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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA ACUDIR A ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CUANDO SE AFECTE SU INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL CON MOTIVO DE UN JUICIO POLÍTICO SEGUIDO A SUS INTEGRANTES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE EN CONTRA DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN JUICIO POLÍTICO SEGUIDO A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES. JUICIO POLÍTICO. NO PUEDEN CONSTITUIR MATERIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LOS PODERES JUDICIALES ESTATALES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 328/2001. · Registro digital (IUS): 17910
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 1094.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 328/2001. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de noviembre de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de septiembre de dos mil uno, Raúl Calvo Sánchez, quien se ostentó como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en representación del Poder Judicial de la entidad, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:

"2. Nombre y domicilio del poder demandado. Poder Legislativo del Estado de Guerrero (honorable Congreso del Estado de Guerrero), con domicilio bien conocido en Boulevard Vicente Guerrero, Trébol Sur s/n, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, código postal 39075. 4. Actos cuya invalidez se demanda: a) La resolución de 24 de agosto de 2001, de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero, recaída en el juicio político instruido en contra de los CC. Miguel Maya Manrique, Jesús Martínez Garnelo y María del Pilar León Flores, radicada bajo el número de expediente JP/004/2000. b) El Decreto 344, contenido dentro de la resolución antes citada, expedido el 24 de agosto de 2001, por la Quincuagésima Sexta Legislatura Local. c) La orden de publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero del decreto antes citado. d) La afectación en la competencia constitucional del Poder Judicial del Estado de Guerrero por parte de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero, por carecer éste de atribuciones constitucionales para haber analizado las constancias del procedimiento penal de primera y segunda instancias, y la sentencia de 14 de marzo del año 2000, de la Primera Sala Penal, dictada en el toca número VI-603/998; análisis que sirvió de base a la legislatura citada para resolver el juicio político por el cual se presenta esta demanda."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"a) El día 24 de marzo de 1996, el Ministerio Público consignó ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, la averiguación previa número DGAP/050/96, con detenido, ejercitando acción penal y de reparación del daño en contra de ... por la comisión del delito de secuestro en agravio de ... formándose la causa penal número 25/996, dictándose auto de formal prisión el día 28 de marzo del mismo año; posteriormente, a través del incidente respectivo se acumuló la causa penal 03/997, del mismo juzgado, concluida la instrucción del proceso el día 1o. de agosto de 1997, el Juez del conocimiento dictó sentencia definitiva absolutoria, resolución que fue apelada por la representación social, remitiéndose las causas penales acumuladas a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la que resolvió el recurso por sentencia definitiva dictada el 5 de diciembre de 1997, en el toca número X-918/997, confirmando la sentencia definitiva absolutoria. b) Mediante pedimento penal número 028/996, del 4 de junio de 1996, el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero amplió el ejercicio de la acción penal y de reparación del daño en contra de ... y otros, por los delitos de secuestro y asociación delictuosa en agravio de ... y la sociedad, en la causa penal número 25/996, solicitando se librara la orden de aprehensión correspondiente. c) El Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, por resolución de fecha 7 de junio de 1996, libró la orden de aprehensión solicitada en contra de ... y otros, sólo respecto al delito de secuestro y negó la orden por el delito de asociación delictuosa. d) El día 9 de julio de 1996, se ejecutó la orden de aprehensión por la Policía Judicial del Estado en contra de ... como si esta persona fuera ... e) El 12 de julio de 1996, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo decretó auto de formal prisión en contra de ... por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento y no por secuestro. f) Inconforme con la resolución anterior, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación formándose el toca penal número VIII-635/996, del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la