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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. III. EXTINCIÓN DE DOMINIO. SU NATURALEZA Y FINES. IV. EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONSTITUYE UNA MEDIDA DE APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN PARA LIDIAR CON UN FENÓMENO DELINCUENCIAL ESPECIAL, QUE NO DEBE APLICARSE EN LA PERSECUCIÓN DE DELITOS COMUNES. V. EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE CONFISCACIÓN DE BIENES. VI. EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONSTITUYE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL AUTÓNOMO RESPECTO DEL PENAL. VII. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULARLA ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. VIII. EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL JUICIO RESPECTIVO SIGUE REGLAS SIMILARES A LAS DE LOS PROCESOS CIVILES, NO OBSTANTE, NO PUEDE AFIRMARSE QUE ÉSTA SEA SU NATURALEZA POR INVOLUCRAR ELEMENTOS DE OTRAS MATERIAS. IX. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULARLA RESPECTO DE DELITOS CONTRA LA SALUD, SECUESTRO Y TRATA DE PERSONAS, ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE EN LA MATERIA. X. DELINCUENCIA ORGANIZADA. LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN RELACIÓN CON ESE DELITO. XI. EXTINCIÓN DE DOMINIO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN LA MATERIA, CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, DERIVADO DE SU REFORMA. (FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 19 TER DE LA LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 49/2018. · Registro digital (IUS): 200617
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 49/2018. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO RICARDO MONTERROSAS CASTORENA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve.

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 49/2018 promovida por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República contra el artículo 19 Ter, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, adicionado por decreto número 131, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el doce de abril de dos mil dieciocho, Tomo XCVII, Segunda Época, No. 1 Extraordinario.

I. TRÁMITE

1. Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el catorce de mayo de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República,(1) promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 19 Ter, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala,(2) adicionado por decreto número 131, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el doce de abril de dos mil dieciocho, Tomo XCVII, Segunda Época, No. 1 Extraordinario (fojas 1 a 23 de este toca).

2. Autoridades emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Poder Legislativo y se promulgó por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Tlaxcala.

3. Conceptos de invalidez. En los conceptos de invalidez se argumenta, en síntesis, lo siguiente:

a) El artículo 19 Ter, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, viola los artículos 20, apartado C, fracción IV, y 22, segundo párrafo, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no prevé todos los bienes susceptibles de extinción de domino que contempla la Constitución Federal.

Lo anterior es así, toda vez que de los supuestos de procedencia de la extinción de dominio previstos en los cuatro incisos de la fracción II del artículo 22 constitucional, no se desprende que el legislador local tenga la atribución de variarlos, ya sea para aumentar supuestos o reducirlos, por lo tanto, se estima que la expresión "procederá en..." de la disposición constitucional aludida, debe ser interpretada como un mandato inmodificable para las autoridades.

Sin embargo, la norma que se analiza no prevé todos los bienes que la Constitución considera como susceptibles de extinción de dominio en materia de enriquecimiento ilícito. En otras palabras, excluye bienes que, conforme a la Constitución, podrían ser materia de dicha acción, como se ilustra en el cuadro siguiente:

Ver cuadro

Como se advierte, de una comparación entre la norma tildada de inconstitucional y la fracción II del segundo párrafo del artículo 22 constitucional, es posible aseverar que la primera no se ajusta por completo a ninguno de los incisos que prevén los bienes susceptibles de extinción.

Así, el legislador local al reducir el catálogo de bienes susceptibles de extinción de dominio, merma significativamente la capacidad de la Entidad Federativa para obtener recursos y destinarlos a la reparación del daño en favor de las víctimas y ofendidos.

De la misma manera, al excluir un supuesto de procedencia, se está cumpliendo de forma arbitraria y parcial con el objetivo que se planteó el Poder Revisor de la Constitución al crear la figura: desmembrar la economía de las organizaciones criminales.

