I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA PROMOVIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA UNA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, AL HABERSE PLANTEADO LA INVASIÓN A LA ESFERA COMPETENCIAL DEL INSTITUTO ACTOR (RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 00935/2020). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ELEMENTOS Y SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN RESPECTO DE LA IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES JURISDICCIONALES (RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 00935/2020). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA EXCEPCIONAL CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL, ES APLICABLE A LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA UNA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, AL SER ÉSTA UN ACTO MATERIALMENTE JURISDICCIONAL (RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 00935/2020). VI. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. MARCO CONSTITUCIONAL. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONOCER DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO U ORGANISMO, INCLUIDOS LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS (RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 00935/2020). VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DERIVADAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN REALIZADAS AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMACIÓN (RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 00935/2020). IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA SU CLASIFICACIÓN DEBE SER ACORDE EN LOS TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LAS PREVISTAS EN TRATADOS INTERNACIONALES (RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 00935/2020). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL FONDO DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO IMPLICAN UNA CONTROVERSIA SOBRE INVASIÓN DE ESFERAS DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES, SINO UN ASPECTO DE MERA LEGALIDAD, QUE NO PUEDE SER MATERIA DE ESTUDIO EN ESE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL (RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 00935/2020).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 190/2020. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 28 DE ABRIL DE 2021. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA MARTÍN ESCOBAR.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual del día veintiocho de abril de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Ventura Nevares, en su carácter de coordinador general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante el INEGI), promovió controversia constitucional, en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante el INAI), de quien reclamó lo siguiente:
"La resolución de fecha 22 de septiembre de 2020 emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
"De estos actos se demanda en específico:
"La ilegal declaratoria de competencia que asume el INAI al admitir a trámite el recurso de revisión RRA 00935/20, mismo que derivó de una respuesta brindada por este Instituto actor a una solicitud de información estadística y geográfica a través del servicio público de información, el cual debe ser prestado en forma exclusiva por este instituto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 26, apartado B, constitucional y 47, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
"La violación que crea el INAI al resolver el recurso de revisión RRA 00935/20, ya que invade la competencia y autonomía consagradas en el artículo 26, apartado B, constitucional, al dar trámite a un medio de defensa promovido en contra de una respuesta a una solicitud de información estadística y geográfica."
2. SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del asunto narrados en la demanda, son los siguientes:
•El once de diciembre de dos mil diecinueve, la Unidad de Transparencia del INEGI, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, recibió un requerimiento de información de estadística y geografía, identificado por la Plataforma Nacional de Transparencia como Solicitud de Acceso a la Información Número 401000108819. En dicha solicitud se requirió:
"... al consultar la información estadística de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, así como de toda la documentación que se encuentra disponible en la página del INEGI, no se encuentran los resultados sobre el resultado (sic) de las siguientes preguntas del cuestionario, a saber
"7.15 ¿Qué actividades de trabajo realiza?
"7.16 ¿Cuántos días a la semana dedica a realizar esta(s) actividad(es)?
"7.17 ¿Recibe algún pago por esta(s) actividad(es)?
"7.18 ¿Cuánto dinero recibe a la semana por realizar esta actividad?
"7.19 ¿Recibe algún otro beneficio por realizar esta actividad?
"7.20 ¿Qué tipo de beneficios recibe por realizarla?
"Cabe precisar que estas preguntas se encuentran en la SECCIÓN VII. VIDA INTERCARCELARIA. C10. Ahora le preguntaré sobre la forma en que usted vive dentro del centro penitenciario, el desarrollo de sus actividades diarias, la manera en que ocupa su tiempo, y otras condiciones a las que usted puede enfrentarse o no, en el centro.
"De esta manera, solicito la información sobre los resultados que se obtuvieron de estas preguntas, tanto a nivel nacional como por entidad federativa."
•A dicha solicitud, el veintitrés de enero de dos mil veinte, el INEGI respondió a través de la ventanilla de atención a usuarios del servicio público de información, a través del correo electrónico atención:usuarios@inegi.org.mx enviándole la respuesta al correo electrónico registrado por el solicitante en la Plataforma Nacional de Transparencia.
