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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTE (ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER EMITIDO Y PROMULGADO LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO [ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L) DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO [ARTÍCULO 67, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA INTERVENIR EN JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EL ACUERDO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL UNO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO DOS MIL VEINTICUATRO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA NORMA IMPUGNADA CON MOTIVO DE SU ACTO DE APLICACIÓN CUANDO SE SOBRESEE EN RELACIÓN CON ÉSTE (ARTÍCULOS 76, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 83, FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA; 4, FRACCIÓN VI, 6, FRACCIÓN V, VIII, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26, 27, 29, ÚLTIMO PÁRRAFO, 30, 31, 32, 33 Y 34 DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; NUMERAL 20 DE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA; 217 TER Y 217 QUATER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; Y, 52, PÁRRAFO SEGUNDO, 54, PÁRRAFO SEGUNDO Y 80 BIS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 548/2023. · Registro digital (IUS): 201040
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI).
Localización: Duodécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 548/2023. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI). 22 DE ENERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISRAEL RIVAS ACUÑA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Normas y actos impugnados: El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 (en lo sucesivo PEF 2024), de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 548/2023, promovida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante INEGI), en contra de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Poder Ejecutivo Federal, por la emisión de diversas normas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 (en lo sucesivo PEF 2024), de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. Por escrito presentado el veintinueve de diciembre del dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante, el INEGI), por conducto de Jorge Ventura Nevares, en su carácter de Coordinador General de Asuntos Jurídicos de dicho órgano, promovió controversia constitucional contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por los actos consistentes en:

LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

a) De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 (en adelante, el PEF 2024) publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés.

b) Del Presidente de la República: la elaboración del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 y la presentación de éste a la H. Cámara de Diputados, así como la publicación y aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

b.1) Artículos: 1; 3 fracciones I, XIX; 13 párrafo primero, fracciones I, II y III; 14, párrafos primero, segundo y tercero; 15 y 21; Transitorios Primero, Segundo y Séptimo.

b.2) Anexos 23; 23.1; 23.1.1; 23.1.2; 23.1.3; 23.14; 23.14.1.A.; 23.14.1.B.; 23.14.2; 23.14.3, 23.14.4. y 23.14.5.

Lo anterior, con relación a las remuneraciones del Presidente de la República y de las y los servidores públicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Asimismo, el sistema normativo compuesto por:

c) La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil ocho, artículos 76, párrafos primero y segundo y 83, fracción I.

d) La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, artículos 4, fracción VI, 6, fracción V, VIII, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26, 27, 29, último párrafo, 30, 31, 32, 33 y 34.

e) La Ley Federal de Austeridad Republicana, artículo 20, con motivo de su primer acto de aplicación en el Egreso Fiscal 2024.

f) Del Código Penal Federal, artículos 217 Ter y 217 Quáter, adicionados a dicho ordenamiento mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve.

g) La Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 52, párrafo segundo, 54, párrafo segundo y 80 Bis.

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 1, párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 5, párrafos primero y tercero; 14; 16; 26, Apartado B, párrafos segundo, tercero y cuarto; 49; 74, fracción IV; 75; 108; 123, Apartado B), fracciones IV, VI, XIV; y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. El INEGI planteó conceptos de invalidez, tanto en la demanda como en su ampliación, cuya síntesis y estudio se exponen más adelante.

4. Trámite y admisión de la demanda. Mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo período de dos mil veintitrés, admitieron a trámite la demanda. Asimismo, reconocieron como demandados a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; a quienes se requirió para que dieran contestación a la demanda, y remitieran, respectivamente, copias certificadas de los antecedentes legislativos relativos al Decreto por el que se expidió el PEF 2024, cuya constitucionalidad se reclama y un ejemplar del Diario Oficial de la Federación en donde se publicó el referido decreto.

5. Turno. Mediante auto de dos de enero de dos mil veinticuatro, se turnó este asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán, para que instruyera el procedimiento.

6. Contestación de la demanda por la Cámara de Diputados y Presidente de la República. El quince de febrero de ese año, la Cámara de Diputados y el Presidente de la República, contestaron la demanda, las cuales se acordaron mediante proveído de veintinueve de febrero siguiente.

7. Primera ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, la parte actora amplió la demanda en contra de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de quien reclamó las mismas normas generales señaladas en el apartado IV, del escrito de demanda, que para omitir repeticiones se tienen por precisadas en el párrafo 1.