Adicionalmente, la legislatura de la Entidad Federativa al no contemplar diversas hipótesis por las cuales se podrá iniciar el procedimiento de extinción de dominio por hechos de corrupción, incumple con uno de los objetivos del recién creado Sistema Nacional Anticorrupción, pues éste se originó como un conjunto de acciones institucionales entre las autoridades de distintas órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción, mediante instrumentos de control.

En conclusión, el excluir bienes que conforme al artículo 22, segundo párrafo, fracción II, constitucional podrían ser materia de la acción de dominio, se viola esa disposición así como el precepto 20, Apartado c), fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se estima procedente la declaración de invalidez de la fracción tildada de inconstitucional.

b) El numeral impugnado transgrede el principio de autonomía, reconocido en el artículo 22, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al establecer que la acción de extinción de dominio procederá cuando a una persona o personas se les realice la imputación correspondiente o les recaiga una sentencia dentro del proceso penal, supedita a la imputación o a la demostración de la responsabilidad penal de una persona, la procedencia de la extinción de dominio.

Se afirma lo anterior, en razón de que la norma objeto de control constitucional refiere que la acción será procedente respecto de los bienes de determinados sujetos, los imputados o sentenciados, así como de aquéllos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, dueños beneficiarios o beneficiario controlador.

Tal situación podría interpretarse como una disposición que sería aplicada solamente a determinados sujetos, no obstante que la Constitución Federal en su numeral 22, permite el ejercicio de la referida acción contra cualquier persona, debido a que persigue bienes relacionados con hechos ilícitos, no personas.

Esto es, la institución de extinción de dominio no se diseñó para que el Estado aplique una sanción individualizada a un sujeto concreto por haber observado una conducta antijurídica prevista en la ley penal, sino para extinguir el dominio de los bienes relacionados con el hecho ilícito.

De manera que la extinción de dominio procede aun cuando no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad penal, e incluso, si no existe imputado, siempre que existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

En ese sentido, es que se afirma que la norma que se impugna, al establecer que la acción de extinción de dominio procederá cuando una persona o personas se les realice la imputación correspondiente o les recaiga una sentencia dentro del proceso penal, vulnera el principio de autonomía previsto por el numeral 22 de la Constitución Federal; por lo que debe declararse su invalidez.

4. Artículos señalados como violados. El promovente señaló como violados los artículos 20, apartado C, fracción IV, y 22, segundo párrafo, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Registro y turno. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 49/2018, y el asunto se turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora (ibídem, foja 26).

6. Admisión. La Ministra instructora admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que rindieran sus informes dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación del citado auto (ibídem, fojas 27 a 29).

7. Informe del Poder Legislativo. El Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala de la LXII Legislatura del Estado de Tlaxcala, rindió informe mediante oficio MI/PL/CCyAI/APR/17/2018, recibido el dieciocho de junio de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (ibídem, fojas 93 a 114) en el que manifestó, esencialmente, lo siguiente:

a) La norma cuya invalidez se reclama no está afectada de irregularidades relevantes o irrelevantes que trasciendan en modo alguno en la misma, pues en la aprobación del Decreto por el cual se adicionó, se observaron y agotaron todas y cada uno de las etapas legislativas que señalan la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Tlaxcala y Reglamento Interior del Congreso de Tlaxcala, tales como la presentación de la iniciativa, el turno a la comisión correspondiente para su dictamen, la presentación del dictamen ante el Pleno de esta soberanía y su aprobación, en lo general y en lo particular, por dieciocho votos a favor y cero en contra -lo que representa más de las dos terceras partes de los integrantes (25) de esta soberanía-, culminando con su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

b) No se actualiza y, por ende, es inoperante el concepto de invalidez en el que el promovente refiere que la norma impugnada transgrede el artículo 22 constitucional, porque otorga a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tlaxcala la facultad de iniciar el procedimiento de extinción de dominio respecto de bienes vinculados con hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, sin contemplar las causas por las cuales se debe iniciar dicho procedimiento.

