Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN XXII, INCISO B), DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD (OFICIO SFYA/0422/2020 DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL CUAL CONTIENE LA NEGATIVA DE MINISTRAR LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN AL PODER LEGISLATIVO LOCAL). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, AL NO HABER ACREDITADO SU NOMBRAMIENTO (OFICIO SFYA/0422/2020 DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL CUAL CONTIENE LA NEGATIVA DE MINISTRAR LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN AL PODER LEGISLATIVO LOCAL).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 64/2020. · Registro digital (IUS): 200721
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 64/2020. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 17 DE MARZO DE 2021. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. DISIDENTES: JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; VOTÓ CON RESERVAS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIAS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ Y EDITH GUADALUPE ESQUIVEL ADAME.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.

V I S T O S, y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ma. Mercedes Maciel Ortíz, Sandra Guadalupe Moreno Vázquez y Carlos José Van Wormer Ruiz, Presidenta, Vicepresidenta y Secretario, respectivamente de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, así como Marcos Emiliano Pérez Beltrán, Oficial Mayor del Congreso del Estado, promovieron controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de esa entidad, por los siguientes actos:

"(...).

"IV. LA NORMA U (sic) ACTO CUYA INVALIDEZ SE RECLAME

Lo es:

La negativa contenida en el oficio número SFyA/0422/2020, de 15 de abril de 2020, de ministrar los recursos que por presupuesto le corresponden al Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, a la cuenta que le fue informada mediante oficio CPCA/001/2020, con lo cual, incluso, se impide el cobro de la dieta correspondiente y sus complementarios para la realización del trabajo legislativo que corresponde a los diputados de la XV Legislatura, así como la adquisición de materiales y suministros para la celebración de la sesiones públicas, impidiendo el adecuado funcionamiento.

Acto cuya copia certificada se adjunta como ANEXO 2.

(...)".

Cabe agregar que en esa demanda también aparece la firma de quince legisladores del Congreso promovente de la controversia, reconociendo que no tienen legitimación para ello, sino que lo hacen para demostrar gobernabilidad en ese órgano.

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes lo que a continuación se transcribe:

"(...).

VI. LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS IMPUGNADOS

1. El Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur se deposita en una Asamblea denominada ‘Congreso del Estado de Baja California Sur’, según dispone el artículo 40, de la Constitución de nuestro Estado. La actividad legislativa, con todo lo que a su vez implica, es una tarea esencial y de vital importancia tanto para el funcionamiento del gobierno hacia la sociedad, como para la vida propia de los poderes públicos.

Actualmente se encuentra en funciones la XV Legislatura, en su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Especialmente en esta etapa de emergencia sanitaria, por ser la actividad legislativa considerada como una función esencial, de conformidad con el artículo primero, fracción II, inciso b) del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de marzo de 2020.

2. El Congreso del Estado de Baja California Sur se encuentra sesionando de manera ordinaria. En un símil con el principio de legalidad, en el Poder Legislativo existe una suerte de Presunción de Gobernabilidad, lo cual implica que los actos al interior -decisiones tomadas al interior del propio Congreso- se presumen válidas y vigentes.

3. Por así convenir a los intereses de esta Soberanía el 6 de marzo de 2020, según consta en sesión privada extraordinaria y en virtud de las importantes razones ahí expuestas -como la de ordenar una Auditoría de fondo de la situación financiera al interior del Congreso a diversas entidades, dentro de ellas la Dirección de Finanzas y Oficialía Mayor- se aprobó por la totalidad de los diputados presentes según el quórum exigido para ello y conforme a la normatividad aplicable, remover entre otros, a los titulares de los cargos apenas mencionados y a la vez se propuso y aprobó por unanimidad como nuevos titulares:

• De la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Baja California Sur lo fuera Marcos Emiliano Pérez Beltrán.

• De la Dirección de Finanzas del Congreso del Estado de Baja California Sur lo fuera Mario Carrillo Lerma.

