I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (ACUERDO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE DICTADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 02678/20). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA PROMOVIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA UNA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, AL HABERSE PLANTEADO LA INVASIÓN A LA ESFERA COMPETENCIAL DEL INSTITUTO ACTOR (RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 02678/20). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA EXCEPCIONAL CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL, ES APLICABLE A LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA UNA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, AL SER ÉSTA UN ACTO MATERIALMENTE JURISDICCIONAL (RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 02678/20). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONOCER DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO U ORGANISMO, INCLUIDOS LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS (RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 02678/20). VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DERIVADAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN REALIZADAS AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 02678/20). IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA CONSTITUCIÓN GENERAL NO ESTABLECE UNA PERMISIÓN COMPETENCIAL AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA CONFIGURAR UN RÉGIMEN INDIVIDUALIZADO DE ACCESO A CUALQUIER INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN SU POSESIÓN (RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 02678/20). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL FONDO DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO IMPLICAN UNA CONTROVERSIA SOBRE INVASIÓN DE ESFERAS DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES, SINO UN ASPECTO DE MERA LEGALIDAD, QUE NO PUEDE SER MATERIA DE ESTUDIO EN ESE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL (RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 02678/20).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 183/2020. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 28 DE ABRIL DE 2021. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de abril de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, órgano y acto demandados. Por oficio presentado el once de noviembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Ventura Nevares, en su carácter de coordinador general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en lo subsecuente INEGI), promovió controversia constitucional contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en lo subsecuente INAI), en la que impugna lo siguiente:
"La resolución de fecha 22 de septiembre de 2020 emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
"De estos actos se demanda en específico:
"• La ilegal declaratoria de competencia que asume el INAI al admitir a trámite el recurso de revisión RRA 02678/20, mismo que derivó de una respuesta brindada por este instituto actor a una solicitud de información estadística y geográfica a través del servicio público de información, el cual debe ser prestado en forma exclusiva por este instituto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 26, apartado B, constitucional y 47, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
"• La violación que crea el INAI al resolver el recurso de revisión RRA 02678/20, ya que invade la competencia y autonomía consagradas en el artículo 26, apartado B, constitucional, al dar trámite a un medio de defensa promovido en contra de una respuesta a una solicitud de información estadística y geográfica." (sic)
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados. El órgano actor considera transgredidos los artículos 6o., 14, 16 y 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estimar que se configura una violación de su esfera competencial.
TERCERO.—Antecedentes. En la demanda, el INEGI señala, en lo que importa al presente asunto, los antecedentes siguientes.
Solicitud de acceso a la información. El cuatro de febrero de dos mil veinte, una persona, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (en lo subsecuente PNT), solicitó al INEGI lo siguiente:
"Solicito atentamente los siguientes datos del año 2006 al 2019, desagregando por las siguientes entidades federativas Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Guerrero; muchas gracias.
"1. Número de personas sujetas a desplazamientos forzados.
"2. Número y nombre de movimientos sociales disruptivos, radicales, subversivos, antisistémicos y el año de aparición (paramilitares, autodefensas, etcétera)
"3. Número de manifestaciones contra las actividades mineras a cielo abierto.
"4. Número de denuncias contra las actividades mineras a cielo abierto.
"5. Número de desaparecidos.
"6. Número de quejas por actividades delictivas.
"7. Número de denuncias relativas a actividades delictivas.
"...
"La presente información es para realizar un trabajo de investigación relacionada con las actividades mineras a cielo abierto como posibles antagonismos a la seguridad nacional, dentro de la maestría en seguridad nacional del colegio de defensa." (sic)
El veinticinco de febrero de dos mil veinte, el INEGI, a través de la PNT, dio respuesta a la solicitud de acceso a la información en los términos siguientes:
"La solicitud recibida no corresponde a información pública en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior debido a:
"Descripción de la respuesta:
"Se informa que la respuesta también le fue remitida a su correo electrónico, ya que se trata de información estadística y geográfica. Para alguna duda o aclaración le proporcionamos el teléfono 8004634488. Favor de abrir el archivo adjunto.