Ello es así, ya que de acuerdo con la disposición normativa que se combate, la autoridad que debe iniciar el procedimiento de extinción de dominio, tiene que apegarse a lo establecido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala, respecto a que la extinción de dominio procede sobre bienes relacionados o vinculados con los delitos contra la salud, asociación delictuosa, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

Esto es, la circunstancia de que en la norma combatida se faculte a la fiscalía especializada en el combate de la corrupción, para iniciar el procedimiento de extinción de dominio respecto de delitos en esa materia, no significa que se dejen de observar las reglas establecidas para dicha figura jurídica, pues si bien en esa norma no existe el listado de los delitos por los que procede la extinción de dominio, establecido en el artículo 22 de la Constitución Federal, lo cierto es que éste se encuentra en el numeral 7 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala, a la que con claridad remite la norma combatida, al disponer que el procedimiento de extinción de dominio será conforme a lo establecido en la ley aplicable.

Además, el accionante pierde de vista que el Estado de Tlaxcala, a través del Congreso, es competente para crear, modificar y derogar leyes aplicables a la Entidad Federativa, en uso del principio constitucional de configuración legislativa, esto es, si el constituyente local limitó la facultad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para promover la extinción de dominio de bienes que estén vinculados con hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, esto no debe traducirse en una norma inconstitucional, pues el procedimiento que contempla la Carta Magna, se ve reflejado en la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala.

Tampoco resulta inconstitucional, dejar a la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción, iniciar el procedimiento de extinción de dominio, pues es quien de primera mano conoce de la denuncia por la comisión de los delitos en esa materia, lo que da como resultado que sea la autoridad competente para iniciar el procedimiento.

Situación que no contraviene la normativa federal, pues es facultad del Ministerio Público local que atiende las denuncias por la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, el iniciar el procedimiento de extinción de dominio, de ahí que al limitar el inicio de esta acción a una sola área de la procuraduría estatal, podría generar la acumulación de acciones que serían interminables e imposibles de atender, así como la generación de duplicidad de trámites.

Aunado a que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, forma parte de la estructura orgánica de la Procuraduría del Estado de Tlaxcala, razón por la cual se especializa en la investigación de las denuncias de los delitos relacionados en materia de corrupción, y son otras áreas las que se especializan en la investigación de las denuncias de los diversos delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, de ahí que no existe violación a la disposición constitucional, pues la finalidad de dicha norma, es que el Estado pueda hacerse de bienes con los que permita llevar a cabo la reparación integral de quienes fueron víctimas de los delitos que se están persiguiendo.

Si bien, la norma constitucional coincide en lo substancial con el artículo 19 de la ley impugnada, en el sentido de que el "procedimiento" de extinción de dominio es autónomo del "procedimiento" que pudiera haberse iniciado en la vía penal; ello no significa que la acción de extinción de dominio pueda abstraerse de la materia penal, pues es evidente que es en ésta en donde se encuentra su fundamento, al ser en los ordenamientos penales donde se describen los hechos ilícitos que pueden dar lugar a la referida acción, y es su existencia la que justifica el inicio de los procedimientos de extinción e incluso, su conclusión.

En ese contexto, la extinción de dominio es una institución jurídica híbrida, que conjuga elementos del derecho penal, civil y administrativo, pero que tiene una finalidad distinta a la que se persigue en juicios que corresponden a cada una de esas materias.

Por consiguiente, no asiste razón al actor cuando referiré que: "De acuerdo con los párrafos anteriores, se tiene que al ser una institución especializada, el fiscal anticorrupción es el encargado de ejercer de manera exclusiva todas aquellas atribuciones que están relacionadas con hechos de corrupción con excepción de los atribuidos a los servidores públicos de la procuraduría –no solamente las relacionadas con la materia penal- destacando, para el caso que nos ocupa, las relativas al ejercicio de la extinción de dominio público", porque la sanción que pudiera resultar en materia penal en el caso de delitos de corrupción es diferente a la sanción administrativa que le resultaría al responsable de la comisión de la falta administrativa que haya cometido un servidor público o persona física o moral, lo cual es independiente de la sanción penal aplicable y, en su caso, el procedimiento de extinción de dominio que se inicia en su contra, de ahí la necesidad de que en el Estado de Tlaxcala exista una fiscalía especializada en combate a la corrupción que tiene la facultad de promover el procedimiento de extinción de dominio, cuando los bienes estén vinculados con los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.