que resolvió por sentencia definitiva, dictada el 27 de septiembre de 1996, modificar el auto constitucional de mérito, dictando auto de formal prisión en contra de ... alias ... como presunto responsable de la comisión del delito de secuestro en agravio de ... g) Mediante pedimento penal número 062/996, del 8 de enero de 1997, se consignó la averiguación previa DGAP/050/996, ejercitándose acción penal y de reparación del daño en contra de ... alias ... por el delito de uso de documentos falsos o alterados en agravio de la sociedad, dictándosele auto de formal prisión por el delito mencionado el 17 de marzo de 1997. h) Con motivo del ejercicio de la acción penal en contra del acusado de que se trata, se formaron las causas penales números 25/996 y 03/997, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, las que se acumularon mediante el trámite del incidente respectivo. i) Seguido el proceso en todas sus etapas el Juez dictó sentencia, el 18 de marzo de 1998, considerando al acusado como culpable y penalmente responsable de los delitos de secuestro y uso de documentos falsos o alterados en agravio de ... y la sociedad, imponiéndole una sanción privativa de libertad de 21 años de prisión y una multa de 350 días de salario mínimo vigente en la época en que sucedieron los hechos a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, condenándolo también al pago de la reparación del daño por la cantidad de $1,215.00 (mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.). j) Inconformes con la resolución anterior, el sentenciado, su abogado defensor y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación, formándose el toca penal número VI-603/998, del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual se resolvió por sentencia dictada el 17 de septiembre de 1998, modificándose la de primera instancia, considerando al acusado como culpable y penalmente responsable del delito de secuestro en agravio de ... y la sociedad, imponiéndole una pena privativa de libertad de 20 años de prisión y una multa de 300 días de salario mínimo vigente en la época en que se cometió el ilícito a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, condenándolo también al pago de la reparación del daño por la cantidad de $1'215,000.00 (un millón doscientos quince mil pesos 00/100 M.N.). k) El sentenciado ... promovió juicio de amparo directo formándose el expediente número 401/99, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que en la resolución del 3 de septiembre de 1999 le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala Penal de apelación, en el caso, fijara en sentencia su competencia. l) En cumplimiento a la ejecutoria federal, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictó resolución el 9 de septiembre de 1999, modificando la sentencia de primera instancia, considerando al acusado como culpable y penalmente responsable del delito de secuestro en agravio de ... y la sociedad, imponiéndole una pena privativa de libertad de 20 años de prisión y una multa de 300 días de salario mínimo vigente en la época en que se cometió el ilícito a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, condenándolo también al pago de la reparación del daño por la cantidad de $1'215,000.00 (un millón doscientos quince mil pesos 00/100 M.N.). m) Contra la resolución anterior, el sentenciado presentó demanda de amparo directo, formándose el expediente número 805/99, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, órgano que dictó resolución el 8 de marzo de 2000, amparando a ... en contra de la sentencia del 9 de septiembre de 1999, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el toca penal número VI-603/998. n) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictó sentencia el 14 de marzo de 2000, absolviendo a ... alias ... del delito de secuestro en agravio de ... por insuficiencia de pruebas, en términos del artículo 129 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. ñ) Cumplimentada la ejecutoria federal se ordenó la libertad del sentenciado según oficio número 113, del 15 de marzo de 2000, de la secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. De igual forma, mediante oficio número 95 del 15 de marzo de 2000, se informó al Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remitiéndole copia certificada de la resolución dictada al respecto. o) El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito tuvo por cumplimentada la ejecutoria, según acuerdo del 7 de abril de 2000. p) Inconformes con la resolución definitiva mencionada en el inciso n), los CC. ... mediante escrito del día 12 de julio de 2000, presentaron denuncia de hechos ante el honorable Congreso del Estado de Guerrero solicitando la iniciación del procedimiento de juicio político en contra de los CC. Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, Magistrados de la Primera Sala Penal del honorable Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad federativa, y María del Pilar León Flores, Juez de Primera Instancia del Estado, quien integró Sala por excusa del Magistrado Luis Camacho Castañón. q) Por escrito del 17 de julio de 2000 ... ratificaron su escrito de denuncia en contra de los servidores públicos antes mencionados. r) Turnada la denuncia para su análisis a la Comisión Instructora de la Quincuagésima Sexta Legislatura al honorable Congreso del Estado, ésta emitió dictamen de valoración previa el 11 de agosto de 2000, el que fue aprobado en sesión plenaria celebrada el 18 de agosto del mismo año, con los puntos resolutivos siguientes: ‘Primero. Se admite y se declara procedente la denuncia de juicio político presentada por ... en contra de los CC. Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y María del Pilar León Flores, Juez de primera instancia en el Estado. Segundo. Sométase el presente dictamen a la consideración del Pleno del H. Congreso del Estado para su aprobación. Tercero. Notifíquese el presente dictamen a la parte denunciante. Cuarto. Remítase, en su caso, el presente dictamen con su expediente a la comisión instructora para la incoación del procedimiento de conformidad a lo que hacen referencia los artículos 76 y 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.’. s) Por acuerdo dictado el 22 de agosto de 2000, los diputados integrantes de la Comisión Instructora de la Quincuagésima Sexta Legislatura al honorable Congreso del Estado de Guerrero emitieron el acuerdo mediante el cual se declara incoado el procedimiento de juicio político en contra de los CC. Lics. Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, Magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y María del Pilar León Flores, Juez de primera instancia de la misma entidad federativa, ordenando la formación del expediente número JP/004/2000. t) Previos los trámites legales, en la sesión extraordinaria del 1o. de agosto de 2001, la comisión instructora aludida presentó dictamen de conclusiones, sometiéndolo a la consideración del Pleno del honorable Congreso del Estado de Guerrero, quien no aprobó el referido dictamen, ordenando el presidente de la mesa directiva regresarlo a la comisión instructora para la elaboración de uno nuevo. u) Ese mismo día, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero convocó nuevamente a sesión plenaria extraordinaria, en la cual la comisión instructora presentó un nuevo dictamen de conclusiones, el que fue aprobado y cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ‘Primero. No se reúnen los elementos de los supuestos marcados en la fracción III del artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, como se establece en la fracción I del considerando sexto del presente dictamen. Segundo. Se reúnen los elementos de los supuestos establecidos en las fracciones VI y VII del artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en los términos que se señalan en los considerandos sexto, fracción II y séptimo de este dictamen. Tercero. Esta comisión instructora considera que existen suficientes indicios que hacen presumir la probable responsabilidad de los servidores públicos Miguel Maya Manrique, Jesús Martínez Garnelo y María del Pilar León Flores, en la comisión de las conductas señaladas en las fracciones VI y VII del artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al omitir citar y valorar en la resolución de fecha 14 de marzo de 2000 las probanzas consistentes en la declaración del ahora sentenciado ... y la interpelación de llamadas telefónicas. Tal omisión, a juicio de la comisión instructora, causa perjuicios graves al Estado y a la sociedad, y motiva trastorno en el funcionamiento normal de la institución de impartición de justicia por los razonamientos vertidos en el considerando séptimo del presente dictamen. Cuarto. Con fundamento en el artículo 8o. de la Ley de los Servidores Públicos del Estado (sic) se propone sancionar a los CC. Miguel Maya Manrique, Jesús Martínez Garnelo y María del Pilar León Flores con la destitución de su cargo. Quinto. Remítase el presente dictamen en concepto de acusación al presidente del honorable Congreso del Estado para los efectos legales conducentes.’