"Archivo: 41010000009420_035.pdf ..." (sic)
Recurso de revisión. Inconforme con la respuesta emitida por el INEGI, el veintiséis de febrero de dos mil veinte a través de la PNT, el solicitante de la información interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el cual adujo que "no existe información (sic) Estado de Guerrero en el ‘Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015’."
Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, el comisionado presidente del INAI tuvo por recibido el recurso de revisión, lo registró con el numero RRA 02678/20, se declaró competente para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto en términos de ley y lo turnó al comisionado ponente para los efectos legales conducentes.
Mediante acuerdo de tres de marzo del dos mil veinte, la secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información admitió a trámite el medio de impugnación.
El veintidós de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del INAI resolvió el recurso de revisión en el sentido de modificar la respuesta emitida por el INEGI.
CUARTO.—Conceptos de invalidez. Los argumentos expuestos por el actor, esencialmente, son los siguientes:
Primero. La resolución demandada transgrede el ámbito competencial del INEGI previsto por el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, toda vez que el INAI asumió competencia para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto contra la respuesta que brindó el órgano actor a un requerimiento de información estadística, conculcando con ello su autonomía técnica y de gestión, la responsabilidad de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (en lo subsecuente SNIEG), así como las facultades para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que genera dicho sistema. Máxime que el INEGI es un órgano constitucional autónomo, con un grado relevante y exclusivo de especialización técnica y responsable del citado sistema.
Segundo. El INAI viola los artículos 6o., fracción IV, y 26, apartado B, párrafos primero, segundo y primera parte del cuarto, de la Constitución Federal, toda vez que se declara competente para resolver el recurso de revisión, que deriva de la respuesta dada a un requerimiento de información estadística y geográfica, no obstante que es competencia exclusiva del INEGI en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales y legalmente reconocidas.
El INEGI, como organismo público constitucional autónomo especializado, encargado de normar y coordinar el SNIEG, establece las bases, mecanismos y parámetros bajo los cuales en el marco del citado sistema produce, difunde y conserva la información estadística y geográfica, con el fin de suministrarla a la sociedad y al Estado, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, en debido cumplimiento al artículo 6o., fracción IV, de la Constitución Federal, puesto que dicho instituto, como organismo autónomo, también establece mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión, ya que el INAI no es el único que lo garantiza.
Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 47, párrafo segundo, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (en lo subsecuente LSNIEG), el cual establece y consagra, como principio general, que la información estadística y geográfica se dará a conocer y se conservará conforme a los términos previstos por dicho ordenamiento, esto es, el legislador previó que a esa información no le fueran aplicables las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información, estando en ese entonces vigente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en lo subsecuente LFTAIPG).
Al ser la ley del SNIEG, una ley reglamentaria de un Sistema Nacional, no se deben dejar sin efectos las disposiciones en materia de regulación y tratamiento de la información estadística y geográfica, ya que deriva de un sistema reconocido a nivel constitucional que no modifica su objeto y alcance por el simple hecho de la derogación de una ley (LFTAIPG), que, incluso, jamás establecía competencia en materia de transparencia y acceso a la información de solicitudes en estadística y geografía, por lo que si la LFTAIPG no contenía la disposición en este sentido, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo subsecuente LFTAIP) tampoco lo contiene, es erróneo que deba aplicarse esta ley.
El INAI se extralimita en sus atribuciones constitucionales, ya que si bien es responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, lo cierto es que el artículo 6o., apartado A, fracción IV, de la Constitución Federal, no le da la facultad exclusiva sobre otros órganos autónomos respecto a la materia de su especialización, tal y como sucede en el caso que nos ocupa, puesto que el INEGI, como órgano constitucional autónomo, tiene facultad exclusiva por cuanto hace al acceso a la información y procedimientos de revisión sobre información estadística y geográfica, la cual no puede verse afectada ni por el propio artículo ni por la falta de armonización del artículo 47 de la LSNIEG a la LFTAIP.
