I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA PROMOVIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA UNA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, AL HABERSE PLANTEADO LA INVASIÓN A LA ESFERA COMPETENCIAL DEL INSTITUTO ACTOR (RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 10255/2019). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ELEMENTOS Y SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN RESPECTO DE LA IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES JURISDICCIONALES (RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 10255/2019). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA EXCEPCIONAL CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL ES APLICABLE A LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA UNA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, AL SER ÉSTA UN ACTO MATERIALMENTE JURISDICCIONAL (RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 10255/2019). VI. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. MARCO CONSTITUCIONAL. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONOCER DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO U ORGANISMO, INCLUIDOS LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS (RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 10255/2019). VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DERIVADAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN REALIZADAS AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 10255/2019). IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA SU CLASIFICACIÓN DEBE SER ACORDE EN LOS TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LAS PREVISTAS EN TRATADOS INTERNACIONALES (RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 10255/2019).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2020. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 16 DE JUNIO DE 2021. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, APARTÁNDOSE DE CONSIDERACIONES Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 13/2020 promovida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en contra de la resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la que resolvió el recurso de revisión RRA. 10255/2019 interpuesto en contra de la respuesta dada a una solicitud de información en materia de estadística y geográfica generada, procesada y publicada por el INAI.
I. Antecedentes
1. Convenio celebrado entre el Banco de México (Banxico) y el INEGI. El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, Banxico e INEGI celebraron un convenio específico de colaboración respecto del levantamiento, tratamiento, generación y publicación de resultados de los proyectos estadísticos "turismo de internación", "viajeros fronterizos" y "trabajadores fronterizos".
2. En dicho convenio se estableció lo siguiente:
a) Banxico realizaría el levantamiento correspondiente a los proyectos estadísticos de turismo de internación, viajeros fronterizos y trabajadores fronterizos, hasta julio de dos mil dieciocho [cláusula segunda, inciso c)].
b) Este banco central publicaría los resultados de los proyectos estadísticos de turismo de internación, viajeros fronterizos y trabajadores fronterizos, hasta septiembre de dos mil dieciocho [datos del mes de julio de dos mil dieciocho, cláusula segunda, inciso d)].
c) El INEGI realizaría el levantamiento de los proyectos estadísticos de turismo de internación, viajeros fronterizos y trabajadores fronterizos, a partir de agosto del año dos mil dieciocho [cláusula tercera, inciso d)].
d) El INEGI realizaría la generación y publicación de resultados en su página de Internet, a partir de octubre de dos mil dieciocho [cláusula tercera, inciso e)].
e) Las partes convinieron que, a partir de octubre de dos mil dieciocho, el INEGI sería la única institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, las estadísticas motivo de dicho convenio específico de colaboración (cláusula novena).
3. Requerimiento de información a la Unidad de Transparencia del INEGI. El treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, la Unidad de Transparencia del INEGI, a través de la plataforma nacional de transparencia, recibió un requerimiento de información estadística y geográfica; mismo que se identificó en la citada plataforma como solicitud de acceso a la información número 4010000063019, en la que requieren:
"Solicito los microdatos de las encuestas de viajeros internacionales disponibles a partir del 2017. En formato electrónico.
"En la página el INEGI aclara que no se hacen disponibles los microdatos, aquí se solicitan considerando que, al igual que el resto de las encuestas del INEGI, pueden hacerse públicos sin dar información personal." (sic).
4. El Instituto actor resolvió la solicitud anterior respondiendo que las encuestas de viajeros internacionales es un programa que realiza el INEGI a partir del proceso de transferencia efectuado en el mes de noviembre de dos mil diecisiete por parte del Banco de México, la cual tiene captación de información a partir del primero de agosto de dos mil dieciocho.(1)
5. No obstante que el Instituto de Estadística tenía disponible para consulta del público en general la información correspondiente de enero de dos mil diecisiete hasta julio de dos mil dieciocho con los datos emitidos por el Banco de México, retomó esas cifras para dar continuidad a la publicación de información, pero sin contar con los microdatos.
6. Asimismo, indicó que en ese momento se encontraba aplicando la misma metodología utilizada por el banco y que podía ser consultada en la página del Instituto, proporcionando dos ligas electrónicas al solicitante, referentes a la encuesta de viajeros fronterizos y a la encuesta de turismo de internación.
