I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD [ARTÍCULO 76, FRACCIÓN XXII, INCISO B), DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD (LA OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, AL NO HABER ACREDITADO SU NOMBRAMIENTO (LA OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 123/2020. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 17 DE MARZO DE 2021. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. DISIDENTES: JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; VOTO CON RESERVAS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIAS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ Y EDITH GUADALUPE ESQUIVEL ADAME.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.
V I S T O S, y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Soledad Saldaña Bañalez, Carlos José Van Wormer Ruíz y María Rosalba Rodríguez López y Marcos Emiliano Pérez Beltrán, quienes se ostentan como Presidenta, Primer Secretario y Segunda Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, así como Marcos Emiliano Pérez Beltrán y Julián Galindo Hernández, quienes se ostentan como Oficial Mayor y Auditor Superior del Estado, promovieron controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de esa entidad, por los siguientes actos:
"(...).
IV. LA NORMA U ACTO CUYA INVALIDEZ SE RECLAME
Lo son:
La abstención y omisión de ministrar los recursos que por presupuesto le corresponden a la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, en las cuentas que le han sido indicadas, paralizando con ello la labor de fiscalización propia de dicha entidad.
(...)".
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes lo que a continuación se transcribe:
"(...).
VI. LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
1. El Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur se deposita en una Asamblea denominada ‘Congreso del Estado de Baja California Sur’, según dispone el artículo 40, de la Constitución de nuestro Estado.
2. A su vez, el Congreso del Estado de Baja California Sur cuenta con la Auditoría Superior del Estado, que de conformidad con la fracción I, del artículo 4, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, es el órgano técnico de fiscalización del Poder Legislativo a que se refieren los artículos 64 fracciones XXIX, XXIX BIS y XXX, 66, fracción IV, 66 Bis, 66 Ter, 66 Quater, 66 Quinquies, 111, 157 y 160 BIS, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Cuenta, sin embargo, con autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones.
3. Legitimación. La Auditoría Superior del Estado no es un organismo constitucional autónomo, se trata, según la doctrina constitucional, de un organismo de relevancia constitucional -cosa muy distinta-, pero parte del Poder Legislativo, así expresamente lo dispone la fracción I, del artículo 4, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur.
Aunque lo anterior es claro y expreso, así también se advierte de la Sección V, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, que dispone:
SECCIÓN V
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO
64. Son facultades del Congreso del Estado:
XXIX.- (se transcribe).
XXIX Bis.- (se transcribe).
XXX.- (se transcribe).
De ahí que como expresamente se prevé, cuenta con autonomía técnica y de gestión, pero se trata del órgano técnico para la revisión y fiscalización de la cuenta pública con que cuenta el Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.
4. Aunque es claro que la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico del Poder Legislativo, también se ha reconocido legitimación a las diversas Auditorías en tratándose de controversias constitucionales resueltas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A saber, la controversia 61/2004, donde queda claro la procedencia de que este Congreso demande en controversia constitucional por actos que afectan a la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, donde se dijo:
‘CUARTO.’ (se transcribe).
O bien la controversia constitucional 112/2017, del 15 de noviembre de 2017 -resuelta con posterioridad al recurso de Reclamación 28/2015-CA, en la que reconoció legitimidad pasiva a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo:
‘QUINTO.’ (se transcribe).
5. De ahí que, de cualquier modo es el Congreso del Estado de Baja California Sur quien demanda en controversia constitucional por actos que afectan a la Auditoría Superior del Estado -por ser un órgano de esta-, y en caso de reconocérsele legitimación autónomamente es que firma también el propio Auditor Superior del Estado.
6. Pues bien, es el caso que el Poder Ejecutivo no ministra los recursos que presupuestalmente corresponden a la Auditoría Superior del Estado.
En efecto, a través de oficios de 30 de marzo, 13, y 27 de abril, 14 y 27 de mayo, 11 y 29 de junio, 13 y 27 de julio, todos del 2020, le fueron remitidos al Secretario de Finanzas y Administración, las cuentas por Liquidar Certificadas números, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 14 para depósito en las cuentas ahí indicadas, siendo la última indicada la correspondiente al número de CLABE interbancaria 012040001152885926 del banco Bancomer, enviándose, como corresponde, los recibo (sic) de caja correspondientes.
