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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN IMPUGNADA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL LESIONAR SU INDEPENDENCIA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 238/2016. · Registro digital (IUS): 200300
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 238/2016. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 7 DE FEBRERO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de febrero de dos mil dieciocho.

VISTOS Y,

RESULTANDO:

1. Por oficio presentado el quince de diciembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió en representación del Poder Judicial de la entidad, controversia constitucional en la que demandó del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del secretario general de Gobierno del Estado lo siguiente:

a. La invalidez del Decreto Número Mil quinientos once publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5452, el siete de diciembre de dos mil dieciséis a través del cual, el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a Jesús Antonio Tallabs Ortega con cargo al presupuesto destinado para pensiones al Poder Judicial del Estado de Morelos.

b. La invalidez de los artículos 24, fracción XV; 56, 57, último párrafo; 59, inciso f), y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

c. Por extensión de efectos, se demanda también la invalidez de los artículos siguientes:

i. Los artículos 1, 8, 43, fracción XIV; 45, fracción XV, párrafo primero, inciso c); 54, fracción VII; 55, 56, 57 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

ii. El artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4529 de fecha nueve de mayo de dos mil siete.

iii. El artículo 109 del Reglamento del Congreso el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4546 de fecha doce de junio de dos mil siete.

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados

3. Artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III; 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 92-A y 131 de la Constitución de Morelos.

4. Antecedentes de la controversia

5. En el aspecto financiero y presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, no ha sido modificado de manera progresiva a fin de ser acorde con las necesidades reales, pues se ha mantenido intocado desde el presupuesto autorizado en el 2013 en que se asignaron recursos del orden de $585'365,000.00 (quinientos ochenta y cinco millones trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), y ha sido idéntico con los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

6. Mediante oficio número CJE/2675/2016 de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se solicitó a la Legislatura del Estado de Morelos, se autorizara una ampliación presupuestal por la cantidad de $56'000,000.00 (cincuenta y seis millones 00/100 M.N.) a la partida de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio dos mil trece a dos mil dieciséis, no se habían autorizado partida presupuestaria en este rubro pese a que se han autorizado de manera exponencial las jubilaciones con cargo al Poder Judicial. Sin embargo, hasta la presente fecha la Legislatura Local ha sido omisa en dar respuesta a dicha petición.

7. Se han realizado gestiones por cuanto a la ampliación presupuestal sin que se haya recibido respuesta favorable. De modo que el monto total autorizado y su administración no ha sido modificado en los últimos cinco años.

8. El siete de diciembre de dos mil dieciséis, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Numero 5452 el Decreto Número mil quinientos once a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a el C. Jesús Tallabs Ortega, con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos.

9. Conceptos de invalidez

10. Primero y segundo conceptos de invalidez. Los argumentos de invalidez hechos valer por el promovente en sus dos primeros conceptos de invalidez resultan en gran parte coincidentes, por lo que se referirá su contenido de manera conjunta, el cual en síntesis es el siguiente:

11. La emisión del decreto cuya invalidez se demanda, vulnera en contra del Poder Judicial del Estado de Morelos, los artículos 14, 16, 17, 40, 41, 49; 116, fracciones II y III; 123, apartado B, fracción XI, inciso a); 127 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92-A, fracción VI, así como 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos por las razones siguientes:

a. La determinación de obligación del Poder Judicial del Estado de Morelos a realizar pago por cesantía en edad avanzada con cargo al presupuesto del propio poder a favor de determinada persona, se traduce en una disposición arbitraria en contra de la hacienda del Poder Judicial de la entidad.

b. La autorización a favor del Poder Legislativo del Estado de Morelos para emitir decretos jubilatorios de trabajadores de otros poderes estatales, se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestal del Poder Judicial que consagran los artículos 17, párrafo V y 116, fracción III, de la Constitución Federal.

c. El decreto transgrede el artículo 116 constitucional, al vulnerar el principio de congruencia entre ingresos y egresos, mediante el cual se establece que el ejercicio del Poder de cada una de las entidades federativas debe estar dividido para su ejercicio entre tres Poderes, de tal modo que ninguno pueda ejercer todo el Poder Estatal en su propio interés.

d. El decreto viola el contenido del artículo 16 constitucional al incumplir con los requisitos de fundamentación y motivación que sustenten su determinación, de conformidad con lo dispuesto en las tesis de jurisprudencia P./J. 50/2000 y P./J. 109/2005 de rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO PUEDEN ALEGAR INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."

