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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR UNA RESTRICCIÓN DE FUENTE CONSTITUCIONAL, ESTO ES, POR SER INATACABLES LAS RESOLUCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (ACUERDO DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 8592/18). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE DEFINITIVIDAD DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (ACUERDO DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 8592/18).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2019. · Registro digital (IUS): 29626
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-01-29
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, Pág. 440.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2019. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 3 DE MARZO DE 2020. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: OMAR CRUZ CAMACHO Y DANIELA CARRASCO BERGE.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día tres de marzo de dos mil veinte emite la siguiente:

Sentencia

Por la que se resuelve la controversia constitucional 9/2019, promovida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, en adelante), en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, en adelante), demandando la invalidez del acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, por el que el INAI admitió a trámite el recurso de revisión RRA. 8592/18, interpuesto en contra de una respuesta dada a una solicitud de información en materia estadística y geográfica generada, procesada y publicada por el INEGI.

I. Antecedentes

1. Requerimiento de información a la Unidad de Transparencia del INEGI. El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del INEGI, a través de la plataforma nacional de transparencia, recibió un requerimiento de información estadística y geográfica. En un primer momento, se identificó en la citada plataforma nacional como solicitud de acceso a la información número 4010000066818. En dicha solicitud requirió:

"En el Estado de Chihuahua: ¿Cuántos casos de maltrato infantil se dieron en el periodo de 2012 a 2016? ¿Cuántos de esos casos se dieron en niños menores de 6 años? En el 2007, ¿Cuál fue el porcentaje de incremento o disminución? En la República Mexicana; ¿Cuál es el Estado que presenta mayores casos de maltrato infantil? ¿En qué género se presenta mayor maltrato? ¿Por parte de quién se presenta este maltrato hacía los niños? Al hacerse presente la denuncia, ¿Qué pasa con los niños afectados? ¿A dónde van a parar? ¿Cuál es el debido procedimiento que se le da a estos casos? (sic)."

2. Al tratarse de un requerimiento de información estadística y geográfica, la Unidad de Transparencia del INEGI, en cumplimiento del artículo 140, fracción VII, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del INEGI vigente, se abstuvo de conocer del asunto, y remitió el requerimiento a la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información, unidad administrativa que, a través de la ventanilla de atención a usuarios del servicio público de información, dio atención y respuesta a dicho requerimiento a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la solicitante.

3. Asimismo, la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información, a través de la Dirección de Servicios Sociales de Información, le informó a la unidad de transparencia del INEGI que el requerimiento de información estadística y geográfica fue atendido por la ventanilla de atención a usuarios del servicio público de información, agregando para pronta referencia la respuesta que se proporcionó al requerimiento.

4. Recurso de revisión ante el INAI. Inconforme con esa respuesta, la solicitante promovió recurso de revisión el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, ante el INAI, quien lo radicó y admitió con el número RRA 8592/18 por auto de veintiséis del mismo mes y año, bajo la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

5. Escrito de demanda. El diez de enero de dos mil diecinueve, el INEGI promovió la presente controversia constitucional, a través del coordinador general de Asuntos Jurídicos del INEGI, Jorge Ventura Nevares, en contra de la admisión del recurso de revisión por el INAI, por auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.

6. El INEGI formuló argumentos que, para efectos de claridad, serán agrupados en las siguientes líneas discursivas:

A. Violación a la autonomía del INEGI por invadir sus facultades para regular la captación, procesamiento y publicación de información estadística en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG, en adelante).

a) El acuerdo de admisión impugnado viola el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, porque el INAI asume competencia para conocer de un recurso de revisión del que es competente el INEGI, por promoverse en contra de la respuesta a un requerimiento de información estadística, la cual es captada, procesada y publicada en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG, en adelante).

b) Es facultad del INEGI normar y coordinar el SNIEG, lo que implica que cuenta con las atribuciones exclusivas para decidir qué, cómo y cuándo se capta la información estadística y geográfica del SNIEG, decidir la metodología para el procesamiento de la información y decidir acerca de los alcances, oportunidad, forma y términos en que se publica y da a conocer esta información.

