I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS O DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDERE QUE VULNERAN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LA NOTA ACLARATORIA AL PROGRAMA NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 2021-2024 EN LA CUAL SE SUPRIMEN TODAS LA REFERENCIAS AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (PORCIONES DEL "PROGRAMA NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 2021-2024", EN LAS QUE SE INCLUYE AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DENTRO DE LAS AUTORIDADES VINCULADAS A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PUNTUALES, ESTO ES, EL APARTADO 6, DENOMINADO "ESTRATEGIAS PRIORITARIAS Y ACCIONES PUNTUALES", EN ESPECÍFICO, LA ESTRATEGIA PRIORITARIA 1.3, ACCIÓN PUNTAL 1.3.1; LA ESTRATEGIA PRIORITARIA 1.5, ACCIONES PUNTUALES 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 Y 1.5.7; LA ESTRATEGIA PRIORITARIA 3.2, ACCIÓN PUNTUAL 3.2.5; ASÍ COMO LA ESTRATEGIA PRIORITARIA 5.5, ACCIÓN PUNTUAL 5.5.1.).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2021. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 26 DE ENERO DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUIVAR.
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de enero de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 92/2021, promovida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contra el Poder Ejecutivo Federal.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el trece de julio de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) promovió controversia constitucional en contra del "Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024", así como de diversas porciones del referido Programa, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veintiuno.
2. Conceptos de invalidez. El Instituto actor expuso los conceptos de invalidez que enseguida se sintetizan:
• El Decreto impugnado y las "Estrategias Prioritarias" y "Acciones Puntuales" que se impugnan del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024, tienen como consecuencia obligar al INEGI a realizar diversas actividades en materias de estadística y geografía, cuando es a la Junta de Gobierno del Instituto a quien corresponde decidirlo.
• De acuerdo con los artículos 26, apartado B, de la Constitución Federal, así como 52, 59 y 77, fracción III, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el INEGI tiene la atribución –por medio de su Junta de Gobierno– de determinar la información que debe producir, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, los actos impugnados vulneran la autonomía del Instituto porque no respetan esa atribución, ya que el Ejecutivo Federal incluye al INEGI en las obligaciones de realizar actividades en el marco del Programa en cuestión.
• Las normas impugnadas violan el principio de división de poderes, toda vez que unilateralmente y sin consultar al INEGI, el Poder Ejecutivo Federal tomó decisiones y estableció actividades a cargo del Instituto, es decir, decidió qué actividades en materia de estadística y geografía va a realizar; a qué finalidades, programas y objetivos dirigir el ejercicio de sus recursos económicos; y qué funciones específicas y actividades realizará su personal.
• Los actos combatidos permiten el sometimiento del INEGI a otro órgano del Estado, en cuanto el Poder Ejecutivo dispone de su presupuesto para la realización de las acciones consideradas para el Programa, vulnerando con ello su autonomía de gestión, es decir, su libertad financiera y de gasto.
• Al INEGI no le es aplicable la obligatoriedad señalada en el Programa impugnado, como sí a las dependencias y entidades de la administración pública federal, toda vez que el Instituto no forma parte de ella.
• El capítulo 3 del Programa impugnado viola la autonomía del INEGI, toda vez que pretende obligar a que ejerza sus recursos presupuestarios para llevar a cabo actividades que no están establecidas en el marco de su autonomía, es decir, que no fueron analizadas, consideradas, valoradas y aprobadas por sus órganos internos.
• El Programa impugnado pone al INEGI en una situación de incertidumbre sobre la integridad de su presupuesto.
• El INEGI, de acuerdo con la legislación especial, reglamentaria del artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, debe regir su función esencial en materia de información estadística y geográfica en dicha legislación, sin observar alguna otra.
• El programa impugnado viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues el Ejecutivo Federal, sin fundamento constitucional o legal, dispuso de los recursos financieros, materiales y humanos del INEGI, invadiendo su esfera de atribuciones constitucionales.
• Los actos impugnados también violentan los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, pues con ellos se establece una doble regulación respecto de las responsabilidades del INEGI, las cuales fueron establecidas por el Congreso de la Unión en uso de las facultades previstas en el artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución Federal.