8. Admisión de ampliación. Por acuerdo de veintidós de enero de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la ampliación mencionada; reconoció el carácter de demandada a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por lo que ordenó emplazarla y dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

9. Contestación de ampliación de demanda de la Cámara de Senadores. El doce y catorce de marzo de dos mil veinticuatro, la Cámara de Senadores y el Presidente de la República, contestaron la ampliación; lo cual se tuvo por acordado a través de auto de diecinueve de ese mes y año.

10. Recursos de reclamación. Inconforme con la admisión de la presente controversia y su ampliación, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal interpuso sendos recursos de reclamación, que se admitieron a trámite en autos de quince de enero y nueve de febrero de dos mil veinticuatro con los números 10/2024-CA y 22/2024-CA, los cuales se turnaron a la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

11. En proveído de veintitrés de febrero del dos mil veinticuatro, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó a su conocimiento. Sin embargo, en sesiones de quince de mayo y veintiocho de agosto siguiente, respectivamente, por mayoría de cuatro votos, se determinó su returno al Ministro Javier Laynez Potisek; posteriormente, respecto de la reclamación 10/2024-CA, esta Segunda Sala en sesión de doce de junio del dos mil veinticuatro, resolvió por mayoría de cuatro votos declarar infundado el recurso y el auto que admitió la presente controversia constitucional; y respecto de la ampliación impugnada en la reclamación 22/2024-CA, en sesión de dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro, declaró infundado dicho recurso y confirmó el auto recurrido.(1)

12. Asimismo, el INEGI interpuso reclamación en contra del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés emitido por los integrantes de la Comisión de receso, en el que se le negó la suspensión, la cual se registró con el número 13/2024-CA; y en auto de quince de enero de dos mil veinticuatro se admitió y turnó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama. Empero, en sesión de veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, por mayoría de cuatro votos, se determinó su returno al Ministro Javier Laynez Potisek; y, posteriormente, esta Segunda Sala en sesión de veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro, declaró fundado el recurso, revocó la resolución impugnada y concedió la suspensión al INEGI.(2)

13. Opinión de la Fiscalía General de la República. Este órgano se abstuvo de formular algún pedimento.

14. Cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento, el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y en términos del diverso 34 se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos posteriormente, mediante acuerdo de veintinueve de abril siguiente se cerró la instrucción, por lo que se puso el expediente en estado de resolución.

15. Asunto retirado del Pleno. En sesión de tres de diciembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta acordó retirar el asunto de la lista oficial del Tribunal Pleno.(3)

16. Radicación y avocamiento en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente a la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, lo que ocurrió por auto de trece de enero de dos mil veinticinco, en el que el Presidente de la Segunda Sala lo radicó para su conocimiento.

II. COMPETENCIA.

17. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General número 1/2023, dado que se promueve por un órgano constitucional autónomo contra normas y actos del Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, y resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS.

18. De conformidad con el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) se precisa que las normas y acto impugnado en la presente controversia constitucional lo constituye lo siguiente:

a) De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 (en adelante, el PEF 2024) publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés.

b) Del Presidente de la República: la elaboración del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 y la presentación de este a la H. Cámara de Diputados, así como la publicación y aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

b.1) Artículos: 1; 3 fracciones I, XIX; 13 párrafo primero, fracciones I, II y III; 14, párrafos primero, segundo, y tercero; 15 y 21; Transitorios Primero, Segundo y Séptimo.

b.2) Anexos 23; 23.1; 23.1.1; 23.1.2; 23.1.3; 23.14; 23.14.1.A.; 23.14.1.B.; 23.14.2; 23.14.3, 23.14.4. y 23.14.5.

Lo anterior, con relación a las remuneraciones del Presidente de la República y de las y los servidores públicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Asimismo, el sistema normativo compuesto por:

c) La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil ocho, artículos 76, párrafos primero y segundo y 83, fracción I.

d) La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, artículos 4, fracción VI, 6 fracción V, VIII, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26, 27, 29, último párrafo, 30, 31, 32, 33 y 34.

e) La Ley Federal de Austeridad Republicana, artículo 20, con motivo de su primer acto de aplicación en el Egreso Fiscal 2024.

f) Del Código Penal Federal, artículos 217 Ter y 217 Quáter, adicionados a dicho ordenamiento mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve.

g) La Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 52, párrafo segundo, 54, párrafo segundo y 80 Bis.

IV. OPORTUNIDAD.

19. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) el cual dispone que el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente en el que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

20. Por lo que hace a los actos, el plazo es el mismo contado a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surte efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

21. Demanda inicial. En la demanda de controversia constitucional, el INEGI actor impugnó el PEF 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés.

