I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 35-Ter, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONTENIDO EN EL DECRETO 376 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). III. EXTINCIÓN DE DOMINIO. SU NATURALEZA Y FINES. IV. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULARLA ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE EN LA MATERIA. V. EXTINCIÓN DE DOMINIO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN LA MATERIA. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 35 TER, FRACCIÓN XXIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONTENIDO EN EL DECRETO 376 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2018. SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 6 DE FEBRERO DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y PRESIDENTE JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. EN CONTRA EL MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de febrero de dos mil veinte.
V I S T O S para resolver la acción de inconstitucionalidad 14/2018, promovida por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, ante la falta de titular de la Institución; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la acción. Mediante oficio presentado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Elías Beltrán, en su carácter de Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
ÓRGANOS RESPONSABLES:
1. Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
2. Poder Legislativo del Estado de Veracruz.
NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA:
• Artículo 35-Ter, fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, contenido en el Decreto 376, publicado en el periódico oficial de la entidad el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.
SEGUNDO. Artículos constitucionales violados. El promovente estima violados el artículo 22, segundo párrafo, in fine y las fracciones I y II; así como el artículo 20, apartado C, fracción IV.
TERCERO. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, adujo en síntesis lo siguiente:
Primero.
• Que el artículo 35 Ter, fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al no prever todos los bienes respecto de los cuales procede la extinción de dominio, viola el artículo 22, segundo párrafo, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 22 de la Constitución Federal, señala que los bienes respecto de los cuales procede la extinción de dominio son los siguientes:
a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, incluso cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.
b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.
c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.
Uno de los objetivos de la reforma por la que se creó la fracción XXIII del artículo 35 Ter de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, es la incorporación al sistema jurídico local de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual a partir de la entrada en vigor del Decreto, es la instancia responsable de investigar y perseguir las conductas que la ley considera como delitos en materia de corrupción.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción funcionará en términos del artículo 35 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con autonomía de acción y decisión de la Fiscalía General del Estado y, por tanto, no existirá jerarquía ni preeminencia de una respecto de la otra y contará con el personal operativo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones.
Destaca como atribución de su titular la prevista en el artículo 35 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, relativa a "ejercer las que la Constitución, las leyes, los reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público, en lo relativo a la investigación y persecución de los delitos en materia de su competencia".
Así, la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Veracruz en su artículo 15 prevé como parte actora en el procedimiento de extinción de dominio al Ministerio Público, cuyas atribuciones son las establecidas en el artículo 16 de la misma Ley.
Entonces, se deduce que una de las atribuciones genéricas del Ministerio Público es la de ejercitar la acción de extinción de dominio.
Por tanto, al ser una institución especializada, el Fiscal Anticorrupción es el encargado de ejercer de manera exclusiva todas aquellas atribuciones que están relacionadas con hechos de corrupción, no solamente las relacionadas con la materia penal, y destacando para el caso concreto, las relativas al ejercicio de la extinción de dominio.
Así, a contrario sensu, el Ministerio Público puede extinguir bienes en todas las materias tales como delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, a excepción de las relacionadas con el tema de corrupción, cuya atribución corresponde de manera exclusiva al Fiscal Especializado.
Entonces ningún otro servidor público de la Fiscalía General podrá ejercer las atribuciones relacionadas con la extinción de dominio de bienes por la comisión de delitos en materia de hechos de corrupción, en específico, del enriquecimiento ilícito, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 constitucional.
De lo anterior se concluye que el Fiscal Anticorrupción es el facultado para extinguir bienes relacionados con la materia de corrupción, porque en relación a otras materias, dicha atribución corresponde al Ministerio Público a quien se asigne esa atribución.
Los supuestos de procedencia de la extinción de dominio están previstos en los cuatro incisos de la fracción II del artículo 22 constitucional y de ninguno de ellos se desprende que el legislador local tenga la atribución de variarlo, ya sea para aumentar supuestos o reducirlos, por lo que se estima que la expresión "procederá en..." de dicha disposición constitucional debe ser interpretada como un mandato inmodificable para las autoridades.
Al realizar una comparación entre el artículo tildado de inconstitucional y la fracción II del segundo párrafo del artículo 22 constitucional, se puede afirmar que el artículo 35 Ter, fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, no se ajusta por completo a ninguno de los incisos que prevén los bienes susceptibles de extinción.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas ocasiones que los objetivos por los que se creó la figura de la extinción de dominio son la reparación del daño a favor de la víctima con la implementación de un régimen de justicia restaurativa, así como también mermar la economía de la delincuencia.
