I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN XXII, INCISO B), DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD (LA ORDEN DE NO PUBLICAR LOS ACUERDOS, DECRETOS O LEYES EMITIDOS POR EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE PROMULGAR Y PUBLICAR EL DECRETO NÚMERO 2704, ENVIADO Y RECIBIDO PARA SU PUBLICACIÓN EL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, AMBAS POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, AL NO HABER ACREDITADO SU NOMBRAMIENTO (LA ORDEN DE NO PUBLICAR LOS ACUERDOS, DECRETOS O LEYES EMITIDOS POR EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE PROMULGAR Y PUBLICAR EL DECRETO NÚMERO 2704, ENVIADO Y RECIBIDO PARA SU PUBLICACIÓN EL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, AMBAS POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2020. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. DISIDENTES: JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIAS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ Y VALERIA PALMA LIMÓN.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.
V I S T O S, y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ma. Mercedes Maciel Ortiz, Sandra Guadalupe Moreno Vázquez y Carlos José Van Wormer Ruiz, Presidenta, Vicepresidenta y Secretario, respectivamente de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, así como Marcos Emiliano Pérez Beltrán, Oficial Mayor del Congreso del Estado, promovieron controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de esa entidad, por los siguientes actos:
"(...).
IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE RECLAME
Lo son:
1. La decisión y orden de no publicar los Acuerdos, Decretos o Leyes de esta legislatura en tanto no se den los supuestos materialmente legislados por la demandada y que se detallan en el cuerpo de este escrito, dada a conocer el 6 de abril de 2020. Acto que constituye un hecho notorio en términos de lo narrado en este escrito, no obstante, se agrega un disco compacto donde es posible reproducir el citado mensaje, como ANEXO 2.
2. La omisión de promulgar y publicar el Decreto número 2704, aprobado el 31 de marzo de 2020, por el cual ‘Se reforma la denominación de la actual Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California sur (sic), el artículo 2 agregándole un segundo párrafo, se reforman los artículos, 11, 27, último párrafo, 39, 51, 64, 67, 73, 75 y 170, de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur’.
Misma que le fue enviada para su publicación y recibida por la Secretaría Particular del Gobernador el pasado 17 de abril de 2020 y cuyo acuse se adjunta en copia certificada como ANEXO 3.
(...)".
Cabe agregar que en esa demanda también aparece la firma de quince legisladores del Congreso promovente de la controversia, reconociendo que no tienen legitimación para ello, sino que lo hacen para demostrar gobernabilidad en ese órgano.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes lo que a continuación se transcribe:
"1. El Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur se deposita en una Asamblea denominada "Congreso del Estado de Baja California Sur", según dispone el artículo 40, de la Constitución de nuestro Estado. La actividad legislativa, con todo lo que a su vez implica, es una tarea esencial y de vital importancia tanto para el funcionamiento del gobierno hacia la sociedad, como para la vida propia de los poderes públicos.
Actualmente se encuentra en funciones la XV Legislatura, en su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
2. El Congreso del Estado de Baja California Sur se encuentra sesionando de manera ordinaria, en un simil con el principio de legalidad, en el Poder Legislativo existe una suerte de Presunción de Gobernabilidad, lo cual implica que los actos al interior -decisiones tomadas al interior del propio Congreso- se presumen válidas y vigentes.
De este modo si una norma para ser declarada inválida requiere se rompa el principio de presunción de constitucionalidad, a través de un escrutinio estricto, mucho más estricto es el principio de presunción de gobernabilidad, del que podemos afirmar que significa que un poder público funciona con normalidad, sin que ningún acto -y menos una declaración unilateral de otro poder- pueda ser motivo suficiente para desconocerlo o impedir su puntual funcionamiento. Hacerlo implicaría desconocer la Constitución misma.
Por ello, los actos de este poder autónomo surten cada uno de los efectos señalados en la Constitución Federal, en nuestra Constitución local, así como en las normas que de ellas emanan.
