I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN XXII, INCISO B), DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD (LA INTERVENCIÓN Y PRESENCIA DE LA POLICÍA ESTATAL DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO EL NO RECONOCIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA REMOCIÓN Y ELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, AL NO HABER ACREDITADO SU NOMBRAMIENTO (LA INTERVENCIÓN Y PRESENCIA DE LA POLICÍA ESTATAL DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO EL NO RECONOCIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA REMOCIÓN Y ELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2020. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 27 DE MARZO DE 2021. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. LOS MINISTROS JAVIER LAYNEZ POTISEK Y PRESIDENTA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA EMITIERON SU VOTO EN CONTRA. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. EL MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, VOTÓ CON CONSIDERACIONES ADICIONALES. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIAS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ Y VALERIA PALMA LIMÓN.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.
V I S T O S, y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinte de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ma. Mercedes Maciel Ortíz, Sandra Guadalupe Moreno Vázquez y Carlos José Van Wormer Ruiz, Presidenta, Vicepresidenta y Secretario, respectivamente de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, así como Marcos Emiliano Pérez Beltrán, Oficial Mayor del Congreso del Estado, promovieron controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de esa entidad, por los siguientes actos:
"(...).
IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO.
1.- La inconstitucional intervención y presencia de la Policía Estatal, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, encabezado por el C. Gobernador del Estado de Baja California Sur, dentro y fuera de las instalaciones del Congreso del Estado de Baja California Sur (Oficialía Mayor, Jefatura de Recursos Humanos, Dirección de Finanzas, Unidad de Evaluación y Control, Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sala de Comisiones, entre otras instalaciones, así como al interior y exterior de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur), desde el día 06 de marzo del presente año 2020, con elementos policiacos uniformados y armados, y recientemente sin uniforme pero con bolsas obscuras que no permiten apreciar si traen armas, que impide de forma antijurídica al Poder Legislativo que actúe de manera autónoma en la instrumentación de acciones derivadas de acuerdos del Pleno en relación con la remoción de diversos servidores públicos y la elección de nuevos titulares de áreas administrativas, así como de Auditor Superior del Estado, con lo cual, el Poder Ejecutivo, en actitud subordinante, no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe. El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, con la utilización de la Policía Estatal materializa la obstaculización para que el Pleno instrumente las acciones conducentes a que los servidores públicos removidos dejen efectivamente los cargos y los electos soberanamente por el propio Pleno de este Poder Legislativo, a su vez, tomen posesión física de las oficinas en los cargos para los cuales resultaron electos en la sesión privada extraordinaria de fecha 06 de marzo del presente año 2020 y ratificados en la sesión pública ordinaria de fecha 17 de marzo de 2020.
2.- El no reconocimiento de los acuerdos del Pleno del Poder Legislativo del Estado, respecto a la remoción y elección de servidores públicos que soberanamente resuelve, incluyendo la elección de la nueva Presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura, Dip. Ma. Mercedes Maciel Ortíz. (...)".
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes lo que a continuación se transcribe:
"1.- El Congreso del Estado se compone de 21 Diputadas y Diputados en total (16 de mayoría relativa y 5 de Representación proporcional.
El día 06 de marzo, se llevó a cabo la sesión privada extraordinaria previamente convocada para tal fecha por la Dip. Presidenta de la Diputación Permanente, a pesar de que intentó, sin facultad expresa alguna, materialmente revocar tal convocatoria y sin facultad expresa alguna, cancelar dicha sesión, por diferendos existentes entre un grupo de 8 Diputadas y Diputados que se oponían a que el Pleno ejerciera su facultad soberana de sesionar para llegar a acuerdos internos y el grupo de 13 diputadas y diputados que, además de representar más del número de integrantes de la Legislatura que se requiere como quórum legal (Mínimamente 11, según el Art. 86 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur), tenían la firme determinación de que no se desproveyera al Pleno de su derecho a sesionar y tomar acuerdos por mayoría.
2.- Al no presentarse la Presidenta, así como ninguno de los otros 7 integrantes reticentes a sesionar, las y los diputados presentes (13), procedieron en términos de lo dispuesto por el artículo 44, en relación con el artículo 88, ambos de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, al actualizarse la última Proción(sic) normativa del antecitado artículo 44.