Cabe señalar que si bien en la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Veracruz no se establece explícitamente que el destino de los bienes adjudicados será para la reparación del daño de las víctimas del delito, no obstante, la finalidad de la implementación de la figura de extinción de dominio fue, además de mermar el funcionamiento de las organizaciones delictivas, la de la justicia restaurativa.
Así, el Legislador local, al reducir el catálogo de bienes susceptibles de extinción de dominio, merma significativamente la capacidad de la entidad federativa para obtener recursos y destinarlos a la reparación del daño, en favor de las víctimas y ofendidos.
Al excluir un supuesto de procedencia, se está cumpliendo de forma arbitraria y parcial con el objetivo que se planteó el Poder Revisor de la Constitución, al crear la figura como lo fue, el desmembrar la economía de las organizaciones criminales.
La Legislatura de la entidad federativa, al no contemplar diversas hipótesis por las cuales se podrá iniciar el procedimiento de extinción de dominio por hechos de corrupción, incumple con uno de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción.
La intención del legislador local al expedir el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, fue ajustarse al referido Sistema. Por lo que, al excluir bienes que conforme al artículo 22, segundo párrafo, fracción II de la Constitución Federal, podrían ser materia de la acción de extinción de dominio, se viola esa disposición así como el precepto 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tanto se estima procedente la declaración de invalidez de la fracción tildada de inconstitucionalidad.
Segundo.
El artículo 35 Ter, fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al establecer que la acción de extinción de dominio procederá cuando a una persona o personas se les realice la imputación correspondiente o les recaiga una sentencia dentro del proceso penal, viola el principio de autonomía previsto por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues supedita a la imputación o la demostración de la responsabilidad penal de una persona la procedencia de dicha acción patrimonial.
Señala que la norma objeto de control constitucional refiere en específico que la acción será procedente respecto de los bienes de determinados sujetos, los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador.
Lo anterior, puede ser interpretado como una disposición que sería aplicada solamente a determinados sujetos y la Constitución Federal en su numeral 22 permite el ejercicio de la referida acción a cualquier persona, debido a que la acción en estudio persigue bienes relacionados con hechos ilícitos, no personas, debido a que no es una sanción.
De conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, el procedimiento de extinción de dominio es jurisdiccional y autónomo del de la materia penal; de esta forma la extinción de dominio procede aun cuando no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad penal e incluso si no existe imputado, siempre que existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.
Aduce que la institución de la extinción de dominio, se diseñó no para que el Estado aplique una sanción individualizada a un sujeto concreto por haber observado una conducta antijurídica prevista en la ley penal, sino para extinguir el dominio de los bienes relacionados con el hecho ilícito.
La norma que se pretende impugnar, al establecer que la acción de extinción procederá cuando a una persona o personas se les realice la imputación correspondiente o les recaiga una sentencia dentro del proceso penal, vulnera el principio de autonomía previsto en el numeral 22 de la Constitución Federal, por lo que, considera que debe declararse su invalidez.
CUARTO. Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 14/2018 y, por razón de turno, tocó fungir como instructor al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Por auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Informó que se reconoce como cierto el precepto normativo del que se demanda su invalidez, contenido en el Decreto 376, publicado en el periódico oficial de la entidad el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.
Reconoció que en ejercicio de la atribución que establece el artículo 49, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, el Poder Ejecutivo del Estado publicó la referida norma que le fue dirigida por el Poder Legislativo de la entidad federativa, en el periódico oficial, en el ejemplar correspondiente al número extraordinario 508 de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.
A fin de exponer las razones y fundamentos tendientes a sostener la invalidez de la norma que se pretende declarar su invalidez, consideró necesario señalar que con la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, surge la necesidad de legislar localmente sobre la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción; lo anterior, como resultado de su inclusión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante decreto publicado el veintisiete de mayo de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia de combate a la corrupción, y en términos de los artículos primero y segundo transitorios del decreto publicado el dieciocho de julio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, por el que se expidiera la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Con la entrada en vigor de tales reformas, se tuvo la obligación por parte de las entidades federativas de que a partir del diecinueve de julio de dos mil dieciséis, estuvieran expedidas nuevas leyes o realizar las adecuaciones normativas necesarias para establecer sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
El dos de octubre de dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en materia de combate a la corrupción, que tuvo por objeto, entre otras cosas, reformar el tercer párrafo del artículo 33, fracción XLI Bis, donde establece la designación de Titulares de los Órganos Internos de Control y el diverso 67, fracción I, párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, donde dispone la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual queda adscrita a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y precisa cómo será la designación de su titular, los requisitos que debe cumplir, su duración y la forma de su remoción; finalmente, en su artículo quinto transitorio se estableció que el Congreso del Estado debía adecuar y emitir las leyes relativas, de ahí la necesidad además de que así lo prevé el numeral 15 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Veracruz, de adecuar el contenido de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, respecto a la creación y atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el fin de reformar y adicionar diversas disposiciones, de las cuales resalta la creación de un nuevo capítulo Primero Bis, dentro del Título Cuarto, que incorpora la figura de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, siendo un órgano de la Fiscalía General con autonomía de acción y decisión, para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, que tendrá el personal operativo, directivo, administrativo y auxiliar necesario para el debido cumplimiento de sus funciones de conformidad con los recursos y capacidad con que cuente la Fiscalía General, la cual también deberá auxiliarse de los servicios periciales y la policía ministerial.
