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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR UNA RESTRICCIÓN DE FUENTE CONSTITUCIONAL, ESTO ES, POR SER INATACABLES LAS RESOLUCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (ACUERDO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR EL QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 5998/2019). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE DEFINITIVIDAD DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (ACUERDO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR EL QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN RRA 5998/2019).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 242/2019. · Registro digital (IUS): 29625
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-01-29
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, Pág. 425.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 242/2019. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 3 DE MARZO DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del tres de marzo de dos mil veinte emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 242/2019, promovida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante sólo INEGI) en contra del acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión 5998/2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante sólo INAI).

I. Antecedentes

1. Solicitud de información. Un particular presentó una solicitud de acceso a la información, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia al Instituto Nacional de Estadística y Geografía requiriendo le fuera entregada la información relativa a los "ingresos por salario mínimo por entidad federativa de los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018".

2. De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información, la unidad de transparencia del INEGI hizo del conocimiento del solicitante que el contenido de su requerimiento de información correspondía al marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (en adelante sólo Ley de SNIEG). Por tanto, dicha solicitud fue atendida el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, a través del servicio público de información, el cual, es prestado en forma exclusiva por el INEGI, en términos de lo dispuesto por los artículos 98 y 102 de la legislación mencionada.(1)

3. La unidad de transparencia del INEGI respondió al solicitante que realizó una búsqueda exhaustiva dentro de la información estadística y geográfica sin identificar la existencia de información estadística disponible tal y como la detalla en el contenido de su requerimiento respecto a "... ingresos por salario mínimo por entidad federativa de los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 ...", asimismo, puso a su disposición la Información Estadística y Geográfica derivada de diversos proyectos estadísticos.(2)

4. Recurso de revisión. En contra de dicha resolución y con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,(3) el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI.

5. Trámite ante el INAI. El tres de junio de dos mil diecinueve, el INAI dictó acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 156, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

6. Presentación de demanda. El INEGI promovió controversia constitucional(4) en la que solicitó la invalidez del acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve dictado por la secretaria de Acuerdos. A su juicio el INAI invade la competencia y autonomía consagradas en el artículo 26, apartado B, constitucional, al dar trámite a un medio de defensa promovido en contra de una respuesta a una solicitud de información estadística y geográfica.

7. Admisión y trámite. La demanda se tuvo por presentada(5) y fue turnada al Ministro Javier Laynez Potisek, siendo admitida a trámite por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte correspondiente al primer período de dos mil diecinueve;(6) tuvieron como autoridad demandada al INAI, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera y en cuanto a la solicitud de suspensión se ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.

8. Incidente de suspensión. Por resolución de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, los integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte, correspondiente al primer período vacacional de dos mil diecinueve, resolvieron por un lado negar la medida cautelar en los términos pretendidos por la autoridad accionante, y por otro, concedieron la suspensión para que el INAI se abstuviera de ejecutar la resolución que, en su caso, dictara en el recurso de revisión 5998/2019, hasta en tanto la Suprema Corte se pronunciara sobre el fondo del presente asunto.(7)

9. Cierre de instrucción. Una vez contestada la demanda(8) y realizada la audiencia a que se refiere en el artículo 29 de la ley reglamentaria, el expediente fue puesto en estado de resolución.(9)

II. Competencia

10. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratarse de un conflicto suscitado entre dos órganos constitucionales autónomos.

II. Precisión del acto impugnado

11. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, se precisa que el acto impugnado es el acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve mediante el cual se admitió a trámite el recurso de revisión 5998/2019 por parte del comisionado ponente del INAI.(10)

IV. Oportunidad

12. El actor solicita se declare la invalidez de la resolución dictada en el recurso de revisión 5998/2019 emitido por el INAI. Al tratarse de un acto, se debe tomar en cuenta que el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria(11) establece un plazo de treinta días para la interposición del medio de control, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame.

13. Si el acuerdo reclamado fue notificado a la parte actora el once de junio de dos mil diecinueve,(12) dicho plazo transcurrió del doce del mismo mes al nueve de agosto de dos mil diecinueve.(13) Por ende, si la demanda se presentó el tres de julio de dos mil diecinueve,(14) se concluye que fue promovida oportunamente.

