I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMACIÓN ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE DEFINITIVIDAD DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (ACUERDO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE POR EL QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 5162/19). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN (ACUERDO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR EL QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 5162/19). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (ACUERDO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR EL QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 5162/19). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO (RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 5162/2019). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONOCER DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO U ORGANISMO, INCLUIDOS LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS (VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 5162/2019). VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DERIVADAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN REALIZADAS AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMACIÓN (VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 5162/2019).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 213/2019. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 1 DE JULIO DE 2020. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. LOS MINISTROS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA EMITEN SU VOTO EN CONTRA. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de julio de dos mil veinte.
VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional 213/2019, promovida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Ventura Nevares, en su carácter de coordinador general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, promovió controversia constitucional, en la que combate lo siguiente:
"El acuerdo de fecha 17 de mayo de 2019, dictado por el secretario de Acuerdos y ponencia de acceso a la información, licenciado Rafael Vásquez Martínez adscrito a la oficina del comisionado ponente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Joel Salas Suárez, por medio del cual se admite a trámite el recurso de revisión RRA 5162/19, notificado a este instituto el 21 de mayo de 2019.
"De este acuerdo se demanda en específico:
"- La ilegal declaratoria de competencia que asume tener el INAI al admitir y sustanciar el recurso de revisión RRA 5162/19, mismo que derivó de una respuesta brindada por este instituto actor a una solicitud de información estadística y geográfica a través del servicio público de información, el cual debe ser prestado en forma exclusiva por este instituto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 26, apartado B, constitucional y 47, 98, 99, 100, 101 y 102, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
"- La violación que crea el INAI al admitir y sustanciar el recurso de revisión RRA 5162/19, ya que invade la competencia y autonomía consagradas en el artículo 26, apartado B, constitucional, al dar trámite a un medio de defensa promovido en contra de una respuesta a una solicitud de información estadística y geográfica."
2. SEGUNDO.—Antecedentes. En su escrito de demanda, el INEGI señala, para lo que interesa destacar, los siguientes antecedentes:
- Requerimiento de información. El diez de abril de dos mil diecinueve, la unidad de transparencia del instituto recibió a través de la plataforma nacional de transparencia un requerimiento de información estadística y geográfica a través del cual se pidió lo siguiente:
"Directorio de Registro Patrones con Campo de Registro Patronal, Nombre de la Empresa, Razón Social, Clasificación SCIAN, rango de trabajadores, Dirección y Coordenadas. (sic)
"Otros datos para facilitar su localización
"Directorio de empresas y registro patronal, justificación de no pago. (sic)."
- Al considerar que se trataba de un requerimiento de información estadística y geográfica y no de una solicitud de acceso a la información, la Unidad de Transparencia del INEGI, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 140, fracción VII, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se abstuvo de conocer de la solicitud y la remitió a la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información, unidad administrativa que, a través de la ventanilla de atención a usuarios del servicio público de información, dio respuesta a la solicitud.
- Recurso de revisión. Inconforme con la respuesta, por escrito del diez de mayo de dos mil diecinueve, el solicitante interpuso recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
- Acuerdo de admisión (acto impugnado). Por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado por el secretario de Acuerdos y ponencia de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se radicó el asunto bajo el expediente RRA 5162/2019 y se ordenó su admisión y sustanciación.
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. En su demanda, el INEGI hizo valer, en síntesis, los siguientes argumentos:
• Primero. El acuerdo impugnado, a través del cual se admite el recurso de revisión y se ordena su sustanciación, vulnera el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, al desconocer la autonomía técnica y de gestión del INEGI, su responsabilidad de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), así como sus atribuciones para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que genera dicho sistema.
• La autonomía del lNEGI responde a la atención especializada, única y exclusiva que debe darse en el conocimiento de los asuntos relacionados con el acceso a la información estadística y geográfica del SNIEG.
• Con la admisión del recurso de revisión, no sólo se desconoce que el recurso previsto en la Ley Nacional del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) es el legalmente idóneo para conocer de las inconformidades contra las resoluciones que emita el INEGI, sino que abre la posibilidad de que otro organismo ordene la revisión, búsqueda y entrega de información estadística y geográfica en términos y formas distintas a las que se han considerado viables para el SNIEG.
• No resulta viable que las decisiones que emita el INEGI, en su carácter de organismo constitucional autónomo, sean revisadas por otro órgano del Estado, pues ello equivaldría homologarlo a un órgano dependiente.