Así, el promovente no expone razones válidas para la declaración de invalidez del artículo 35 Ter, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, pues el argumento de que por usar los vocablos imputados o sentenciados se vulnera el principio de autonomía previsto por el numeral 22 de la Constitución Federal, es sin tomar en cuenta que la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Veracruz, prevé en su articulado todas las hipótesis del artículo 22 constitucional y que la fracción que se tilda de inconstitucional se encuentra dentro del capítulo relativo a la Fiscalía anticorrupción que atañe únicamente a los delitos de su materia, además de que dicho capítulo es claro al señalar que todos sus actos serán en los términos de la legislación aplicable, es decir, siempre ciñéndose a la Ley de la materia.
SEXTO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. El Decreto 376 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, se realizó de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 36 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, es decir, se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento legislativo previsto en dichos artículos.
Respecto al primer concepto de invalidez hecho valer por la promovente Procuraduría General de la República, señala que confunde los alcances de una Ley Orgánica y cuál es la verdadera finalidad de la misma. Generalmente la Ley Orgánica de cualquier entidad regula el funcionamiento interno del ente o institución para la que fue diseñada, asimismo la Ley Orgánica define el actuar del servidor público que trabaje en determinada institución gubernamental, pues en ella se establecen las facultades y obligaciones que deben respetar los servidores públicos, en atención a que los actos que emitan deben ser legales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, lo cual implica que el servidor público que ejecuta un acto, debe estar facultado legalmente para ello ya que de lo contrario incurriría en una conducta que traería una sanción administrativa o incluso de carácter penal.
El espíritu del ordenamiento orgánico que la Procuraduría General de la República tacha de inconstitucional, se encuentra previsto en el artículo primero, ya que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado dispone lo siguiente:
"Artículo 1. Objeto. La Presente Ley tiene por objeto regular la forma de organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la legislación aplicable."
Es de señalarse que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado busca dotar de facultades a sus integrantes y definir la organización y el funcionamiento de dicho ente investigador, no es su finalidad regular las disposiciones en materia de extinción de dominio o del sistema anticorrupción ya que para ello existen los artículos 22 y 113 constitucionales y sus respectivas leyes reglamentarias y, a su vez en el Estado de Veracruz existe la Ley 307 de Extinción de Dominio para el Estado de Veracruz y la Ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción.
Sostiene que se debe tener en consideración, que el Fiscal de Combate a la Corrupción en el Estado de Veracruz y el Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción tiene la misma facultad que hoy impugna la Procuraduría General de la República, como se muestra con lo siguiente:
"Artículo 10 Ter. La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción contará con las siguientes atribuciones:
...
"XXV. Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por causa atribuible al imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén vinculados con hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción que sean susceptibles de la acción de extinción de dominio, en los términos de la legislación aplicable..."
"Artículo 35 Ter. Atribuciones en materia de combate a la corrupción. La Fiscalía Anticorrupción contará con las siguientes atribuciones:
...
"XXIII. Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, beneficiarios o beneficiarios controladores, cuyo valor equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por causas atribuibles al imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén relacionados con hechos en materia de corrupción que sean susceptibles de la acción de extinción de dominio, en los términos de la legislación aplicable.
De las transcripciones anteriores se aprecia que el Fiscal Anticorrupción de la Federación y el estatal cuentan con la misma facultad, sin que ello implique que la norma federal y la local transgredan o colisionen con los extremos del artículo 22 de la Constitución Federal, ya que la Ley Orgánica solamente dota de funciones al Fiscal Anticorrupción, para que pueda ejercer y aplicar la figura de la extinción de dominio en hechos relativos a la corrupción, de considerar que la norma estatal resulta contraria a la Constitución Federal, implica que también la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, resulte inconstitucional por el simple hecho de no prever lo que solo le compete establecer al artículo 22 de la Constitución Federal, pues insiste en que la Ley Orgánica solamente se dota de funciones al Fiscal Anticorrupción para que pueda ejercer y aplicar la figura de la extinción de dominio en hechos relativos a corrupción, de considerar que la norma estatal resulta contraria a la Constitución Política Federal implica que también la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, resulte inconstitucional por el simple hecho de no prever lo que solo le compete establecer al artículo 22 de la Constitución Federal y a las leyes federales y locales en materia de extinción de dominio.