Esto, según se prueba con documentales que se adjuntan como ANEXO 4.
7. Debe tenerse presente que, de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur, el Ejecutivo del Estado es quien autorizará las transferencias que deban hacerse por presupuesto, lo cual hará a través de la Secretaría de Finanzas y Administración.
CAPÍTULO VI
DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
ARTÍCULO 77. (se transcribe).
8. Sin embargo, el Poder Ejecutivo local simplemente se ha abstenido, ha omitido depositar los recursos que corresponden a la Auditoría Superior del Estado, en la cuenta que su titular le ha indicado, no existiendo razón alguna que justifique legalmente la retención, negativa y no ministración de los recursos a la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.
Máxime que como se ha expuesto en ningún asunto se encuentra cuestionando el cargo que ostenta el hoy Auditor Superior del Estado de Baja California Sur. De modo que la omisión que se encuentra ejecutando el Ejecutivo local no es sino, una forma de subordinar a este Poder Legislativo y particularmente con mucha curiosidad, subordinando al ente encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
9. El acto es inconstitucional, según se expone enseguida.
(...)".
TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 41, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Concepto de invalidez. El concepto de invalidez planteado se resume a continuación.
a) La Auditoría Superior del Estado aunque es parte del Poder Legislativo, es un órgano con autonomía técnica y financiera, ya que en términos del artículo 4(1) de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, es el órgano técnico de fiscalización del Congreso; por tanto, la negativa por parte del Poder Ejecutivo de transferir los recursos correspondientes a la Auditoría resulta violatorio de los principios de autonomía y suficiencia presupuestaria, previstos en los artículos 41, 49 y 116 constitucionales.
b) La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada el veinte de enero de dos mil veinte en el Boletín Oficial de esa Entidad, le asignó un presupuesto a la Auditoría Superior del Estado, el cual puede disponer en la institución bancaria que más le convenga, al no existir disposición alguna que lo obligue a recibirlo en determinada cuenta bancaria.
c) Mediante oficios de treinta de marzo, trece y veintisiete de abril. Catorce y veintisiete de mayo, once y veintinueve de junio, así como de trece y veintisiete de julio, todos de dos mil veinte, la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur remitió al Secretario de Finanzas y Administración las cuentas por liquidar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y le requirió para que el depósito de las mismas se realizara en las nuevas cuentas bancarias indicadas en los oficios; sin embargo, el Poder Ejecutivo se ha abstenido de depositar los recursos presupuestalmente asignados impidiendo su funcionamiento.
d) La omisión de ministrar los recursos a la Auditoría implica paralizar su labor legislativa a partir de la decisión de un diverso poder, porque con ello se ha impedido el correcto funcionamiento de la entidad que precisamente es la encargada de fiscalizar, y con ello la tiene subordinada.
QUINTO. Trámite y admisión. El Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil veinte, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 123/2020, y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo del veinticinco de agosto de ese mismo año, determinó que no había lugar a tener por presentado a quien se ostenta como Titular de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, toda vez que dicho órgano de fiscalización superior estatal, carece de legitimación activa para promover el presente medio de control constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, en el cual no se mencionan a órganos de auditoría o entidades de fiscalización estatales, por tanto, la Auditoría carece de la legitimación activa, toda vez que si bien es un organismo público estatal con personalidad jurídica propia, con autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones, cuya función de fiscalización se encuentra prevista en Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, también se advierte que no constituye alguno de esos entes u órganos primarios del Estado a que se refiere la Constitución Federal.
También determinó que no ha lugar a tener por presentados a los promoventes, Presidenta, Primer Secretario y Segunda Secretaria, respectivamente, de la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, porque en términos de las normas que rigen al Poder Legislativo del Estado, no están facultados para representarlo.
Por tanto, se tuvo por presentado únicamente al Oficial Mayor del Congreso del Estado de Baja California Sur, con la personalidad que ostenta y se admitió a trámite la controversia constitucional que promueve por considerar vulnerada la autonomía y suficiencia presupuestaria de la Auditoría Superior del Estado como órgano técnico de fiscalización del Poder Legislativo Estatal, en términos del artículo 4, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado del Estado de Baja California Sur.
Asimismo, reconoció el carácter de demandados al Poder Ejecutivo y al Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Baja California Sur, sin perjuicio de lo que pueda decidirse en esta sentencia respecto a la legitimación pasiva del segundo y, requirió al primero para que al dar contestación a la controversia enviara copia certificada de las documentales relacionadas con los actos impugnados.
