten; y ejercer las atribuciones de carácter administrativo.’. ‘2o. El Poder Judicial del Estado se integra por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, los juzgados de primera instancia, Juzgados de Paz y demás órganos relativos a la administración de justicia que establece esta ley.’. ‘3o. El Poder Judicial del Estado, tiene plena autonomía para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, así como para el ejercicio de su presupuesto de egresos.’. ‘5o. El Tribunal Superior de Justicia tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado y su sede en la capital del mismo, excepto en los casos previstos en la Constitución Política Local. La competencia de cada uno de los órganos jurisdiccionales, se fijará con arreglo a esta ley, Códigos Procesal Civil, Penal y demás leyes aplicables. Para conocer de los asuntos jurisdiccionales funcionará en Salas Penales, Salas Civiles y Sala Familiar, integradas por tres Magistrados cada una; y la Sala Auxilar integrada por tres Magistrados supernumerarios que conocerá de los asuntos que determine el Pleno del tribunal y funcionará únicamente durante los periodos que éste acuerde.’. ’6o. Las Salas del Tribunal Superior de Justicia, serán numeradas y tendrán la siguiente jurisdicción y competencia: I. Primera Sala Penal, con sede en Chilpancingo de los Bravo, tendrá jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende, Altamirano, Álvarez, de los Bravo, Galeana, Guerrero, La Montaña, Morelos y Zaragoza. ...’. ‘9o. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, estará integrado por diecinueve Magistrados numerarios y tres supernumerarios y funcionará en Pleno o en Salas. Unos de los Magistrados numerarios será presidente del tribunal y no integrará Sala. ...’. ‘16. Son atribuciones del Pleno del tribunal las siguientes: I. Velar por la autonomía del Poder Judicial, garantizando siempre su independencia, inviolabilidad e imparcialidad; ... XVII. Vigilar el funcionamiento jurisdiccional de las Salas, juzgados de primera instancia y de Paz ...’. ‘23. Son atribuciones de los presidentes de las Salas: I. Llevar el registro, control y seguimiento de la correspondencia oficial de la Sala; II. Conocer de los asuntos de su competencia hasta ponerlos en estado de resolución y distribuirlos por riguroso turno entre él y los demás Magistrados, para su estudio y presentación oportuna del proyecto de resolución y autorizar las actas con el secretario de Acuerdos respectivo; III. Presidir las audiencias y dirigir los debates; IV. Cumplimentar los acuerdos dictados por la Sala, o por el Pleno del tribunal; V. Proveer lo conducente al trámite en materia de amparo; VI. Conocer de los demás asuntos que les encomiende el Pleno, la Sala o el Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia; VII. Vigilar que los secretarios y demás servidores públicos de la Sala, cumplan con sus deberes respectivos.’. Por otra parte, el artículo 17 de la Constitución Federal señala: ‘Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. ...’. Asimismo, el artículo 49 de nuestra Carta Magna precisa: ‘El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.’. Segundo. En las disposiciones transcritas se garantiza, además de la división de poderes, la independencia que debe tener el Poder Judicial del Estado de Guerrero actuando en Pleno, Salas o juzgados en el ejercicio de su función jurisdiccional, a fin de que sus fallos sean apegados estrictamente a derecho y no existan intereses que interfieran en ellos. También se reconoce que es el único facultado para impartir justicia a los gobernados, sin que exista dispositivo legal que autorice que otro órgano de gobierno o poder pueda supervisar los actos del Poder Judicial en lo que a esta materia se refiere. La Constitución Federal y la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero garantizan su independencia en el pronunciamiento y ejecución de sus resoluciones. Así lo confirma el artículo 49 de nuestra Carta Magna, al establecer el principio de división de poderes, reconociendo la independencia entre sí de éstos, sobre la base de su coordinación, equilibrio y control recíproco. La independencia de la función jurisdiccional se traduce en la facultad de decir el derecho; en el arbitrio que tienen los Jueces y Magistrados para llevar a cabo la apreciación circunstancial de los puntos litigiosos, de los hechos y de las particularidades no alcanzadas por la ley, basándose en las constancias que obren en el expediente del juicio o proceso, de tal manera que su autonomía radica en llevar a cabo dicha función sin la intervención de ningún otro poder, con plena libertad y en observancia de los lineamientos que marquen las leyes sustantivas y adjetivas que rijan la materia sujeta a su conocimiento; por estas razones la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado de Guerrero está garantizada por las disposiciones constitucionales mencionadas, sin que pueda alterarse el principio de separación de poderes que en ellas se establecen. Es cierto que la Constitución Federal y la Local permiten la instauración de juicio político en contra de los servidores públicos señalados en las normas respectivas; empero, su procedencia es de carácter excepcional, por ello su trámite debe seguirse con estricto respeto al principio de división de poderes, pues su regulación no permite invasión a la esfera de competencia de otro poder u órgano. En efecto, la responsabilidad de los servidores públicos está reglamentada en los artículos 108 a 114 de la Constitución General de la República que, en lo conducente, se transcriben: ‘Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Los gobernadores de los Estados, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñan empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.’. ‘Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conduce

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17552-f4ce20bd/controversia-constitucional-es-improcedente-en-contra-de-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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