. v) Los servidores públicos sujetos a juicio político, comparecieron el 6 de agosto de 2001 ante el H. Pleno del Congreso del Estado, la comisión instructora de éste como parte acusadora para llevar a cabo la primera audiencia. Y el 23 de ese mismo mes y año se llevó a cabo la segunda, dentro de la cual se aprobó por mayoría de votos el dictamen presentado por la comisión instructora con conclusiones acusatorias. w) Erigido el H. Congreso del Estado en jurado de sentencia, el 24 de agosto del año en curso concluyó el juicio político con la emisión de su resolución que, en la parte conducente, se transcribe: ‘Cuarto. Efectivamente, en la resolución del 14 de marzo de 2000, emitida por los integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como lo señala el dictamen con conclusiones, no fueron citadas ni analizadas, la declaración del coacusado ... alias ... y la documental que contiene una relación de las llamadas telefónicas antes, durante y después de ejecutado el secuestro, hecho que se confirma cuando los CC. Miguel Maya Manrique y María del Pilar León Flores, al rendir sus respectivos informes aceptan no haber tomado en cuenta tales probanzas, y en el interrogatorio que les fue formulado por la parte promovente del juicio político, implícitamente vuelven a aceptar al contestar a una pregunta que si alguno de esos medios no se consideró para transcribirlo o mencionarlo en la sentencia, fue en virtud de que carecía de relevancia y eficacia jurídica. Ahora bien, es importante señalar que esta omisión para los efectos de este juicio político se toma desde el punto no de juzgar el accionar de los servidores públicos en su función de emitir libremente sus determinaciones, sino desde el punto de que tal accionar debe observar los lineamientos que le marquen las leyes sustantivas y adjetivas que rigen la materia, sobre todo tratándose de leyes que son de interés público y cuyo compromiso al asumir su función fue la de respetar y cumplir cabalmente. En este orden de ideas, la conducta por omisión se encuentra plenamente demostrada y también la responsabilidad de los servidores públicos a juicio de este jurado de sentencia, al aceptar dos de ellos que citaron y valoraron todas y cada una de las pruebas que obran en el expediente compuesto de diez tomos, pero que no consideraron necesario transcribir o mencionar aquellas probanzas que carecían de relevancia y eficacia jurídica, y toda vez que ha quedado demostrada la existencia de las probanzas consistentes en: el interrogatorio a ... realizado por el Ministerio Público de Arcelia, Guerrero, el 11 de septiembre de 1996 (f. 1016 a 1021, tomo tres), diligencia judicial que corre agregada en la documental que en copia certificada se allegó la comisión instructora, consistente en la causa penal 25/996 y 03/997 acumuladas (f. 5312 a 5315, tomo once); y la documental consistente en copia certificada del informe rendido por la jefa de Atención a Clientes de la empresa Radio Móvil DIPSA, S.A. de C.V., respecto de las facturas y desglose realizadas de los teléfonos celulares ... (f. 1022 a 1058, tomo tres), se considera la aceptación tácita de la omisión y, por tanto, la responsabilidad al incurrir en la infracción a una ley secundaria de derecho público, ajustándose a los supuestos establecidos en las fracciones VI y VII del artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Número 674. Es este último el argumento que en su defensa han sostenido los servidores públicos acusados, estableciendo que desde el punto de vista jurídico las probanzas no tienen valor ni eficacia probatoria, respaldando su dicho en argumentos doctrinarios, procesales y en criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideraciones que no son materia de este juicio político porque este H. Congreso no es competente para revisar si tales pruebas eran suficientes para declarar la culpabilidad o no de ... aunado a ello, los servidores públicos acusados argumentan en su defensa que sólo dieron cumplimiento a una ejecutoria federal que les mandataba resolver con libertad de jurisdicción, efectuando en forma razonada un análisis de los medios de prueba y determinar si eran suficientes o no para establecer cuál fue la participación o coautoría del quejoso en los hechos imputados, y que por ningún motivo implicaba la obligación de relacionar, citar y valorar cada una de las probanzas, sin embargo, de la misma resolución se desprende que en ninguna parte de la misma se les faculta para dejar de aplicar un ordenamiento jurídico que se traduce en la omisión de citar y valorar todas y cada una de las probanzas que obraron en el expediente y que sirvieron de base para la emisión de la sentencia condenatoria del Juez de primera instancia y de la resolución que la misma Sala Penal emitió con fecha 9 de septiembre de 1999, confirmando la sentencia de primera instancia y concluyéndose, entonces, que los integrantes de la Sala Penal, hoy acusados, al no cumplir con su obligación mandatada en un ordenamiento jurídico de interés público, encuadraron su conducta en los supuestos marcados por las fracciones VI y VII del artículo 7o. de la ley de responsabilidades citada, no siendo justificables ni eximibles de responsabilidad, los razonamientos argumentados por los servidores públicos acusados en su defensa. Quinto. Por