•Recurso de revisión RRA 12162/19. Inconforme con la respuesta brindada a su requerimiento, el veinticuatro de enero de dos mil veinte, el requirente interpuso recurso de revisión ante el INAI, el cual se registró con el número de expediente RRA 00935/2020, mismo que fue admitido el treinta y uno de enero siguiente; posteriormente, se dictó resolución el veintidós de septiembre siguiente en la que se modificó la respuesta emitida por el INEGI.
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. El organismo actor esgrimió cuatro conceptos de invalidez en los que, en síntesis, se duele de lo siguiente:
PRIMERO. Violación a la autonomía del INEGI, por invadir sus facultades para regular la captación, procesamiento y publicación de información estadística en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (en adelante el SNIEG).
•La resolución impugnada viola el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, al vulnerar el ámbito de competencia del INEGI, ya que el INAI asumió competencia para conocer de un recurso de revisión del que es competente el primero de los mencionados, por promoverse en contra de la respuesta a un requerimiento de información de estadística la cual es captada, procesada y publicada en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (en adelante la LSNIEG).
•El INEGI cuenta con autonomía técnica y de gestión, relacionadas con su responsabilidad para normar y coordinar el SNIEG y regular la captación, procesamiento y publicación de la información, lo que implica que cuenta con las atribuciones de decidir qué, cómo y cuándo se capta la información estadística y geográfica; asimismo, decidir sobre la metodología para el procesamiento de la información del SNIEG, así como sobre los alcances, oportunidad, forma y términos en que se publica y se da a conocer tal información.
•Por lo que la violación de competencia en cuestión, no sólo deriva en el desconocimiento que el recurso previsto en la LSNIEG es el legalmente idóneo para conocer de las inconformidades contra los actos o resoluciones que dicte el INEGI, como lo prevé el artículo 113 de la LSNIEG, sino además, que en la resolución que se dicte analizará la información otorgada por el INEGI, y en su caso, como ya sucedió en diversos recursos de revisión, en los que existe la posibilidad de ordenar la revisión, búsqueda y la entrega de información estadística y geográfica del SNIEG, en términos y formas distintas a las que el INEGI determinó viable para el SNIEG. Es decir, el INAI al emitir la resolución reclamada, asumió competencia sobre información que compete al INEGI.
•El INEGI como auténtico órgano con autonomía constitucional, cuenta con especialización en la captación, generación y publicación de información estadística y geográfica del SNIEG, es decir, se trata de un órgano técnico e independiente que no se guía por intereses de otros órganos del Estado, por lo que, al gozar de autonomía constitucional y contar con la legislación especial reglamentaria del artículo 26, apartado B, constitucional, debe regir su información esencial en materia de información estadística y geográfica en dicha legislación, sin observar ninguna otra.
•Por tanto, concluye que el INAI viola la autonomía constitucional del INEGI, al asumir competencia para resolver el recurso de RRA 00935/2020, con una legislación distinta a la exclusiva, aplicable y reglamentaria del precepto constitucional que brinda existencia originaria al INEGI, relativas a respuestas de requerimientos de información estadística y geográfica, respecto a la cual el INEGI cuenta con exclusiva competencia constitucional.
•Por ello, considera que de acuerdo con la naturaleza jurídica del INEGI, no es posible que los actos enmarcados en su función esencial y originaria, como son por mandato constitucional normar y coordinar el SNIEG, sean revisados por otro órgano del Estado, pues ello significa homologar al INEGI a un órgano dependiente, haciendo nula su atribución constitucional; y ello haría una aberración jurídica que una institución no especializada en información, estadística y geografía, tuviera competencia para opinar, regular y tomar decisiones sobre estos temas, máxime cuando el Constituyente Permanente y el legislador crearon un órgano especializado para ello, como es el INEGI.
•Que de conformidad con la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional del artículo 6o., publicada el siete de febrero de dos mil catorce, se advierte que el INEGI es la institución con carácter de órgano constitucional autónomo encargado del SNIEG, el cual desempeña una función estatal con la consigna de especializarse en una determinada materia y atender de manera eficaz, ágil y transparente las demandas sociales. De esta forma el Constituyente Permanente establece que el INEGI cuenta con una materia de especialización, la cual es la información estadística y geográfica del SNIEG, que debe desempeñar de manera exclusiva e independiente de cualquier otro órgano del Estado.