No existe interpretación integral, ni mucho menos armónica del artículo 35 Ter, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ya que de haberse realizado se hubiera percatado de que la última parte de la fracción impugnada remite a las leyes especiales en materia de extinción de dominio.
La última parte de dicho artículo, determina que para efectos de la aplicación de los procedimientos de extinción de dominio deberá ceñirse a la legislación aplicable, situación que implica que el parámetro que impuso el legislador local, a la parte última de la fracción XXIII del artículo 35 Ter de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, determina que el actuar del Fiscal anticorrupción deberá ser conforme al artículo 22 de la Constitución Federal, la Ley Federal de Extinción de Dominio que es reglamentaria del artículo 22 y la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Veracruz.
Se debe decretar infundado e inoperante el concepto de invalidez planteado por la parte actora, pues hay una indebida interpretación del artículo que tacha de inconstitucional la Procuraduría General de la República; además de que impugna un artículo que fue tomado por la Entidad, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es por ello que el artículo 35 Ter, fracción XXIII, no colisiona con la Carta Magna ni con algún otro ordenamiento federal, sino que al analizarse y estudiar su armonización se determinó que la facultad que se le concedió al Fiscal Especializado en materia de delitos relacionado con hechos de corrupción, prevista en el artículo 10 Ter, fracción XXV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, debería de concedérsele también al Fiscal Anticorrupción del Estado de Veracruz.
En lo que se refiere al segundo concepto de invalidez donde el actor aduce que el artículo 35, Ter fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al establecer que la acción de extinción de dominio procederá cuando a una o varias personas se les realice la imputación correspondiente o les recaiga una sentencia dentro del proceso penal, viola el principio de autonomía previsto por el numeral 22 de la Constitución Federal, pues supedita la imputación o la demostración de la responsabilidad penal de una persona la procedencia de la referida acción patrimonial, considera que el referido concepto, debe ser declarado infundado e inoperante debido a que, sostener lo contrario implicaría que también el artículo 10 Ter, fracción XXV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, resulte inconstitucional, pues determina a identidad la facultad que confiere el artículo 35 Ter, fracción XXXIII, de la Fiscalía General del Estado.
Esto es, tanto el Fiscal Anticorrupción Federal y el estatal pueden ejercitar la extinción de dominio, en aquellos hechos que por razón de competencia le corresponde investigar; sin embargo el juzgador federal, cuando creo las facultades del Fiscal Especializado, determinó que para tal efecto y en materia de extinción de dominio el procedimiento se aplicaría conforme a las facultades que se le otorgaran al Fiscal Anticorrupción, de ahí que no se pueda reconocer el carácter de fundado a dicho concepto de invalidez.
Por lo anterior, es procedente que se declare la validez del artículo 35 Ter, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ya que dicha fracción se encuentra apegada a los ordenamientos similares en materia de combate a la corrupción a nivel federal.
SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, quedó cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
OCTAVO. Retiro de Pleno y avocamiento en Sala. Mediante oficio de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se solicitó el retiro del asunto del Tribunal Pleno.
Posteriormente, en atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Ministro Presidente de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso i), de la Constitución Federal y 21, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo, fracción II y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, resultando innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(1) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial; asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
El decreto 376/2017, que contiene el artículo 35 Ter, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz; impugnado por esta vía, fue publicado en el Periódico Oficial de la Entidad, el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, tal como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado a fojas de la cincuenta y cinco a setenta y dos del expediente principal. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del viernes veintidós de diciembre de dos mil diecisiete al sábado veinte de enero de dos mil dieciocho, asimismo, se advierte que, el último día del plazo fue inhábil, por lo que, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente, esto es, el lunes veintidós de enero siguiente.
En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la foja veintiuno del expediente, la demanda se presentó el lunes veintidós de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es evidente que la presentación de la demanda es oportuna.
TERCERO. Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe el presente medio de control constitucional el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, quien aduce que actúa ante la falta de titular de la institución, con fundamento en los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;(2) 3, A), fracción I y 137, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica,(3) así como en las consideraciones sostenidas por el Tribunal Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200665-bc3e2b82/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-subprocurador-juridico-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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