De igual modo, se aprobó por unanimidad la remoción de Rigoberto Murillo Aguilar como Presidente de la Comisión de Cuenta y Administración del Congreso del Estado, quedando como Presidente Héctor Manuel Ortega Pillado y Humberto Arce Cordero, como Secretario.

Como ANEXO 3, se adjunta copia certificada de la sesión referida y de los nombramientos realizados en esa fecha.

4. Los funcionarios removidos, son las personas que cuentan con las ‘firmas autorizadas’ de las cuentas bancarias 0563579069 y 0445021334, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. De ahí que desde el 9 de marzo pasado se solicitó se registrara la firma de los actuales funcionarios.

No obstante a la fecha la entidad bancaria ha omitido hacer el registro respectivo -y con independencia de las responsabilidades en que ha incurrido-, en sesión pública ordinaria de 7 de abril de 2020, se acordó informar al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur de la nueva cuenta bancaria que esta Soberanía apertura en diversa institución bancaria para administrar los recursos que por presupuesto le corresponden, y requerirle, además, que a partir de la fecha de recepción de dicha comunicación, la ministración se hiciera a las cuentas que le fueron indicadas, lo cual se hizo a través del oficio CPCA/001/2020, el cual fue recibido el 14 de abril de 2020.

Debe tenerse presente que, de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur, el Ejecutivo del Estado es quien autorizará las transferencias que deban hacerse por presupuesto, lo cual hará a través de la Secretaría de Finanzas y Administración.

CAPÍTULO VI

DE LAS TRANSFERECIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

ARTÍCULO 77. (se transcribe).

Tanto el requerimiento al banco como el oficio dirigido al Secretario de Finanzas y Administración, se adjuntan como ANEXO 4.

5. En respuesta a lo anterior, el Poder Ejecutivo a través del Secretario de Finanzas y Administración emitió el oficio SFyA/0422/2020 donde manifiesta que:

‘a efecto de no incurrir en el delito establecido en el artículo 262 de la Ley de Amparo, me encuentro imposibilitado de atender la solicitud formulada en su oficio de referencia, hasta en tanto no sean resueltos los respectivos juicios de garantías’.

Lo anterior, porque a juicio de él recibió comunicaciones de Luis Martín Aguilar Flores y María Francisca Covarrubias Sánchez, quienes se ostentaron como Directora de Finanzas y Oficial Mayor, ambos del H. Congreso del Estado, quienes señalaron que promovieron juicios de amparo indirecto 302/2020 y 289/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, quien -informa- le otorgó a ambos la suspensión provisional con efectos de seguir fungiendo como titulares de los cargos mencionados.

Esto, según se aprecia del propio oficio que en copia certificada se adjunta como ANEXO 5.

6. De ahí que haya emitido una negativa para que este Soberano disponga de los recursos que le son propios, por las razones invocadas, incluso, con dicha negativa se ha impedido el cobro de la dieta correspondiente y sus complementarios, así como la adquisición de materiales y suministros para la realización del trabajo legislativo que corresponde a los diputados de la XV Legislatura, impidiendo el adecuado funcionamiento, ya que como se verá más adelante, el evitar que un diputado reciba su dieta correspondiente compromete su autonomía y representación popular, dejándole sometido a la voluntad del Poder Ejecutivo la suministración de dichos recursos.

7. El acto impugnado es inconstitucional, invade las facultades de este Poder Legislativo, así como los principios constitucionales citados, según se expone en el siguiente:

(...)".

TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 41, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Concepto de invalidez. El concepto de invalidez planteado se resume a continuación.

a) La negativa de suministrar los recursos que le corresponden al Congreso del Estado de Baja California Sur en la cuenta que fue informada al Secretario de Finanzas y Administración de esa Entidad, viola los principios de división de poderes, función legislativa, independencia, autonomía y suficiencia presupuestaria, establecidos en los artículos 41, 49 y 116 constitucionales; ya que de conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 3(1) de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada el veinte de enero de dos mil veinte en el Boletín Oficial de esa Entidad, dicho poder tiene asignado el gasto público del cual puede disponer en la institución bancaria que más le convenga, al no existir disposición alguna que lo obligue a recibirlo en determinada cuenta bancaria; además, el diverso numeral 5(2) establece que el Poder Ejecutivo deberá conducirse con total respeto a la autonomía orgánica, funcional y presupuestal de los Poderes Legislativo y Judicial, lo que se traduce en el respeto a los principios constitucionales referidos.

b) En efecto, mediante el oficio número CPCA/001/2020 de siete de abril de dos mil veinte el Congreso requirió al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que los recursos asignados fueran depositados o trasferidos a una nueva cuenta bancaria y, en repuesta, el Secretario referido emitió el oficio SFyA/0422/2020 de quince de abril de dos mil veinte, en el que señaló la imposibilidad para atender a la solicitud a efecto de no incurrir en el delito previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo, con motivo de las medidas cautelares otorgadas en los juicios de amparo promovidos por el Oficial Mayor, Luis Martín Aguilar Flores y la Directora de Finanzas, María Francisca Covarrubias, ambos del Congreso del Estado de Baja California Sur.

c) El Secretario no se encontraba obligado a cumplir con las medidas cautelares porque no fue señalado como autoridad responsable, además, éstas no surtieron efecto alguno porque los referidos funcionarios fueron destituidos con anterioridad a su dictado; asimismo, hace hincapié en que el nombramiento exhibido en el juicio de amparo por Luis Martín Aguilar Flores, con el cual se ostenta como Oficial Mayor, no tiene validez porque desde la sesión privada extraordinaria de seis de marzo de dos mil veinte el Congreso nombró a Marcos Emiliano Pérez Beltrán como titular de dicho cargo.

d) La circunstancia de que el Congreso no pueda disponer de los recursos que le son propios implica paralizar su labor legislativa a partir de la decisión de un diverso poder, porque con ello se ha impedido a los diputados el cobro de su dieta, así como la adquisición de materiales y suministros para la celebración de las sesiones públicas, imposibilitando su adecuado funcionamiento.

QUINTO. Trámite y admisión. El Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil veinte, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 64/2020, y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.

Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo del veintisiete de abril, admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandados al Poder Ejecutivo y al Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Baja California Sur, sin perjuicio de lo que pueda decidirse en esta sentencia respecto a la legitimación pasiva del segundo y, requirió al primero para que al dar contestación a la controversia enviara copia certificada de las documentales relacionadas con los actos impugnados.

De igual forma ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Contestación a la demanda. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se tuvo a Miguel Ángel Esquinca Kuri Subsecretario de la Consejería Jurídica e Isidro Jordán Moyrón Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Gobierno de Baja California Sur, dando contestación a la demanda de controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo y por propio derecho el Secretario de Finanzas y Administración y, por desahogado el requerimiento formulado en proveído de veintisiete de abril de dos mil veinte, al acompañar copia certificada de las documentales relacionadas con los actos impugnados.

En el escrito de contestación de demanda las autoridades argumentaron en síntesis, lo siguiente:

a) El acto que se reclama es inexistente y debe sobreseerse en la controversia constitucional, porque el Poder Ejecutivo no ha violentado los principios de autonomía y suficiencia presupuestaria del Congreso, previstos en los artículos 49 y 116 constitucionales, dado que se han trasferido en tiempo y forma los recursos que le corresponden en las cuentas que el propio órgano legislativo proporcionó a la Secretaría de Finanzas y Administración desde que iniciaron los trabajos de la XV Legislatura, lo cual se demuestra con las documentales que se anexan.