e. El decreto es contrario al principio de independencia judicial consagrado en el artículo 17 constitucional, párrafo quinto, en cuanto vulnera la libertad de los juzgadores de emitir sus resoluciones sin influencias ajenas al reconocimiento jurídico.

f. Se vulnera el contenido del artículo 49, fracción III, constitucional, que sustenta el principio de división de Poderes, específicamente en cuanto dispone que los Poderes Judiciales de las entidades federativas gozarán de autonomía e independencia en su conformación y ejercicio de sus funciones.

g. Se vulnera el contenido de los artículos 123, apartado B, fracción IX, inciso a) y 127 constitucionales en cuanto reiteran la obligación de los Poderes de la Unión –en su calidad de patrones– a otorgar como prestaciones sociales, el pago de las pensiones o jubilaciones de los trabajadores a su cargo. No obstante, dicha determinación establece que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de reitero, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo y sin que se encuentre debidamente referidas en los presupuestos de egresos respectivos.

h. Se vulnera el principio de congruencia presupuestal al que se encuentran sujetos los Poderes Judiciales, mediante el cual corresponde en forma exclusiva a éste la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa (92-A fracción VI de la Constitución Local).

12. Es así que la determinación del Congreso Local, a través de la cual estima cumplidos los requisitos exigidos para que la trabajador accediera a la pensión por cesantía en edad avanzada, con cargo a la hacienda pública del promovente, afecta inconstitucionalmente el presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, al imponérsele la obligación de erogar un recurso que no se encontraba previsto para el ejercicio dos mil dieciséis.

13. Es verdad que el régimen de pensiones debe considerarse en las leyes laborales que expidan las Legislaturas Locales, no obstante, ello no implica que el Congreso pueda determinar libremente, los casos en que proceda otorgar prestaciones, cuando éstas nazcan de las relaciones de trabajo entre el Poder Judicial del Estado de Morelos y sus trabajadores.

14. En la diversa controversia constitucional 35/2000 promovida por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la autonomía de la gestión presupuestal es condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia el adecuado funcionamiento de la carrera judicial.

15. La autonomía de la gestión presupuestal tiene el carácter de principio fundamental de la independencia de los Poderes Judiciales Locales y no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros Poderes, pues ello conllevaría, como a la violación del principio de división de Poderes que garantiza el artículo 116 constitucional.

16. Si no se considera constitucionalmente admisible que la Legislatura disminuya la remuneración de los juzgadores, tampoco puede aceptarse que el Congreso Local sea quien determine las pensiones de los empleados judiciales.

17. El Poder demandado no puede direccionar los recursos presupuestales del Poder Judicial para el pago de las pensiones en materia de seguridad social, máxime que la Legislatura Local no atendió la solicitud planteada para cubrir las obligaciones impuestas a través de los diversos decretos de jubilación y cesantía de edad avanzada emitidas a lo largo de esta anualidad.

18. En diversas ejecutorias dictadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, se ha determinado que para que se determine la transgresión a los principios de independencia y autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes Judiciales, es necesario que se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

a. Que en cumplimiento de una norma jurídica, o bien de manera libre, se actualice una conducta imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo.

b. Que dicha conducta implique la intromisión, en los términos antes definidos, de uno de esos Poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de esos Poderes realice actos que coloquen al Poder Judicial en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él.

c. Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre cualquiera de los siguientes aspectos:

i. Nombramiento, promoción e indebida remoción de los miembros del Poder Judicial.

ii. Inmutabilidad salarial (remuneración adecuada y no disminuible).

iii. Carrera judicial.

iv. Autonomía de la gestión presupuestal.

19. El Legislativo Local subordina al Poder Judicial del Estado de Morelos, al obligarlo a cubrir una pensión, cuantificando e indicando el modo de cálculo de la misma.

20. Al respecto cabe referir el contenido del artículo 56 de la ley impugnada en cuanto indica que las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta ley y los demás ordenamientos aplicables.

21. Como se observa, el Congreso Estatal resulta el órgano resolutor en materia de pensiones, al habérsele facultado para expedir los decretos relativos a las pensiones de los trabajadores a cargo del Poder Judicial del Estado, cuestión que vulnera la autonomía de gestión presupuestal prevista en el artículo 116, fracción III, de la Carta Magna.