3. Radicación y admisión de la controversia. Por acuerdo dictado el catorce de julio de dos mil veintiuno, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número 92/2021, y la turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para que instruyera el procedimiento.
4. El quince de julio de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar como demandado al Poder Ejecutivo Federal y dio vista a la Fiscalía General de la República para que estuviera en posición de formular pedimento.
5. Solicitud de sobreseimiento. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, el Ministro instructor ordenó agregar al expediente un oficio mediante el cual el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal expuso que debía decretarse el sobreseimiento en el juicio por haber cesado los efectos de los actos impugnados. Frente a ello, se dio vista al Instituto actor para que manifestara lo que a su derecho correspondiera.
6. El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno se tuvieron por hechas las manifestaciones de la parte actora en el sentido de que, como lo planteó el Poder Ejecutivo Federal, han cesado los efectos de los actos materia de impugnación en la controversia constitucional.
7. Contestación de la demanda. Por acuerdo dictado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda por el Poder Ejecutivo Federal.
8. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento.
9. Alegatos del Ejecutivo Federal. Por auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor ordenó agregar al expediente el escrito de alegatos del Poder Ejecutivo Federal.
10. Audiencia. El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Reglamentaria).
11. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por formulados los alegatos de la parte actora y cerró la instrucción a afecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
12. Radicación en la Segunda Sala. Previo dictamen del instructor, por acuerdo presidencial de diecisiete de enero de dos mil veintidós, la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.
I. COMPETENCIA
13. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I,(2) y 11, fracción VIII,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I,(4) y tercero(5) del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se plantea un conflicto entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Poder Ejecutivo Federal, en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
14. De acuerdo con lo establecido en el artículo 41, fracción I,(6) de la Ley Reglamentaria y en la tesis P./J. 98/2009,(7) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es importante reiterar que en su escrito de demanda el Instituto Nacional de Estadística y Geografía impugna el "Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024", así como diversas porciones del referido Programa, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veintiuno.
15. El Decreto señalado establece lo siguiente:
"DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024 es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con la participación que conforme a sus respectivos ámbitos de competencia les corresponda a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, darán seguimiento a la implementación de las estrategias prioritarias y acciones puntuales, así como al cumplimiento de los objetivos prioritarios establecidos en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024, con base en las metas para el bienestar y parámetros correspondientes.
ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el presente Decreto.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ejecutará y coordinará la ejecución de los objetivos prioritarios, estrategias prioritarias, acciones puntuales, metas para el bienestar y parámetros del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024, con cargo a su presupuesto aprobado en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales que correspondan.
Las dependencias y entidades que tengan a su cargo acciones puntuales previstas en el citado Programa, las ejecutarán con cargo al presupuesto aprobado en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales que correspondan".
16. Por su parte, las porciones impugnadas del "Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024", publicado junto al Decreto antes transcrito, son las que a continuación se transcriben:
"3.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de estas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
(...)
6.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
(...)
Estrategia prioritaria 1.3 Dirigir la acción gubernamental intersectorial hacia las regiones en condición de rezago y aquellas con mayor potencial para el impulso al desarrollo sostenible en el mediano y largo plazos
Ver cuadro
(...)
Estrategia prioritaria 1.5 Promover la generación, sistematización y difusión de información desagregada en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para la toma de decisiones que permitan: diagnosticar, monitorear y atender la problemática, así como identificar áreas de oportunidad
Ver esquema
(...)
Ver continuación
(...)
Estrategia prioritaria 3.2 Promover instrumentos de planeación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entre los tres órdenes de gobierno, para ordenar, regular y consolidar las zonas urbanas
(...)
Ver estrategia
(...)
Estrategia prioritaria 5.5 Promover la habitabilidad de las periferias urbanas para recuperar la vivienda abandonada y atender la vivienda en los asentamientos irregulares con el fin de disminuir la segregación socioeconómica de las personas
Ver acción puntual
(...)"
Énfasis añadido.