3.- Soslayando que los problemas del Congreso del Estado deben resolverse al seno del Propio Poder Legislativo, la Presidenta de la Diputación Permanente solicitó al Poder Ejecutivo del Estado su intervención en este Poder Legislativo mediante la Policía Estatal dentro y fuera de las instalaciones del Congreso, no permitiendo el ingreso a las oficinas administrativas relacionadas con los titulares removidos por el Pleno y según su dicho para que dichos elementos policiacos resguardaran, además de las oficinas, los expedientes internos de este Poder Público, como ya se apuntó, en áreas de este Congreso, así como en el edificio de la Auditoría Superior del Estado con la que cuenta esta Legislatura conforme al artículo 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta de la Diputación Permanente, al margen de cualquier precedente de solución de los conflictos al interior del Poder Legislativo y según sus propias afirmaciones, habría solicitado la presencia de los agentes estatales de seguridad pública, a fin de evitar que pudieran consumarse distintos cambios acordados por la mayoría de las diputadas y los diputados, en distintas áreas del Congreso del Estado, así como en la Auditoría Superior del Estado. De esa forma, al acceder el Poder Ejecutivo al ilegal llamado de la entonces Presidenta de la Diputación Permanente habría inaugurado de forma peligrosa, la práctica de recurrir a la intimidación y el amedrentamiento de quienes integramos el Poder Legislativo en la entidad, proveyendo para ello a un grupo minoritario de diputados inconformes el auxilio de los cuerpos de seguridad adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para impedir que se materializaran los acuerdos del Pleno del Congreso, lo cual, desde cualquier óptica es violatorio del principio constitucional de división de poderes.
4.- Una vez perpetrada la intervención del Poder Ejecutivo mediante la Policía Estatal en el Poder Legislativo del Estado, autorizada en violación al principio constitucional de división de poderes y auspiciada ilegal e inconstitucionalmente por la Presidenta de la Diputación Permanente, dicha Diputada emitió DECLARATORIA DISCRECIONAL publicada precisamente por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 09 BIS el día diez de marzo del año 2020, ministrando justicia respecto a la legalidad de la sesión a que nos referimos en los numerales 1 y 2 de estos antecedentes y desconociendo los acuerdos del Pleno de este Poder Legislativo, siendo tal declaratoria contraria al ORDEN JURÍDICO SUDCALIFORNIANO, ya que no existen disposiciones de carácter constitucional o legal que le otorguen atribuciones a la Presidencia de la Diputación Permanente para emitir dicha declaratoria, ni disposición de la Ley del Boletín Oficial del Gobierno del Estado que la prevea como un documento publicable por parte del Poder Ejecutivo del Estado.
5.- En la sesión pública ordinaria de fecha martes 17 de marzo del presente año, se agendó como punto número VIII, una proposición con punto de acuerdo, que puede consultarse en la siguiente liga https://www.cbcs.gob.mx/SESIONES/PORDINARIO22XV/17-MARZO-2020/VIIIPUNTO.pdf, en la que se daba cuanta(sic) a la sociedad sudcaliforniana de la grave situación que implicaba la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo y en el que se solicitaba a comparecer al Secretario de Seguridad Pública de la Entidad, a fin de que informara las razones legales justificativas para la presencia de personal armado adscrito a la Secretaría a su cargo, apostado en distintos espacios del Congreso del Estado y en la Auditoría Superior del Estado, y en la que se exhortaba al Gobierno del Estado, el retiro inmediato de dicho personal de seguridad pública, dado que no se encuentra convocado bajo ninguno de los supuestos establecidos en la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, ni en la Constitución Política de la entidad, y en cambio, representa una clara violación a la autonomía del Poder Legislativo.
6.- Ante la inminente aprobación de tal Proposición con Punto de Acuerdo, la Presidenta de la Mesa Directiva, quien es parte de los 8 diputadas y diputados que apoyan la invasión de la Policía Estatal al Poder Legislativo, declaró suspendida la sesión en razón de la contingencia del COVID-19, cuando en nuestra entidad no hay ni un solo caso de contagio, tratando en realidad de desproveer al Pleno de su inalienable derecho a sesionar y pugnar por su independencia frente a la intromisión del Poder Ejecutivo del Estado. Al efecto, como se aprecia en la copia certificada del acta de la sesión pública ordinaria de fecha martes 17 de marzo del presente año que se anexa a la presente demanda, los diputados presentes reclamaron a la presidenta dicho trámite y solicitaron que conforme al artículo 42 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, sometiera a consideración del Pleno si la sesión se suspendía o no, a lo que se negó de manera absoluta y se retiró del recinto legislativo, por lo que se solicitó a la Diputada Vicepresidenta asumiera el cargo de Presidenta de dicha sesión, conforme al artículo 44 de la ley antes citada y una vez en el ejercicio del cargo, solicitó de manera pública, el retiro de la Policía Estatal, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, sin que tuviera efecto alguno en os(sic) elementos policiacos.