3. Así, derivado del pleno ejercicio del Poder Legislativo, que el pueblo sudcaliforniano nos encomendó, continuamos cumpliendo con tal mandato: se presentan iniciativas, se dictaminan, se discuten y, en su caso se aprueban y se mandan al Poder Ejecutivo, para que proceda conforme a derecho.
4. Al interior de este Congreso -como lo mismo para en los otros Poderes- han existido cambios. El más importante es que, derivado de la inasistencia de algunos diputados, el Pleno de este Congreso procedió como ordena la fracción segunda del artículo 53, de la Constitución del Estado de Baja California Sur, y el último párrafo del artículo 27 de nuestra Ley Orgánica, llamándose a los suplentes, quienes tomaron a protesta legal. De este modo el congreso actualmente se encuentra completo y sesionando con normalidad. Esta situación, es por todos conocido en nuestro Estado, no fue bien vista por los intereses personales del Gobernador del Estado.
Esto, según consta en copia certificada de dicha sesión y nombramientos que se adjuntan como ANEXO 4.
5. El pasado 6 de abril de 2020, el Gobernador de nuestro Estado, licenciado Carlos Mendoza Davis, emitió un mensaje en sus diversas redes sociales digitales verificadas, que en la parte que aquí interesa se transcribe y que constituye el primer acto impugnado:
‘(...) me permito dar a conocer una decisión relevante (...) hay duplicidad de funciones, este hecho es a todas luces ilegal y afecta de nulidad los actos que se desprenden del mismo, para definir la legalidad de esta situación y la legitimidad de estos grupos, es de mi conocimiento que incluso conoce ya del tema nuestro máximo tribunal nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una controversia constitucional sobre la que tendrá que pronunciarse. Ante la gravedad de estos hechos y en virtud de no existir claridad de cuáles actos son legales, para proteger la legalidad del estado de derecho de nuestro estado es que anuncio: he decidido no ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado, de los Acuerdos, Decretos o Leyes que ambos grupos aprueben y remitan al ejecutivo, en tanto no ocurra uno de dos supuestos: primero, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie y determine con claridad a qué grupo le asiste la razón. Segundo, que es el escenario deseable, que los veintiún diputados y diputados (sic) titulares electos directamente para representar a la sociedad, que han sido votados por una mayoría de ciudadanos y que poseen, por tanto, la legitimidad de la representación ciudadana, privilegien el diálogo, lleguen a un acuerdo en favor de Baja California Sur y logren dirimir sus controversias (...)’.
El mensaje completo puede apreciarse en los siguientes vínculos electrónicos, siendo además un hecho notorio.
Facebook: https:/www.facebook.com/CMendozaDavis/videos/505652750116019
Twitter: http://twitter.com/cmendozadavis/status/1247328245768282112
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SPMJiHf5Auo&feature=youtu.be
6. Dicha decisión no se trata de un acto futuro o incierto, toda vez que éste se ha empezado ya a ejecutar y a causar afectaciones a este Poder Legislativo.
En efecto, el pasado 17 de abril de 2020 le fue remitido y recibido por el Poder Ejecutivo el Decreto número 2704, aprobado el 31 de marzo de 2020, por el cual "Se reforma la denominación de la actual Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California sur (sic), el artículo 2 agregándole un segundo párrafo, se reforman los artículos, 11, 27, último párrafo, 39, 51, 64, 67, 73, 75 y 170, de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur."
La reforma remitida se trata de una en donde el Titular del Poder Ejecutivo debe cumplir su obligación constitucional de publicar la ley remitida, ya que expresamente no tiene posibilidad de vetarla.
El acuse respectivo se adjunta en copia certificada como ANEXO 5.
7. No obstante, de haberse ya recibido éste no ha sido publicado, situación que puede confirmarse de la revisión al Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, la última publicación en que debió hacerse es la que corresponde al pasado 20 de abril.
8. Los actos cuya invalidez se reclaman son inconstitucionales e invaden las facultades de este Poder Legislativo, así como los principios constitucionales que se referirán en este escrito.
(...)".
TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 41, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Concepto de invalidez. El concepto de invalidez planteado se resume a continuación.
a) La decisión y orden de no publicar los acuerdos, decretos o leyes de la Legislatura, en tanto no se den los supuestos materialmente legislados por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, viola los principios básicos del estado constitucional de derecho e invade las facultades del Poder Legislativo actor, debido a que la única forma que tiene el Poder Ejecutivo para ejercer control respecto de las normas que le son remitidas es el veto, sin que exista acto, proceso o forma alguna en que pueda negar la publicación de las normas que le son remitidas.
b) El veto no es una figura que tenga por efecto darle poder, facultad o potestad al Poder Ejecutivo de obstaculizar la función legislativa, sino que es una figura que busca la reflexión y el análisis para evitar malas reglamentaciones en temas de trascendencia para el Estado que afecten la vida de los ciudadanos, por lo que agotada la reflexión que motiva el veto, el titular del Poder Ejecutivo se encuentra constreñido a realizar la promulgación y publicación de los ordenamientos que le sean remitidos, según la regulación establecida para ello.
c) Hay normas respecto de las cuales, expresamente, el Poder demandado no puede opinar, pues únicamente tiene el deber de cumplir con la función de promulgar y publicar; como en el caso respecto del Decreto número 2704, aprobado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, que corresponde al segundo acto impugnado.
d) El Poder Ejecutivo omite cumplir con la obligación de promulgar y publicar las normas que le remitió el Poder Legislativo estatal, lo que trastoca los principios constitucionales de división de poderes y supremacía constitucional, así como las normas constitucionalmente previstas respecto del proceso legislativo.
e) La declaración del Gobernador del Estado en el sentido de que sólo cuando se satisfaga alguno de los dos requisitos diseñados por él, dará cumplimiento a su obligación constitucional de promulgar y publicar leyes, invade las competencias del Poder Legislativo actor, al arrogarse una facultad adicional para no publicar las normas que el Poder Legislativo le remite, lo que carece de fundamentación y motivación.
f) La decisión y orden del Titular del Ejecutivo local de no publicar los acuerdos, decretos o leyes de la Legislatura, viola los principios constitucionales de separación de poderes, de distribución de competencias, de supremacía constitucional y de función legislativa, al condicionar la función del Poder Legislativo hasta en tanto se cumplan con las condiciones auto reguladas por Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur.
QUINTO. Trámite y admisión. El Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil veinte, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 63/2020, y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veinte, admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur; y le requirió para que al dar contestación a la controversia enviara copia certificada de las documentales relacionadas con los actos impugnados.
De igual forma ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación a la demanda. Por escrito de once de mayo de dos mil veinte, Miguel Ángel Esquinca Kuri, quien se ostentó como Subsecretario de la Consejería Jurídica del Gobierno de Baja California Sur, envió la contestación de la demanda de controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo de esa Entidad; y, por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el Ministro instructor la tuvo por recibida, por rendido el informe requerido al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur y por exhibidas las documentales que acompañó, incluidas las copias certificadas de las documentales relacionadas con los actos impugnados.
En el escrito de contestación a la demanda, el Subsecretario de la Consejería Jurídica del Gobierno de Baja California Sur adujo, en síntesis, lo siguiente:
a) En primer lugar, señaló que era cierto el acto impugnado consistente en la decisión del Poder Ejecutivo demandado de no publicar los Decretos remitidos por el Congreso del Estado de seis de abril de dos mil veinte; sin embargo, advirtió que si bien el Gobernador del Estado debe publicar las normas que le sean enviadas por la Legislatura, esto lo debe llevar a cabo la persona facultada para ello, es decir, a través del Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso. Empero, es evidente que al interior del Congreso del Estado existe un conflicto entre las fuerzas políticas que lo componen, que resulta en la duplicidad de Mesas Directivas, aunado a que no existe certeza de que las normas hayan cumplido con el debido proceso legislativo; por tanto, publicar normas que pudieran estar viciadas de nulidad conllevaría más perjuicios que beneficios a la sociedad Sudcaliforniana.