7. Por último, el INEGI precisó que los microdatos del programa de viajeros internacionales no se encontraban disponibles en el "laboratorio de microdatos" y que éstos estarían disponibles una vez que el Instituto aplicara su propia metodología.
8. Recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El solicitante inconforme con esa respuesta, el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, interpuso recurso de revisión ante el INAI, el cual lo radicó y admitió con el número RRA. 10255/19 por auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve.
9. El recurso de revisión fue resuelto el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el sentido de revocar la respuesta dada por el INEGI e instruyó al sujeto obligado para que, en un plazo no mayor de veinte días, diera una respuesta exhaustiva y con un criterio amplio de los microdatos de las encuestas de viajeros internacionales a partir de dos mil diecisiete, incluyendo aquellos que fueron remitidos por el Banco de México.
10. Asimismo, el INAI especificó que para el caso de que existiera información confidencial así debería determinarlo y también señaló que, si de la búsqueda se determinaba que la información era inexistente, así debería informarlo de manera fundada y motivada.
11. Presentación de la demanda, Poderes demandados y acto impugnado. Por escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Ventura Nevares, en su carácter de coordinador general de Asuntos Jurídicos del INEGI promovió la presente controversia constitucional, en contra del INAI de quien reclamó lo siguiente:
La resolución de fecha 27 de noviembre de 2019, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
De estos actos se demanda en específico:
• La ilegal declaratoria de competencia que asume el INAI al admitir a trámite y resolver el recurso de RRA. 10255/19, mismo que derivó de una respuesta brindada por este Instituto actor a una solicitud de información estadística y geográfica a través del Servicio Público de Información, el cual debe ser prestado en forma exclusiva por este Instituto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 26, apartado B, constitucional y 47, 98, 99, 100, 1 y 102 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
• La violación que crea el INAI al resolver el recurso de revisión RRA. 10255/19, ya que invade la competencia y autonomía consagradas en el artículo 26, apartado B, constitucional, al dar trámite a un medio de defensa promovido en contra de una respuesta a una solicitud de información estadística y geográfica.
12. Conceptos de invalidez. El Instituto actor hizo valer tres conceptos de invalidez en los que desarrolló argumentos en contra de la resolución dictada por el INAI por considerar que, al conocer y resolver el Instituto de Transparencia del recurso de revisión promovido en contra de la información brindada por el INEGI ante el requerimiento de información de estadística y geografía, vulnera su esfera competencial. A su juicio, se vulnera su autonomía técnica y de gestión, porque es facultad exclusiva del INEGI el conocer del recurso de revisión en materia estadística y geografía, y se transgreden los principios de confidencialidad y de reserva de la información estadística, pues manifiesta:
I. Vulneración al ámbito competencial del INEGI
a) Que el INAI al asumir competencia para conocer y resolver un recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta brindada por el actor ante una solicitud de información estadística, transgrede su autonomía técnica y de gestión, que implica la facultad para decidir y regular la captación, procesamiento y publicación de la información del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), así como la responsabilidad para normar y coordinar el mismo.
b) Que el INEGI cuenta con las atribuciones para decidir qué, cómo y cuándo se capta la información estadística y geográfica, así como también decidir sobre la metodología para el procesamiento de la información del SNIEG, los alcances, oportunidad, forma y términos en que se publica, así como las formas para dar a conocer tal información.
c) Quien conoce en exclusiva sobre las inconformidades relacionadas con el acceso a la información generada por el SNIEG conforme al artículo 113 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), es el INEGI. Por ello, al emitir la resolución impugnada, el INAI asumió competencia sobre información que le corresponde al INEGI.
d) Se vulnera el artículo 49 de la Constitución Federal, dado que hay una interferencia preponderante y decisiva de un órgano constitucionalmente autónomo sobre otro, cuando deben funcionar a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias.
e) El INEGI como órgano constitucional autónomo cuenta con especialización en la captación, generación y publicación de información estadística y geográfica del SNIEG, es decir, se trata de un órgano técnico e independiente que no se guía por intereses de otros órganos del Estado. Así, al gozar de autonomía y contar con la legislación especial reglamentaria del artículo 26, apartado B constitucional debe regir su información esencial en materia de información estadística y geográfica en dicha legislación, sin observar alguna otra.
