I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS O DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDERE QUE VULNERAN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA INTERVENIR EN JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LA NOTA ACLARATORIA A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 2023-2042 EN LA CUAL SE SUPRIMEN TODAS LAS REFERENCIAS AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1.10, 2.2.10, 4.2.4, 5.1.4, 5.2.3, ASÍ COMO LOS INDICADORES SECTORIALES ACC-01, ACC-02, ACC-3, ACC-4, ACC-5, ACC-6, TP-01, TP-02, TP-03, TP-SIT-01, TP-SIT-02, TP-SIT-03, TP-SIT-04, TP-SIT-05, VEH-03, VEH-04, ENV-02, SV-01, SV-03, SV-04, SV-05, SV-06, SV-07, DIS-01, FR-02, DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 2023-2042, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 517/2023. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 2 DE ABRIL DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS SEÑORAS MINISTRAS Y LOS SEÑORES MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE MINISTRO: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUAN LUIS HERNÁNDEZ MACÍAS.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 517/2023, promovida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en contra del Poder Ejecutivo Federal.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el 24 de noviembre de 2023 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Ventura Nevares —quien se ostentó como el Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)— promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal, del cual reclamó los siguientes instrumentos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2023:
a. El acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042, publicado el 10 de octubre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, así como cualquier acto de aplicación presente o futuro.
b. La Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042, publicado el 10 de octubre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, así como cualquier acto de aplicación presente o futuro.
c. Los artículos PRIMERO y SEGUNDO, así como el único transitorio del acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Movilidad y de Seguridad Vial 2023-2042.
2. En su escrito de demanda, la parte actora señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 14, 16, 26, Apartado B y 49 de la Constitución Federal.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la parte actora expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. En los conceptos de invalidez primero y segundo, reclama que los artículos primero, segundo y único transitorio, del acuerdo impugnado violentan la esfera de atribuciones y autonomía constitucionales del INEGI y el principio de división de poderes.
b. Esto, dado que se imponen una serie de obligaciones y acciones a cumplir por parte del INEGI como parte de la Estrategia Nacional emitida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
c. Conforme a las atribuciones constitucionales del INEGI el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su competencia le corresponde a su Junta de Gobierno, al ser el órgano superior de dirección facultado para determinar la información de interés nacional que se producirá conforme a sus facultades y disponibilidad presupuestaria, por lo que el acuerdo vulnera su autonomía técnica y de gestión, aun y cuando la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no establece la participación de este Instituto para el cumplimiento de su objetivo.
d. Lo anterior, también afecta la división de poderes, en tanto que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se encuentra tomando decisiones y estableciendo actividades al INEGI.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de 24 de noviembre de 2023, la Ministra Presidenta de Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la formación y registro del expediente bajo el número 517/2023 y turnó el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que fungiera como instructor en el proceso.
5. Mediante acuerdo de 13 de diciembre de 2023, el Ministro Instructor admitió la demanda, tuvo como demandado al Poder Ejecutivo Federal y negó tener como demandada a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano —ya que se trata de una dependencia de gobierno subordinada al Poder Ejecutivo Federal. Por lo anterior, se ordenó emplazar al Poder Ejecutivo Federal y se le requirió para que diera contestación a la demanda.
6. Además, dada la solicitud de suspensión de la parte actora, se solicitó abrir el cuaderno incidental respectivo y se le dio vista a la Fiscalía General de la República, sin considerar necesario dar vista a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, dado el carácter de parte demandada del Poder Ejecutivo Federal. El ministro instructor concedió la suspensión solicitada.
7. Recurso de reclamación 7/2024-CA. El Poder Ejecutivo Federal interpuso recurso de reclamación en contra de la admisión de la controversia, al considerar que la parte actora carecía de interés jurídico. En sesión de 3 de abril de 2024, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundado el recurso, por lo que confirmó el auto de admisión.
8. Recurso de reclamación 8/2024-CA. Inconforme también con la suspensión otorgada en el acuerdo de 13 de diciembre de 2023, la parte demandada interpuso recurso de reclamación. La Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación —en sesión de 8 de mayo de 2024— declaró fundado el recurso, por lo que dejó sin efectos la medida cautelar.