• Si bien la información relacionada con los sujetos obligados, entre ellos el INEGI, es de competencia del INAI, la información estadística y geográfica se exceptúa de ello, pues por su especialización su regulación compete en exclusiva al INEGI.
• En el proceso de reforma al artículo 6o. constitucional se definió que el INEGI debe coordinarse con el INAI, lo que implica que este último debe respetar las atribuciones originarias y de especialización de aquél.
• Segundo. El acuerdo impugnado es contrario al artículo 26, apartado B, párrafos primero, segundo y primera parte del cuarto, de la Constitución Federal, con relación con el artículo 47 de la LSNIEG, así como al artículo 6o., fracción IV, de la Constitución Federal, pues desconoce que el INAI no es el único órgano constitucional especializado en procedimientos relativos al derecho de acceso a la información, pues existe el INEGI cuya especialización versa sobre la materia de información estadística y geográfica.
• En ese sentido, el INEGI da cumplimiento al artículo 6o. constitucional en el ejercicio de sus facultades de establecer las bases, mecanismos y parámetros bajo los cuales, en el marco del SNIEG, se producirá, difundirá y conservará la información estadística y geográfica.
• En términos del artículo 47 de la LSNIEG, la información estadística y geográfica se conservará y se dará a conocer en los términos previstos por dicho ordenamiento, mientras que a la información correspondiente a la gestión administrativa del INEGI, sí le resultará aplicable la legislación en materia de transparencia y acceso a la información.
• Los principios de protección de datos personales, contenidos en los artículos 6o. y 16 constitucionales difieren de los efectos y del alcance de los principios de confidencialidad y reserva consagrados en la LSNIEG, reglamentaria del artículo 26, apartado B, constitucional.
4. CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. El instituto actor expone que el acto impugnado contraviene los artículos 6o., 14, 16 y 26, apartado B, párrafos primero y segundo, así como la primera parte del párrafo cuarto, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. QUINTO.—Radicación y admisión de la controversia. Por acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número 213/2019; asimismo, ordenó su turno al Ministro Luis María Aguilar Morales, como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6. Por acuerdo de cinco de junio de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y, entre otras cuestiones, ordenó emplazar como demandado al INAI y dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
7. SEXTO.—Contestación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Novoa Gómez, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del INAI dio contestación a la demanda de controversia constitucional. Atendiendo al sentido de la presente resolución se destaca que, además de los argumentos dirigidos a combatir los conceptos de invalidez planteados por el INEGI, el INAI hace valer las siguientes causas de improcedencia:
• La prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 20, fracción II, de dicho ordenamiento, toda vez que la admisión y sustanciación del recurso de revisión carece de la definitividad necesaria para ser impugnada en controversia constitucional, toda vez que no se trata de una resolución que haya puesto fin al asunto, sino de un auto de admisión que no modificó la esfera de atribución del instituto actor.
• La establecida en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 20, fracción II, ambos de la ley reglamentaria de la materia, ya que para que proceda la controversia constitucional el conflicto debe suscitarse entre dos órganos constitucionales autónomos, siendo que en el caso, el acuerdo de admisión no fue dictado por el Pleno del INAI, sino por el secretario de Acuerdos y ponencia de Acceso a la Información, siendo que es al Pleno a quien le corresponde ejercer las atribuciones legales y constitucionales del órgano.
• La prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, ya que la controversia constitucional no es la vía idónea para controvertir las resoluciones que emita el INAI, aun cuando se aleguen cuestiones constitucionales, pues además de que implicaría inobservar la restricción prevista en el artículo 6o., apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo, primera parte, se ejercerían sobre el organismo garante demandado facultades de control jurisdiccional y se haría de esa vía un recurso o ulterior medio de defensa, cuando es el propio Texto Constitucional el que dispone que el único recurso en contra de las resoluciones del INAI es en materia de seguridad nacional. Así, las resoluciones del INAI no son impugnables por disposición expresa de la Constitución y, además, son actos materialmente jurisdiccionales, que tampoco admiten control mediante la controversia constitucional al ser procedimientos administrativos en forma de juicio.
8. SÉPTIMO.—Ampliación de demanda. Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil diecinueve, el instituto actor, por conducto de su coordinador general de asuntos jurídicos, promovió ampliación de demanda en contra de la resolución del recurso de revisión RRA 5162/19, dictada por el Pleno del INAI en sesión del doce de junio de dos mil diecinueve, en la que hizo valer, medularmente, los siguientes conceptos de invalidez:
• Primero. La resolución impugnada, en la que el INAI determina ser competente para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto, vulnera el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, al desconocer la autonomía técnica y de gestión del INEGI, su responsabilidad de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), así como sus atribuciones para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que genera dicho sistema.