f) De concederse que el INAI puede revisar los actos del INEGI, se estaría homologando éste a un órgano dependiente y nulificando sus atribuciones constitucionales. Si bien la información en materia de transparencia es competencia del INAI, e inclusive el INEGI es un sujeto obligado, lo cierto es que la información estadística y geográfica se exceptúa de lo anterior debido a que reúne características sustancialmente distintas.
g) Adicionalmente, sostiene que en la reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce en materia de transparencia, el Poder Constituyente clarificó que el INEGI permanecía con una materia de especialización que debe desempeñar de manera exclusiva e independiente de cualquier otro órgano del Estado, sujetándose solamente a un régimen de coordinación con el INAI.
h) Por tanto, la resolución del recurso de revisión impugnada vulnera el ámbito competencial del INEGI y debe declararse su invalidez.
II. Competencia exclusiva del INEGI para conocer del recurso de revisión
a) Que el INAI no puede declararse competente para conocer y resolver el recurso de revisión RRA. 10255/19, pues ello viola lo establecido en el artículo 6o., fracción IV, de la Constitución Federal que reconoce expresamente que el acceso a la información estará regulado por "varios" organismos autónomos especializados e imparciales que establece la propia Constitución. En este caso, el INEGI está reconocido en el artículo 26, apartado B y por ello goza de la facultad exclusiva en todo lo relativo al SNIEG.
b) La Ley del SNIEG en su artículo 102 establece la posibilidad de que el INEGI no esté obligado a brindar información, y además, tiene la facultad exclusiva para determinar qué información sí puede brindar partiendo del carácter que tenga la misma, ya sea confidencial, clasificada, reservada, restringida o pública, por lo que es inconcuso que es competente de manera exclusiva para conocer de aquellos recursos de revisión que se promuevan en contra de las respuestas brindadas a requerimientos de información estadística y geográfica.
c) Lo anterior se corrobora con el artículo 47 de la LSNIEG que especifica que "la información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental".
d) Que aunque la LSNIEG se expidió con anterioridad, no es dable considerar el principio de temporalidad de leyes para su aplicación al tratarse de leyes reglamentarias de la misma jerarquía. Al respecto, sirve de apoyo el razonamiento que ha seguido el INAI para reconocer la competencia exclusiva del Archivo General de la Nación y excluir con ello, su jurisdicción.
e) Es decir, si el artículo 47 de la LSNIEG establece que la información estadística y geográfica no queda sujeta a la LFGTAIP sino que se dará a conocer y se conservará en los términos previstos en la LSNIEG, debe interpretarse y analizarse dicho dispositivo legal con el mismo argumento que pronunció y sostuvo el INAI respecto de la excepción del Archivo General de la Nación.
f) Que el INAI se extralimitó en sus atribuciones constitucionales pues si bien es cierto que es el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, también lo es que el artículo 6o., fracción IV, de la Constitución Federal no le otorga la facultad exclusiva sobre otros órganos autónomos respecto de la materia de su especialización, pues el INEGI la tiene por cuanto hace al acceso a la información estadística y geográfica y los correspondientes procedimientos de revisión, lo cual no puede verse afectado por el propio artículo 6o. constitucional, ni por la falta de armonización con el artículo 47 de la LSNIEG a la LFGTAIP.
g) Que el legislador hizo una distinción en la LSNIEG entre la información estadística regulada por dicho ordenamiento y la información regulada por las disposiciones vigentes de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDP), que se hace patente en la aplicación de los principios legales de reserva y confidencialidad.
h) Al respecto, las disposiciones de transparencia establecen que la reserva de información está sujeta a una temporalidad de cinco años y que los comisionados del INAI podrán tener acceso a la misma para resolver los recursos de revisión. En cambio, con la información estadística protegida por los principios de confidencialidad y reserva, el INEGI es la autoridad para resolver los recursos, sin que le sea posible dar a conocer información proporcionada para fines estadísticos por los informantes ni aquella que provenga de registros administrativos a persona o autoridad alguna, en términos de los artículos 37 y 38 de la LSNIEG.