c) La asunción de competencia impugnada es susceptible de culminar en una resolución que revoque o modifique la respuesta a una solicitud de información del SNIEG, lo que desconoce la idoneidad del recurso de revisión para combatir las inconformidades en contra de los actos o resoluciones que dicte el INEGI, previsto en el artículo 113 de la LSNIEG. Esto resulta contrario a lo establecido por el artículo 6o., fracción VIII, de la Constitución Federal, en el que se estableció que el INEGI debía coordinarse con el órgano garante en materia de transparencia que es el INAI, lo que implica que éste respete el ámbito de atribuciones originarias y de especialización de aquél.

d) Esta especialidad es reconocida en el artículo 6o. constitucional, apartado A), fracción IV, que establece que se crearán procedimientos de revisión expeditos "que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución". Es en ese sentido que debe interpretarse la forma plural empleada por el legislador.

e) Lo anterior se corrobora por el artículo 47 de la LSNIEG, que especifica que "la información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental". Aunque la LSNIEG se expidió con anterioridad, no es dable considerar el principio de temporalidad de leyes para su aplicación, al tratarse de leyes reglamentarias de la misma jerarquía. También sirve de apoyo el razonamiento que ha seguido el INAI para reconocer la competencia exclusiva del Archivo General de la Nación y excluir, con ello, su jurisdicción.

B. Confusión por parte del INAI entre el derecho de protección de datos personales y los principios de confidencialidad y reserva de la información geográfica y estadística.

a) El legislador hace una distinción entre la información estadística regulada por la LSNIEG y la información regulada por las disposiciones vigentes de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDP, en adelante), que se hace patente en la aplicación de los principios legales de reserva y confidencialidad.

b) Al respecto, las disposiciones de transparencia establecen que la reserva de información está sujeta a una temporalidad de cinco años y que los comisionados del INAI podrán tener acceso a la misma para resolver los recursos de revisión. En cambio, con la información estadística protegida por los principios de confidencialidad y reserva, el INEGI es la autoridad para la resolución de los recursos, sin que le sea posible dar a conocer información proporcionada para fines estadísticos por los informantes, ni aquella que provenga de registros administrativos a persona o autoridad alguna, para fines fiscales, jurídicos, administrativos o de cualquier otra índole, en términos de los artículos 37 y 38 de la LSNIEG. Además, esta reserva no tiene temporalidad, es permanente.

c) El principio de confidencialidad del INEGI se encuentra establecido en la LSNIEG (artículos 37, 38, 46 y 47) para respetar los derechos de sus informantes, situación que pone en riesgo el INAI, al pretender conocer sobre la información estadística y geográfica, pues invade la competencia del INEGI en su tratamiento.

d) Los principios fundamentales de la Estadística Oficial de Naciones Unidas, en particular en el principio 6 se prevé que los datos individuales que reúnan los organismos de estadística para la compilación estadística, se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos.

7. Los artículos constitucionales que el promovente señala que fueron violados son los artículos 6o., 14, 16 y 26, apartado B, párrafos primero y segundo, así como la primera parte del párrafo cuarto, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Trámite

8. Radicación y trámite. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de enero de dos mil diecinueve.(1)

9. Ese mismo día, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 9/2019 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.(2)

10. El Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridad demandada al INAI, a quien requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindiera su contestación a la demanda.(3)

11. Contestación del INAI.(4) El instituto demandado hizo valer dos causas de improcedencia:

a) La prevista en la fracción VI del artículo 19, en relación con la fracción II del numeral 20 de la ley reglamentaria de la materia, ya que el acto impugnado carece de definitividad.(5)

b) La prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con la fracción II del numeral 20 de la ley reglamentaria de la materia, ya que la controversia constitucional no es la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una resolución del INAI, no obstante que se aleguen cuestiones constitucionales, porque no sólo se soslayaría el límite previsto en el artículo 6o., apartado A, fracción VIII, párrafo 7, primera parte, constitucional, sino que se ejercerían sobre dicho instituto, con facultades materialmente jurisdiccionales, facultades de control jurisdiccional y se haría de esa vía un recurso o ulterior medio de defensa, cuando la Constitución dispuso que el único recurso de revisión es el de materia de seguridad nacional.