•Por lo anterior, con la resolución de treinta de octubre de dos mil diecinueve que resuelve el recurso de revisión 00935/2020, el INAI vulnera el ámbito competencial del INEGI, afectando las garantías institucionales de autonomía y protección constitucional, pues se encuentra interfiriendo de manera preponderante y decisiva en sus atribuciones constitucionales exclusivas de normar y coordinar el SNIEG, y decidir y regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica.
SEGUNDO. Violación del artículo 26, apartado B, primer párrafo y primera parte del cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 47 de la LSNIEG, al declararse competente el INAI para conocer el recurso de revisión 00935/2020.
•El INAI no puede declararse competente para conocer y resolver el recurso de revisión RRA 00935/2020, pues ello viola lo establecido en el artículo 6o., fracción IV, de la Constitución Federal, ya que el propio numeral reconoce expresamente que el acceso a la información estará regulado por "varios" organismos autónomos especializados e imparciales que establece la propia Constitución, como en este caso lo es el INEGI que está reconocido en el artículo 26, apartado B. Por ello, el INEGI goza de la facultad exclusiva en todo lo relativo al SNIEG; tan es así, que la propia Ley del SNIEG establece la posibilidad de que el INEGI no esté obligado a brindar información, además, que tiene la facultad exclusiva de determinar qué información sí puede brindar partiendo del carácter que tenga la misma; ya sea confidencial, clasificada, reservada, restringida o pública, por lo que es inconcuso que es competente del mismo modo de manera exclusiva para conocer de aquellos recursos de revisión que se promuevan en contra de respuestas brindadas a requerimientos de información estadística y geografía.
•Lo anterior se corrobora con el artículo 47 de la LSNIEG que especifica que: "la información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental". Aunque la LSNIEG se expidió con anterioridad, no es dable considerar el principio de temporalidad de leyes para su aplicación al tratarse de leyes reglamentarias de la misma jerarquía. También, sirve de apoyo el razonamiento que ha seguido el INAI para reconocer la competencia exclusiva del Archivo General de la Nación y excluir con ello, su jurisdicción. Es decir, si el artículo 47 de la LSNIEG establece que la información estadística y geográfica no queda sujeta a la LFGTAIP sino que se dará a conocer y se conservará en los términos previstos en la LSNIEG, debe interpretarse y analizarse dicho dispositivo legal con el mismo argumento que pronunció y sostuvo el INAI respecto a la excepción del Archivo General de la Nación.
•Por tanto, el INAI se extralimita en sus atribuciones constitucionales pues si bien es cierto que es el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, también lo es que el artículo 6o., fracción IV, de la Constitución Federal no le otorga la facultad exclusiva sobre otros órganos autónomos respecto a la materia de su especialización, pues el INEGI tiene la facultad exclusiva por cuanto hace al acceso a la información estadística y geográfica y los correspondientes procedimientos de revisión lo cual no puede verse afectado por el propio artículo 6o. constitucional ni por la falta de armonización del artículo 47 de la LSNIEG a la LFGTAIP.
•Atendiendo a lo anterior, el legislador al promulgar la LSNIEG hizo una distinción entre la información estadística regulada por la LSNIEG y la información regulada por las disposiciones vigentes de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en adelante LGPDP), que se hace patente en la aplicación de los principios legales de reserva y confidencialidad.
•Al respecto, las disposiciones de transparencia establecen que la reserva de información está sujeta a una temporalidad de cinco años y que los comisionados del INAI podrán tener acceso a la misma para resolver los recursos de revisión. En cambio, con la información estadística protegida por los principios de confidencialidad y reserva, el INEGI es la autoridad para la resolución de los recursos, sin que le sea posible dar a conocer información proporcionada para fines estadísticos por los informantes ni aquella que provenga de registros administrativos a persona o autoridad alguna, para fines fiscales, jurídicos, administrativos o de cualquier otra índole, en términos de los artículos 37 y 38 de la LSNIEG. Además, esta reserva no tiene temporalidad, es permanente.