17. No obstante, es importante precisar que de la lectura integral de la demanda se desprende que lo efectivamente impugnado son las porciones del "Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024", en las que se incluye al Instituto Nacional de Estadística y Geografía dentro de las autoridades vinculadas a realizar diversas acciones puntuales, esto es, el apartado 6, denominado "Estrategias prioritarias y Acciones puntuales", en específico, la estrategia prioritaria 1.3, acción puntual 1.3.1; la estrategia prioritaria 1.5, acciones puntuales 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 y 1.5.7; la estrategia prioritaria 3.2, acción puntual 3.2.5; así como la estrategia prioritaria 5.5, acción puntual 5.5.1.
18. Se dice lo anterior porque si bien se señalaron como actos combatidos el Decreto por el que se aprobó el mencionado Programa y se establecieron diversos aspectos relacionados con su obligatoriedad, vigilancia, ejecución y entrada en vigor, así como su apartado 3, denominado "Origen de los recursos para la instrumentación del Programa", lo cierto es que ello, por sí solo, no se relaciona con la afectación de la que se duele la parte actora, sino que su inconformidad con esos aspectos deriva de que en las porciones efectivamente impugnadas del Programa el Poder Ejecutivo Federal haya determinado incluir al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
19. La existencia del acto impugnado quedó acreditada con la publicación del "Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024", en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación de dos de junio de dos mil veintiuno, lo que constituye un hecho notorio.(8) Sirve de apoyo, además, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de esta Segunda Sala, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN".(9)
IV. OPORTUNIDAD
20. Conforme al artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria, el plazo para promover controversia constitucional, tratándose de actos, es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que: a) conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) el actor se ostente sabedor de tales actos.
21. En este caso la demanda fue presentada de forma oportuna.
22. Es así porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía combate diversas porciones del "Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024", con motivo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veintiuno, de ahí que debe considerarse que fue a partir de ese momento en que tuvo conocimiento del acto impugnado en la presente controversia constitucional.
23. Por tanto, el plazo para presentar la demanda transcurrió del tres de junio al catorce de julio de dos mil veintiuno, sin considerar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de junio, así como tres, cuatro, diez y once de julio –sábados y domingos–, por ser inhábiles de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 de la Ley Reglamentaria(10) y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(11)
24. Entonces, si el escrito de demanda se recibió en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de julio de dos mil veintiuno, resulta claro que, como se adelantó, la controversia constitucional fue promovida oportunamente.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
25. La demanda fue presentada por parte legítima.
26. Lo anterior, porque de acuerdo con los artículos 26, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Federal(12) y 52 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,(13) el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un órgano constitucional autónomo que, en términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Norma Fundamental, está legitimado para promover este medio de control constitucional en contra de actos u omisiones del Poder Ejecutivo Federal.
27. Además, el escrito de demanda fue suscrito por Jorge Ventura Nevares, en su carácter de Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Instituto,(14) a quien en términos del artículo 46, fracción VI, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(15) corresponde representarlo en toda clase de juicios.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
28. La parte demandada tiene legitimación pasiva.
29. En efecto, como se adelantó, el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Norma Fundamental, prevé la posibilidad de hacer valer controversia constitucional entre un órgano constitucional autónomo y el Ejecutivo Federal; además, el escrito de contestación fue suscrito por Julio Scherer Ibarra, en su calidad de Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, que en términos de lo previsto en los artículos 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(16) y 9, fracción XI, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,(17) tiene a su cargo representar al Presidente de la República en este medio de control constitucional.
VII. SOBRESEIMIENTO
30. Esta Segunda Sala advierte que debe sobreseerse en la presente controversia constitucional en términos del artículo 20, fracción II,(18) en relación con el 19, fracción V,(19) ambos de la Ley Reglamentaria, toda vez que han cesado los efectos del acto impugnado.
31. Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que se actualiza el motivo de improcedencia anunciado cuando dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que motivaron la controversia constitucional, en la medida en que la declaración de invalidez de la sentencia no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa del artículo 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, así como del artículo 45 de la Ley Reglamentaria.
32. Dicho criterio se ve reflejado en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de rubro y texto siguientes:
"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria".(20)
33. Dicho esto, es un hecho notorio para esta Segunda Sala que el nueve de agosto de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación una "Nota Aclaratoria al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024, publicado el 2 de junio de 2021".