12. En cuanto a los conceptos, el instituto demandado expresó, en síntesis:

a) El INEGI confunde la labor que tiene constitucionalmente encomendada con la del INAI. Cuando el INEGI adquiere la calidad de órgano autónomo –abril de dos mil seis–, el organismo garante federal en materia de derecho de acceso a la información IFAI no era un órgano constitucional autónomo, sino que era dependiente de la administración pública federal, por lo que se entiende que no pudiera conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de autoridades ajenas a la misma, como el INEGI.

b) El INAI adquiere autonomía constitucional hasta la reforma de dos mil catorce, por lo que si en abril de dos mil ocho, fecha en la que se emite la LSNIEG, aún no sucedía la reforma constitucional aludida y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (ahora abrogada) sólo preveía que el IFAI pudiera conocer del recurso de revisión en contra de respuestas emitidas por dependencias y entidades, es entendible que el legislador, en la LSNIEG, haya previsto la posibilidad de impugnar las resoluciones del INEGI, a través de un recurso de revisión. De la misma forma, resulta claro que dentro de este recurso fuera posible impugnar las resoluciones relativas al acceso a la información, dado que la Ley Federal de Transparencia sólo establecía la posibilidad de que el INAI conociera respecto de las negativas de la administración pública federal.

c) Similar situación sucede con lo establecido en el artículo 47 de la LSNIEG, que dispone que la información que regula no quedaba sujeta a la Ley Federal de Transparencia (ahora abrogada); sin embargo, la información correspondiente a la gestión administrativa sí se sujetaba a tal norma; lo que es comprensible, porque el IFAI no era un órgano autónomo, ni tenía competencia para conocer de los recursos de revisión interpuestos en contra de otras autoridades diferentes a las entidades y dependencias de la administración pública federal.

d) El artículo 26, apartado A, constitucional, no determina que el órgano autónomo encargado de normar y coordinar el sistema nacional de información estadística y geográfica, sería garante del derecho a la información en lo que concierne a la información estadística y geográfica; en cambio, refiere a las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia. Esto es, faculta al INEGI a elegir cómo allegarse de información (captación), cómo ordenarla (procesamiento) y cómo y qué información hacer llegar a la población en general (publicación).

e) No se vulnera el artículo 6o., fracción VIII, párrafo cuarto, constitucional, porque establece la competencia al INAI en materia de acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, incluyendo a los órganos autónomos, siendo la única excepción la establecida para aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

f) No se viola el artículo 6o., fracción IV, constitucional, que ordena que se establezcan mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales. Sin que el INEGI sea considerado como tal, ya que deben ser especializados en materia de derecho de acceso a la información y, además, imparciales. El INEGI no puede ser imparcial al resolver un recurso de revisión, porque él mismo fue quien brindó la información recurrida.

g) La referencia que hace el artículo 6o., fracción VIII, a que el organismo garante se coordine con el INEGI, no implica que coordinará sus acciones para efectos de proveer respecto del derecho de acceso a la información, pues el mismo artículo prevé que la coordinación tiene el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano. Esto para transparentar la gestión de los órganos del Estado y no como garantes del derecho referido.

h) Luego de señalar las facultades del INAI y del INEGI, concluye que el acto impugnado no invade las facultades de este último. Se impugna la admisión y tramitación de un procedimiento seguido en forma de juicio donde el INAI revisará si la parte actora, en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP, en adelante) debe entregar información pública. El INAI es competente para resolver cualquier recurso de revisión que se interponga contra resoluciones de los sujetos obligados en materia de derecho de acceso a la información, de acuerdo con el artículo 6o. constitucional.

i) Si la Constitución no distinguió entre la protección que corresponde a la información en general, y la información estadística y geográfica en particular, no es dable ni armónico con el artículo 1o. constitucional hacerlo.

13. Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de emitir su opinión respecto de la presente controversia constitucional.

14. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró el veinte de junio de dos mil diecinueve la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(6)

III. Competencia

15. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, porque se plantea un conflicto entre dos órganos constitucionales autónomos: el INEGI y el INAI.