b) Por lo que hace al argumento que esgrime el actor en el sentido de que el Gobernador del Estado no cuenta con facultades de veto respecto de la Ley Reglamentaria del Congreso del Estado, señala que, de conformidad con el artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, lo que no puede realizar son observaciones sobre el contenido de la norma que regulará las actividades legislativas, pero no establece que el Gobernador no pueda realizar observaciones al proceso legislativo, desde la convocatoria a las sesiones por parte de la Mesa Directiva, así como la conducción de las sesiones del Pleno para su aprobación; proceso en el que se deben observar los principios de certeza jurídica y legalidad, al ser un proceso de colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, en la que ambos participan según sus facultades.
c) En sesión de diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Diputada Presidenta, Daniela Rubio Avilés, suspendió la sesión en términos de la facultad que le confiere el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Congreso; empero, una vez clausurada, diversas Diputadas y Diputados tomaron la decisión de seguir sesionando derivándose de ello que actualmente existan dos Mesas Directivas y dos Juntas de Gobierno y Coordinación Política, causando la falta de gobernabilidad al interior de dicho Congreso, por lo que, al no tener certeza jurídica respecto de quiénes son los legisladores que legítimamente cuentan con los cargos que ostentan, se tomó la decisión de no publicar la normativa.
d) El Poder Legislativo actor, funda su pretensión en la sesión extraordinaria privada de seis de marzo de dos mil veinte, en la que, entre otras cuestiones, se otorgó nombramiento de Oficial Mayor a Marcos Emiliano Pérez Beltrán, quien comparece a la controversia constitucional como representante del Poder Legislativo estatal; sin embargo, dicha sesión fue desconocida por la entonces Presidenta de la Diputación Permanente Elizabeth Rocha Torres, quien con fecha doce de marzo de dos mil veinte, nombró como Oficial Mayor al señor Luis Martín Aguilar Flores. Por ello, se actualiza la causal de improcedencia de falta de legitimación pues quien cuenta con la representación legal para promover la demanda es el Oficial Mayor y no la Mesa Directiva, ni los Diputados que conforman la legislatura.
e) Aun cuando el Oficial Mayor cuenta con la representación legal del Congreso del Estado para promover controversias constitucionales en las que tenga interés dicha legislatura, corresponde a Luis Martín Aguilar Flores suscribir ese tipo de demandas ya que es quien cuenta con el nombramiento de Oficial Mayor y no así Marcos Emiliano Pérez Beltrán y, en consecuencia, se debe sobreseer en la controversia constitucional.
SÉPTIMO. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, ni expresó manifestación alguna.
OCTAVO. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el nueve de febrero de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34 de la propia Ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, lo que ocurrió por auto de once de marzo de dos mil veintiuno.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción V y 21 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos Segundo, fracción I, párrafo primero, y Tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre los Poderes del Estado Baja California Sur.
Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razón, en la tesis de esta Segunda Sala cuyo rubro, texto y datos de localización se transcriben a continuación:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE ELLAS, CONFORME AL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001, REFORMADO POR EL DIVERSO 3/2008. El punto tercero, fracción I, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformado mediante el diverso Acuerdo General Plenario Número 3/2008, autoriza a las Salas de este Alto Tribunal a resolver las controversias constitucionales en las que deba sobreseerse y en las que no se impugnen normas de carácter general. En este sentido, aun cuando en una controversia constitucional se impugnen normas de carácter general, si se sobresee respecto de éstas y subsiste únicamente el análisis constitucional de actos, también se surte la competencia de las Salas para conocer del asunto". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro VII, abril de 2012, tomo 2, tesis 2a. XXV/2012 (10a.), página 1275, registro digital 2000539).
SEGUNDO. Presupuestos procesales. A continuación, se analizan éstos, comenzando por la oportunidad.
Oportunidad. Los actos atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur consisten en la decisión y orden de no publicar los acuerdos, decretos o leyes del Poder Legislativo actor; y la omisión de promulgar y publicar el Decreto número 2704, aprobado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, que fue enviado para su publicación el diecisiete de abril de dos mil veinte.
El artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) dispone que el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
De acuerdo con la naturaleza de los actos impugnados para efectos del cómputo se está a lo ordenado en aquella hipótesis del artículo 21 consistente en que el plazo de los treinta días se contará a partir del día siguiente al que el actor se ostente sabedor de los mismos. Por tanto, con base en lo manifestado en la demanda, el cómputo se calcula a partir del seis de abril de dos mil veinte fecha en la que la parte actora afirma conoció el acto impugnado consistente en la decisión y orden de no publicar los acuerdos, decretos o leyes de la Legislatura.
Por tanto, el plazo referido transcurrió del trece de abril al veintiséis de mayo de dos mil veinte, descontando los días ocho, nueve, diez, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de abril; uno, dos, tres, cinco, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de mayo de dos mil veinte, por haber sido inhábiles de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno.
Por lo que hace a la omisión de promulgar y publicar el Decreto número 2704 que fue enviado y recibido por la Secretaría Particular del Gobernador el diecisiete de abril de dos mil veinte, esta Segunda Sala observa que del contenido integral de los autos se desprende que durante el trámite del asunto, subsistió la actitud omisa que se reclama.
Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de abril de dos mil veinte, es claro que su presentación resultó oportuna.
Legitimación pasiva. Por cuanto hace a la legitimación pasiva, la tiene el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, conforme a los artículos 10, fracción II,(2) y 11, párrafo primero,(3) de la Ley Reglamentaria, por cuanto prevén que serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto reclamado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
En el sumario contestó la demanda Miguel Ángel Esquinca Kuri, Subsecretario de la Consejería Jurídica dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento, expedido por el titular de esa Secretaría, de cuatro de octubre de dos mil dieciocho.
Aunado a que los artículos 16, fracción I,(4) 21, fracciones II, XVIII, y XLVII(5) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, en concordancia con el artículo 2, fracción II,(6) y 30, fracción VIII(7) del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, publicado en el Boletín Oficial Extraordinario del Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 23, Tomo XLVII, de treinta de abril de dos mil veinte, prevén entre otras cuestiones, que al Subsecretario de la Consejería Jurídica del Estado, corresponde representar al Poder Ejecutivo del Estado en procedimientos, controversias, juicios o asuntos litigiosos en que sea parte o tengan interés jurídico de cualquier materia o naturaleza.
Por ende, la autoridad demandada tiene legitimación pasiva para comparecer al juicio, ya que a éste se le atribuye el acto impugnado y ha quedado demostrado que el funcionario que comparece cuenta con facultades para representarlo.
Por lo que hace a la legitimación activa ésta será motivo de pronunciamiento en el considerando cuarto.
TERCERO. Cuestión previa. Para estar en aptitud de resolver la presente controversia constitucional, resulta relevante traer a colación los antecedentes generales del asunto que se resuelve, mismo que resulta conexo a diversas controversias constitucionales tramitadas ante esta sede jurisdiccional, y son los siguientes:
1. Elección de diputados. El dos de julio de dos mil dieciocho se llevó a cabo la elección de diputados para conformar la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, resultando electos: Héctor Manuel Ortega Pillado, Ramiro Ruiz Flores, Esteban Ramírez Ojeda, Milena Paola Quiroga Romero, Perla Guadalupe Flores Leyva Carlos José Van Wormer Ruiz, María Petra Juárez Maceda, Homero González Medrano, María Rosalba Rodríguez López, Soledad Saldaña Bañalez, Humberto Arce Cordero, Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, José Luis Perpuli Drew, Marcelo Armenta, Rigoberto Murillo Aguilar, Loreina Lineth Montaño Ruiz, Elizabeth Rocha Torres, Anita Beltrán Peralta, Ma. Mercedes Maciel Ortiz, Maricela Pineda García y Daniela Viviana Rubio Avilés.(8)
2. Instalación de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur. En sesión solemne de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho se llevó a cabo el acto mediante el cual se instaló la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur la que se integró con los diputados y diputadas mencionados en el párrafo que antecede.(9)
La Mesa Directiva nombrada para fungir como tal del uno de septiembre al quince de diciembre de dos mil dieciocho se integró por Ramiro Ruiz Flores, Presidente; Homero González Medrano Vicepresidente; Maricela Pineda García, Secretaria; y Daniela Viviana Rubio Avilés, Prosecretraria.