9. Contestación del Poder Ejecutivo Federal. Por escrito presentado el 14 de febrero de 2024, María Estela Ríos González —en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal y en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos— dio contestación a la demanda. Expuso lo siguiente:
a. Se actualiza en el presente asunto la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 20, fracción II, de dicha ley, esto al considerar que cesaron los efectos del acuerdo impugnado publicado el 10 de octubre de 2023.
b. A partir de la nota aclaratoria publicada el veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la parte demandada considera que la afectación a la esfera de competencias de la parte actora cesó, ya que la excluye de las autoridades y dependencias responsables de la implementación y cumplimiento del acuerdo impugnado.
c. Es cierto que el diez de octubre de dos mil veintitrés se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042”. Sin embargo, dicho acuerdo no vulnera el principio de división de poderes y autonomía constitucional del INEGI, ya que los actos impugnados no inciden en la toma de decisiones que realiza su Junta de Gobierno respecto a la asignación de funciones específicas ni en las actividades a cargo de los servidores públicos; tampoco se afectan las atribuciones relativas a normar, coordinar, decidir, regular, captar, procesar y publicar la información estadística, ni se determinan los programas y objetivos que serán dirigidos los recursos económicos y presupuestarios del demandante.
d. Aunado, se acompañó el acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Movilidad y de Seguridad Vial 2023-2042, publicado el 10 de octubre, en el DOF. Así como la nota aclaratoria a la Estrategia Nacional de Movilidad y de Seguridad Vial 2023-2042, publicada el 10 de octubre de 2023, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2023.
10. Pedimento. El Fiscal General de la República no formuló pedimento alguno.
11. Alegatos. Por escrito presentado el 29 de abril de 2024 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Bulmaro Lucio González Lemus, Director de Asuntos Contenciosos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, expuso los alegatos de la parte actora.
12. Por escrito presentado el 2 de mayo de 2024 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Elohim Sandoval Pérez, en su carácter de delegado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, expuso los alegatos de la parte demandada.
13. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el 2 de mayo de 2024, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, interpuestos los alegatos por la parte demandada y se puso el expediente en estado de resolución.
14. Radicación en Primera Sala. El Ministro Instructor solicitó vía dictamen que el asunto se radicara en la Primera Sala de esta Suprema Corte. Por lo que una vez radicado en ésta y dictado el avocamiento por parte del Presidente de esta Primera Sala, se procedió a la elaboración de proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
15. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l) de la Constitución General y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021 y abrogada por la nueva ley de 20 de diciembre de 2024, cuya aplicación ultractiva tiene fundamento en el artículo tercero transitorio de esta nueva ley; sin que sea necesaria la intervención del Pleno. Lo anterior, toda vez que la controversia constitucional fue promovida por un órgano constitucional autónomo federal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, contra actos del Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de dichos actos, por vulnerar la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS
16. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia, en la sentencia debe establecerse la fijación de las normas generales o actos objeto de la controversia constitucional, y en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.
17. En la controversia el INEGI señaló como actos impugnados los siguientes:
c) Los artículos primero y segundo, así como el único transitorio del Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042.
d) Los objetivos específicos 2.1.10, 2.2.10, 4.2.4, 5.1.4, 5.2.3, así como los indicadores sectoriales ACC-01, ACC-02, ACC-03, ACC-04, ACC-05, ACC-06, TP-01, TP-02, TP-03, TP-SIT-01, TP-SIT-02, TP-SIT-03, TP-SIT-04, TP-SIT-05, VEH-03, VEH-04, ENV-02, SV-01, SV-03, SV-04, SV-05, SV-06, SV-07, DIS-01, FR-02 de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042.
18. Así, de una lectura integral de la demanda y de la causa de pedir, esta Primera Sala tiene como efectivamente impugnados los artículos y objetivos mencionados únicamente en las porciones normativas que señalan al INEGI como autoridad para los mandatos de estas normas.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
19. La existencia de los actos impugnados se encuentra plenamente acreditada con las documentales exhibidas por el Poder Ejecutivo Federal. Específicamente, de la copia certificada de la edición matutina del Diario Oficial de la Federación del 10 de octubre de 2023, de la cual se advierte la publicación del Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042.(1)
IV. OPORTUNIDAD
20. Conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(2) el plazo para promover controversia constitucional tratándose de actos u omisiones es de treinta días contados a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(3)
21. En ese sentido, dado que las normas impugnadas se publicaron el 10 de octubre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación y, de acuerdo con su único transitorio dicho acuerdo entró en vigor el día siguiente a su publicación,(4) el plazo para promover la presente controversia transcurrió del 13 de octubre al 24 de noviembre de 2023.
22. Si el escrito de demanda se presentó el 24 de noviembre de 2023, es evidente su oportunidad.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
23. De acuerdo con los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de la materia, tendrá el carácter de actor la entidad, poder u órgano que la promueva, quien deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que en términos de la norma que lo rige está facultado para representarlo.