•El principio de confidencialidad del INEGI se encuentra establecido en la LSNIEG (artículos 37, 38, 46 y 47), para respetar los derechos de sus informantes, situación que pone en riesgo el INAI, al pretender conocer sobre la información estadística y geográfica, pues invade la competencia del INEGI en su tratamiento.
•Los principios fundamentales de la Estadística Oficial de Naciones Unidas, en particular el principio 6, prevé que los datos individuales que reúnan los organismos de estadística para la compilación estadística, se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos.
•El INAI cuenta, efectivamente, con atribución para pronunciarse respecto de los datos personales que capta el INEGI, siempre y cuando éste cuente con su carácter de sujeto obligado en el marco de la legislación de protección de datos personales y la información se relacione con la gestión administrativa del INEGI; en cambio el INEGI, dentro del marco de su función constitucional exclusiva, al captar, procesar y difundir la información estadística y geográfica, la integridad de los datos e informes que proporcionen para fines estadísticos los informantes del SNIEG son de la única y total responsabilidad del INEGI quien aplica los principios de confidencialidad y reserva, sin que ninguna otra autoridad pueda tener injerencia, so pena de violar la competencia y autonomía constitucionales.
•Por lo anterior, se colige la imposibilidad constitucional y legal expresa de que el INAI asuma competencia para resolver el recurso de revisión que derive de la atención que brinde el INEGI a requerimientos de información estadística y geográfica, regulados por disposiciones constitucionales y legales específicas, distintas de la legislación general y federal aplicables en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
TERCERO. Violación del INAI a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, al declararse competente para conocer y resolver el recurso de revisión RRA 00935/2020, del cual deriva la respuesta otorgada a un requerimiento de información estadística y geográfica de competencia exclusiva del INEGI.
•Lo anterior sin considerar que, para los fines estadísticos que competen al INEGI, la base de datos contiene información que en términos de los artículos 37, 38, 40, fracción IV, 42, 46 y 47 de la LSNIEG, es considerada como confidencial, por lo que no podrá ser entregada a persona alguna y para su divulgación deberá agregarse de tal manera que no se pueda identificar a los informantes del sistema y, en general, a las personas físicas y morales objeto de la información.
•El INAI pierde de vista que, si bien el artículo 6o. constitucional le da competencia para conocer y decidir de recursos de revisión en materia de transparencia y protección de datos personales, lo cierto es, que la información estadística cuenta con principios de confidencialidad y reserva, derivados directamente del artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal.
•En la resolución que se impugna, no obstante que el INAI no obliga a dar la información en específico, en el momento que ordena al INEGI, dar el trámite en términos de la LFTAIP, contraviene la regulación de la información estadística y sus principios de confidencialidad y reserva.
•Por ende, el INAI no cuenta con atribuciones para revisar una respuesta del INEGI, respecto a información estadística y datos que se utilizan para generarla, a la que le son aplicables los principios de confidencialidad y reserva, por lo que la actuación del INAI viola la esfera competencial del INEGI.
CUARTO. Violación del INAI a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, al resolver ordenar al INEGI proporcionar la información invadiendo la competencia del instituto en su ámbito de captación y publicación de la información estadística y geográfica.
•El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 117/2018, refirió que en los recursos impugnados que se relacionan con el INEGI se cuestionó la respuesta que otorgó a un requerimiento de información y no algún ámbito relacionado con la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, lo cual sí forma parte del régimen competencial del INEGI. Es así, que al INAI sólo le compete regular en materia de acceso a la información y protección de datos personales y, al INEGI, captar, procesar y publicar la información estadística o geográfica.
•El INEGI no está obligado a tener toda la información que solicitó el requirente, ya que como bien lo señaló el Tribunal Pleno en la controversia constitucional citada, el INEGI tiene las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información y, el INAI, información que se encuentre en posesión del INEGI. Dicho de otro modo, el INEGI no está obligado a proporcionar información que no tenga en sus archivos, como en el caso que nos ocupa.
•La resolución que se impugna no advierte si el INEGI tiene o no la información solicitada, sino que únicamente, de manera arbitraria, lo obliga a proporcionar los datos estadísticos solicitados, cuando el INEGI no tiene esa información en sus archivos.