Lo anterior, debido a que sobre la base de esa especial naturaleza técnica de información, fue reconocida la autonomía del INEGI en el ámbito constitucional, con el objeto de que la legislación reglamentaria, en el caso en concreto la LSNIEG, estableciera las bases de organización y fundamento de dicho sistema de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia, tal y como reconoce la primera parte del párrafo cuarto apartado B del artículo 26 de la Constitución Federal.
Si bien es cierto que el INAI cuenta con la atribución para pronunciarse respecto a los datos personales que capta el INEGI, siempre y cuando éste cuente con el carácter de sujeto obligado en el marco de la legislación de protección de datos personales, y la información de datos personales se relacione con la gestión administrativa del INEGI, también lo es que el marco de su función constitucional, consistente en la captación, procesamiento y difusión de la información estadística y geográfica, la integridad de los datos e informes que proporcionen para fines estadísticos los informantes del SNIEG, son total y únicamente responsabilidad del INEGI, quien aplica los principios de confidencialidad y reserva, sin que otra autoridad pueda tener injerencia, so pena de violar la competencia y autonomía constitucionales.
Señala que es claro que la reserva y confidencialidad de la información que capta, procesa y publica el INEGI, emana de una disposición constitucional que hoy en día sigue vigente y de su respectiva ley reglamentaria, la cual del mismo modo está vigente y le dan a la información estadística y geográfica un tratamiento distinto derivado de su especial naturaleza y, por ello, responsabiliza a un órgano autónomo, de su producción, tratamiento y publicación.
Tercero. El INAI viola el artículo 26, apartado B, párrafos primero, segundo y primera parte del cuarto, de la Constitución Federal, toda vez que se declara competente para resolver el recurso de revisión, que deriva de la respuesta dada a un requerimiento de información estadística y geográfica, cuando es competencia exclusiva del INEGI en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales y legalmente reconocidas.
Lo anterior sin considerar que, para los fines estadísticos que competen al INEGI, la base de datos contiene información que en términos de los artículos 37, 38, 40, fracción IV, 42, 46 y 47 de la LSNIEG, es considerada como confidencial, por lo que no podrá ser entregada a persona alguna y para su divulgación deberá agregarse de tal manera que no se pueda identificar a los informantes del sistema y, en general, a las personas físicas y morales objeto de la información.
El INAI pierde de vista que, si bien el artículo 6o. constitucional le da competencia para conocer y decidir de recursos de revisión en materia de transparencia y protección de datos personales, lo cierto es que la información estadística cuenta con principios de confidencialidad y reserva, derivados directamente del artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal.
La resolución que se impugna, no obstante que el INAI no obliga a dar la información en específico, en el momento que ordena al INEGI, dar el trámite en términos de la LFTAIP, contraviene la regulación de la información estadística y sus principios de confidencialidad y reserva.
Por ende, el INAI no cuenta con atribuciones para revisar una respuesta del INEGI, respecto a información estadística y datos que se utilizan para generarla, a la que le son aplicables los principios de confidencialidad y reserva, por lo que la actuación del INAI viola la esfera competencial del INEGI.
Cuarto. El INAI viola el artículo 26, apartado B, párrafos primero, segundo y primera parte del cuarto, de la Constitución Federal, toda vez que se declara competente para resolver el recurso de revisión, el cual deriva de la respuesta dada a un requerimiento de información estadística y geográfica, no obstante que es competencia exclusiva del INEGI, en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales y legalmente reconocidas, y al resolver ordenar al INEGI proporcionar la información invadiendo la competencia del instituto en su ámbito de captación y publicación de la información estadística y geográfica.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 117/2018, refirió que en los recursos impugnados que se relacionan con el INEGI se cuestionó la respuesta que otorgó a un requerimiento de información y no algún ámbito relacionado con la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, lo cual sí forma parte del régimen competencial del INEGI. Es así, que al INAI sólo le compete regular en materia de acceso a la información y protección de datos personales, y al INEGI, captar, procesar y publicar la información estadística o geográfica.