IV. Precisión del acto impugnado

16. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, se precisa que el acto impugnado es el auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual, se admite a trámite el recurso de revisión RRA. 8592/18 por parte del Comisionado Ponente del INAI.(7)

V. Oportunidad

17. Se analizará la oportunidad de la demanda respecto del acto impugnado, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, que establece que, tratándose de actos, el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días: a) a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surte efectos la notificación del acuerdo impugnado; b) a partir de que se haya tenido conocimiento de ello o de su ejecución; o, c) a partir de que el actor se ostente sabedor de los mismos.

18. En el caso, el acuerdo impugnado se notificó el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho,(8) por lo que el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho(9) al veinticuatro de enero de dos mil diecinueve.(10) Luego, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diez de enero de dos mil diecinueve, es evidente que su presentación fue oportuna.

VI. Legitimación activa

19. En términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal, el INEGI tiene legitimación para promover este medio de control constitucional.

20. Suscribe la demanda José Ventura Nevares, ostentándose como Coordinador General de Asuntos Jurídicos del INEGI, lo que acredita con copia certificada de la constancia de nombramiento, emitida por el director general del instituto actor.(11)

21. Ahora bien, en términos del artículo 46, fracción VI, del Reglamento Interior del INEGI,(12) dicho funcionario cuenta con la representación legal del instituto actor.

22. Conforme al artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia del artículo 105 constitucional, la representación debe estar establecida en las normas que rigen a los órganos legitimados, lo cual se acredita en este caso y, por consiguiente, se le reconoce la representación al servidor público indicado.

VII. Legitimación pasiva

23. En términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal, el INAI, como organismo garante establecido por el artículo 6o. constitucional, cuenta con legitimación pasiva en la presente controversia.

24. En su representación comparece Miguel Novoa Gómez, con el carácter de director general de Asuntos Jurídicos del INAI, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo emitido por el Pleno del INAI con fecha de trece de febrero de dos mil diecinueve.(13)

25. Conforme a lo anterior, el citado servidor público cuenta con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio.

VIII. Causas de improcedencia

26. En este apartado se analizarán las causas de improcedencia hechas valer por las partes y las que se adviertan de oficio, al ser de estudio preferente.

27. El instituto demandado hace valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, al considerar que el acto impugnado, al tratarse de un acuerdo por el que se admite el recurso de revisión, tiene la naturaleza de un acuerdo de trámite previo a la resolución definitiva,(14) por lo que el acto impugnado carece de definitividad.

28. Igualmente, el INAI argumenta que corresponde sobreseer en la presente controversia, en términos de la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, pues este medio de control no es la vía idónea para controvertir resoluciones dictadas por el instituto demandado. Para sustentar su dicho, argumenta que ejerce funciones materialmente jurisdiccionales, por lo que sus resoluciones estarían dotadas de este carácter.

29. El Tribunal Pleno considera que procede sobreseer en la presente controversia constitucional. Dos líneas argumentativas independientes son susceptibles de ser desarrolladas.

30. La primera de ellas, sustentada en la sesión plenaria donde se resolvió este asunto por las Ministras Esquivel Mossa y Piña Hernández, y los Ministros Franco González Salas y presidente Zaldívar Lelo de Larrea, consiste en afirmar que el artículo 6o. constitucional, reformado el siete de febrero de dos mil catorce, estableció, en el párrafo séptimo de la fracción VII, que las decisiones del INAI son inatacables:

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

"...

"A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

"...

"VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

"...

"Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. ..."

31. Sirve como sustento a esta línea argumentativa que de los trabajos legislativos que dieron origen a la reforma constitucional en materia de transparencia, de siete de febrero de dos mil catorce, se advierte que la finalidad del legislador, al incluir el principio de definitividad e inatacabilidad de las resoluciones emitidas por el INAI, partía de la necesidad de restringir la revisión de las mismas por parte de los sujetos obligados. Al respecto, se expuso:(15)

"Como es sabido, en algunas entidades federativas se ha constituido un entramado normativo donde se ha pretendido o a (sic) hecho revisables las resoluciones de los órganos garantes de acceso a la información, al sugerir o plantear que éstas puedan ser impugnables por las autoridades o sujetos obligados, y que tal impugnación pueda ser revisables (sic) por el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o instancia equivalente. Siendo que tal revisión sea hecha por una ‘instancia no especializada’.