De igual forma ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación a la demanda. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a Miguel Ángel Esquinca Kuri Subsecretario de la Consejería Jurídica e Isidro Jordán Moyrón Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Gobierno de Baja California Sur, dando contestación a la demanda de controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo y por propio derecho el Secretario de Finanzas y Administración y, por desahogado el requerimiento formulado en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte, al acompañar copia certificada de las documentales relacionadas con los actos impugnados.
En el escrito de contestación de demanda las autoridades argumentaron en síntesis, lo siguiente:
a) Es falso que el Poder Ejecutivo haya violentado los principios de autonomía y suficiencia presupuestaria del Congreso, previstos en los artículos 49 y 116 constitucionales, dado que se han trasferido en tiempo y forma los recursos que le corresponden en las cuentas que el Titular de la propia Auditoría proporcionó para tal fin, lo cual se demuestra con las documentales que se anexan.
b) El problema estriba en la falta de legitimación de quien se ostenta como titular de la Auditoría en la presente controversia y para explicar ello, se precisa que al interior del Congreso existe un conflicto porque dos personas ostentan la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, lo cual generó un estado de incertidumbre acerca de la cuenta a donde se deben trasferir los recursos, pero se han depositado en las cuentas que dicha entidad originalmente señaló para tal efecto y no se ha incurrido en ninguna omisión.
c) En el presente caso, el promovente Julián Galindo Hernández aduce que fue nombrado Auditor Superior del Estado en sesión privada extraordinaria de seis de marzo de dos mil veinte, sin embargo, de los antecedentes del caso se advierte que ésta no se llevó a cabo con las formalidades establecidas en la Ley Reglamentaria del Congreso y además se dejó sin efectos por la Declaratoria emitida por la Presidenta de la Diputación Permanente el diez de marzo siguiente; por lo tanto, los nombramientos que en ella se realizaron carecen de validez.
SÉPTIMO. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, ni expresó manifestación alguna.
OCTAVO. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34 de la propia Ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, lo que ocurrió por auto de once de marzo de dos mil veintiuno.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción V y 21 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos Segundo, fracción I, párrafo primero, y Tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre los Poderes del Estado Baja California Sur.
Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razón, en la tesis de esta Segunda Sala cuyo rubro, texto y datos de localización se transcriben a continuación:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE ELLAS, CONFORME AL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001, REFORMADO POR EL DIVERSO 3/2008. El punto tercero, fracción I, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformado mediante el diverso Acuerdo General Plenario Número 3/2008, autoriza a las Salas de este Alto Tribunal a resolver las controversias constitucionales en las que deba sobreseerse y en las que no se impugnen normas de carácter general. En este sentido, aun cuando en una controversia constitucional se impugnen normas de carácter general, si se sobresee respecto de éstas y subsiste únicamente el análisis constitucional de actos, también se surte la competencia de las Salas para conocer del asunto". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro VII, abril de 2012, tomo 2, tesis 2a. XXV/2012 (10a.), página 1275, registro digital 2000539).
SEGUNDO. Presupuestos procesales. A continuación, se analizan éstos, comenzando por la oportunidad.
Oportunidad. El acto atribuido al Poder Ejecutivo y al Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Baja California Sur, consiste en la omisión de ministrar los recursos que le corresponden a la Auditoría Superior del Estado.
Ahora bien, el artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) dispone que el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
Respecto de actos de naturaleza negativa la ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de la demanda de controversia constitucional; éstos actos son aquellos que implican un no hacer por parte de la autoridad creando así una situación permanente que no se subsana mientras no actúe el omiso, ya que se genera y reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva de la autoridad.
En vista de lo anterior, es de concluirse que, tratándose de la impugnación de omisiones, generalmente la oportunidad para realizarla se actualiza de momento a momento mientras la omisión combatida subsista.
Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 43/2003,(3) emitida por el Tribunal Pleno de rubro y texto siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista".
Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doce de agosto de dos mil veinte, es claro que su presentación resultó oportuna.
Legitimación pasiva. Por cuanto hace a la legitimación pasiva, en este caso, las autoridades demandadas son el Poder Ejecutivo y el Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Baja California Sur.