V. Legitimación

14. Tanto la parte actora como la demandada tienen legitimación en la causa, en términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución, toda vez que se trata de una controversia constitucional promovida por un órgano constitucional autónomo en contra de otro. Partiendo de tal supuesto se procede a analizar si cada una de las partes están debidamente representadas en términos del numeral 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria.(15)

15. Legitimación activa. La parte actora es el INEGI. Conforme al artículo 46, fracción VI, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,(16) es la Coordinación General de Asuntos Jurídicos quien representará legalmente al instituto en toda clase de juicios y procedimientos.

16. La demanda fue presentada por Jorge Ventura Nevares, quien se ostentó como coordinador general de Asuntos Jurídicos y acreditó tal personalidad con copia certificada de su nombramiento.(17) Por tanto, se le reconoce la representación al servidor público mencionado.

17. Asimismo, es importante mencionar que se advierte un principio de afectación a la esfera competencial del INEGI, puesto que el acto que reclama al INAI, la admisión del recurso de revisión, implica haberse estimado competente y por exclusión que el INEGI no lo es. Por tanto, la citada declaración de competencia por parte del INAI podría traer como consecuencia una disminución o invasión a la esfera competencial del instituto actor directamente atribuida por el artículo 26, apartado B, constitucional y desarrollada en su ley reglamentaria.(18)

18. Legitimación pasiva. Conforme al artículo 32, fracción II, del Estatuto Orgánico del INAI,(19) le corresponde a su director general de Asuntos Jurídicos rendir los escritos de demanda o contestación en las controversias constitucionales. En el caso, la contestación fue presentada por Miguel Novoa Gómez, quien acreditó su calidad de director general de Asuntos Jurídicos del instituto con copia certificada de la credencial expedida por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,(20) por lo que se concluye que cuenta con legitimación pasiva.

VI. Causas de improcedencia

19. En su contestación de demanda, el INAI hace valer tres causas de improcedencia: (i) la contenida en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria al considerar que el acto impugnado carece de definitividad necesaria para ser impugnado en controversia constitucional; (ii) la establecida en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, ya que la controversia constitucional no es la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de la resolución del INAI, y finalmente (iii) la prevista en la misma fracción VIII del numeral 19 de la ley reglamentaria, toda vez que el acuerdo de admisión impugnado no se dictó por el Pleno del INAI a quien de conformidad con el precepto 12, fracción I, del estatuto orgánico de dicho instituto corresponde ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución y las legislaciones aplicables.

20. El Tribunal Pleno considera que procede sobreseer en la presente controversia constitucional. Dos líneas argumentativas independientes son susceptibles de ser desarrolladas.

21. La primera de ellas, sustentada en la sesión plenaria donde se resolvió este asunto por las Ministras Esquivel Mossa y Piña Hernández, y los Ministros Franco González Salas y presidente Zaldívar Lelo de Larrea, consiste en afirmar que el artículo 6o. constitucional, reformado el siete de febrero de dos mil catorce, estableció en el párrafo séptimo de la fracción VII, que las decisiones del INAI son inatacables:

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

"...

"A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

"...

"VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

"...

"Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. ..."

22. Sirve como sustento a esta línea argumentativa que, de los trabajos legislativos que dieron origen a la reforma constitucional en materia de transparencia de siete de febrero de dos mil catorce, se advierte que la finalidad del legislador al incluir el principio de definitividad e inatacabilidad de las resoluciones emitidas por el INAI, partía de la necesidad de restringir la revisión de las mismas por parte de los sujetos obligados. Al respecto, se expuso:(21)

"Como es sabido, en algunas entidades federativas se ha constituido un entramado normativo donde se ha pretendido o a (sic) hecho revisables las resoluciones de los órganos garantes de acceso a la información, al sugerir o plantear que éstas puedan ser impugnables por las autoridades o sujetos obligados, y que tal impugnación pueda ser revisables (sic) por el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o instancia equivalente. Siendo que tal revisión sea hecha por una ‘instancia no especializada’.