34. Según se señala en su parte final, la publicación de esa nota tuvo como objeto aclarar y precisar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal participantes en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024. De esta forma, se suprimieron todas las referencias al Instituto Nacional de Estadística y Geografía previstas en las porciones combatidas de dicho Programa, esto es, en el apartado 6 denominado "Estrategias prioritarias y Acciones puntuales", específicamente en la estrategia prioritaria 1.3, acción puntual 1.3.1; la estrategia prioritaria 1.5, acciones puntuales 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 y 1.5.7; la estrategia prioritaria 3.2, acción puntual 3.2.5; así como la estrategia prioritaria 5.5, acción puntual 5.5.1., como se puede advertir de la siguiente transcripción:
"NOTA ACLARATORIA AL PROGRAMA NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 2021-2024, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2021.
(...)
En el apartado "6.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales" dice:
Estrategia prioritaria 1.3 Dirigir la acción gubernamental intersectorial hacia las regiones en condición de rezago y aquellas con mayor potencial para el impulso al desarrollo sostenible en el mediano y largo plazos
Ver desglose
Debe decir:
Estrategia prioritaria 1.3 Dirigir la acción gubernamental intersectorial hacia las regiones en condición de rezago y aquellas con mayor potencial para el impulso al desarrollo sostenible en el mediano y largo plazos
Ver tabla
Dice:
Estrategia prioritaria 1.5 Promover la generación, sistematización y difusión de información desagregada en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para la toma de decisiones que permitan: diagnosticar, monitorear y atender la problemática, así como identificar áreas de oportunidad
Ver diagrama
Debe decir:
Estrategia prioritaria 1.5 Promover la generación, sistematización y difusión de información desagregada en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para la toma de decisiones que permitan: diagnosticar, monitorear y atender la problemática, así como identificar áreas de oportunidad
Ver acción
Dice:
Estrategia prioritaria 3.2 Promover instrumentos de planeación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entre los tres órdenes de gobierno, para ordenar, regular y consolidar las zonas urbanas
Ver original
Debe decir:
Estrategia prioritaria 3.2 Promover instrumentos de planeación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entre los tres órdenes de gobierno, para ordenar, regular y consolidar las zonas urbanas
Ver correción
Dice:
Estrategia prioritaria 5.5 Promover la habitabilidad de las periferias urbanas para recuperar la vivienda abandonada y atender la vivienda en los asentamientos irregulares con el fin de disminuir la segregación socioeconómica de las personas
Ver información
Debe decir:
Estrategia prioritaria 5.5 Promover la habitabilidad de las periferias urbanas para recuperar la vivienda abandonada y atender la vivienda en los asentamientos irregulares con el fin de disminuir la segregación socioeconómica de las personas
Ver estrategia
35. Incluso, también se suprimió la mención del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el apartado 9 del Programa, denominado "Lista de dependencias y entidades participantes".
36. Consecuentemente, esta Segunda Sala advierte que las porciones impugnadas del "Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024", que a juicio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía involucraban una afectación a su esfera de competencias, dejaron de surtir sus efectos a partir de la publicación de la nota aclaratoria antes referida, por lo que, como se anunció, debe sobreseerse en la presente controversia constitucional.
VIII. DECISIÓN
37. Por lo antes expuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
Firman la Ministra Presidenta de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos quien autoriza y da fe.
PRESIDENTA DE LA SEGUNDA SALA
MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
PONENTE
MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA
CLAUDIA MENDOZA POLANCO
La Secretaria de Acuerdos CERTIFICA que esta hoja corresponde a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente relativo a la controversia constitucional 92/2021 en la sesión ordinaria celebrada el veintiséis de enero de dos mil veintidós. DOY FE.
________________
1. Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (...)
I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: (...)
l).- Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión. (...).
2. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno: (...)
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (...).
3. Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones: (...)
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; (...).
4. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. (...).
5. TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.
6. Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; (...).
7. De rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, julio de 2009, página 1536, registro 166985.
8. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria. Tales disposiciones establecen:
Código Federal de Procedimientos Civiles
Artículo 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
9. De texto: "Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Esta tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, registro 191452.
10. Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
11. Artículo 143. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de ma
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200802-98cdaab4/i-controversia-constitucional-el-instituto-nacional-de-estadistica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE LOS ACTOS PROVENIENTES DE LAS L (37)
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