El INEGI no está obligado a tener toda la información que solicitó el requirente, ya que como bien lo señaló el Tribunal Pleno en la controversia constitucional citada, el INEGI tiene las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información, y el INAI, información que se encuentre en posesión del INEGI. Dicho de otro modo, el INEGI no está obligado a proporcionar información que no tenga en sus archivos, como en el caso que nos ocupa.
La resolución que se impugna no advierte si el INEGI tiene o no la información solicitada, sino que únicamente, de manera arbitraria, lo obliga a proporcionar los datos estadísticos con los que cuenta el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015, para el Estado de Guerrero, no obstante que en dicho censo se especifica que los datos de algunas entidades no pueden ser visibles, porque no se respondió el cuestionario correspondiente al tema.
En esa tesitura, el INAI se extralimitó en sus facultades para exigir el cumplimiento a una solicitud de información estadística y geográfica en los términos que el solicitante la requiere, sin tomar en cuenta si dicha información es captada, procesada y publicada por el INEGI.
Finalmente, para el INEGI es de capital importancia acatar el imperativo legal relativo a la confidencialidad y reserva de la información que proporcionen los informantes para fines estadísticos, ya que, de lo contrario, su primordial atribución consistente en llevar a cabo las estadísticas, se ve afectada por la existencia de un atisbo de duda, provocando en lo sucesivo que ya no se obtenga la información o no se proporcione de manera fiable y completa, lo que repercutiría de manera negativa en la elaboración de la estadística al no ser completa, objetiva y veraz; por ende, el INEGI debe velar por el respeto irrestricto de los principios de confidencialidad y reserva de la información que se capte de diversas fuentes, entre ellas, la de los informantes.
QUINTO.–Radicación, admisión y trámite de la demanda. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente correspondiente a esta controversia constitucional 183/2020 y designó al Ministro José Fernando Franco González Salas para que fungiera como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos.
Mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridad demandada al INAI, lo emplazó para que formulara su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles y para que al momento de contestar la demanda remitiera copia certificada de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado.
Finalmente, dio vista a la Fiscalía General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación corresponda, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que, si consideraba que la materia de la controversia trascendía a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera.
SEXTO.—Contestación de la demanda. Por oficio enviado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, mediante el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Novoa Gómez, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del INAI, contestó la demanda de controversia constitucional, esencialmente, en los términos siguientes:
Contestación a los hechos.
1. Los hechos/antecedentes marcados en los incisos a) y b), ni se reconocen ni se niegan por no tratarse de hechos en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 22 de la ley reglamentaria de la materia, ya que la narración realizada por la parte actora se ciñe a describir procesos de reformas constitucionales.
2. El hecho/antecedente marcado con el inciso c), se reconoce sólo en cuanto a que el Pleno del INAI emitió las resoluciones de los recursos de revisión precisados; en el mismo sentido, se reconoce la recepción del oficio 1500/036/2018, en el que, bajo una nueva reflexión, determinó decidir el fondo del recurso de revisión.
3. El hecho/antecedente marcado con el inciso d), se reconoce sólo en cuanto a que el Pleno del INAI emitió las resoluciones de los recursos de revisión aludidos, así como que existe en su contra la controversia constitucional número CC 117/2018, resuelta en el sentido de reconocer la validez de los actos impugnados.
Igualmente, se reconoce el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el recurso de revisión; negándose, para todos los efectos a que haya lugar, las inferencias que realiza la parte actora respecto de que con tales actos impugnados el INAI se arrogó la competencia que no le correspondía.
Es contrario al marco constitucional lo aseverado por la parte actora en el sentido de que goza de una excepción para que su información, así como el recurso de revisión que le recaiga, no sea conocida por la parte demandada en su carácter de organismo constitucional autónomo garante de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales. El Poder Reformador de la Constitución dispuso de manera clara que toda la información de un organismo autónomo es pública y que es competencia de la parte demandada, previendo como única excepción a ello, los expedientes judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La argumentación sustentada por la parte actora, además de carecer de justificación, incurre en una falacia de accidente, pues toma una propiedad accidental como si fuera esencial; es decir, parte del supuesto que la información que maneja y detenta como ente público, al ser de carácter estadístico, únicamente puede ser conocida por ella, sin reparar que el Poder Reformador no realizó distingo alguno ni creó categorías especiales de información que se excluyeran del artículo 6o. constitucional.