22. En las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, la Suprema Corte de Justicia resolvió como una transgresión al principio de autonomía en la gestión de la hacienda pública, que el Congreso Local, sin la intervención de cualquier otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, pueda decretar alguna de las pensiones determinadas en la Ley del Servicio Civil estatal, determinando el monto correspondiente.

23. Ahora bien, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esté en posibilidades de dilucidar si el decreto impugnado violenta o no el principio de independencia de los Poderes Judiciales Locales y, por ende, el de división de Poderes, deberá analizar si tal acto implica o no intromisión, dependencia o subordinación a la autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos por parte del Poder Legislativo demandado en perjuicio del actor.

24. Los preceptos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos cuya invalidez se demanda, en términos generales establecen lo siguiente:

a. Que es facultad del Congreso Estatal emitir leyes, acuerdos o decretos.

b. Que es atribución de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso Estatal, el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, así como la realización de la investigación correspondiente mediante la cual se comprueben los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho.

c. Que el Congreso del Estado está facultado en términos de lo establecido en los artículos 57 y 59 de la Ley del Servicio Civil estatal, para expedir decretos de pensiones a favor de los trabajadores de los diversos Poderes Estatales.

25. Como se observa, existe una intromisión del Poder Legislativo en la ejecución y/o aplicación del presupuesto del Poder Judicial Local que ya se encuentra destinado a determinados fines, contraria al principio de autonomía en la gestión presupuestaria de los Poderes Judiciales Estatales.

26. Tercer concepto de invalidez. El decreto impugnado vulnera en perjuicio del Poder actor, los artículos 16, 116, fracción III, 126 de la Constitución General de la República; 134 y 131 de la Constitución interna del Estado de Morelos.

27. El Estado se encuentra obligado a cubrir el derecho mínimo a la seguridad social, que comprende, entre otras cosas, el otorgamiento de una pensión a sus trabajadores.

28. Para el caso de los trabajadores al servicio del gobierno el Estado de Morelos, existe la posibilidad de cotizar por una parte ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, en su momento, acceder al beneficio de pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada establecido en la Ley del Servicio Civil de la entidad.

29. Se solicita declarar la invalidez del decreto impugnado y, por extensión, el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil, al no estar acorde a la realidad constitucional y ser incompatible con la Ley del Seguro Social, que no se refieren al aumento al salario mínimo como referente para incrementos a pensiones.

30. En ese contexto, el Poder Judicial del Estado de Morelos, no niega la obligación de dar cumplimiento al pago de las pensiones que correspondan, no obstante, indica que para ello requiere de un presupuesto suficiente e independiente a la potestad del órgano legislativo.

31. El decreto impugnado viola el artículo 16 constitucional al generar incertidumbre jurídica, en cuanto indica, que el monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos.

32. Aun cuando el presupuesto de egresos considera un incremento salarial, éste no corresponde al aumento al salario mínimo, ya que este último se establece por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, organismo público descentralizado, cuya integración y funcionamiento se encuentra desligado de lo que comprende a los trabajadores que prestan sus servicios al Gobierno del Estado.

33. Dicho organismo se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) ahora dependiente del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), al cual concierne estimar las variaciones en precios que tienen que ver con bienes y servicios comercializados en el país.

34. El artículo segundo del decreto combatido, pone de manifiesto que el Legislador Local, viola la división de Poderes, y transgrede la autonomía e independencia de la gestión presupuestal del Poder Judicial, al disponer arbitrariamente el aumento automático del importe de la pensión en relación con el incremento porcentual del salario mínimo.

35. Sin embargo, no se establece la imposición de transferencia o aumento automático de recursos al Poder Judicial estatal en la misma medida en que se aumente el monto de las pensiones.

36. La extralimitación en la proyección realizada por el Poder Judicial de Morelos a cargo del cual corre el pago de las pensiones, invade la esfera de competencias del Poder Judicial del Estado de Morelos.

37. El actuar del Poder Legislativo de Morelos lesiona el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecido en el artículo 116 constitucional, consistente en que el Poder de cada una de las entidades federativas debe estar dividido para su ejercicio entre tres Poderes, sin que ninguno pueda ejercer todo el Poder Estatal en su propio interés.

38. Es así que la controversia se encuentra dirigida a que se otorguen recursos suficientes para enfrentarse al gasto correspondiente al pago de pensiones.