b) Lo reclamado se trata de una cuestión de legalidad sobre la ministración de los recursos en la cuenta que los promoventes solicitaron y no de un acto de subordinación del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo; ya que dicho reclamo carece de sustento porque de conformidad con el artículo 78 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur a quien le corresponde recibir y administrar los recursos que le son ministrados es a la Directora de Finanzas del Congreso del Estado, quien puntualmente los ha recibido de parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

c) Los accionantes carecen de legitimación para promover la controversia al existir un conflicto al interior del Congreso porque dos Mesas Directivas ostentan la titularidad y, los accionantes fundan su pretensión en la sesión extraordinaria privada de seis de marzo de dos mil veinte, en la que se nombró como Oficial Mayor a Marcos Emiliano Pérez Beltrán, sin embargo, dicha diligencia fue declarada invalida el diez de marzo de dos mil veinte por la Presidenta de la Diputación Permanente, Elizabeth Rocha Torres, quien a su vez, en doce de marzo de dos mil veinte nombró como Oficial Mayor a Luis Martin Aguilar Flores, el cual cuenta con una suspensión provisional para seguir ejerciendo el cargo.

Asimismo, según los efectos de la medida cautelar decretada por el Tribunal Electoral del Estado de Baja California, la Diputada Diana Viviana Rubio Avilés sigue Presidiendo la Mesa Directiva; de lo que se deduce que los promoventes no cuentan con la capacidad para promover la controversia.

d) Cabe aclarar que a pesar de la situación de incertidumbre existente en el órgano legislativo, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Administración ha continuado con el depósito de los recursos que le corresponden a la funcionaria facultada para recibirlos, a saber, la Directora de Finanzas del Congreso Estatal.

SÉPTIMO. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, ni expresó manifestación alguna.

OCTAVO. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34 de la propia Ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, lo que ocurrió por auto de once de marzo de dos mil veintiuno.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción V y 21 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos Segundo, fracción I, párrafo primero, y Tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre los Poderes del Estado Baja California Sur.

Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razón, en la tesis de esta Segunda Sala cuyo rubro, texto y datos de localización se transcriben a continuación:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE ELLAS, CONFORME AL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001, REFORMADO POR EL DIVERSO 3/2008. El punto tercero, fracción I, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformado mediante el diverso Acuerdo General Plenario Número 3/2008, autoriza a las Salas de este Alto Tribunal a resolver las controversias constitucionales en las que deba sobreseerse y en las que no se impugnen normas de carácter general. En este sentido, aun cuando en una controversia constitucional se impugnen normas de carácter general, si se sobresee respecto de éstas y subsiste únicamente el análisis constitucional de actos, también se surte la competencia de las Salas para conocer del asunto". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro VII, abril de 2012, tomo 2, tesis 2a. XXV/2012 (10a.), página 1275, registro digital 2000539).

SEGUNDO. Presupuestos procesales. A continuación, se analizan éstos, comenzando por la oportunidad.

Oportunidad. El acto atribuido al Poder Ejecutivo y al Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Baja California Sur, consiste en el oficio SFyA/0422/2020, de quince de abril de dos mil veinte, firmado por éste último, que contiene la negativa de ministrar los recursos que por presupuesto le corresponden al Poder Legislativo en la cuenta bancaria que fue informada mediante oficio CPCA/001/2020. De la copia certificada del oficio reclamado que la parte actora acompañó a la demanda se desprende el sello de recepción en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Baja California Sur, de dieciséis de abril de dos mil veinte.

Ahora bien, el artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) dispone que el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

Así, para efectos del cómputo se está a lo ordenado en aquella hipótesis del artículo 21 consistente en que el plazo de los treinta días se contará a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame. Con base en lo manifestado en la demanda, el cómputo se calcula a partir del dieciséis de abril de dos mil veinte, fecha en la que la parte actora fue notificada del oficio reclamado.

Por tanto, el plazo transcurrió del veinte de abril al dos de junio de dos mil veinte, descontando los días veinticinco y veintiséis de abril, así como los días uno, dos, tres, cinco, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de mayo, por haber sido inhábiles de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno.

Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintitrés de abril de dos mil veinte, es claro que su presentación resultó oportuna.

Legitimación pasiva. Por cuanto hace a la legitimación pasiva, en este caso, las autoridades demandadas son el Poder Ejecutivo y el Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Baja California Sur.

Respecto al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, tiene legitimación conforme a los artículos 10, fracción II,(4) y 11, párrafo primero,(5) de la Ley Reglamentaria, por cuanto prevén que serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto reclamado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

En el sumario contestó la demanda Miguel Ángel Esquinca Kuri, Subsecretario de la Consejería Jurídica dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento expedido por el titular de esa Secretaría, de cuatro de octubre de dos mil dieciocho.

Aunado a que los artículos 16, fracción I,(6) 21, fracciones II, XVIII, y XLVII(7) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, en concordancia con el artículo 2, fracción II,(8) y 30, fracción VIII(9) del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, publicado en el Boletín Oficial Extraordinario del Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 23, Tomo XLVII, de treinta de abril de dos mil veinte, prevén entre otras cuestiones, que al Subsecretario de la Consejería Jurídica del Estado, corresponde representar al Poder Ejecutivo del Estado en procedimientos, controversias, juicios o asuntos litigiosos en que sea parte o tengan interés jurídico de cualquier materia o naturaleza.

Por ende, el Poder Ejecutivo tiene legitimación pasiva para comparecer al juicio, ya que a éste se le atribuye el acto impugnado y ha quedado demostrado que el funcionario que comparece cuenta con facultades para representarlo.

Sin embargo, el Secretario de Finanzas y Administración carece de legitimación pasiva, dado que el Pleno de la Suprema Corte ha establecido que los órganos subordinados no pueden tener el carácter de demandados en las controversias constitucionales, por considerar que no son órganos originarios y solamente ejecutan las órdenes que como en este caso, emita el Ejecutivo Estatal.

No es óbice a lo anterior, que dicho Secretario haya suscrito el acto reclamado, puesto que se encuentra subordinado al Poder Ejecutivo de esa Entidad, quien en su caso será quien tenga la obligación de cumplir la ejecutoria que se emita en la presente controversia constitucional y girar las órdenes a sus subordinados a fin de que se dé cumplimiento.

Resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 84/2000 de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS".(10)

Por lo que hace a la legitimación activa será motivo de pronunciamiento en el considerando cuarto.

TERCERO. Cuestión previa. Para estar en aptitud de resolver la presente controversia constitucional, resulta relevante traer a colación los antecedentes generales del asunto que se resuelve, mismo que resulta conexo a diversas controversias constitucionales tramitadas ante esta sede jurisdiccional, y son los siguientes:

1. Elección de diputados. El dos de julio de dos mil dieciocho se llevó a cabo la elección de diputados para conformar la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, resultando electos: Héctor Manuel Ortega Pillado, Ramiro Ruiz Flores, Esteban Ramírez Ojeda, Milena Paola Quiroga Romero, Perla Guadalupe Flores Leyva Carlos José Van Wormer Ruiz, María Petra Juárez Maceda, Homero González Medrano, María Rosalba Rodríguez López, Soledad Saldaña Bañalez, Humberto Arce Cordero, Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, José Luis Perpuli Drew, Marcelo Armenta, Rigoberto Murillo Aguilar, Loreina Lineth Montaño Ruiz, Elizabeth Rocha Torres, Anita Beltrán Peralta, Ma. Mercedes Maciel Ortiz, Maricela Pineda García y Daniela Viviana Rubio Avilés.(11)

2. Instalación de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur. En sesión solemne de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho se llevó a cabo el acto mediante el cual se instaló la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur la que se integró con los diputados y diputadas mencionados en el párrafo que antecede.(12)

La Mesa Directiva nombrada para fungir como tal del uno de septiembre al quince de diciembre de dos mil dieciocho se integró por Ramiro Ruiz Flores, Presidente; Homero González Medrano Vicepresidente; Maricela Pineda García, Secretaria; y Daniela Viviana Rubio Avilés, Prosecretraria.