• La resolución impugnada obviamente revocó la respuesta brindada por el INEGI a una solicitud de información del SNIEG, por lo que desconoce la competencia exclusiva del instituto para conocer sobre la captación, procesamiento y publicación del sistema.
• En términos del artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Además, en términos del artículo 39 de la ley reglamentaria de la materia, la Suprema Corte examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.
• En ese sentido, se solicita se tengan por reproducidos los argumentos expuestos en la demanda inicial, al resultar totalmente aplicables a la resolución impugnada, en el sentido de que el INAI invade la competencia constitucional del INEGI, establecida en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal.
• Segundo. En la resolución impugnada el INAI revocó la decisión del INEGI al considerar incorrecto que el INEGI no tratara a la solicitud recibida en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
• Al asumir competencia y al revocar la respuesta se viola la autonomía técnica y de gestión, así como la facultad exclusiva del INEGI para decidir y regular acerca de la captación, procesamiento y publicación de la información.
• Los efectos de dicha autonomía se refieren a la atención especializada, única y exclusiva de conocer los asuntos relacionados con el acceso a la información estadística y geográfica del SNIEG.
9. OCTAVO.—Artículos constitucionales señalados como violados. El instituto considera que la resolución dictada por el Pleno del INAI es contraria a los artículos 6o., 14, 16 y 26, apartado B, párrafos primero y segundo, así como del párrafo cuarto, en su primera parte, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10. NOVENO.—Admisión. Mediante proveído de quince de agosto de dos mil diecinueve, el Ministro Luis María Aguilar Morales instructor de este procedimiento admitió a trámite la ampliación de demanda de controversia constitucional, ordenó el emplazamiento del INAI como órgano demandado, dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para los mismos efectos, en caso de que esta última considerara que la materia del juicio trascendía a sus funciones constitucionales.
11. DÉCIMO.—Contestación a la ampliación de demanda. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, el director general de Asuntos Jurídicos del INAI contestó la ampliación de la demanda de la siguiente manera:
• Causas de improcedencia. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con su numeral 20, fracción II, toda vez que la controversia constitucional no es la vía idónea para controvertir una resolución emitida por el INAI, toda vez que éste, al resolver conflictos que se someten a su conocimiento, ejerce facultades constitucionales de revisión, razón por la cual, en principio, a través de dicho medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada en un recurso de revisión relativo a una solicitud de información o en su secuela procesal; máxime que, por mandato constitucional, dichas resoluciones del instituto son definitivas, vinculatorias e inatacables para los entes del Estado.
• Lo que se impugna en el caso es la resolución recaída al recurso de revisión RRA 5162/19, emitida por el INAI en ejercicio de sus facultades cuasi jurisdiccionales, por lo que la cuestión a examinar en la presente controversia se encuentra relacionada con un procedimiento cuya materia involucra una solicitud de acceso a la información y no sobre la presunta invasión de esferas competenciales del INEGI.
• Estimar lo contrario, implicaría eludir lo establecido por el artículo 6o., apartado A, de la Constitución Federal respecto a la inatacabilidad de las resoluciones del INAI y, por otro, a crear una instancia de revisión que no se encuentra prevista en el marco legal.
• En relación con el fondo. El INEGI confunde su labor constitucional encomendada con la del INAI, toda vez que en términos del artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal en ningún momento determina que el órgano encargado de normar y coordinar el SNIEG sería el garante del derecho a la información por cuanto a la información estadística y geográfica se refiere, sino que sus facultades son las necesarias para captar, procesar y publicar la información que se genere.
• Una de las razones fundamentales por las cuales se decidió reformar el artículo 6o. constitucional, dotando de autonomía al órgano garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos, fue justamente para evitar que cada sujeto obligado fungiera como autoridad resolutora de los derechos en cuestión.
• El propio artículo 6o. constitucional, en su fracción VIII, párrafo cuarto, establece que el organismo garante de la Federación tiene competencia para resolver los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entre las cuales se destacan los órganos autónomos, salvo los asuntos jurisdiccionales que sean competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Si bien el artículo constitucional referido prevé, en su fracción IV, que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales, lo cierto es que hace referencia a los organismos garantes de las entidades federativas, lo que se reafirma con el calificativo de "imparciales", pues el INEGI no podría ser imparcial al conocer de un recurso interpuesto contra alguna de sus decisiones.