4. Son correctos los datos relativos a la descripción del trámite de la solicitud de información y resolución impugnada en la presente controversia constitucional, sin que se acepte la supuesta incompetencia del INAI para conocer del recurso.
Causa de improcedencia.
Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 y fracción II del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 6o., apartado A, fracción VIII, séptimo párrafo, de la Constitución Federal, toda vez que las resoluciones del INAI son vinculatorias, definitivas e inatacables.
Contestación a los conceptos de invalidez.
1. Son infundados los conceptos de invalidez primero y segundo, puesto que el INEGI confunde la labor que tiene constitucionalmente encomendada, con la del INAI, y de ahí que su conclusión es errónea.
El artículo 26, apartado A, de la Constitución, en ningún momento determina que el órgano autónomo encargado de normar y coordinar el SNIEG sería garante del derecho a la información; por el contrario, claramente establece que sus facultades serían las necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.
Es decir, el INEGI en tanto órgano autónomo, podría emitir regulación, ejecutar los actos y decidir lo necesario con relación a cómo allegarse de información (captación), cómo se ordenaría dicha información (procesamiento) y cómo se haría llegar a la población en general y qué información (publicación), esto es, la publicación en tanto obligación generalizada de difusión, no como máxima autoridad encargada de garantizar el derecho a la información. Por lo que el INEGI tiene facultades exclusivas para normar y coordinar el SNIEG, pero sólo en ese aspecto; considerar que tiene facultades para resolver respecto de los recursos de revisión en materia del derecho de acceso a la información, implicaría estar desbordando sus facultades e invadir las exclusivas del INAI.
Si bien el instituto cuenta con autonomía para lograr sus fines, ello no significa que sea autoridad soberana respecto de los restantes entes de gobierno, ni que otras leyes que no sean de su materia, no lo obliguen con fundamento constitucional. Así, si entre sus fines no se encuentra ser garante del derecho de acceso a la información, no se invade la esfera de competencia ni se viola su autonomía.
Por otra parte, tampoco se viola el artículo 6o., fracción IV, de la Constitución Federal pues si bien éste señala que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la Constitución Federal, es que de ello no se sigue que el INEGI por ser organismo autónomo sea de aquellos a los que se refiere la fracción, pues el propio numeral establece que tales organismos serán más especializados e imparciales; evidentemente, los organismos garantes de las entidades federativas y el de la Federación son especializados en materia de derecho de acceso a la información, por estar previstos en el precepto que regula tal derecho, lo que se confirma con la calificación de imparciales, ya que si un órgano autónomo como el INEGI, da respuesta a una solicitud de información, la característica de imparcialidad tendría que ser emitida por un órgano ajeno al que emitió la resolución recurrida, de lo contrario, sería Juez y parte, como lo pretende el INEGI.
En conclusión, la resolución del recurso de revisión no invade las facultades del INEGI en materia de información estadística y geográfica, ni se violenta su autonomía; por el contrario, la pretensión del actor consistente en tratar de conocer del recurso de revisión sí invade las facultades establecidas a favor del órgano garante del derecho de acceso a la información.
2. Es infundado el tercer concepto de invalidez, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6o. de la Constitución Federal, toda autoridad se encuentra sujeta a los procedimientos de acceso a la información y protección de datos personales contenidos en las leyes de la materia; asimismo, el INAI es el único órgano autónomo que puede considerarse como especializado, a nivel federal, en la materia, el cual es imparcial pues es un ente ajeno a todos los sujetos obligados, por lo que al no formar parte de la autoridad que contesta las solicitudes de acceso a la información, cumple con ese atributo; además también prevé que el organismo garante federal tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, como los órganos autónomos, categoría en la que se encuentra el INEGI.