i) El principio de confidencialidad del INEGI se encuentra establecido en la LSNIEG (artículos 37, 38, 46 y 47) para respetar los derechos de sus informantes, situación que pone en riesgo el INAI, al pretender conocer sobre la información estadística y geográfica, pues invade la competencia del INEGI en su tratamiento.
j) El INAI cuenta con atribuciones para pronunciarse respecto de los datos personales que capta el INEGI, siempre y cuando éste tenga el carácter de sujeto obligado en el marco de la legislación de protección de datos personales y la información se relacione con la gestión administrativa del INEGI.
k) En cambio, los informantes del SNIEG son la única y total responsabilidad del INEGI quien aplica los principios de confidencialidad y reserva sin que ninguna otra autoridad pueda tener injerencia, so pena de violar la competencia y autonomía constitucionales.
l) Por lo anterior, existe la imposibilidad constitucional y legal expresa de que el INAI asuma competencia para resolver el recurso de revisión que derive de la atención que brinde el INEGI a requerimientos de información estadística y geográfica, regulados por disposiciones constitucionales y legales específicas, distintas de la legislación general y federal aplicables en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
III. Violación a los principios de confidencialidad y reserva de la información estadística
a) Que la solicitud que dio origen al recurso de revisión no se encuentra sujeta al imperio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), ni al de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).
b) Que el legislador distinguió en la ley secundaria cuál es la información para fines estadísticos que competen al INEGI. Su base de datos, en términos de los artículos 37, 38, 40, fracción IV, 42, 46 y 47 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es considerada como confidencial, por lo que no podrá ser entregada a persona alguna y para su divulgación deberá agregarse de tal manera que no se pueda identificar a los informantes del sistema y, en general, a las personas físicas y morales objeto de la información.
c) Que el INAI pierde de vista que si bien el artículo 6o. constitucional le da competencia para conocer y decidir los recursos de revisión en materia de transparencia y protección de datos personales, lo cierto es que la información estadística cuenta con principios de confidencialidad y reserva derivados directamente del artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal.
d) En la resolución que se impugna, no obstante que el INAI no obliga a dar la información en específico, en el momento que ordena al INEGI dar el trámite en términos de la LFTAIP, contraviene la regulación de la información estadística y a sus principios de confidencialidad y reserva.
e) Del mismo modo manifiesta que existen otros ordenamientos que regulan la información reservada y confidencial, la cual es ajena a la competencia del INAI, tales como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Propiedad Industrial, el Código Fiscal de la Federación, entre otras. Sin embargo, el INAI lo obliga a dar trámite en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con lo cual violenta la regulación de información estadística y sus principios de confidencialidad y reserva.
13. Artículos constitucionales señalados como violados. El Instituto actor expone que el acto impugnado contraviene los artículos 6o., 14, 16 y 26, apartado B, primer párrafo, segundo párrafo y primera parte del cuarto párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
14. Trámite de la controversia y admisión de la demanda. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró la controversia constitucional con el número de expediente 13/2020 y designó como instructora a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
15. Mediante proveído de doce de febrero de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda. Tuvo como demandado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a quien le solicitó que diera contestación a la demanda instaurada en su contra y le requirió copia certificada de las constancias del recurso de revisión RRA. 10255/19; por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería del Gobierno Federal.
16. Contestación de la demanda. Mediante acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno se tuvo por contestada la demanda por parte del INAI, quien en sus argumentos manifestó:
a) Los conceptos de invalidez hechos valer por el INEGI son infundados puesto que el Instituto actor confunde la labor que tiene constitucionalmente encomendada con la del INAI, y de ahí que su conclusión es errónea.
b) El artículo 26, apartado A, de la Constitución Federal, en ningún momento determina que el órgano autónomo encargado de normar y coordinar el SNIEG sería garante del derecho a la información. Por el contrario, establece que sus facultades serían las necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.
c) Es decir, el INEGI como órgano autónomo, podría emitir regulación, ejecutar los actos y decidir lo necesario con relación a cómo allegarse de información, cómo se ordenaría dicha información y cómo se haría llegar a la población en general y qué información, esto es, la publicación en tanto obligación generalizada de difusión, y no como máxima autoridad encargada de garantizar el derecho a la información.