•En esa tesitura, el INAI se extralimitó en sus facultades para exigir el cumplimiento a una solicitud de información estadística y geográfica en los términos que el solicitante la requiere, sin tomar en cuenta si dicha información es captada, procesada y publicada por el INEGI.
•Finalmente, para el INEGI es de capital importancia acatar el imperativo legal relativo a la confidencialidad y reserva de la información que proporcionen los informantes para fines estadísticos, ya que, de lo contrario, su primordial atribución consistente en llevar a cabo las estadísticas, se ve afectada por la existencia de un atisbo de duda, provocando en lo sucesivo que ya no se obtenga la información o no se proporcione de manera fiable y completa, lo que repercutiría de manera negativa en la elaboración de la estadística al no ser completa, objetiva y veraz; por ende, el INEGI debe velar por el respeto irrestricto de los principios de confidencialidad y reserva de la información que se capte de diversas fuentes, entre ellas, la de los informantes.
4. CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. El Instituto actor expone que el acto impugnado contraviene los artículos 6o., 14, 16 y 26, apartado B, párrafos primero y segundo, así como la primera parte del párrafo cuarto, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. QUINTO.—Trámite de la controversia y admisión de la demanda. Por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 190/2020, y lo turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora.
6. La Ministra instructora, por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, admitió a trámite la demanda y requirió al INAI para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindiera su contestación a la demanda; de igual manera se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que antes de la celebración de la audiencia de ley manifestara lo que a su representación corresponda, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y requirió a la parte demandada copia certificada de las constancias del recurso de revisión RRA 00935/2020, y acordó formar el cuaderno incidental respectivo con las constancias que integran el expediente.
7. SEXTO. Contestación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veintiuno mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del INAI dio contestación a la demanda de controversia constitucional, en los siguientes términos:
•Causas de improcedencia. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con su numeral 20, fracción II, toda vez que la controversia constitucional no es la vía idónea para controvertir una resolución emitida por el INAI, en virtud de que, por mandato constitucional, dichas resoluciones son definitivas, vinculatorias e inatacables para los entes del Estado.
•La cuestión a examinar en la presente controversia se encuentra relacionada con un procedimiento cuya materia involucra una solicitud de acceso a la información y no sobre la presunta invasión de esferas competenciales del INEGI.
•Estimar lo contrario implicaría, eludir lo establecido por el artículo 6o., apartado A, de la Constitución Federal respecto a la inatacabilidad de las resoluciones del INAI y, por otro, a crear una instancia de revisión que no se encuentra prevista en el marco legal.
•Respecto al fondo del asunto. Son infundados los conceptos de invalidez primero y segundo, puesto que el INEGI confunde la labor que tiene constitucionalmente encomendada, con la del INAI, y de ahí que su conclusión es errónea.
•El artículo 26, apartado A, de la Constitución, en ningún momento determina que el órgano autónomo encargado de normar y coordinar el SNIEG sería garante del derecho a la información; por el contrario, claramente establece que sus facultades serían las necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.
•Es decir, el INEGI como órgano autónomo, podría emitir regulación, ejecutar los actos y decidir lo necesario con relación a cómo allegarse de información (captación), cómo se ordenaría dicha información (procesamiento) y cómo se haría llegar a la población en general y qué información (publicación), esto es, la publicación en tanto obligación generalizada de difusión, no como máxima autoridad encargada de garantizar el derecho a la información. Por lo que el INEGI tiene facultades exclusivas para normar y coordinar el SNIEG, pero sólo en ese aspecto; considerar que tiene facultades para resolver respecto de los recursos de revisión en materia del derecho de acceso a la información, implicaría estar desbordando sus facultades e invadir las exclusivas del INAI.
•Si bien el Instituto cuenta con autonomía para lograr sus fines, ello no significa que sea autoridad soberana respecto de los restantes entes de gobierno, ni que otras leyes que no sean de su materia, no lo obliguen con fundamento constitucional. Así, si entre sus fines no se encuentra ser garante del derecho de acceso a la información, no se invade la esfera de competencia ni se viola su autonomía.