En tal sentido, es que resulta infundado lo establecido por el promovente y además inoperante, pues la norma jurídica que regula la extinción de dominio, establece con claridad el procedimiento a través del cual se debe desarrollar, así como los sujetos procesales que les compete iniciarlo y los delitos por los cuales se debe interponer, dado que si se viera de otra forma en el Estado de Tlaxcala, se estarían duplicando las funciones y competencias de las áreas encargadas de investigar y perseguir los delitos que tanto flagelan a la sociedad.

c) Es inoperante e infundado el concepto de invalidez en el que el actor afirma que el artículo 19 Ter, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, al establecer que la acción de extinción de dominio procederá cuando a una persona o personas se les realice la imputación correspondiente o les recaiga una sentencia dentro del proceso penal, transgrede el principio de autonomía reconocido en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues supedita la procedencia de la acción patrimonial referida, a la imputación o a la demostración de la responsabilidad penal de una persona.

Ello es así, porque de la norma combatida no se advierte que el procedimiento de extinción de dominio sólo procederá cuando una persona o personas se les realice la imputación correspondiente, pues de su lectura integral se obtiene que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene como facultad exclusiva la de investigar los hechos con apariencia de delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o por particulares por hechos de corrupción previsto en las leyes, y promover la extinción de dominio de las y los imputados o sentenciados, dado que es el acto jurídico procesal a través del cual objetivamente se está en aptitud de iniciar con el procedimiento de extinción de dominio, al existir elementos suficientes y bastantes que justifican el procedimiento intentado ante los Tribunales Civiles del Estado de Tlaxcala.

Ahora bien, si el legislador local emitió en el ámbito de su competencia una norma jurídica que regula el procedimiento de extinción de dominio, previsto en el artículo 22 de la Constitución Federal, y además en la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, al crear una fiscalía especializada en investigar delitos en materia de corrupción, de manera expresa estableció la competencia de este para iniciar el procedimiento de extinción de dominio, no se traduce dicho actuar en una contravención a lo dispuesto en la norma constitucional, pues el congreso local y en el ámbito de su competencia, determinó en uso del principio de libertad de configuración legislativa que éste se inicie en contra de los imputados o sentenciados, así como dueños, dueños beneficiarios o beneficiario controlador cuando estos bienes estén vinculados con hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción que sean susceptibles de la acción de extinción de dominio.

En ese orden de ideas, es dable sostener que no asiste razón al actor, pues no existe violación al principio de autonomía previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que esta acción no está supeditada a la demostración de la responsabilidad penal de una persona, sino por el contrario, al ser realizado el acto procesal de la imputación, se está con la certeza jurídica que existen elementos objetivos y jurídicamente razonables que permitan determinar que los bienes objetos del delito guardan relación directa e inmediata con los hechos que se investigan; es decir, para que proceda la acción de extinción de dominio, el legislador local estableció dos requisitos: i) la identificación plena del bien sobre el que habrá de proceder, y ii) la identidad del dueño del bien o de quien se ostente o comporte como tal, situación que se podrá realizar una vez hecha la investigación correspondiente y en su caso estar en posibilidad de realizar la imputación respectiva.

8. Informe del Poder Ejecutivo. El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, en su calidad de representante legal del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, rindió informe mediante escrito recibido el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (ibídem, fojas 398 a 408), en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a) La porción normativa tildada de inconstitucional no excluye los bienes que se relacionan en el artículo 22 constitucional, toda vez que de su contenido no se advierte una condición específica, sino sólo un supuesto de aquéllos que establece dicho precepto constitucional.