Por ende, contrario a lo sostenido por el INEGI, en materia de acceso a la información y protección de datos personales, el organismo autónomo encargado de procurar, dirimir y proteger los derechos de acceso a la información y protección de datos personales es el INAI, y sus procedimientos se rigen por lo establecido en la LGTAIP, LFTAIP y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en adelante LGPDPPSO).
No pasa desapercibido que el artículo 47 de la LSNIEG establece que los datos que proporcionen los informantes del sistema serán confidenciales y que la información no queda sujeta a la LFTAIPG, sino que se dará a conocer y se conservará en los términos previstos por la misma; no obstante, tal precepto no ha sufrido reformas a partir de que fue publicado, y cuando se emitió no existía la reforma constitucional al artículo 6o. de siete de febrero de dos mil catorce, a partir de la cual se crea el INAI como órgano especializado e imparcial en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
Por otra parte, también es infundada la aseveración de que se violan los principios de reserva y confidencialidad de los informantes, toda vez que la información que proporcionan, relativa a datos personales, secretos industriales, fiscal y bancario, queda protegida por las causales de reserva previstas por la LFTAIP, toda vez que la clasificación de información como reservada o confidencial, es propia de la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.
En ese sentido, no se viola la reserva y confidencialidad, por el contrario, se les protege de la mejor manera, dado que existe un procedimiento particular y especial, que se dedica a proteger los datos personales, así como a reservar la información que se ubique en alguna de las causales del artículo 110 de la LFTAIP.
En otro aspecto, contrario a lo sostenido por el accionante, no existe el secreto estadístico, pues como se advierte de la normativa de la materia, la intención de la obtención de la información estadística y geográfica, no es su reserva o confidencialidad, sino, por el contrario, lo relevante y su fin, es su difusión.
Así, la información confidencial o reservada, no protege datos estadísticos, sería un contrasentido al artículo 26 constitucional y al fin de la información estadística; lo que se deben proteger son datos personales, secretos bancarios, industrial, bursátil, que se encuentran protegidos por el artículo 6o. constitucional y las leyes que lo desarrollan.
3. Es infundado el cuarto concepto de invalidez, porque si bien el INAI modificó la respuesta emitida por el INEGI, con ello no lo obliga a proporcionar una información con la que no cuenta, ya que se precisó que en ese caso, debía declarar la inexistencia ante su Comité de Transparencia, señalando de manera fundada y motivada la razón por la que no cuenta con la información; en efecto, al INEGI le corresponde la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, por lo que el INAI no podría ordenarle cuál información es su materia, sino que, lo que hizo es determinar que su respuesta no fue congruente con lo pedido y que, en caso de no contar con la información solicitada, así lo manifestara a través del procedimiento previsto en la ley para ello. Dicho argumento también deviene inoperante, al pretender debatir sobre la legalidad de la resolución del INAI.
Argumentos para sostener la validez de la resolución impugnada.
1. El Poder Reformador determinó tanto para el INAI como para el INEGI la calidad de órganos autónomos que cuentan con facultades bien definidas, diseñadas en ámbitos determinados; el primero de ellos, respecto de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales y, el segundo, sobre datos estadísticos y geográficos, sin ser garante de algún derecho fundamental en específico.
2. El INAI, como organismo garante, de conformidad con el apartado A, del artículo 6o. constitucional, cuenta con facultades respecto de todo tipo de información pública, como para conocer de los asuntos y resoluciones que emitan todos los órganos autónomos constitucionales.
3. El INEGI, como órgano autónomo establecido en el artículo 26 constitucional, está sujeto a la potestad del INAI en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
4. De la interpretación del sistema normativo correspondiente, resulta que no existe algún tipo de información pública que quede excluida de la competencia del INAI, ni recurso de revisión sobre información que no pueda conocer.
5. El acto cuya invalidez se reclama en la presente controversia constitucional, tal como se desprende del escrito inicial de demanda, es la resolución del recurso de revisión, dada la negativa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30154-af6e2f44/i-controversia-constitucional-el-coordinador-general-de-asuntos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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