22. Por tanto, el plazo de treinta días hábiles para promover la controversia constitucional contra el referido Presupuesto, transcurrió del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés al veintidós de enero de dos mil veinticuatro, descontando los días dos, tres, nueve, diez, del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés; uno, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno, de enero de dos mil veinticuatro, por haber sido inhábiles, según los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

23. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, su presentación resultó oportuna.

24. En relación con la oportunidad cuestionada respecto de los artículos de las normas impugnadas como sistema normativo, ello se precisará en el apartado de causas de improcedencia.

25. Primera ampliación de demanda. El INEGI amplió la demanda respecto de la Cámara de Senadores, en la que igualmente impugnó el PEF 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés.

26. De ahí que el plazo de treinta días hábiles para promover este medio de control constitucional transcurrió del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés al veintidós de enero de dos mil veinticuatro. Descontando los días antes mencionados.

27. Por tanto, si la ampliación de la controversia constitucional se entregó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, su presentación es oportuna.

V. LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA Y PASIVA.

28. En la especie se cumple con el requisito en comento, atento a los razonamientos que se desarrollan a continuación.

29. Por cuanto hace a la legitimación activa, se tiene presente que el artículo 105, fracción I, inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

(...).

l). Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.

(...).

30. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de la materia señalan lo siguiente:

Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;

(...).

Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

(...)

31. De los preceptos transcritos se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre dos órganos constitucionales autónomos, entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión, en relación con la constitucionalidad de sus actos, y tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.

32. En el caso, la controversia se promovió por el INEGI, quien cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional de conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso l) de la Constitución Federal, a través de su Coordinador General de Asuntos Jurídicos Jorge Ventura Nevares, personalidad que acreditó con copia certificada del oficio número 800/173/2016 de ocho de diciembre de dos mil dieciséis.

33. En efecto, quien suscribió la demanda referida cuenta con facultades para representar al INEGI, en términos del artículo 46, fracción VI de su Reglamento Interior;(6) por lo que es de concluirse que tiene legitimación para presentar este medio de control constitucional.

34. Respecto a la legitimación pasiva, tienen el carácter de autoridades demandadas las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como el Ejecutivo Federal.

35. Conforme a los artículos 10, fracción II(7) y 11, párrafos primero y tercero de la Ley Reglamentaria,(8) serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los servidores públicos que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos:

36. a) Cámara de Diputados, compareció para dar contestación a la demanda de controversia constitucional y ampliación, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Marcela Guerra Castillo, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Diario de los Debates de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, que contiene la elección de los integrantes de la Mesa Directiva del primer año de ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura y su toma de protesta.

37. Ahora bien, el artículo 23, numeral 1, inciso l) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva la de representar legalmente a la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario; en consecuencia, quienes comparecieron en representación del órgano legislativo tienen legitimación para participar en este medio de control constitucional.

38. b) Cámara de Senadores, contestó la demanda y ampliación la Presidenta de la Mesa Directiva Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien acreditó su personalidad con copia certificada del acta de la sesión constitutiva de la Cámara de Senadores correspondiente a la Sexagésima Quinta Legislatura de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, que contiene la elección de los integrantes de la Mesa Directiva del primer año de ejercicio de esa Legislatura y su toma de protesta.

39. Asimismo, el artículo 67, numeral 1, inciso l) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,(9) prevé que son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, entre otras, la de representar legalmente a la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario; en consecuencia, tiene legitimación para participar en este medio de control constitucional.

40. c) Ejecutivo Federal, compareció para dar contestación a la demanda y ampliación, María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, personalidad que acreditó con copia certificada del nombramiento que le fue expedido el dos de septiembre de dos mil veintiuno.

41. De igual forma, dicha servidora pública cuenta con facultades para representar al titular del Ejecutivo Federal en términos del párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(10) en relación con la fracción X del diverso 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,(11) así como el punto único del Acuerdo por el que se establece que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno.(12)

42. Por ende, las autoridades demandadas tienen legitimación pasiva para comparecer a la controversia, toda vez que a éstas se les atribuye el acto impugnado y ha quedado demostrado que los funcionarios que comparecen cuentan con facultades para representarlas.

VI. CAUSA DE IMPROCEDENCIA.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

43. El conjunto de normas impugnadas en la presente controversia constitucional, se combate con motivo de su aplicación en el PEF 2024, publicado el veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés, del cual se controvierten sus artículos: 1; 3 fracciones I, XIX; 13 párrafo primero, fracciones I, II y III; 14, párrafos primero, segundo y tercero; 15 y 21; transitorios Primero, Segundo y Séptimo, así como anexos 23; 23.1; 23.1.1; 23.1.2; 23.1.3; 23.14; 23.14.1.A.; 23.14.1.B.; 23.14.2; 23.14.3, 23.14.4. y 23.14.5, en la parte que se refiere a las remuneraciones del Presidente de la República y los servidores públicos del INEGI.