"Por lo tanto, para evitar la tentación de incluir disposiciones contrarias a dicho principio en las leyes federales o locales en la materia, resulta oportuno dejar expresamente establecido el principio de definitividad de las resoluciones de los órganos garantes por parte las autoridades, sin relatividades o tibiezas a este aspecto, sino en materia contundente y amplia. Dicha definitividad debe quedar claro es para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados, pues es claro que queda en favor de los particulares para impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia o previamente por las vías que al efecto se determinen y procedan." (énfasis añadido)

32. Asimismo, en las consideraciones del dictamen de la Cámara de Senadores, se señaló que:(16)

"... El párrafo séptimo del inciso B) del artículo 6o. de la Constitución otorga definitividad e inatacabilidad a las resoluciones del organismo garante, estableciendo una excepción a dichas determinaciones conforme a lo siguiente:

"‘Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.’

"Se dota de definitividad e inatacabilidad a las determinaciones del órgano garante, con la finalidad de cumplir con varios de los principios que se han otorgado al organismo, entre ellos, el de eficacia, certeza y objetividad. Con ello las determinaciones de la autoridad no serán sujetas a revisión por parte de algún otro ente, así la información deberá entregarse de manera inmediata por las resoluciones en que hayan recaído, ya sean en el ámbito federal o local.

"Al dotar de definitividad e inatacabilidad a las resoluciones del órgano garante, es indispensable que las determinaciones que emitan sean completamente apegadas a derecho, respetando las garantías constitucionales y del debido proceso, ya que se generarán determinaciones que no pueden ser combatidas ante los órganos jurisdiccionales y por tanto, se convierte en una autoridad materialmente jurisdiccional; ello genera la necesidad de contar con un cuerpo legal que en sus determinaciones garanticen el apego a las normas y su interpretación así como la ponderación en garantías y derechos humanos a que hace referencia la nueva evolución del derecho constitucional; para conseguir las metas en materia de seguridad jurídica y legalidad, así como la ponderación de derechos en conflicto."

33. De lo anterior se advierte que una interpretación teleológica de la norma deriva en que, para no alargar los procedimientos en materia de acceso a la información, se buscó hacer excepcional la procedencia de los recursos para los sujetos obligados.

34. Sin embargo, este criterio relativo a una improcedencia de fuente constitucional no fue el razonamiento de todos los Ministros que conformaron la votación mayoritaria para sobreseer en el presente asunto.

35. Tal y como se mencionó, una segunda línea argumentativa independiente fue desarrollada por los Ministros Aguilar Morales y Pérez Dayán, que consideraron que si bien debía sobreseerse, tal cuestión se daba al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia.

36. Este artículo establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto. En esta disposición se regula la causa de improcedencia relativa a la falta de definitividad del acto que se impugna consistente en que, al existir un procedimiento iniciado, pero que no se ha agotado, quien cuenta con legitimación activa debe esperar hasta la conclusión de dicho procedimiento para impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio P./J. 12/99 del Tribunal Pleno, que establece:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.—La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio."(17)

37. Así, en el caso concreto, el instituto actor impugna el auto, mediante el cual, el INAI admite el recurso de revisión RRA. 8592/18, interpuesto en contra de una respuesta dada a una solicitud de información en materia estadística y geográfica generada, procesada y publicada por el INEGI. El acto combatido es un auto de trámite que indica la existencia de un procedimiento ya iniciado, pero que se encuentra pendiente de resolución, por lo que, dado su estado procesal, no existe determinación o resolución definitiva sobre el conflicto planteado y debe considerarse, entonces, que la controversia resulta improcedente precisamente por no haberse agotado o concluido aún la vía legalmente prevista para tal efecto.

38. De lo anterior se concluye que si bien en el presente asunto no existen consideraciones mayoritarias de este Tribunal Pleno, respecto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29626-630a2500/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-una-restriccion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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