otra parte, es menester señalar que la conducta asumida por los servidores públicos acusados encuadra, como ya se dijo, en las fracciones VI y VII del artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Número 674, toda vez que con la omisión se comete una infracción a una norma de carácter público que se traduce en el grave perjuicio político y social que la conducta de los Magistrados acusados causan al Estado y al normal funcionamiento del Poder Judicial, porque ha quedado en la sociedad guerrerense, con otros casos públicos, en entredicho la correcta y normal administración y aplicación de justicia por ese órgano colegiado que forma parte integrante de los Poderes del Estado. Aunado a ello, como se señala en el dictamen con conclusiones el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal para calificar la responsabilidad de los servidores judiciales, cuando dejan de cumplir con una función propia de su actividad, aducen a dos supuestos: la ineptitud y el descuido; la ineptitud, cuyo sustento es el error inexcusable y el descuido, que tiene como base el error justificable, y para saber en qué supuesto encuadra la conducta del servidor, deben tomarse en cuenta los antecedentes personales, profesionales y laborales del funcionario judicial. Procede entonces declarar la destitución en su cargo a los CC. Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo como Magistrados numerarios del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y a María del Pilar León Flores como Juez de Primera Instancia del Estado e inhabilitarlos para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Ahora bien, el artículo 8o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Número 674 establece que la inhabilitación será desde uno hasta veinte años, corresponde entonces a este jurado de sentencia razonar el término de inhabilitación de los servidores públicos de referencia. Tomando en cuenta que el nombramiento que les fue conferido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 82 y 86 de la Constitución Política del Estado es de seis años contados a partir de la fecha de su nombramiento, este jurado de sentencia considera pertinente que los servidores públicos acusados sean inhabilitados por un periodo igual para el cual fueron nombrados. Sin embargo, por lo que hace al C. Jesús Martínez Garnelo su nombramiento le fue otorgado del 1o. de mayo de 1993 al 30 de abril de 1999, ratificándose el mismo para el periodo comprendido del 1o. de mayo de 1999 al 30 de abril de 2005 adquiriendo, en consecuencia, la inamovilidad en el cargo. Al respecto, es de señalarse que de conformidad al artículo 82, segundo párrafo, de la Constitución Política Local, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado que sean reelectos, sólo podrán ser privados de sus cargos cuando incurran en alguna de las responsabilidades oficiales establecidas en el título décimo tercero de la misma Constitución, como es el caso que nos ocupa. Así que, en virtud de que el C. Jesús Martínez Garnelo tiene el carácter de inamovible no se puede determinar un periodo de su nombramiento. En consecuencia, en vista de que la infracción por omisión a un ordenamiento jurídico de interés público en la que incurrieron los servidores públicos de referencia es la misma, no puede existir una diferenciación en el término de su inhabilitación, por ello se aplicará el mismo término a los tres servidores públicos. Por lo anterior y toda vez que el término de inhabilitación se encuentra incluido dentro del mínimo de un año y el máximo de veinte años que establece el artículo 8o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Número 674, este jurado de sentencia determina sancionar con la destitución de sus cargos y la inhabilitación de los CC. Miguel Maya Manrique, Jesús Martínez Garnelo y María del Pilar León Flores para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público por seis años contados a partir de la fecha de la entrada en vigencia del presente decreto. En consecuencia, es pertinente que se revoquen los nombramientos otorgados a los servidores públicos de referencia, en el caso del C. Jesús Martínez Garnelo revocar su nombramiento como Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado que fue aprobado mediante Decreto Número 393, de fecha 30 de abril de 1993, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 38 de fecha 7 de mayo de 1993, así como revocar la ratificación de su nombramiento y declaración de inamovilidad en su cargo otorgada por el Decreto Número 293 de fecha 22 de abril de 1999, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 37 de fecha 4 de mayo de 1999. En ambos casos, debe comunicársele el presente decreto al titular del Ejecutivo Estatal para que disponga lo conducente al nombramiento de Magistrados. Tratándose de la C. María del Pilar León Flores, es menester enviar el presente decreto al Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado para que provea lo relativo a la sustitución. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política Local y 8o., fracción I y 127, párrafos primero y tercero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este honorable Congreso tiene a bien expedir el siguiente Decreto Número 344 que contiene la resolución que recae al juicio político instruido en contra de los CC. Miguel Maya Manrique, Jesús Martínez Garnelo y María del Pilar León Flores, radicado bajo el número de expediente JP/004/2000. Primero. No se reúnen los elementos de los supuestos marcados en la fracción III del artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado como se establece en el numeral I del considerando sexto del dictamen de conclusiones, transcrito en el resultando segundo del presente decreto. Segundo. Se tiene por comprobada legalmente la conducta atribuida a los servidores públicos Miguel Maya Manrique, Jesús Martínez Garnelo y María del Pilar León Flores por reunirse los elementos de los supuestos establecidos en las fracciones VI y VII del artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en los términos que se señalan en los considerandos sexto, numeral II y séptimo del dictamen de conclusiones, transcrito en el resultando segundo del presente decreto. Tercero. Se tiene por comprobada la responsabilidad de los CC. Miguel Maya Manrique, Jesús Martínez Garnelo y María del Pilar León Flores, Magistrados numerarios del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez de Primera Instancia del Estado, encuadrada en los supuestos marcados por las fracciones VI y VII del artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado por los razonamientos vertidos en los considerandos tercero y cuarto del presente decreto. Cuarto. Por tanto, con fundamento en los artículos 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 8o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 674, se sanciona al C. Miguel Maya Manrique con la destitución de su cargo como Magistrado numerario del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público por un término de seis años; al C. Jesús Martínez Garnelo con la destitución de su cargo como Magistrado numerario del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público por un término de seis años; y a la C. María del Pilar León Flores con la destitución de su cargo como Juez de Primera Instancia del Estado e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público por un término de seis años, por los razonamientos vertidos en el considerando quinto del presente decreto. Quinto. En consecuencia, se revocan los nombramientos de los CC. Jesús Martínez Garnelo y Miguel Maya Manrique, aprobados mediante Decretos Números 393 y 293, de fechas 30 de abril de 1993 y 22 de abril de 1999, publicados en los Periódicos Oficiales del Gobierno del Estado 38 y 37 de fechas 7 de mayo de 1993 y 4 de mayo de 1999, respectivamente; asimismo, se revoca la ratificación del nombramiento y declaración de inamovilidad del cargo del C. Jesús Martínez Garnelo otorgada por Decreto Número 293, de fecha 22 de abril de 1999, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 37 de fecha 4 de mayo de 1999. Sexto. Comuníquese el presente decreto al Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado para su conocimiento y los efectos conducentes. Séptimo. Comuníquese el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos legales procedentes y para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Octavo. Notifíquese el presente decreto a los CC. Miguel Maya Manrique, Jesús Martínez Garnelo y María del Pilar León Flores y a sus defensores. Noveno. En su oportunidad, archívese el expediente JP/004/2000 como asunto total y definitivamente concluido.’. x) Se estima que los actos del Poder Legislativo del Estado de Guerrero (honorable Congreso del Estado de Guerrero), consistente en la instauración del procedimiento de juicio político y resolución que a éste le recayó, son violatorios de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalados en el capítulo correspondiente, tomando en consideración que ha invadido la esfera de competencia constitucional reservada al Poder Judicial del Estado prevista en los artículos 17, 21, 23, 40, 41, 49, 108, 109, 110, 111, 114 y 116 de la Constitución Federal de la República; 26, 47, 48, 49, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89 y 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 9o., 16, f

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17910-30f24364/controversia-constitucional-los-poderes-judiciales-de-los-estados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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