• Finalmente, el hecho de que se prevea que el INAI debe coordinarse con el INEGI no significa que coordinarán sus acciones para efectos de proveer respecto del derecho de acceso a la información, pues del precepto se sigue que dicha coordinación tiene por objeto fortalecer la rendición de cuentas.
12. DÉCIMO PRIMERO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y se puso el expediente en estado de resolución.
13. DÉCIMO SEGUNDO.—Cambio de adscripción. En sesión privada solemne celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la adscripción del Ministro Luis María Aguilar Morales a la Segunda Sala.
14. DÉCIMO TERCERO.—Radicación en la Segunda Sala. Una vez recibidos los autos, por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veinte, el presidente de esta Segunda Sala ordenó su avocamiento, así como su remisión a la ponencia respectiva para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
15. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I(2) y 11, fracción V,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I,(4) y tercero(5) del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre dos órganos constitucionales autónomos, en el que no se impugnan normas generales y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
16. SEGUNDO.—Legitimación activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 105, fracción I, inciso l), otorga legitimación a los órganos constitucionales autónomos para promover una controversia constitucional contra actos o disposiciones generales emitidas por algún órgano de la misma naturaleza.
17. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia prevén que esos órganos podrán tener el carácter de actor o demandado, los cuales deberán comparecer por conducto de los funcionarios que los representen, en términos de las normas que resulten aplicables.(6)
18. Sentado lo anterior, se reconoce legitimación al INEGI para promover la presente controversia constitucional, al participar de la naturaleza de un órgano constitucional autónomo en términos del artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal y al haber acudido, en la demanda y en su ampliación, por conducto de Jorge Ventura Nevares, en su carácter de coordinador general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que acredita con copia certificada de la constancia de su nombramiento, emitida por el director general de dicho organismo, el cual, en términos del artículo 46, fracción VI, del reglamento interior del instituto, tiene la atribución de representarlo legalmente en cualquier juicio.(7)
19. TERCERO.—Legitimación pasiva. Por cuanto hace a la legitimación pasiva, ésta se erige como una condición necesaria para la procedencia de la controversia constitucional, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda; al mismo tiempo, debe comparecer por conducto de funcionario autorizado para ello.
20. En el caso, los actos impugnados por el INEGI son atribuidos al INAI, el cual es un órgano constitucional autónomo en términos del artículo 6o., apartado A, de la Constitución Federal, que puede ser demandado por otro órgano de la misma naturaleza, con fundamento en el inciso l) de la fracción I del citado artículo 105 de la Constitución Federal.
21. Por su parte, dicho órgano comparece por conducto de Miguel Novoa Gómez, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del INAI, lo que acredita con copia certificada de la credencial institucional expedida a su favor con folio 1809, el cual está facultado para representar al instituto en términos del artículo 32, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.(8)
22. CUARTO.—Precisión de los actos impugnados. De conformidad con el artículo 41, fracción I,(9) de la ley reglamentaria de la materia, se precisa que los actos impugnados en el presente asunto son:
a) El acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se admitió a trámite el recurso de revisión RRA 5162/2019, dictado por el secretario de Acuerdos y ponencia de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
b) La resolución dictada por el Pleno del INAI el doce de junio del dos mil diecinueve en el recurso de revisión RRA 5162/2019, por medio de la cual decidió revocar la decisión brindada por el INEGI al requerimiento de información.
23. QUINTO.—Oportunidad. En términos del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo para promover una controversia constitucional, cuando se impugnen actos, será de treinta días a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acuerdo impugnado, a partir de que se haya tenido conocimiento de ello o de su ejecución, o a partir de que el actor se ostente sabedor de aquéllos.(10)
24. Por lo que hace al acto impugnado, consistente en el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve por el que se admitió el recurso de revisión RRA 5162/19, el instituto manifiesta que éste se notificó el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Por su parte, en la contestación de demanda el INAI manifiesta que el acuerdo de admisión fue notificado el veinte de mayo y no en la fecha señalada por el actor, para lo cual anexa un acuse de recibo de admisión, relacionado con el recurso de revisión RRA 5162/19, que indica que la fecha de entrega de la información al sujeto obligado, en este caso el INEGI, aconteció el veinte de mayo.
25. Sin embargo, esta Segunda Sala no puede afirmar con certeza que tal acuse corresponda al acuse de la notificación del acuerdo de admisión, pues de éste no se advierte ningún sello o signo que pueda comprobar su recepción por parte del INEGI en la fecha señalada. En ese sentido, se tendrá por buena la fecha indicada en la demanda.