Posteriormente, la Mesa Directiva instalada del quince de marzo al treinta de junio de dos mil diecinueve se integró por Homero González Medrano, Presidente; Soledad Saldaña Bañalez Vicepresidenta; Humberto Arce Cordero, Secretario; y Daniela Viviana Rubio Avilés Prosecretraria.
Y, la diversa Mesa Directiva instalada del uno de septiembre al quince de diciembre de dos mil diecinueve se integró por Daniela Viviana Rubio Avilés, Presidenta; José Luis Perpuli Drew Vicepresidente; Loreina Lineth Montaño Ruiz, Secretaria; y Maricela Pineda García, Prosecretraria.(10)
3. Mesas Directivas del segundo periodo ordinario de sesiones. Según acta de sesión pública solemne de clausura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, celebrada el quince de diciembre de dos mil diecinueve, se aprobó la elección de quienes conformarían la Diputación Permanente para el periodo de receso que corrió del dieciséis de ese mes y año al catorce de marzo de dos mil veinte, la cual se integró de la siguiente forma: Elizabeth Rocha Torres, Presidenta; Anita Beltrán Peralta, Primera Secretaria; Rigoberto Murillo Aguilar, Segundo Secretario; Maricela Pineda García, Primera Suplente; Loreina Lineth Montaño Ruiz, Segunda Suplente; Carlos José Van Wormer Ruiz, Tercer Suplente; Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, Cuarta Suplente; y María Rosalba Rodríguez López, Quinta Suplente.
Concluido el receso se tiene que para el periodo de quince de marzo al treinta de junio de dos mil veinte fueron designados como integrantes de la Mesa Directiva para el segundo periodo ordinario de sesiones: Daniela Viviana Rubio Avilés, Presidenta; Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, Vicepresidenta; Carlos José Van Wormer Ruiz, Secretario; y Ramiro Ruiz Flores, Prosecretario.(11)
4. Sesión privada extraordinaria. El seis de marzo de dos mil veinte se llevó a cabo la sesión privada extraordinaria del primer periodo de receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, con la presencia de los diputados Héctor Manuel Ortega Pillado, Ramiro Ruiz Flores, Esteban Ramírez Ojeda, Milena Paola Quiroga Romero, Carlos José Van Wormer Ruiz, María Petra Juárez Maceda, Homero González Medrano, María Rosalba Rodríguez López, Soledad Saldaña Bañalez, Humberto Arce Cordero, Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, Marcelo Armenta y Ma. Mercedes Maciel Ortiz, en la que se tomaron diversos acuerdos consistentes en la remoción de los representantes de las diferentes comisiones, de diversos funcionarios y en sustitución se realizaron nombramientos.(12)
5. Declaratoria. El diez de marzo de dos mil veinte se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, la Declaratoria que como acto discrecional soberano emitió la Presidenta de la Diputación Permanente, Elizabeth Rocha Torres, respecto a las decisiones adoptadas en la sesión privada de seis de marzo de dos mil veinte,(13) ese documento es del tenor siguiente:
"DECLARATORIA
PRIMERO. Se declara, QUE NO EXISTE ninguna sesión legalmente convocada, instalada y desahogada llevada a cabo por esta Presidencia u órgano competente de esta XV Legislatura al Congreso del Estado el día 6 de marzo de 2020, en el que hubiera aprobado con las formalidades y votación exigida por la ley, la revocación y sustitución de la Directora de Finanzas y los titulares
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200720-431e4fc3/i-controversia-constitucional-el-oficial-mayor-del-congreso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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