"Por lo tanto, para evitar la tentación de incluir disposiciones contrarias a dicho principio en las leyes federales o locales en la materia, resulta oportuno dejar expresamente establecido el principio de definitividad de las resoluciones de los órganos garantes por parte las autoridades, sin relatividades o tibiezas a este aspecto, sino en materia contundente y amplia. Dicha definitividad debe quedar claro es para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados, pues es claro que queda en favor de los particulares para impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia o previamente por las vías que al efecto se determinen y procedan." (énfasis añadido)

23. Asimismo, en las consideraciones del dictamen de la Cámara de Senadores, se señaló que:(22)

"... El párrafo séptimo del inciso B) del artículo 6o. de la Constitución otorga definitividad e inatacabilidad a las resoluciones del organismo garante, estableciendo una excepción a dichas determinaciones conforme a lo siguiente:

"‘Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.’

"Se dota de definitividad e inatacabilidad a las determinaciones del órgano garante, con la finalidad de cumplir con varios de los principios que se han otorgado al organismo, entre ellos, el de eficacia, certeza y objetividad. Con ello las determinaciones de la autoridad no serán sujetas a revisión por parte de algún otro ente, así la información deberá entregarse de manera inmediata por las resoluciones en que hayan recaído, ya sean en el ámbito federal o local.

"Al dotar de definitividad e inatacabilidad a las resoluciones del órgano garante, es indispensable que las determinaciones que emitan sean completamente apegadas a derecho, respetando las garantías constitucionales y del debido proceso, ya que se generarán determinaciones que no pueden ser combatidas ante los órganos jurisdiccionales y, por tanto, se convierte en una autoridad materialmente jurisdiccional; ello genera la necesidad de contar con un cuerpo legal que en sus determinaciones garanticen el apego a las normas y su interpretación así como la ponderación en garantías y derechos humanos a que hace referencia la nueva evolución del derecho constitucional; para conseguir las metas en materia de seguridad jurídica y legalidad, así como la ponderación de derechos en conflicto."

24. De lo anterior, se advierte que una interpretación teleológica de la norma deriva en que, para no alargar los procedimientos en materia de acceso a la información, se buscó hacer excepcional la procedencia de los recursos para los sujetos obligados.

25. Sin embargo, este criterio relativo a una improcedencia de fuente constitucional no fue el razonamiento de todos los Ministros que conformaron la votación mayoritaria para sobreseer en el presente asunto.

26. Tal y como se mencionó, una segunda línea argumentativa independiente fue desarrollada por los Ministros Aguilar Morales y Pérez Dayán que consideraron que, si bien debía sobreseerse, tal cuestión se daba al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia.

27. Este artículo establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto. En esta disposición se regula la causa de improcedencia relativa a la falta de definitividad del acto que se impugna consistente en que al existir un procedimiento iniciado pero que no se ha agotado, quien cuenta con legitimación activa debe esperar hasta la conclusión de dicho procedimiento para impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio P./J. 12/99 del Tribunal Pleno que establece:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.—La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio."(23)

28. Así, en el caso concreto, el instituto actor impugna el auto mediante el cual, el INAI admite el recurso de revisión RRA. 5998/2019, interpuesto en contra de una respuesta dada a una solicitud de información en materia estadística y geográfica generada, procesada y publicada por el INEGI. El acto combatido es un auto de trámite que indica la existencia de un procedimiento ya iniciado, pero que se encuentra pendiente de resolución, por lo que, dado su estado procesal, no existe determinación o resolución definitiva sobre el conflicto planteado y debe considerarse entonces que la controversia resulta improcedente precisamente por no haberse agotado o concluido aún la vía legalmente prevista para tal efecto.

29. De lo anterior, se concluye que si bien, en el presente asunto no existen consideraciones mayoritarias de este Tribunal Pleno respecto a la causa de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, lo cierto es que una mayoría de seis Ministros sí consideraron que debía sobreseerse en la presente controversia constitucional. Como se relató previamente, este resultado se alcanzó por diferentes razones, es decir, mientras cuatro Ministros consideraron que se actualiza una restricción de fuente constitucional contenida en el artículo 6o., otros dos sostuvieron la falta de definitividad del acto impugnado, conforme al artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria.

Así, por lo expuesto y fundado,

SE RESUELVE:

PRIMERO.—Se sobresee en la presente controversia constitucional.

SEGUNDO.—Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.