Respecto al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, tiene legitimación conforme a los artículos 10, fracción II,(4) y 11, párrafo primero,(5) de la Ley Reglamentaria, por cuanto prevén que serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto reclamado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
En el sumario contestó la demanda Miguel Ángel Esquinca Kuri, Subsecretario de la Consejería Jurídica dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento expedido por el titular de esa Secretaría, de cuatro de octubre de dos mil dieciocho.
Aunado a que los artículos 16, fracción I,(6) 21, fracciones II, XVIII, y XLVII(7) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, en concordancia con el artículo 2, fracción II,(8) y 30, fracción VIII(9) del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, publicado en el Boletín Oficial Extraordinario del Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 23, Tomo XLVII, de treinta de abril de dos mil veinte, prevén entre otras cuestiones, que al Subsecretario de la Consejería Jurídica del Estado, corresponde representar al Poder Ejecutivo del Estado en procedimientos, controversias, juicios o asuntos litigiosos en que sea parte o tengan interés jurídico de cualquier materia o naturaleza.
Por ende, el Poder Ejecutivo tiene legitimación pasiva para comparecer al juicio, ya que a éste se le atribuye el acto impugnado y ha quedado demostrado que el funcionario que comparece cuenta con facultades para representarlo.
Sin embargo, el Secretario de Finanzas y Administración carece de legitimación pasiva, dado que el Pleno de la Suprema Corte ha establecido que los órganos subordinados no pueden tener el carácter de demandados en las controversias constitucionales, por considerar que no son órganos originarios y solamente ejecutan las órdenes que como en este caso, emita el Ejecutivo Estatal.
No es óbice a lo anterior, que dicho Secretario haya suscrito el acto reclamado, puesto que se encuentra subordinado al Poder Ejecutivo de esa Entidad, quien en su caso será quien tenga la obligación de cumplir la ejecutoria que se emita en la presente controversia constitucional y girar las órdenes a sus subordinados a fin de que se dé cumplimiento.
Resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 84/2000 de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS".(10)
Por lo que hace a la legitimación activa será motivo de pronunciamiento en el considerando cuarto.
TERCERO. Cuestión previa. Para estar en aptitud de resolver la presente controversia constitucional, resulta relevante traer a colación los antecedentes generales del asunto que se resuelve, mismo que resulta conexo a diversas controversias constitucionales tramitadas ante esta sede jurisdiccional, y son los siguientes:
1. Elección de diputados. El dos de julio de dos mil dieciocho se llevó a cabo la elección de diputados para conformar la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, resultando electos: Héctor Manuel Ortega Pillado, Ramiro Ruiz Flores, Esteban Ramírez Ojeda, Milena Paola Quiroga Romero, Perla Guadalupe Flores Leyva Carlos José Van Wormer Ruiz, María Petra Juárez Maceda, Homero González Medrano, María Rosalba Rodríguez López, Soledad Saldaña Bañalez, Humberto Arce Cordero, Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, José Luis Perpuli Drew, Marcelo Armenta, Rigoberto Murillo Aguilar, Loreina Lineth Montaño Ruiz, Elizabeth Rocha Torres, Anita Beltrán Peralta, Ma. Mercedes Maciel Ortiz, Maricela Pineda García y Daniela Viviana Rubio Avilés.(11)
2. Instalación de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur. En sesión solemne de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho se llevó a cabo el acto mediante el cual se instaló la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur la que se integró con los diputados y diputadas mencionados en el párrafo que antecede.(12)
La Mesa Directiva nombrada para fungir como tal del uno de septiembre al quince de diciembre de dos mil dieciocho se integró por Ramiro Ruiz Flores, Presidente; Homero González Medrano Vicepresidente; Maricela Pineda García, Secretaria; y Daniela Viviana Rubio Avilés, Prosecretraria.
Posteriormente, la Mesa Directiva instalada del quince de marzo al treinta de junio de dos mil diecinueve se integró por Homero González Medrano, Presidente; Soledad Saldaña Bañalez Vicepresidenta; Humberto Arce Cordero, Secretario; y Daniela Viviana Rubio Avilés Prosecretraria.