•Por otra parte, tampoco se viola el artículo 6o., fracción IV, de la Constitución Federal pues si bien éste señala que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la Constitución Federal, es que de ello no se sigue que el INEGI por ser organismo autónomo sea de aquellos a los que se refiere la fracción, pues el propio numeral establece que tales organismos serán más especializados e imparciales; evidentemente, los organismos garantes de las entidades federativas y el de la Federación son especializados en materia de derecho de acceso a la información, por estar previstos en el precepto que regula tal derecho, lo que se confirma con la calificación de imparciales, ya que si un órgano autónomo como el INEGI, da respuesta a una solicitud de información, la característica de imparcialidad tendría que ser emitida por un órgano ajeno al que emitió la resolución recurrida, de lo contrario, sería Juez y parte, como lo pretende el INEGI.
•En conclusión, la resolución del recurso de revisión no invade las facultades del INEGI en materia de información estadística y geográfica, ni se violenta su autonomía; por el contrario, la pretensión del actor consistente en tratar de conocer del recurso de revisión sí invade las facultades establecidas a favor del órgano garante del derecho de acceso a la información.
•Es infundado el tercer concepto de invalidez, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6o. de la Constitución Federal, toda autoridad se encuentra sujeta a los procedimientos de acceso a la información y protección de datos personales contenidos en las leyes de la materia; asimismo, el INAI es el único órgano autónomo que puede considerarse como especializado, a nivel federal, en la materia, el cual es imparcial pues es un ente ajeno a todos los sujetos obligados, por lo que al no formar parte de la autoridad que contesta las solicitudes de acceso a la información, cumple con ese atributo; además, también prevé que el organismo garante federal tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, como los órganos autónomos, categoría en la que se encuentra el INEGI.
•Por ende, contrario a lo sostenido por el INEGI, en materia de acceso a la información y protección de datos personales, el organismo autónomo encargado de procurar, dirimir y proteger los derechos de acceso a la información y protección de datos personales es el INAI, y sus procedimientos se rigen por lo establecido en la LGTAIP, LFTAIP y la LGPDPPSO.
•No pasa desapercibido que el artículo 47 de la LSNIEG establece que los datos que proporcionen los informantes del sistema serán confidenciales y que la información no queda sujeta a la LFTAIPG, sino que se dará a conocer y se conservará en los términos previstos por la misma; no obstante, tal precepto no ha sufrido reformas a partir de que fue publicado, y cuando se emitió no existía la reforma constitucional al artículo 6o., de siete de febrero de dos mil catorce, a partir de la cual se crea el INAI como órgano especializado e imparcial en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
•Por otra parte, también es infundada la aseveración de que se violan los principios de reserva y confidencialidad de los informantes, toda vez que la información que proporcionan, relativa a datos personales, secretos industrial, fiscal y bancario, queda protegida por las causales de reserva previstas por la LFTAIP, toda vez que la clasificación de información como reservada o confidencial, es propia de la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.
•En ese sentido, no se viola la reserva y confidencialidad, por el contrario, se les protege de la mejor manera, dado que existe un procedimiento particular y especial, que se dedica a proteger los datos personales, así como a reservar la información que se ubique en alguna de las causales del artículo 110 de la LFTAIP.
•En otro aspecto, contrario a lo sostenido por el accionante, no existe el secreto estadístico, pues como se advierte de la normativa de la materia, la intención de la obtención de la información estadística y geográfica, no es su reserva o confidencialidad, sino, por el contrario, lo relevante y su fin, es su difusión.
•Así, la información confidencial o reservada, no protege datos estadísticos, sería un contrasentido al artículo 26 constitucional y al fin de la información estadística; lo que se deben proteger son datos personales, secretos bancario, industrial, bursátil, que se encuentran protegidos por el artículo 6o. constitucional y las leyes que lo desarrollan.
•Es infundado el cuarto concepto de invalidez, porque si bien el INAI modificó la respuesta emitida por el INEGI, con ello no lo obliga a proporcionar una información con la que no cuenta, ya que se precisó que en ese caso, debía declarar la inexistencia ante su Comité de Transparencia, señalando de manera fun
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30185-ca8da900/i-controversia-constitucional-el-coordinador-general-de-asuntos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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