Posteriormente, la Mesa Directiva instalada del quince de marzo al treinta de junio de dos mil diecinueve se integró por Homero González Medrano, Presidente; Soledad Saldaña Bañalez Vicepresidenta; Humberto Arce Cordero, Secretario; y Daniela Viviana Rubio Avilés Prosecretraria.

Y, la diversa Mesa Directiva instalada del uno de septiembre al quince de diciembre de dos mil diecinueve se integró por Daniela Viviana Rubio Avilés, Presidenta; José Luis Perpuli Drew Vicepresidente; Loreina Lineth Montaño Ruiz, Secretaria; y Maricela Pineda García, Prosecretraria.(13)

3. Mesas Directivas del segundo periodo ordinario de sesiones. Según acta de sesión pública solemne de clausura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, celebrada el quince de diciembre de dos mil diecinueve, se aprobó la elección de quienes conformarían la Diputación Permanente para el periodo de receso que corrió del dieciséis de ese mes y año al catorce de marzo de dos mil veinte, la cual se integró de la siguiente forma: Elizabeth Rocha Torres, Presidenta; Anita Beltrán Peralta, Primera Secretaria; Rigoberto Murillo Aguilar, Segundo Secretario; Maricela Pineda García, Primera Suplente; Loreina Lineth Montaño Ruiz, Segunda Suplente; Carlos José Van Wormer Ruiz, Tercer Suplente; Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, Cuarta Suplente; y María Rosalba Rodríguez López, Quinta Suplente.

Concluido el receso se tiene que para el periodo del quince de marzo al treinta de junio de dos mil veinte fueron designados como integrantes de la Mesa Directiva para el segundo periodo ordinario de sesiones: Daniela Viviana Rubio Avilés, Presidenta; Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, Vicepresidenta; Carlos José Van Wormer Ruiz, Secretario; y Ramiro Ruiz Flores, Prosecretario.(14)

4. Sesión privada extraordinaria. El seis de marzo de dos mil veinte se llevó a cabo la sesión privada extraordinaria del primer periodo de receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, con la presencia de los diputados Héctor Manuel Ortega Pillado, Ramiro Ruiz Flores, Esteban Ramírez Ojeda, Milena Paola Quiroga Romero, Carlos José Van Wormer Ruiz, María Petra Juárez Maceda, Homero González Medrano, María Rosalba Rodríguez López, Soledad Saldaña Bañalez, Humberto Arce Cordero, Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, Marcelo Armenta y Ma. Mercedes Maciel Ortiz, en la que se tomaron diversos acuerdos consistentes en la remoción de los representantes de las diferentes comisiones, de diversos funcionarios y en sustitución se realizaron nombramientos.(15)

5. Declaratoria. El diez de marzo de dos mil veinte se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, la Declaratoria que como acto discrecional soberano emitió la Presidenta de la Diputación Permanente, Elizabeth Rocha Torres, respecto a las decisiones adoptadas en la sesión privada de seis de marzo de dos mil veinte,(16) ese documento es del tenor siguiente:

"DECLARATORIA

PRIMERO. Se declara, QUE NO EXISTE ninguna sesión legalmente convocada, instalada y desahogada llevada a cabo por esta Presidencia u órgano competente de esta XV Legislatura al Congreso del Estado el día 6 de marzo de 2020, en el que hubiera aprobado con las formalidades y votación exigida por la ley, la revocación y sustitución de la Directora de Finanzas y los titulares de la Unidad para la Igualdad de Género, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior y la jefatura de recursos humanos; así como la revocación del Auditor Superior del Estado; la remoción y sustitución de los integrantes de las Comisiones de Cuenta y Administración, de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales y de Justicia;

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200721-a2d8a399/i-controversia-constitucional-el-oficial-mayor-del-congreso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.