d) Por lo que el INEGI tiene facultades exclusivas para normar y coordinar el SNIEG, pero sólo en ese aspecto. Si se considera que tiene facultades para resolver respecto de los recursos de revisión en materia del derecho de acceso a la información, implicaría estar desbordando sus facultades e invadir las exclusivas del INAI.
e) Por esta razón, el acto impugnado no viola el artículo 26, apartado B, constitucional.
f) Por otra parte, tampoco se viola el artículo 6o., fracción IV, constitucional pues si bien señala que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la Constitución Federal, lo cierto es que de ello, no se sigue que el INEGI por ser organismo autónomo sea de aquellos a los que se refiere la fracción, pues el propio numeral establece que tales organismos serán más especializados e imparciales.
g) La fracción se refiere a los organismos garantes de las entidades federativas y el de la Federación en materia de derecho de acceso a la información, ya que, si un órgano autónomo como el INEGI da respuesta a una solicitud de información, la característica de imparcialidad tendría que ser emitida por un órgano ajeno al que emitió la resolución recurrida, de lo contrario sería Juez y parte como lo pretende el INEGI.
h) El hecho de que la fracción VIII, último párrafo, del artículo 6o. constitucional establezca que el INAI coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos, con el INEGI, así como con los organismos garantes de las entidades federativas, no implica que coordinará sus acciones para efectos de proveer respecto del derecho de acceso a la información, pues la coordinación de mérito tiene el "objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano", esto es, para transparentar la gestión de los órganos del Estado y no como garantes del derecho multicitado.
i) En conclusión, la resolución del recurso de revisión no invade las facultades del INEGI en materia de información estadística y geográfica, ni se violenta su autonomía. Por el contrario, la pretensión del actor consistente en querer conocer del recurso de revisión sí invade las facultades establecidas a favor del INAI.
j) Señala que el INAI es el único órgano autónomo que puede considerarse como especializado a nivel federal en materia de acceso a la información, el cual es imparcial pues es un ente ajeno a todos los sujetos obligados y tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, como los órganos autónomos, categoría en la que se encuentra el INEGI.
k) Por ende, contrario a lo sostenido por el INEGI en materia de acceso a la información y protección de datos personales, el organismo autónomo encargado de procurar, dirimir y proteger los derechos de acceso a la información y protección de datos personales es el INAI, y sus procedimientos se rigen por lo establecido en la LGTAIP, LFTAIP y la LGPDPPSO.
l) El artículo 47 de la LSNIEG establece que los datos que proporcionen los informantes del SNIEG serán confidenciales y que la información no queda sujeta a la LFTAIPG. Tal precepto no ha sufrido reformas a partir de que fue publicado, y cuando se emitió no existía la reforma constitucional al artículo 6o., de siete de febrero de dos mil catorce, que crea el INAI como órgano especializado e imparcial en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
m) La aseveración del INEGI en el sentido de que se violan los principios de reserva y confidencialidad de los informantes contenidos en los artículos 37, 38 y 47 de la LSNIEG es infundada toda vez que por el contrario los salvaguarda.
n) Si toda la información en posesión de cualquier autoridad, incluyendo al INEGI, está regulada por el artículo 6o. de la Constitución Federal y por las leyes que lo desarrollan, ello significa que la información que proporcionan los informantes del sistema, relativa a datos personales, secretos industriales, fiscal, bancario, queda protegida por las causales de reserva referidas de la LFTAIP, toda vez que la clasificación de la información como reservada o confidencial, es propia de la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.
o) En ese sentido, aunque la LSNIEG no previera los principios de reserva y confidencialidad de los informantes del sistema, es obligatorio para el INEGI que, al momento de dirimir la solicitud de acceso a la información, los aplique, en virtud de lo establecido en la LGTAIP y LFTAIP, reglamentarias del artículo 6o. fundamental que regula la materia de acceso a la información.
p) Por lo anterior no se violan los principios de reserva y confidencialidad, por el contrario, se les protege, dado que existe un procedimiento particular y especial, que se dedica a proteger los datos personales, así como a reservar la información que se ubique en alguna de las causales del artículo 110 de la LFTAIP.