26. En estos términos, si la notificación fue realizada el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, surtiendo efectos ese mismo día en términos del artículo 127 de la Ley Federal de Transparencia, el plazo de treinta días para la presentación de la demanda transcurrió del veintidós de mayo al dos de julio de dos mil diecinueve.(11)
27. Así, dado que la demanda fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de la Nación el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, debe considerarse que su presentación fue oportuna.
28. Debe decirse que incluso si se tomara como referencia la fecha de notificación señalada por el INAI, esto es, el veinte de mayo de dos mil diecinueve, la presentación de la demanda seguiría siendo oportuna, pues el plazo de treinta días hubiera fenecido el primero de julio de la referida anualidad.
29. Por lo que hace a la resolución dictada por el Pleno del INAI del doce de junio del dos mil diecinueve en el recurso de revisión RRA 5162/2019, impugnada mediante ampliación de demanda, el INEGI manifiesta que su notificación fue realizada el veinte de junio de dos mil diecinueve. Ahora, si bien tampoco existe constancia alguna en el expediente de la que se advierta con certeza la veracidad de tal manifestación, el INAI en su contestación reconoció que en ese día se realizó la notificación correspondiente.(12) En ese sentido, se tomará esa fecha como referencia.
30. Dicha notificación surtió sus efectos ese mismo día, por lo que el plazo para ampliar la demanda transcurrió del veintiuno de junio al diecinueve de agosto de dos mil veinte.(13)
31. En ese sentido, si la ampliación de demanda fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de agosto de dos mil diecinueve, debe considerarse que su presentación fue oportuna.
32. Sexto. Causas de improcedencia y sobreseimiento. Acuerdo de admisión del recurso de revisión RRA 5162/19. Como se expuso anteriormente, el órgano demandado, en su contestación de demanda, hizo valer tres causas de improcedencia: la falta de definitividad, que el acuerdo no fue dictado por el Pleno del INAI y, por último, que ese tipo de resoluciones no son impugnables vía controversia constitucional.
33. Falta de definitividad. El INAI considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI,(14) toda vez que el acuerdo de diecisiete de mayo que admitió el recurso de revisión RRA 5162/19, no es una resolución definitiva, por lo que carece de la definitividad necesaria para ser impugnada vía controversia constitucional.
34. Se estima fundada la causa de improcedencia, por lo que procede sobreseerse en la controversia constitucional por lo que hace al acto impugnado referido en atención a las siguientes consideraciones.
35. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó sobreseer en las controversias constitucionales 9/2019, 242/2019, 112/2019,(15) y 243/2019,(16) presentadas contra los acuerdos de admisión de los recursos de revisión presentados ante el INAI, dictados por algún secretario de Acuerdos y ponencia de acceso a la información.
36. Por su parte, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó sobreseer en la controversia constitucional 212/2019,(17) por lo que hacía al acuerdo de admisión impugnado en ese asunto, al considerar que dicho acto carecía de la definitividad para poder ser impugnado vía controversia constitucional y que, por tanto, debía sobreseerse al respecto.
37. Esta conclusión se sustentó, en esencia, al considerar que en estos casos no se está en el supuesto previsto por el artículo 105, fracción I, inciso l), que prevé que para la procedencia de la controversia constitucional deben existir dos voluntades contrapuestas de órganos constitucionales autónomos, en relación con el ámbito de su competencia, en razón de que el acuerdo de admisión de un recurso de revisión no es un acto definitivo emitido por el Pleno del instituto sino de mero trámite y, de esta manera, insuficiente para representar la voluntad o la decisión del órgano.
38. En ese sentido, será hasta que el procedimiento del recurso de revisión culmine con el dictado de la resolución definitiva, el momento en el cual, en todo caso, el INEGI podrá alegar alguna vulneración a su ámbito competencial, lo que de hecho ocurrió en el presente caso en la ampliación de demanda presentada.
39. Resulta aplicable la tesis P./
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29778-22edf875/i-controversia-constitucional-el-coordinador-general-de-asuntos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓ (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 56 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
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- COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, VINCULADOS CON ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LOS QUE CORRESPONDA CONOCER A LA SUPREMA (2a./J. 23/2022 (11a.))
- INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. COMO AUTORIDAD DEL ESTADO, ESTÁ OBLIGADO A PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR (I.7o.A.3 CS (10a.))
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS ESTATALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR MOTIVOS DE MERA LEG (P./J. 6/2012 (10a.))
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