Notifíquese; haciendo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los apartados I, II, III, IV y V relativos, respectivamente, a los antecedentes, a la competencia, a la precisión del acto impugnado, a la oportunidad y a la legitimación.

Se aprobó por mayoría de seis votos de los Ministros Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales por impugnarse un acto no definitivo, Piña Hernández, Pérez Dayán por impugnarse un acto no definitivo y presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado VI, relativo a las causas de improcedencia, consistente en sobreseer en esta controversia constitucional. Los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat y Laynez Potisek votaron en contra. Los Ministros González Alcántara Carrancá y Ríos Farjat anunciaron sendos votos particulares.

El Ministro presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

__________________

1. El INEGI mencionó que "su requerimiento refiere a Información Estadística y Geográfica, el mismo que no queda sujeto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ni a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley del Sistema, ya que únicamente resulta aplicable por lo que respecta a la información correspondiente a la gestión administrativa del instituto, que es la relacionada con la gestión de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y legales que le son asignados para el ejercicio de sus funciones."

2. La respuesta a la solicitud emitida por la unidad de transparencia del INEGI se encuentra en las fojas 123 a 133 de la controversial constitucional 242/2019.

3. "Artículo 148. El recurso de revisión procederá en contra de:

"...

"II. La declaración de inexistencia de información; ..."

4. Demanda presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, fojas 1 a 48 de la controversia constitucional.

5. Acuerdo del cuatro de julio de dos mil diecinueve, foja 54, ibídem.

6. Acuerdo de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, fojas 55 a 57 ibídem.

7. Resolución de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, fojas 52 a 55 del incidente de suspensión de la controversia constitucional 242/2019.

8. Presentada el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, fojas 67 a 119 de la controversia constitucional.

9. Ver fojas 231 a 232, ibídem.

10. Foja 137, ibídem.

11. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos. ..."

12. Ver foja 140 de la controversia constitucional.

13. "Artículo 127. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen."

Se descuentan los días del quince al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve por corresponder al receso del primer periodo de sesiones de este Alto Tribunal, de acuerdo con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General Número 18/2013 del Tribunal Pleno; como los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio, seis, siete, trece y catorce de julio y tres de agosto de dos mil diecinueve por tratarse de sábados y domingos.

14. Foja 48 vuelta del expediente de la controversia constitucional.

15. "Artículo 11 El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. ..."

16. "Artículo 46. La Coordinación General de Asuntos Jurídicos, contará con las atribuciones específicas siguientes:

"...

"VI. Representar legalmente al instituto, a los miembros de la Junta de Gobierno, al presidente y a los titulares de las unidades administrativas ante cualquier autoridad jurisdiccional o administrativa, tribunal, procuraduría, así como ante comisiones de derechos humanos nacional y estatales, en toda clase de juicios o procedimientos del orden laboral, civil, fiscal, administrativo, agrario y penal, en que sean parte, o sin ser parte sea requerida su intervención por la autoridad.

"Con la representación legal señalada, podrá entre otras atribuciones, ejercer los derechos, acciones, excepciones y defensas que sean necesarias en los procedimientos, absolver posiciones, ofrecer pruebas, desistirse de juicios o instancias, transigir cuando así convenga a los intereses de sus representados, interponer los recursos que procedan ante los citados tribunales y autoridades; interponer los juicios de amparo o comparecer como terceros perjudicados; ..."

17. Visible en la foja 49 del presente expediente.

18. "Artículo 113. En contra de los actos o resoluciones que dicte el Instituto, el interesado podrá interponer ante éste, el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda."

"Artículo 124. La autoridad ante la cual se tramite el recurso podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con anterioridad."

19. "Artículo 32. La Dirección General de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes funciones

"...

"II. Rendir los informes previos y justificados que en materia de amparo deban presentarse, asimismo, los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, promover o desistirse, en su caso, de los juicios de amparo y, en general, ejercitar todas las acciones que a dichos juicios se refieran; ..."

20. Visible en la foja 120 de la presente controversia.

21. Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), página 32.

22. Cámara de Senadores, dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, páginas 272 y 273.

23. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, página 275, con número de registro digital: 194292.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29625-88f05b35/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-una-restriccion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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