q) En otro aspecto, el INAI señala que no existe el secreto estadístico, pues como se advierte de la normativa de la materia, la intención de la obtención de la información estadística y geográfica no es su reserva o confidencialidad, sino por el contrario, lo relevante y su finalidad es su difusión.
r) Así, la información confidencial o reservada, no protege datos estadísticos, sería un contrasentido al artículo 26 constitucional y al fin de la información estadística. Los que se deben proteger son datos personales, secretos bancarios, industriales y bursátiles que se encuentran protegidos por el artículo 6o. constitucional y las leyes que lo desarrollan.
s) Sostiene que contrario a lo sustentado por la parte actora, no hubo invasión de facultades con la admisión del recurso de revisión y su respectiva resolución por el Pleno del INAI, ya que éste se ciñó y resolvió en estricto apego a las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
t) Que los artículos 26 de la Constitución Federal y 47 de la LSNIEG, deben interpretarse de forma integral y sistemática con el resto de la Constitución, la LGTAIP y la LFTAIP. Resalta que el ámbito de validez y el objeto de regulación de cada una de las legislaciones es diferente, pues mientras la LSNIEG se limita a información estadística y geográfica, la LGTAIP versa sobre la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
u) El INEGI no cuenta con competencia única para conocer de información pública estadística y geográfica, pues el objeto materia de la LSNIEG no es exclusivo, sino que existe otra, como es la LGTAIP que también tiene como objeto el acceso a la información pública, pero de todo tipo.
v) Sostiene que la interpretación del INEGI respecto del artículo 47 de la LSNIEG es incorrecta, pues presupone que la información estadística y geográfica debe diferenciarse de la información sobre la gestión administrativa.
w) El artículo citado puede tener dos interpretaciones. La primera, en el sentido de que el tercer párrafo se refiere a la información sobre la gestión administrativa del INEGI y que tales solicitudes de información se sujetan a la LGTAIP, dado que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue abrogada, además, entendiendo que los párrafos primero y segundo se refieren a la "información" como los datos que proporcionan los informantes al SNIEG, es decir, datos personales.
x) Más la eventual información estadística y geográfica que derive, sí debe ser considerada como información pública, pues lo que ordena esta norma solamente es la protección de la confidencialidad de los datos de los informantes y no la exclusión de toda la información estadística y geográfica.
y) La segunda interpretación sostiene que este precepto es inconsistente con el resto del sistema al no haber sido armonizado con posterioridad a la reforma constitucional en materia de transparencia y no sería idóneo.
z) Por tanto, concluye que el recurso de revisión que debe proceder respecto de cualquier solicitud de acceso a la información es el previsto en el artículo 6o. constitucional y, en consecuencia, debe reconocerse la validez de la resolución impugnada.
17. Opinión de la Fiscalía General de la República y del consejero jurídico de la presidencia. El fiscal general de la República y el consejero jurídico de la presidencia no emitieron opinión en el presente asunto.
18. Incidente de suspensión. En su escrito inicial de demanda el INEGI solicitó a este tribunal la suspensión del procedimiento del referido recurso de revisión, para que se abstenga de ejecutar la resolución dictada en el recurso de revisión RRA. 10255/2019, así como de cualquier acto futuro mediante el cual el INAI asuma competencia para resolver recursos de revisión derivados de la atención de requerimientos de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
19. Al respecto, el doce de febrero de dos mil veinte dicha solicitud fue negada por una parte, y otorgada en lo atinente a que el lNAI se abstuviera de ejecutar la resolución que en su caso dictara en el recurso de revisión RRA. 10255/2019, hasta tanto este Alto Tribunal se pronunciara en el fondo del asunto de la controversia constitucional.
20. Alegatos. Por escri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30224-f59e0cb7/i-controversia-constitucional-el-coordinador-general-de-asuntos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR UNA RESTRICCIÓN DE FUENTE CONSTITUCIONAL, ESTO ES, POR SER INATACABLES LAS RESOLUCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓ (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
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- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (I.4o.A.499 A)
- DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL ÓRGANO ENCARGADO DE GARANTIZAR SU EFICACIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN ESA MATERI (I.15o.A.119 A)
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