24. En primer lugar, el INEGI es un órgano legitimado para promover controversia constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal. Al ser un órgano constitucional autónomo en términos del artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, es uno de los órganos autorizados para poder plantear una controversia constitucional con fundamento en el inciso l) de la citada fracción I del artículo 105 constitucional.
25. Asimismo, por lo que hace a la representación para acudir al procedimiento, se estima que se hizo conforme a la normatividad aplicable. Suscribe la demanda José Ventura Nevares —Coordinador General de Asuntos Jurídicos del INEGI— lo que acredita con copia certificada de la constancia de nombramiento emitida por el Director General del Instituto actor;(5) el cual, en términos de los artículos 80, fracción I, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía 46, fracción VI, del Reglamento Interior del INEGI, es quien puede representar al Presidente del INEGI en cualquier juicio y, por ende, detenta a su vez la representación del órgano actor.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
26. En representación del Poder Ejecutivo Federal compareció María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, acreditando su personalidad con la copia certificada del nombramiento de 2 de septiembre de 2021.
27. Dicha funcionaria está legitimada para comparecer en la presente controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 11, tercer párrafo de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) en relación con el Punto Único del Acuerdo por el que se establece que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2001(7) y el artículo 43, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.(8)
28. En consecuencia, se concluye que tiene legitimación para comparecer en el presente juicio en representación del poder demandado.
VII. IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
29. Esta Primera Sala advierte que debe sobreseerse en la presente controversia constitucional, toda vez que se actualiza la causal prevista en el artículo 20, fracción II,(9) en relación con el artículo 19, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria, toda vez que han cesado los efectos de las normas impugnadas.
30. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que se actualiza el motivo de improcedencia anunciado cuando dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que motivaron la controversia constitucional, en la medida en que la declaración de invalidez de la sentencia no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa del artículo 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, así como del artículo 45 de la Ley Reglamentaria.
31. Dicho criterio se ve reflejado en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de rubro: CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.
32. Dicho esto —de conformidad con lo expresado por la autoridad demandada en su escrito de contestación— es un hecho notorio que el 28 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una “Nota Aclaratoria a la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042, publicada el 10 de octubre de 2023”.
33. Según se señala, la publicación de esa nota tuvo como objeto aclarar y precisar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal responsables de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042.
34. De esta forma, en la nota aclaratoria se suprimieron todas las referencias al Instituto Nacional de Estadística y Geografía previstas en las porciones impugnadas, esto es, los objetivos específicos 2.1.10, 2.2.10, 4.2.4, 5.1.4, 5.2.3, así como los indicadores sectoriales ACC-01, ACC-02, ACC-03, ACC-04, ACC-05, ACC-06, TP-01, TP-02, TP-03, TP-SIT-01, TP-SIT-02, TP-SIT-03, TP-SIT-04, TP-SIT-05, VEH-03, VEH-04, ENV-02, SV-01, SV-03, SV-04, SV-05, SV-06, SV-07, DIS-01, FR-02 de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042, como se puede advertir de la siguiente transcripción:
Ver transcripción
35. Consecuentemente, esta Primera Sala advierte que las porciones normativas impugnadas —que a juicio del INEGI involucraban una afectación a su esfera de competencias— dejaron de surtir sus efectos a partir de la publicación de la nota aclaratoria en cuestión, por lo que —como se adelantó— debe sobreseerse en la presente controversia constitucional.
36. Similares consideraciones fueron adoptadas por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 92/2021.
VIII. DECISIÓN
37. Por lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de las señoras Ministras y los señores Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (ponente) y Presidenta Loretta Ortiz Ahlf.
Firman la Ministra Presidenta de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA
MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF
PONENTE
MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
MAESTRO RAÚL MENDIOLA PIZAÑA
___________________
1. Fojas 131 a 240 del expediente en que se actúa.
2. Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
I. Tratándose de actos u omisiones de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos de la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; [...]
3. Artículo 3 de la ley reglamentaria: Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:
I. Comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;
II. Se contarán sólo los días hábiles, y
III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4. TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
5. Foja 38 del expediente en que se actúa.
6. “Artículo 11. [...]
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.
Para el nombramiento o designación de las personas titulares de las dependencias y entidades de la formas y modalidades que determine la ley.
Los titulares de que las dependencias y entidades de la administración pública podrán, con autorización escrita del Ejecutivo, celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia.”
7. “ÚNICO. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público.”
8. “Artículo 43. [...]
X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los demás juicios y procedimientos en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. En el caso de los juicios y procedimientos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal podrá determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa de la Federación. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas [...].”
9. Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: (...)
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; (...)
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201041-a4d11b3f/i-controversia-constitucional-el-instituto-nacional-de-estadistica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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