Además, partiendo de que en la fracción I, del artículo 19 Ter, de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, se desprende que el fiscal anticorrupción tendrá las atribuciones que la Constitución, las Leyes, los Reglamentos y demás disposiciones confiere al Ministerio Público en cuestiones que la ley considera como delitos en materia de corrupción, así como de que el enriquecimiento ilícito es una figura que se considera está relacionada con hechos de corrupción, que incluso por disposición constitucional es de aquéllas respecto de las que procede la acción de extinción de dominio, es inconcuso que por mandato de la máxima norma del país, el fiscal anticorrupción también tendrá esa obligación.

Entonces, si la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 15 establece que corresponde al Ministerio Público la facultad de ejercitar la acción de extinción de dominio respecto de cualquiera de los delitos a que se refiere su numeral 7, los cuales corresponden a los que establece el precepto 22 constitucional, aunado a que el fiscal anticorrupción tiene las mismas facultades que el Ministerio Público, se arriba a la conclusión de que la porción normativa combatida no transgrede dicho numeral constitucional.

b) Contrario a lo que afirma el accionante, la porción normativa impugnada no vulnera el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Federal, pues de ésta no se desprende que el legislador local haya autorizado respecto de los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio, un fin distinto al que se establece en la norma constitucional, ya que no hace referencia a una aplicación diferente a la ordenada por el texto constitucional.

c) Si la finalidad de la figura de extinción de dominio fue la de proveer de una herramienta eficaz para desmembrar a las organizaciones delictivas y limitar sus efectos nocivos, es inobjetable que la facultad otorgada al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción para que promueva esta acción respecto de los bienes que pertenecen a los imputados o sentenciados que estén vinculados con hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, no excluye los establecidos en la norma constitucional.

Ello es así, si se considera que el texto constitucional sólo es taxativo respecto a los instrumentos, objetos o productos del delito, que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto de los delitos, pero no respecto a los sujetos activos del delito, imputados o sentenciados que hubieran cometido algún ilícito relacionado con hechos de corrupción; por lo que, al haber competencia local en materia de extinción de dominio no se restringió a la legislatura local con tal precisión en la porción normativa tildada de inconstitucional.

Además, del inciso d) fracción II del artículo 22 constitucional, se desprende la procedencia de la acción de extinción de dominio para quienes tengan la categoría de acusados y realicen actos como si fueran dueños de los bienes utilizados para los fines ilícitos a que se refiere el numeral 22 constitucional; es inobjetable que si dicha acción procede para los acusados, también es factible ejercitarla respecto de los bienes que pertenezcan o no a quienes –en atención a la etapa procesal respectiva- tengan el carácter de imputados o sentenciados.

Lo expuesto, dado que al haberse establecido en el texto legal que la acción de extinción de dominio también procede respecto de aquellos supuestos en que "el acusado por estos delitos se comporte como dueño", es indudable que las categorías de "dueño", "dueño beneficiario" y "dueño controlador" incorporadas en la porción normativa impugnada no contraviene lo dispuesto en el texto constitucional, pues dicha especificidad deriva de la relación sujeto activo-objeto.

d) Por lo que hace al argumento relativo a que la porción normativa impugnada transgrede el principio de autonomía previsto en el artículo 22 constitucional, debe decirse que la autonomía a la que se hace alusión corresponde a una cuestión procesal, tal como lo sostuvo el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2013,(3) en la que, entre otras cosas, se señaló que:

• Las legislaturas locales sí tienen competencia para legislar en materia de extinción de dominio.

• Con base en una interpretación teleológica del artículo 22 constitucional, se declaró que al ser objeto de la acción de extinción de dominio la desincorporación de los bienes del patrimonio de las personas que hubieren ocurrido en alguno de los delitos a que se refiere dicho precepto, debe separarse esa figura de la materia penal.