39. Cuarto concepto de invalidez. Se vulnera el contenido del artículo 134 constitucional, a través del cual se dispone que los recursos económicos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

40. El legislador estatal desconoce el contenido de la Ley Disciplinaria Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la cual establece los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera de las entidades federativas, Municipios y entes públicos.

41. El presupuesto del Poder Judicial de Morelos para su incremento, no depende ni se rige por el aumento que sufra el salario mínimo, por lo que resulta incorrecto que se establezca que es con base en éste que deba realizarse el incremento a la pensión de un trabajador.

42. Asimismo, resulta materialmente imposible actualizar anualmente el porcentaje de los trabajadores jubilados conforme al salario mínimo, en razón de que existen casos en que los jubilados perciben más que los trabajadores en activo, siendo ilógico que una persona en jubilación gane más que una persona en activa en el mismo rango o presupuesto.

43. Aun cuando se ha solicitado al Congreso de Morelos la ampliación presupuestal para hacer frente a las obligaciones referentes al pago de pensiones, éste ha sido omiso en responder y por tanto en asignar el recurso solicitado.

44. No obstante ello ha continuado aprobando pensiones a trabajadores sin la partida presupuestal correspondiente, en contra de lo dispuesto por los artículos 126 y 134 constitucionales, lo que significa que al no proveer de recursos necesarios e imponer una carga presupuestal, sujeta y limita la autonomía presupuestal del Poder Judicial actor.

45. Trámite de la controversia

46. Por acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete,(1) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 238/2016 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.

47. Mediante proveído de seis de enero de dos mil diecisiete,(2) el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional únicamente por el acto impugnado y no por los artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado por haber consentido su aplicación, teniendo como demandados al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y al secretario general de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a los que ordenó emplazar para formular su respectiva contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

48. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Aun cuando al inicio de su contestación, el Poder Legislativo del Estado de Morelos refiere el nombre de una persona diversa a la beneficiaria de la pensión por cesantía en edad avanzada indicada en el escrito de demanda, se observa que los argumentos corresponden al caso y a la cuestión efectivamente planteada por el Poder Judicial actor.

49. Respecto al primer concepto de invalidez, el Poder Legislativo de Morelos indica que el decreto que se impugna fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado, que establece el procedimiento para que los trabajadores de los Poderes del Estado puedan obtener su pensión, ya sea por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez u orfandad.

50. En el caso, Jesús Antonio Tallabs Ortega, solicitó el otorgamiento de pensión por cesantía en edad avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación del salario expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.

51. Al tenor del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por cesantía en edad avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento.

52. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación.

53. Así pues, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad y edad se ubique en el supuesto correspondiente, de manera que, al acreditarse una antigüedad de quince años y ocho meses de trabajo ininterrumpido por parte del trabajador y sesenta años de edad, se concedió la pensión requerida al señor Jesús Antonio Tallabs Ortega, pues no existía razón para que el Congreso del Estado de Morelos, se negara a emitir el decreto respectivo.

54. De acuerdo al artículo 2o. del decreto impugnado, la pensión otorgada deberá ser cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada de pensiones.

55. Derivado de lo anterior y contrario a lo señalado por poder actor, con la expedición del decreto impugnado, en nada se violenta los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal, en ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los requisitos de fundamentación y motivación de una ley se satisfacen cuando es expedida por el Congreso constitucionalmente facultado para ello.

56. Por una parte, el régimen de pensiones fue expedido a través de una norma dictada por la Legislatura de Morelos, de ahí que no se vulnera el principio de división de Poderes, contemplado en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

57. Luego entonces el decreto impugnado, se emitió en lo señalado por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en particular en sus artículos 56, 57 y 58 cuestión que en forma alguna atenta en contra de la integridad e independencia del Poder Judicial del Estado de Morelos y que observa en todo momento los derechos laborales de los trabajadores.

58. La Suprema Corte de Justicia ha establecido, a través de diversos criterios jurisprudenciales, los elementos básicos para demostrar la afectación de alguno de los Poderes y consecuentemente, la afectación al principio de división de Poderes.

59. Dichos elementos corresponden a la existencia de intromisión, dependencia y subordinación de un Poder ante otro, sin que en el presente asunto se actualice alguna de estas hipótesis, al no haber intromisión por parte del Poder Legislativo en las actividades propias del Poder Judicial estatal.