7.- En la sesión pública referida en el punto anterior y en el desahogo del punto número VIII del orden del día, también referido previamente, respecto a la necesidad de defender la independencia de este Poder Legislativo, se propuso y fue aprobado por el Pleno, remover a la Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés en su cargo de Presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional en razón de ser omisa en pedir a la policía estatal el inmediato retiro de los elementos policiacos de las instalaciones de este Congreso del Estado y de la Auditoría Superior del Estado, lo cual implica una causa grave, que no permite que se conduzca con la imparcialidad que requiere el cargo de Presidenta de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo y en consecuencia es omisa en emprender acciones que actualicen y garanticen la independencia y autonomía de este Poder Público, lo cual implica una causa grave que vulnera precisamente esa independencia y autonomía de este Poder Legislativo, dejando constancia clara que tal remoción no se debió a violencia política por razones de género, sino a la conducta omisiva antes referida, que impide hacer valer la supremacía del principio constitucional de división de poderes.
Asimismo, el Pleno aprobó que el Congreso del estado promueva demanda de controversia constitucional en contra del Poder ejecutivo del estado de Baja California Sur.
8.- Como consecuencia de todo lo anterior, el Pleno eligió por cédula a la Diputada Mercedes Maciel Ortíz como nueva Presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional y tala(sic) elección fue comunicada al Ciudadano Gobernador del Estado mediante oficio suscrito por el Diputado Secretario de la Mesa Directiva. (Se anexa copia certificada del oficio).
9.- Igualmente, la nueva Presidenta de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, Diputada Mercedes Maciel Ortíz, en fecha 17 de marzo del presente año, envió atentos oficios al Titular del Poder Ejecutivo, Maestro Carlos Mendoza Davis, Gobernador del Estado de Baja California Sur; al Licenciado Álvaro De la Peña Angulo, Secretario General del Gobierno del Estado de Baja California Sur; y en fecha 18 de marzo de 2018(sic), al Capitán Germán Wong López, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California Sur. (Se anexan copias certificadas de dichos oficios).
10.- No obstante todo lo anterior, y los intentos de este Congreso del Estado para que los asuntos internos se resuelvan precisamente al seno de este Poder Legislativo sin la interferencia de un poder externo, los elementos de la Policía Estatal permanecen en las instalaciones del Congreso y afuera de las puestas de sus edificios, resguardando archivos y oficinas legislativas de los propios Diputados y Diputados(sic) que integramos el Pleno, incluso durmiendo dentro de nuestras instalaciones desde el día 06 de marzo del presente año hasta el día de hoy, por lo que acudimos a esa Honorable Suprema Corte de Justicia a Demandar en vía de Controversia Constitucional, solicitando la SUSPENSIÓN URGENTE en el capítulo respectivo de esta demanda".
TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 41, párrafo primero, 116, párrafo segundo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Concepto de invalidez. El concepto de invalidez planteado se resume a continuación.
a) La intromisión de la policía estatal en las instalaciones del Congreso de Baja California Sur viola el principio de división de poderes protegido por el artículo 49 constitucional, ya que ese acto no permite que se ejecuten las acciones derivadas de los acuerdos aprobados por el Pleno de Diputadas y Diputados, relativos a la remoción de servidores públicos y la elección de nuevos titulares, impidiendo además, que los funcionarios nombrados tomen posesión física de sus oficinas.
b) El desconocimiento del acuerdo votado por el Pleno del Congreso local en sesión pública ordinaria de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, mediante el cual resultó electa Mercedes Maciel como Presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura al Congreso del Estado, viola el principio de división de poderes y la supremacía del orden constitucional pues con ello no se respeta la autonomía de ese Poder Legislativo.
c) Los actos desconocen el principio de división de poderes actualizándose el grado más grave de violación que se ha establecido mediante jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, esto es, el artículo 116 constitucional prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas para que se respete el principio de división de poderes a saber: a) no intromisión; b) no dependencia; y, c) no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto de los otros; y que en el caso se transgrede la obligación de "no intromisión" porque el Poder actor no sólo no puede tomar autónomamente sus decisiones sino que, además, debe someterse a la voluntad del poder subordinante que no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe, actos que equivalen en grado el más grave y, por ende, lleva implícitos los otros grados de violación.