44. Al respecto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte, de oficio, considera actualizada la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, en términos del artículo 19, fracción V de la Ley reglamentaria,(13) dado que el PEF 2024 ha dejado de surtir sus efectos jurídicos respecto del ente que resintió la afectación, porque su vigencia está sujeta a la anualidad del ejercicio para el cual se expidieron.

45. En efecto, en relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto.

46. Sobre ese acto, este Alto Tribunal ha sentado el criterio de que las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos se rigen por el principio de vigencia anual, pues constituyen instrumentos jurídico-financieros cuyo propósito fundamental es crear los medios para el funcionamiento y desarrollo del Gobierno y de la gestión financiera general de los asuntos públicos durante un año fiscal determinado.

47. En términos de la colaboración constitucional y legalmente fijada, los Poderes Legislativo y Ejecutivo tienen la responsabilidad de emitir estas normas para obtener los ingresos necesarios para saldar los gastos que la gestión de los asuntos públicos requerirá durante el mencionado período temporal.

48. En el caso, de acuerdo al artículo transitorio primero del decreto impugnado, se advierte que éste entró en vigor el uno de enero de dos mil veinticuatro;(14) con lo cual se desprende que la vigencia del PEF impugnado transcurrió de esa fecha al treinta y uno de diciembre de dicha anualidad. Lo que pone de manifiesto que el presupuesto cuya invalidez solicita la parte actora ha quedado sin efectos, puesto que concluyó su vigencia y las consecuencias que se hubieran podido producir por su emisión ya no tienen eficacia material ni jurídica en la esfera competencial del actor.

49. En consecuencia, no es posible realizar algún pronunciamiento, puesto que no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la invalidez del acto impugnado, la sentencia no tendría efecto en la esfera jurídica de la parte actora, pues por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo de la Constitución Federal(15) y 45 de la Ley Reglamentaria,(16) la declaración de invalidez de las sentencias no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal.

50. Resultan aplicables al caso las jurisprudencias P./J. 54/2001 y P./J. 9/2004, de rubros:

a) “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS”(17) y

b) “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS”.(18)

51. Asimismo, el sobreseimiento se hace extensivo a los artículos 76, párrafos primero y segundo, 83, fracción I de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; 4, fracción VI, 6, fracción V, VIII, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26, 27, 29, último párrafo, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 20 de la Ley Federal de Austeridad Republicana; 217 Ter y 217 Quater del Código Penal Federal; y, 52, párrafo segundo, 54, párrafo segundo y 80 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

52. Lo anterior, dado que su impugnación dependió de lo que calificó como primer acto de aplicación, es decir, el consistente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

53. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 20, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia,(19) esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera procedente sobreseer en la presente controversia constitucional respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado el veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés, en sus artículos: 1; 3, fracciones I, XIX; 13 párrafo primero, fracciones I, II y III; 14, párrafos primero, segundo y tercero; 15 y 21; transitorios Primero, Segundo y Séptimo, así como anexos 23; 23.1; 23.1.1; 23.1.2; 23.1.3; 23.14; 23.14.1.A.; 23.14.1.B.; 23.14.2; 23.14.3, 23.14.4. y 23.14.5; en la parte que se refieren a las remuneraciones del Presidente de la República y los servidores públicos del INEGI.

54. Sobreseimiento que, como se apuntó, se hace extensivo a los artículos 76, párrafos primero y segundo, 83, fracción I de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; 4, fracción VI, 6, fracción V, VIII, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26, 27, 29, último párrafo, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 20 de la Ley Federal de Austeridad Republicana; 217 Ter y 217 Quater del Código Penal Federal; y, 52, párrafo segundo, 54, párrafo segundo y 80 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; que se reclamaron por haber sido aplicados en el presupuesto mencionado.

55. En similares consideraciones la Segunda Sala resolvió las controversias constitucionales 75/2019,(20) 358/2019, 2/2020 y 10/2020.(21)

VII. DECISIÓN.

56. Con fundamento en lo previsto por el artículo 20, fracción II de la Ley Reglamentaria, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera procedente sobreseer en la presente controversia constitucional.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.

Notifíquese

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201040-ebf2e9d5/i-controversia-constitucional-el-instituto-nacional-de-estadistica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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