60. Por su parte, resulta inoperante lo señalado por el Poder actor en su segundo concepto de invalidez, en el que considera que se vulneran en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 41 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a); y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 92-a, fracción VI y 131 de la Constitución Local.

61. El Poder Legislativo Estatal no ha vulnerado la autonomía presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, en tanto que, hasta este momento, ninguna de sus partidas presupuestales ha sido vulnerada, afectando la función de impartición de justicia de dicho órgano.

62. En este orden de ideas el artículo 116 de la Norma Suprema, retoma el principio de división de Poderes, estatuido en el diverso numeral 49 de la Constitución de la República, con el objeto de equilibrar el Poder Público, al impedir que un poder se coloque por encima de otro y/o que un individuo sea depositario de dos o más Poderes.

63. Cabe mencionar que conforme a los artículos 40, fracción II y 50 de la Constitución Estatal, el órgano legislativo es el único que tiene la facultad de expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar los decretos que emita para determinar el gobierno y la administración interior del Estado, para lo cual debe observar los mismos trámites que para su formación, esto es, el procedimiento legislativo.

64. En esa tesitura, de la interpretación sistemática de los artículos 40, fracción II y 50 de la Constitución estatal; 3o. de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos en la entidad y 56, 57 y 64 de la Ley del Servicio Civil del Estado, únicamente el Congreso del Estado de Morelos tiene facultad para sustanciar el trámite, a través del cual, se determine el pago de la pensión, así como para aclarar, reformar, derogar o abrogar dicha determinación, e incluso, para analizar la eficacia de la misma.

65. Por lo tanto, conforme al régimen legal establecido, el Poder Judicial del Estado, solo constituye un órgano de ejecución, o bien una autoridad vinculada al cumplimiento del decreto emitido por el Congreso; por lo que no puede aclarar, reformar, derogar o abrogar el decreto emitido por el Congreso, ni determinar si es procedente o no la ejecución.

66. No se pasa por alto el hecho de que el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil en la parte que otorgaba al Congreso del Estado, la Facultad de emitir los decretos en materia de pensiones, fue declarado inválido mediante sentencias dictadas en las controversias constitucionales 90/2008, 92/2008 y 50/2010, no obstante, ello en nada afecta la validez del acto impugnado, pues el decreto que reconoce el derecho del pensionado, fue emitido en dos mil dieciséis.

67. Resulta preciso indicar que el argumento de inconstitucionalidad del Poder actor, en realidad gira en torno a la facultad del Congreso del Estado de Morelos, para aprobar y decretar una pensión a favor una persona a cargo del presupuesto de egresos de dicho Poder, lo cual no tiene relación alguna con el contenido de las normas generales recién aludidas.

68. Por ende, resulta procedente sobreseer la controversia constitucional respecto de los artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sirviendo de fundamento el criterio «P. VI/2011» aprobado por el Pleno de este Alto Tribunal con rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO."

69. Por último, el Poder Legislativo Local refiere que el principio de división de Poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución Federal, corresponde al ámbito federal y no estatal, por lo que los argumentos hechos valer por el promovente al respecto no resultan aplicables en el caso que se plantea.

70. Contestación del Poder Ejecutivo y del secretario de gobierno del Estado de Morelos.

71. Tanto el Poder Ejecutivo como el secretario de gobierno del Estado de Morelos, hacen valer como causa de improcedencia, la falta de legitimación del Poder Judicial actor, al considerar que no se ha realizado acto alguno que invada su esfera de competencia, por lo que carece de legitimación para promover la presente controversia constitucional.

72. Debe tenerse presente que anteriormente, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, promovió la diversa controversia constitucional 36/2015, en contra del Congreso de la entidad por considerar que no había atendido las observaciones realizadas por él, respecto del Decreto Número 1511, cuya invalidez se demanda en la presente controversia constitucional.

73. En el caso no puede considerarse que el trabajador tuviese ese carácter, ya que el artículo 2o. de la Ley del Servicio Civil señala, que un trabajador es la persona física que presta un servicio subordinado en virtud de un nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes Estatales, de manera que si en la función que ejercen los Consejeros de la Judicatura Local no existe el elemento de subordinación, éstos no deben ser considerados como trabajadores.

74. Al respecto, una de las razones principales por las que el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito concedió a Jesús Antonio Tallabs Ortega, la pro

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200300-7a36a581/i-controversia-constitucional-autonomia-del-poder-judicial-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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