d) Aduce que la actitud subordinante del Ejecutivo estatal fue promovida por la Presidenta de la Diputación Permanente del Receso, Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, quien por tales razones fue removida por el Pleno al ser omisa en pedir a la policía estatal el inmediato retiro de los elementos policiacos de las instalaciones del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior del Estado; así como emprender acciones que garanticen la independencia y autonomía del Poder Legislativo Estatal.
e) Estima que el Poder Ejecutivo del Estado debió abstenerse y no acceder a la petición de la Diputación Permanente, debido a que los problemas internos del Congreso del Estado deben resolverse por éste de manera autónoma.
QUINTO. Trámite y admisión. El Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veinte, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 45/2020, y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo del mismo veintitrés de marzo, admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, así como le requirió para que al dar contestación a la controversia enviara copia certificada de las documentales relacionadas con los actos impugnados.
De igual forma ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación a la demanda. Por acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, se tuvo por presentado a Miguel Ángel Esquinca Kuri quien se ostentó como Subsecretario de la Consejería Jurídica del Gobierno de Baja California Sur, dando contestación a la demanda de controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo de esa Entidad, y por desahogado el requerimiento formulado en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veinte, al acompañar copia certificada de las documentales relacionadas con los actos impugnados.
En el escrito de contestación de demanda la autoridad argumentó en síntesis, lo siguiente:
a) No es inconstitucional la presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en el recinto del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, pues el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, únicamente atendió de manera oportuna y en ejercicio de sus atribuciones y obligaciones (conforme al artículo 79, fracción XII de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur) el oficio de seis de marzo de dos mil veinte, suscrito por la Diputada Elizabeth Rocha Torres, en su carácter de Presidenta de la Diputación Permanente, quien en uso de la facultad prevista en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de Baja California Sur, solicitó con carácter de urgente, el auxilio de la fuerza pública, a fin de resguardar el recinto legislativo, así como de diversas áreas que lo conforman; por lo que en atención a dicho oficio es que se brindó el auxilio correspondiente.
b) En ningún momento el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur violentó el principio de división de poderes y la supremacía del orden constitucional, ya que siempre se condujo con respeto al marco normativo que regula los actos del Ejecutivo del Estado, actuando en consecuencia al auxilio requerido por el Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, con fundamento en los artículos 3, 39, 79, fracción XII y demás de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, en concordancia con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.
c) Señaló que el auxilio prestado a dicho Poder Legislativo ha cesado, lo anterior en atención a los oficios firmados por la Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones Correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur; y el diverso de quien también se ostenta como Diputada Ma. Mercedes Maciel Ortiz, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva, ambos recibidos y atendidos puntualmente el día diecisiete de marzo de dos mil veinte.
d) En ese sentido estima que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 20, fracciones II y III de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que los actos de los que se duele la actora ya cesaron al momento de atender los oficios referidos.
e) Respecto del acto reclamado consistente en el no reconocimiento de los acuerdos tomados por algunos diputados del Pleno del Poder Legislativo del Estado, respecto a la remoción y elección de servidores públicos, incluyendo la elección de la nueva Presidenta de la Mesa Directiva, expresa que es cierto que no se reconocen los acuerdos y, por lo mismo, el Poder Ejecutivo del Estado promovió diversa controversia constitucional 84/2020, en la que se otorgó la suspensión solicitada.
SÉPTIMO. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, ni expresó manifestación alguna.
OCTAVO. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el dos de febrero de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34 de la propia Ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, lo que ocurrió por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción V y 21 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos Segundo, fracción I, párrafo primero, y Tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre los Poderes del Estado Baja California Sur.
Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razón, en la tesis de esta Segunda Sala cuyo rubro, texto y datos de localización se transcriben a continuación:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE ELLAS, CONFORME AL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001, REFORMADO POR EL DIVERSO 3/2008. El punto tercero, fracción I, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformado mediante el diverso Acuerdo General Plenario Número 3/2008, autoriza a las Salas de este Alto Tribunal a resolver las controversias constitucionales en las que deba sobreseerse y en las que no se impugnen normas de carácter general. En este sentido, aun cuando en una controversia constitucional se impugnen normas de carácter general, si se sobresee respecto de éstas y subsiste únicamente el análisis constitucional de actos, también se surte la competencia de las Salas para conocer del asunto". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro VII, abril de 2012, tomo 2, tesis 2a. XXV/2012 (10a.), página 1275, registro digital 2000539).