Y, la diversa Mesa Directiva instalada del uno de septiembre al quince de diciembre de dos mil diecinueve se integró por Daniela Viviana Rubio Avilés, Presidenta; José Luis Perpuli Drew Vicepresidente; Loreina Lineth Montaño Ruiz, Secretaria; y Maricela Pineda García, Prosecretraria.(13)
3. Mesas Directivas del segundo periodo ordinario de sesiones. Según acta de sesión pública solemne de clausura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, celebrada el quince de diciembre de dos mil diecinueve, se aprobó la elección de quienes conformarían la Diputación Permanente para el periodo de receso que corrió del dieciséis de ese mes y año al catorce de marzo de dos mil veinte, la cual se integró de la siguiente forma: Elizabeth Rocha Torres, Presidenta; Anita Beltrán Peralta, Primera Secretaria; Rigoberto Murillo Aguilar, Segundo Secretario; Maricela Pineda García, Primera Suplente; Loreina Lineth Montaño Ruiz, Segunda Suplente; Carlos José Van Wormer Ruiz, Tercer Suplente; Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, Cuarta Suplente; y María Rosalba Rodríguez López, Quinta Suplente.
Concluido el receso se tiene que para el periodo del quince de marzo al treinta de junio de dos mil veinte fueron designados como integrantes de la Mesa Directiva para el segundo periodo ordinario de sesiones: Daniela Viviana Rubio Avilés, Presidenta; Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, Vicepresidenta; Carlos José Van Wormer Ruiz, Secretario; y Ramiro Ruiz Flores, Prosecretario.(14)
4. Sesión privada extraordinaria. El seis de marzo de dos mil veinte se llevó a cabo la sesión privada extraordinaria del primer periodo de receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, con la presencia de los diputados Héctor Manuel Ortega Pillado, Ramiro Ruiz Flores, Esteban Ramírez Ojeda, Milena Paola Quiroga Romero, Carlos José Van Wormer Ruiz, María Petra Juárez Maceda, Homero González Medrano, María Rosalba Rodríguez López, Soledad Saldaña Bañalez, Humberto Arce Cordero, Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, Marcelo Armenta y Ma. Mercedes Maciel Ortiz, en la que se tomaron diversos acuerdos consistentes en la remoción de los representantes de las diferentes comisiones, de diversos funcionarios y en sustitución se realizaron nombramientos.(15)
5. Declaratoria. El diez de marzo de dos mil veinte se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, la Declaratoria que como acto discrecional soberano emitió la Presidenta de la Diputación Permanente, Elizabeth Rocha Torres, respecto a las decisiones adoptadas en la sesión privada de seis de marzo de dos mil veinte,(16) ese documento es del tenor siguiente:
"DECLARATORIA
PRIMERO. Se declara, QUE NO EXISTE ninguna sesión legalmente convocada, instalada y desahogada llevada a cabo por esta Presidencia u órgano competente de esta XV Legislatura al Congreso del Estado el día 6 de marzo de 2020, en el que hubiera aprobado con las formalidades y votación exigida por la ley, la revocación y sustitución de la Directora de Finanzas y los titulares de la Unidad para la Igualdad de Género, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior y la jefatura de recursos humanos; así como la revocación del Auditor Superior del Estado; la remoción y sustitución de los integrantes de las Comisiones de Cuenta y Administración, de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales y de Justicia; ni la destitución de la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
SEGUNDO. Se declara QUE NO EXISTE ni se le atribuye o reconoce efecto jurídico alguno, por ser contrarios a la Constitución Política del Estado y a la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo; y violatorias de los principios de seguridad, certeza jurídica y debido proceso, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, los acuerdos, que según los medios de comunicación locales, redes sociales y comentarios, fueron alcanzados en la reunión de reconciliación de las fracciones parlamentarias del Partido Morena y Juntos Haremos Historia, celebrada, según los mismos medios, el día 6 de marzo de 2020, en las instalaciones de este Congreso del Estado, en la que supuestamente se llevaron a cabo las siguientes remociones:
Del Auditor Superior del Estado, de la Directora de Finanzas de este Congreso, de la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, del titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior, de la jefatura del Departamento de Recursos Humanos, de los Diputados Presidentes de las Comisiones Permanentes de Igualdad de Género, de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Cuenta y Administración; así como de la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
TERCERO. Se declara de manera soberana y discrecional y para todos los efectos legales a que haya lugar y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51, fracción V de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, que los titulares d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200722-28911c23/i-controversia-constitucional-el-oficial-mayor-del-congreso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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