• Si bien el procedimiento de extinción de domino es autónomo del procesamiento penal, ambos requieren al menos los mismos presupuestos procesales y, por tanto, el primero no puede abstraerse de la materia penal, esto es, no puede desvincularse de forma absoluta, pues la causa es la misma, por lo que se trata de un procedimiento distinto, ajeno al de la materia penal.

En ese contexto, se advierte que el vínculo que une a ambos procedimientos, deriva precisamente del hecho ilícito que da origen a una y otra acción; y que las dos tienen como finalidad una justicia restaurativa, ya que en el artículo 22 de la Constitución Federal, sólo se establecen los supuestos de procedencia de la acción patrimonial, pero es indudable que ésta no podrá prosperar si no se ha cometido algún ilícito de los que se refieren en dicho precepto constitucional.

Por lo tanto, si bien el procedimiento de extinción de dominio recae sobre los bienes que fueron utilizados para cometer el ilícito sin necesidad de que sean propiedad del sujeto activo del delito, ello no es obstáculo para que sea procedente en cuanto a los bienes que estén vinculados con hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción y que sean susceptibles de desincorporarse del patrimonio, respecto de aquellos sujetos activos que tengan la categoría de imputados o sentenciados y que hayan participado al menos presumiblemente en la comisión de dichos delitos.

Lo anterior, pone de manifiesto que el fin de la norma impugnada es que los bienes de los sujetos activos que hubieran incurrido en algún delito en materia de corrupción, también son susceptibles de la acción de extinción de dominio, así como que dicha finalidad corresponde al objeto por el cual se creó la figura de extinción de dominio, esto es, desincorporar del patrimonio los bienes que se utilizaron en la comisión de los delitos que se contemplan en el artículo 22 constitucional, con independencia de que sus propietarios hubieran intervenido o no en los mismos.

En el entendido de que aun cuando se trata de un procedimiento diverso al que se instruye en el ámbito penal al imputado, o por el que se le condenó, subsiste un vínculo entre ambos por derivar de actos ilícitos a que se refiere el artículo 22 constitucional, de manera que en caso de que la sentencia que se dicté en el procedimiento penal que se instruyó en contra del implicado fuese favorable, es inconcuso que se tendría que presumir que los bienes relacionados se obtuvieron de forma lícita y surgiría el derecho de recuperarlos.

En consecuencia, la porción normativa impugnada es congruente con la finalidad de desincorporar bienes del patrimonio de las personas que incurrieron en algún delito de los previstos en el artículo 22 constitucional, los cuales también establece el numeral 7 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala.

9. Recepción de informes, requerimiento y vista a las partes para la formulación de alegatos. Mediante acuerdos de diecinueve y veintisiete de junio de dos mil dieciocho se tuvieron por presentados los informes solicitados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, por designados sus delegados y señalados sus domicilios para oír y recibir notificaciones, así como también se tuvo por desahogado el requerimiento formulado al poder Legislativo del Estado de Tlaxcala de incluir en su informe los antecedentes legislativos de la norma impugnada como le fueron solicitados. Asimismo quedaron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos por escrito (ibídem, fojas 395 y 420).

10. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo once de julio de dos mil dieciocho, se tuvieron por formulados los alegatos de la Procuraduría General de la República y se cerró la instrucción para efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente (ibídem, foja 438).

11. Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo de dos de agosto de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidos los alegatos formulados por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, toda vez que el promovente depositó su promoción en la oficina de correos de la localidad dentro del plazo otorgado para tal efecto (ibídem, foja 444).

12. Dictamen para remisión a la Primera Sala. Mediante dictamen de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, instructora en el presente procedimiento de revisión constitucional, solicitó la remisión del expediente a la Sala de su adscripción.

13. Avocamiento. Por proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente acordó el envío de los autos del presente asunto a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

14. Posteriormente, por acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, Presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal, ordenó el avocamiento de ésta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200617-1000ee41/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-subprocurador-juridico-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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