SEGUNDO. Presupuestos procesales. A continuación, se analizan éstos, comenzando por la oportunidad.
Oportunidad. Los actos atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, consisten en la intervención de la policía estatal en el recinto del Poder Legislativo, así como el no reconocimiento de los acuerdos tomados por Pleno de ese Congreso. Los promoventes de la controversia afirman que tuvieron conocimiento de esos actos los días seis y diecisiete de marzo de dos mil veinte.
Ahora bien, el artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) dispone que el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
Así, para efectos del cómputo se está a lo ordenado en aquella hipótesis del artículo 21 consistente en que el plazo de los treinta días se contará a partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los actos combatidos. Por tanto, con base en lo manifestado en la demanda, el cómputo se calcula a partir del seis de marzo de dos mil veinte, fecha en la que la parte actora afirma conoció los actos en cuestión, con independencia de que por lo que hace al acto consistente en "el no reconocimiento de los acuerdos del Pleno del Poder Legislativo" expresó como fecha de conocimiento no sólo la del seis, sino también la del diecisiete de marzo de ese año.
Por tanto, el plazo transcurrió del diez de marzo al veintisiete de abril de dos mil veinte, descontando los días siete, ocho, nueve,(2) catorce, quince, dieciséis, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de marzo; cuatro, cinco, ocho, nueve, diez, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de abril de dos mil veinte, por haber sido inhábiles de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno.
Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinte de marzo de dos mil veinte, es claro que su presentación resultó oportuna.
Legitimación pasiva. Por cuanto hace a la legitimación pasiva, la tiene el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, conforme a los artículos 10, fracción II,(3) y 11, párrafo primero,(4) de la Ley Reglamentaria, por cuanto prevén que serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto reclamado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
En el sumario contestó la demanda Miguel Ángel Esquinca Kuri, Subsecretario de la Consejería Jurídica dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento expedido por el titular de esa Secretaría, de cuatro de octubre de dos mil dieciocho.
Aunado a que los artículos 16, fracción I,(5) 21, fracciones II, XVIII, y XLVII(6) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, en concordancia con el artículo 2, fracción II,(7) y 30, fracción VIII(8) del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, publicado en el Boletín Oficial Extraordinario del Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 23, Tomo XLVII, de treinta de abril de dos mil veinte, prevén entre otras cuestiones, que al Subsecretario de la Consejería Jurídica del Estado, corresponde representar al Poder Ejecutivo del Estado en procedimientos, controversias, juicios o asuntos litigiosos en que sea parte o tengan interés jurídico de cualquier materia o naturaleza.
Por ende, la autoridad demandada tiene legitimación pasiva para comparecer al juicio, ya que a éste se le atribuye el acto impugnado y ha quedado demostrado que el funcionario que comparece cuenta con facultades para representarlo.
Por lo que hace a la legitimación activa será motivo de pronunciamiento en el considerando cuarto.
TERCERO. Cuestión previa. Para estar en aptitud de resolver la presente controversia constitucional, resulta relevante traer a colación los antecedentes generales del asunto que se resuelve, mismo que resulta conexo a diversas controversias constitucionales tramitadas ante esta sede jurisdiccional, y son los siguientes:
1. Elección de diputados. El dos de julio de dos mil dieciocho se llevó a cabo la elección de diputados para conformar la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, resultando electos: Héctor Manuel Ortega Pillado, Ramiro Ruiz Flores, Esteban Ramírez Ojeda, Milena Paola Quiroga Romero, Perla Guadalupe Flores Leyva Carlos José Van Wormer Ruiz, María Petra Juárez Maceda, Homero González Medrano, María Rosalba Rodríguez López, Soledad Saldaña Bañalez, Humberto Arce Cordero, Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, José Luis Perpuli Drew, Marcelo Armenta, Rigoberto Murillo Aguilar, Loreina Lineth Montaño Ruiz, Elizabeth Rocha Torres, Anita Beltrán Peralta, Ma. Mercedes Maciel Ortiz, Maricela Pineda García y Daniela Viviana Rubio Avilés.(9)
2. Instalación de la XV Legislatura de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200719-0552ee2f/i-controversia-constitucional-el-oficial-mayor-del-congreso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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